¡Que inventen ellos!

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@Lluis_Uria

Qué lejos quedan las ensoñaciones de la globalización feliz de los años 90, cuando las economías avanzadas del planeta decidieron deslocalizar masivamente su producción industrial en busca de costes bajos al grito de “¡Que fabriquen ellos!” (remedo neoliberal de aquel castizo “¡Que inventen ellos!” con el que Unamuno intentó quitar importancia al hecho de que España quedara atrás en la carrera de la innovación científico-técnica). También las potencias occidentales relativizaron el impacto que aquel giro estratégico iba a acabar teniendo, pensando que China quedaría reducida a ejercer el papel subalterno de “fábrica del mundo”, mientras los países desarrollados controlaban la tecnología y retenían para sí los procesos de alto valor añadido.

La crisis económico-financiera del 2008, primero, y la pandemia de covid del 2020, después, hicieron saltar por los aires esta supuesta arcadia feliz, poniendo al descubierto la dependencia occidental de los suministros exteriores. China no es solo hoy el gran gigante industrial del mundo -concentra el 35% de toda la producción industrial mundial-, sino una potencia tecnológica de primer orden (aunque también tiene sus propias debilidades, particularmente en el sector inmobiliario). Mientras tanto, la industria ha ido perdiendo peso en Europa hasta representar apenas el 15% del PIB, con el agravante de que hay sectores estratégicos que se están quedando atrás.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, realizó esta semana pasada su segunda visita oficial a Pekín en dos años con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales entre ambos países y pedir algo de árnica. Lo que, traducido, quiere decir frenar la sobreproducción y eliminar el dumping. Para Alemania, cuya economía va a rastras, es imprescindible reequilibrar las relaciones comerciales con China, con la que actualmente tiene un déficit de unos 80.000 millones de euros.

Mientras Pekín ha reducido sus importaciones de productos alemanes, ha disparado sus exportaciones a Alemania. Y ahora amenaza con inundar Europa de coches eléctricos buenos, bonitos y baratos –de la mano del gigante BYD-, lo que va directo al corazón del sector más importante de la industria alemana. Incluso va a empezar a ensamblarlos en el continente europeo, como muestra el acuerdo alcanzado entre Ebro –marca de vehículos eléctricos de EV Motors- y la china Chery Automobile para recuperar el uso industrial de la antigua fábrica de Nissan en Barcelona.

El presidente chino, Xi Jinping, que siempre ha negado toda práctica comercial desleal, advirtió seriamente a su interlocutor contra toda tentación proteccionista. El dirigente chino aludía a la decisión de la Unión Europea de investigar la existencia de ayudas estatales de Pekín a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos y, en su caso, tomar medidas correctivas. “Los mercados globales están siendo inundados con coches chinos más baratos cuyo precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subsidios públicos. Eso está distorsionando nuestro mercado”, denunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Una guerra comercial abierta, sin embargo, penalizaría al mayor exportador europeo…

Pero el problema no es solo China. Enfrentado al mismo reto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empezó a aplicar el año pasado un ambicioso programa para relanzar –y proteger de la competencia exterior- a la industria norteamericana, sobre todo de los sectores vinculados a las energías renovables y el vehículo eléctrico, a través de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés). El plan, aprobado en 2022 y con un presupuesto global de 740.000 millones de dólares, destinaba 375.000 millones a inversiones en la transición energética, lo que incluía un suculento paquete de subsidios federales. La amenaza de deslocalización de empresas europeas fue tal que acabó forzando a Bruselas a abrir un poco la mano y aceptar –a regañadientes- que los estados europeos pudieran dar ayudas públicas equivalentes a las empresas de los sectores afectados.

Todo esto, sin embargo, no son más que parches. El verdadero reto, reindustrializar el continente, requerirá dar un gran salto adelante. Así lo apuntan sendos informes elaborados por los ex primeros ministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi. El informe Letta, presentado esta semana pasada al Consejo Europeo, propone impulsar un ambicioso plan europeo de inversiones y desarrollar un “nuevo mercado único”, lo que implicaría incluir las finanzas, los mercados de la energía y las comunicaciones electrónicas, que en su día se quedaron fuera.

En la misma línea, Mario Draghi –cuyo informe se hará público tras las próximas elecciones europeas- avanzó en una conferencia pronunciada el miércoles en La Hulpe (Bélgica) que Europa necesita un “cambio radical”, que debe pasar por diseñar una verdadera política industrial común y –como Letta- establecer una verdadera unión de los mercados europeos de capitales. El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) planteó que si no es posible avanzar todos a la vez en este terreno, lo haga primero un grupo de países más reducido.

No lo decía porque sí. En la cumbre especial celebrada el jueves sobre este tema, una coalición de 14 países pequeños y medianos que recelan de las implicaciones del proyecto de unión de los mercados de capitales (armonización de las leyes sobre insolvencia y la fiscalidad, cesión de la supervisión financiera...) logró rebajar el alcance de los acuerdos del Consejo Europeo. Los líderes de Alemania y Francia, Olaf Scholz y Emmanuel Macron, sin embargo, se mostraron decididos a avanzar sin demora.

• Interés creciente. A menos de ocho semanas para las elecciones europeas, convocadas del 6 al 9 de junio, los ciudadanos expresan un interés notablemente superior en participar que en la convocatoria anterior. También es cierto que la situación internacional está más agitada que entonces… Según un sondeo del Parlamento Europeo dada a conocer el martes, el 71% de los encuestados aseguraba que, de celebrarse esta semana los comicios para elegir a los 720 eurodiputados que integrarán el Europarlamento, “probablemente” votaría. En casi todos los países, incluida España, el interés por participar sube 10 puntos respecto al año 2019.

• Ribera, la apuesta de Sánchez. Siguiendo en clave electoral, esta semana ha trascendido que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se inclina por que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se la cabeza de cartel de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo. Con la vocación de ocupar después una cartera relacionada con el clima o la energía en la futura Comisión Europea. El perfil de Ribera implica una apuesta decidida por el combate contra el cambio climático, en un momento en que las reivindicaciones agrícolas han puesto en cuestión la agenda Europa en este campo.

• Corta victoria europeísta. Las elecciones legislativas celebradas el miércoles en Croacia dieron la victoria al conservador Unión Democrática Croata (HDZ) del actual primer ministro, el europeísta Andrej Plenković, un diplomático de carrera de 54 años que lleva en el gobierno desde el 2016. El Partido Socialdemócrata (SDP), liderado por el actual presidente del país, el populista y euroescéptico Zoran Milanovic (de 57) –que aspiraba a primer ministro-, quedó segundo, claramente por detrás. Lejos de la mayoría absoluta, sin embargo, Plenković tendrá dificultades para formar gobierno.

El eje de Moscú

@Lluis_Uria

Cuatro días después de su aplastante reelección como presidente de Rusia, el pasado 17 de marzo, Vladímir Putin recibió una felicitación muy particular. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, le dirigió una calurosa carta en la que le cumplimentaba por su victoria, abogaba por reforzar la cooperación bilateral entre Rusia y Hungría, y manifestaba el apoyo de su país a la paz y el diálogo. Fue el único dirigente de la Unión Europea en hacerlo.

Al premier húngaro, que ha mantenido los lazos con Moscú a pesar de la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales  –ha seguido comprando petróleo y gas ruso, desmarcándose de la política europea–, la ilegitimidad democrática de las elecciones rusas no es algo que le quite el sueño. Ni las ambiciones neozaristas del Kremlin. Tan cómodo con los autócratas como incómodo en una UE cuyo proyecto de integración ha comparado con el expansionismo hitleriano, Orbán es protagonista de una de las involuciones democráticas más inquietantes de Europa, lo que le ha valido reiteradas sanciones económicas de Bruselas.

Hasta ahora, el líder magiar había actuado como un lobo solitario en defensa de los intereses de Moscú en la UE. Opuesto al envío de armas a Ucrania, suya fue la responsabilidad del bloqueo durante dos meses de un fondo de ayuda a Kyiv de 50.000 millones de euros o el freno a la ratificación del ingreso de Suecia en la OTAN –que mantuvo pisado hasta que la luz verde de Turquía le obligó a levantar el pie. Recientemente, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha insistido en  impulsar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania –a sabiendas de que Moscú está en posición de fuerza– y ha advertido que Budapest seguirá rechazando participar en cualquier iniciativa para suministrar más armas a Kyiv.

Pero si estaba solo, ahora Orbán ya no lo está. La elección en octubre del político populista –y notorio prorruso– Robert Fico como primer ministro de Eslovaquia, rematada el pasado día 6 con la victoria de su aliado Peter Pellegrini en la elección presidencial, prefigura un nuevo eje integrado por Budapest y Bratislava.

La votación de hace una semana fue un jarro de agua fría para la oposición democrática eslovaca, que confiaba en que un presidente de un partido distinto al del Gobierno –en este caso, el europeísta Ivan Korcok– podría actuar como freno o contrapeso y bloquear la deriva iliberal del primer ministro. Siguiendo la senda de Orbán en Hungría, Robert Fico  impulsa reformas judiciales que van en contra del derecho europeo, además de diluir la lucha contra la corrupción, ha purgado a la policía, reforzado el control gubernamental sobre los medios públicos  y prevé acotar la acción de las oenegés que reciban financiación exterior.  Como Orbán, propone negociaciones de paz para acabar con la guerra de Ucrania y rechaza de plano enviar armas al Gobierno de Kyiv.

Con dos gobiernos europeos a su favor, Moscú tiene ya una importante baza en el seno de la UE. Y su objetivo es ampliarla. Hace años que el Kremlin impulsa y favorece a los grupos de extrema derecha y antisistema europeos con el objetivo de desestabilizar a la Unión, al que desde el 2014 –con la anexión de Crimea– y sobre todo del 2022 –con la invasión de Ucrania– se ha añadido el de tratar de revolver a la opinión pública europea  contra sus gobiernos en el tema de la guerra. Las elecciones europeas del 6 al 9 de junio próximos constituirán, desde el punto de vista del riesgo de injerencia por parte de Rusia, un momento extremadamente delicado.

Un informe hecho público esta semana por el International Center for Counter Terrorism, titulado Rusia y la extrema derecha, expone a partir del estudio de 10 países de la UE –entre los que no está España– la forma sistemática y múltiple en que Moscú trata de asentar su influencia entre los grupos radicales e imponer sus propias narrativas en el continente, donde se presenta como referente antiamericano y antiatlantista, así como antiliberal y defensor de los valores tradicionales. Para sus autores, Bàrbara Molas y Kacper Rekawek, se trata de una “guerra política” no declarada contra Occidente, que empezó a desplegarse metódicamente a partir del 2012, cuando Putin se lanzaba ya a por su tercer mandato.

Una parte importante de este trabajo de propaganda y erosión se vehicula a través de internet y las redes sociales, que amplifican las tesis de la extrema derecha y tratan de socavar la confianza en las instituciones democráticas europeas. En Francia, el servicio Viginum, dependiente del Secretariado General de la Defensa y la Seguridad Nacional (SGDSN), ha identificado una red estructurada de cerca de 200 sitios web –bautizada como Portal Kombat– que difunde propaganda prorrusa. Y el 27 de marzo el Gobierno checo anunció, por su parte, haber identificado otra red de influencia rusa a partir del sitio Voice of Europe, que además habría pagado supuestamente a eurodiputados –básicamente de extrema derecha– en Alemania, Bélgica, Francia, Hungría, Países Bajos y Polonia. Uno de los  señalados  es un miembro de Alternativa para Alemania (AfD), Petr Bystron, portavoz de su partido para la política exterior. La fiscalía belga decidió el viernes abrir una investigación.

Todas estas acusaciones son rechazadas por estos sectores presentándolas como mentiras y calumnias producto de una supuesta confabulación de las élites liberales y globalistas, conchabadas con los medios de comunicación del establishment y –¡oh, sorpresa!– la red de fundaciones del filántropo George Soros... su Némesis. Ahí se les ve a todos la patita.

¿Quién defiende la causa de la paz?

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@Lluis_Uria 

Las campañas electorales pueden conducir a menudo a grandes malentendidos. La de las elecciones europeas del 6 al 9 de junio próximos no será una excepción, si acaso puede acabar exacerbándolos. Mientras los últimos sondeos sitúan en el centro de las preocupaciones de los europeos la situación económica y social, sus dirigentes machacan día sí, día también, con la amenaza de una guerra en Europa y la necesidad de aumentar los gastos de defensa mientras -a la vez- se aplica una nueva cura de austeridad. La fractura entre lo que los ciudadanos demandan y lo que se les ofrece puede ser aprovechada por la extrema derecha, que –tras la inmigración y la agricultura- puede enarbolar ahora la bandera de la paz.

Es muy ilustrativa la lectura de una encuesta reciente realizada por el instituto de opinión Ipsos para la cadena Euronews en 18 países de la Unión Europea. Los resultados son claros: la lucha contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo constituyen para los ciudadanos la máxima prioridad (68%), seguida de la reducción de las desigualdades sociales (64%) y el impulso del crecimiento económico (62%). También preocupan, aunque ya por detrás, la inmigración irregular (59%) y el cambio climático (52%), mientras que la construcción de una Europa de la defensa (47%) y -sobre todo- la ayuda a Ucrania (36%) descienden significativamente unos cuantos escalones. Esta es una foto actual de cómo respira la opinión pública europea.

Hasta hace unos meses, parecía que el debate central de la campaña de las elecciones europeas iba a girar en torno al Green Deal (Pacto Verde) impulsado desde Bruselas para cumplir los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático. Las exigencias medioambientales empezaban a soliviantar al campo y, poco a poco, los agricultores empezaron a sacar sus tractores a las carreteras en señal de protesta. Los neerlandeses abrieron el camino, seguidos después por franceses, alemanes, españoles… Los partidos de extrema derecha no tardaron en advertir el filón y se lanzaron a buscar el voto campesino con un discurso ruralista opuesto a las “exigencias” ecologistas.

Los dirigentes europeos, preocupados por el efecto electoral de esta crisis y habida cuenta de las expectativas crecientes de voto de los partidos ultras en los comicios de junio, decidieron entonces tascar el freno y multiplicar los gestos hacia los agricultores, así fuera a costa de sacrificar sus ambiciones climáticas. En las últimas semanas, los 27 han aumentado las ayudas al campo, acordado limitar las importaciones de productos agrícolas de Ucrania y aprobado revisar la Política Agraria Común (PAC) para suavizar sus reglas medioambientales, mientras un puñado de países bloqueaba el discutido proyecto de Ley de Restauración de la Naturaleza.

En el capítulo de la inmigración irregular –el caballo de batalla original de la extrema derecha-, los gobiernos europeos han aplicado el mismo tratamiento: tratar de quitar oxígeno al adversario. Este pasado miércoles, el Parlamento Europeo dio luz verde al Pacto de Inmigración y Asilo, fraguado el año pasado, que endurece considerablemente la política de asilo de la UE y la lucha contra la inmigración ilegal, mientras refuerza el control de las fronteras exteriores de la Unión. Aunque sea a costa, como denuncian las oenegés, de asumir un retroceso en la protección de los derechos humanos.

Pero hete aquí que, hace mes y medio, al presidente francés, Emmanuel Macron, se le ocurrió sugerir que tarde o temprano será necesario enviar tropas a Ucrania para ayudar a este país a imponerse a la agresión rusa. Desde entonces, el propio Macron y numerosos dirigentes europeos han multiplicado un discurso tremendista, de aires prebélicos, como si Rusia –que en dos años no ha conseguido doblegar a los ucranianos- se dispusiera a atacar a la OTAN. Esta nueva línea ha sido asumida por la UE, que en un documento remitido por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a los líderes de los 27 propone dar prioridad al gasto militar, la competitividad y la seguridad alimentaria en detrimento de la sostenibilidad. El gasto social se verá, sin duda, afectado. Y el cultural ya lo empieza a notar.

El sentir de los ciudadanos va completamente por otro lado. Dos años después de la invasión rusa, los europeos no creen que Ucrania pueda ganar la guerra –solo un 10% mantiene la fe- y, si bien son favorables a seguir dándole apoyo, crece la opinión de quienes consideran que Kyiv debería sentarse a negociar la paz con Moscú (aunque fuera a costa de cesiones territoriales). Por lo demás, allí donde se han hecho –en Francia, en Polonia…- los sondeos constatan que una abrumadora mayoría de ciudadanos rechaza una implicación directa en la guerra.

Mientras los partidos del mainstream –de los democristianos a los socialdemócratas, pasando por los liberales e incluso los verdes- siguen blandiendo los sables, los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha en toda Europa están adoptando un discurso de resistencia, declaradamente pacifista, que conecta directamente con las preocupaciones de los ciudadanos. En Francia, además del insumiso Jean-Luc Mélenchon, el cabeza de lista para las europeas del Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen y nuevo niño bonito de la ultraderecha, Jordan Bardella, ha logrado mantener una cierta línea crítica con Moscú mientras fustiga a Macron por su “escalada peligrosa e irresponsable”. Pese a los intentos del presidente francés de presentar al RN como un vasallo de Putin, los sondeos lo sitúan en cabeza, con una expectativa de voto del 30%, casi el doble que la coalición presidencial, que va en segundo lugar.

Otro ejemplo: el pasado día 7 el candidato prorruso Peter Pellegrini venció en las elecciones presidenciales en Eslovaquia –pese a haber quedado en segundo lugar en la primera vuelta- presentándose como “el candidato de la paz”...  Lo que, de paso, contribuye a reforzar el eje Budapest-Brastislava, favorable a los intereses de Moscú. Si siguen así las cosas, al final no serán ni la inmigración ni la crisis climática lo que marcará la línea divisoria principal en el debate electoral, sino la guerra o la paz. Y hay quien ya se dispone a sacar partido.

 

Tarjeta roja a Von der Leyen. El Parlamento Europeo amonestó el jueves a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al reclamarle –por 382 votos a favor, 144 en contra y 80 abstenciones- que anule el nombramiento de un alto cargo, que la mayoría de la cámara considera un acto de favoritismo. La reprimenda, más allá de su escaso o nulo efecto práctico, es una demostración de que la reelección de Von der Leyen –candidata oficial del PPE- como jefa del ejecutivo comunitario tras las elecciones de junio estará sometida a más turbulencias de las inicialmente imaginadas. Sus rivales creen que la “sensación de inevitabilidad” de su elección se ha esfumado. 

Europa, sin aliento. Los intercambios comerciales en el mundo durante el 2023 sufrieron una acusada caída, tanto en valor (-5%) como en volumen (-1,2%), hasta el punto de que puede considerarse –exceptuando el paréntesis de la pandemia de covid- el peor de los últimos quince años. Así lo ha puesto de manifiesto un informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que atribuye este retroceso a la débil demanda de importaciones desde la UE: “Europa fue la principal responsable de la caída, por su notable participación en el comercio mundial (el 37%), afectada por las fluctuaciones de los costes de los productos básicos en los dos últimos años”.

Donald Tusk, reforzado. El primer ministro polaco, el liberal Donald Tusk, respiró aliviado el domingo 7 tras confirmarse que la coalición de partidos que sostiene su gobierno consiguió cerca del 52% de los votos en la primera vuelta de las elecciones locales y provinciales celebradas en Polonia, en lo que constituía su primera prueba de fuego tras acceder al gobierno. De todos modos, el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), acabó en primer lugar con casi el 34% de los votos. El alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, miembro del partido de Tusk, Plataforma Cívica (PO), y muy próximo al primer ministro, fue reelegido con casi el 60% de los sufragios.

 

 

Esperando al ‘primo de Zumosol’

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@Lluis_Uria

En la primera mitad de los años 90 triunfó en España una campaña publicitaria de zumos de frutas donde aparecía un fornido joven que auxiliaba, tan solo con mostrar sus músculos mientras bebía un energético zumo, a un niño víctima de bullying. Había nacido el primo de Zumosol. La campaña dejó de difundirse en 1994, pero la expresión para designar al fuerte que socorre al débil arraigó y sobrevivió en el lenguaje popular (e incluso llegó al político). Estados Unidos es el primo de Zumosol de Europa desde 1917, cuando declaró la guerra a Alemania y envió a sus primeros soldados al continente. Lo fue, de forma decisiva, en la Segunda Guerra Mundial y, después, durante la guerra fría. Lo sigue siendo hoy: Washington mantiene a 100.000 soldados norteamericanos en suelo europeo, además de armas nucleares tácticas estacionadas en Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía. Pero ¿lo seguirá siendo en el futuro?

La pregunta, que inquieta de forma creciente a los dirigentes europeos, no es superflua. Porque la respuesta ha dejado de ser obvia. Que Estados Unidos pueda no ya abandonar pero sí desentenderse progresivamente de la alianza con Europa que él mismo impulsó  bajo la presidencia de Harry Truman en 1949 -y que hoy, tras sucesivas ampliaciones, reúne a 32 países- no es en absoluto inimaginable. ¿Cómo, si no, entender la advertencia lanzada el jueves en Bruselas por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el mismo día en que la organización conmemoraba –sin fastos- sus 75 años de vida?

“No creo en Estados Unidos solo –declaró el máximo dirigente de la Alianza Atlántica-, igual que no creo en una Europa sola. Creo en Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN, porque juntos somos más fuertes y estamos más seguros”. ¿Hacía falta recordarlo? ¿Hacía falta insistir en ello cuando el enemigo histórico, Rusia –ya exsoviética pero igualmente autocrática-, ha atentado contra la paz en Europa desatando la guerra contra Ucrania? ¿Cuando amenaza con la guerra nuclear? Por lo visto, sí.

Hay una fecha que puede hacer bascular las cosas: el próximo 5 de noviembre el expresidente Donald Trump podría ser reelegido para un segundo mandato. El candidato republicano ya demostró ostensiblemente durante su primera etapa en la Casa Blanca (2017-2021) su desprecio hacia la OTAN y sus aliados europeos. Y sus declaraciones recientes al respecto –con el matiz de que fueron pronunciadas en un mitin electoral- son del mismo tenor, si no más inquietantes: el pasado mes de febrero dio a entender que EE.UU. se desentendería de socorrer a aquellos países europeos que gastan poco en defensa en caso de un ataque de Rusia, lo que vendría a convertir en papel mojado la cláusula de defensa colectiva recogida en el artículo 5 del tratado de Washington.

No se trata únicamente de una más entre las bravatas a las que nos tiene acostumbrado el magnate -y golpista vocacional- neoyorquino. Responde a una corriente de fondo en ciertos sectores del Partido Republicano. Algunos think tanks ultraconservadores, como el Center for Renewing America, abogan por una política de cierta desconexión. “Con los desafíos de una China en ascenso y una amenaza rusa disminuida para Europa, ya es hora de que Estados Unidos se aleje del continente como prioridad de seguridad nacional”, escribía en uno de los últimos artículos dedicados a la cuestión uno de sus miembros, Sumantra Maitra, para quien el “compromiso excesivo” de EE.UU. con la OTAN tiene que ver más con la ideología que con los intereses del país. James Jay Carafano, de The Heritage Foundation, sostiene algo similar cuando defiende que una OTAN más fuerte –por su componente europea- “permitiría a Estados Unidos centrar su atención en lo que debería ser su máxima prioridad: disuadir a China en el Indo-Pacífico”.

Esta es la melodía de fondo que acompaña el posible retorno de Trump a la Casa Blanca. Y que, de hecho, no es más que la evolución –radical- de una línea iniciada ya en la época de Barack Obama, cuando decidió hacer pivotar la atención estratégica de EE.UU. hacia el Pacífico hace ya más de una década. “Ahora, con el ascenso de China y el comienzo de un cambio generacional en el liderazgo en Washington, es poco probable que Estados Unidos proporcione el nivel de apoyo que Europa necesita. No importa quién se siente en la Casa Blanca, es casi seguro que el compromiso de EE.UU. con la OTAN se debilitará en los próximos años”, vaticinaba días atrás en Foreign affairs el politólogo Max Bergmann, del Center for Strategic and International Studies.

 Una muestra práctica de lo que este nuevo equilibrio podría significar puede observarse en el contencioso sobre la ayuda militar a Ucrania, de la que hasta ahora EE.UU. ha sido el principal valedor. Desde diciembre, los republicanos mantienen bloqueada en el Congreso una ayuda de 60.000 millones de dólares a Kyiv, lo que deja a Europa prácticamente sola frente al envite de sostener la resistencia ucraniana. El secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, vino a reconocerlo implícitamente esta semana en Bruselas cuando instó a los europeos a reforzar su industria de defensa con el fin de poder responder a las demandas –de municiones y armas- de Ucrania. En su reunión de esta semana, los ministros de Exteriores de la OTAN acordaron poner en marcha un fondo de 100.000 millones de euros para blindar la ayuda militar a Kyiv. Lo que dista mucho de estar claro, sin embargo, es cuándo, cómo y quién lo pagará.

Parece cada vez más evidente, en cualquier caso, que Europa deberá asumir un mayor protagonismo en su propia defensa, algo en lo que Francia –siempre tan gaullísticamente despegada de Washington- viene años insistiendo. La Unión Europea cuenta desde hace un cuarto de siglo con una Política de Seguridad y Defensa Común (PSDC), que se ha traducido en una cuarentena de operaciones en el exterior –de los Balcanes al mar Rojo-, y en el 2018 –a iniciativa de París- se lanzó al margen de las instancias comunitarias la Iniciativa Europea de Intervención (IEI), sobre la base de la voluntariedad, cuya primera y única misión hasta ahora fue el apoyo a las fuerzas francesas en Mali en la lucha contra el yihadismo. Como un brazo de la política exterior.

Más allá de esto, la conciencia de que Europa debe reforzar y estrechar la cooperación militar entre sus miembros –incluyendo aquí el desarrollo y adquisición de nuevo armamento- para robustecer su propia defensa está cada vez más extendida. Señal de los nuevos tiempos, la actual presidenta de la Comisión Europea y candidata a la reelección por el PPE, Ursula von der Leyen, ha propuesto visualizar este compromiso con la creación en Bruselas de una nueva Comisaría de Defensa… Pero nada de todo esto tiene vocación –ni es suficiente- para reemplazar a la OTAN como garante de la seguridad de Europa. Aunque, eso sí, la Alianza deberá tener cada vez más acento europeo.

Trenes en disputa. Sabido es que Francia es muy celosa de lo suyo. La llegada de trenes extranjeros a París no es algo que le llene de gozo. Lo sabe perfectamente Renfe, que mientras duró su alianza con la SNCF para unir Barcelona y Madrid con París, los trenes franceses llegaban –y siguen llegando- a España sin problemas, mientras que los españoles no podían –y siguen sin poder- llegar a la capital francesa. Siempre por razones técnicas, claro. En cambio, la presencia de la SNCF en España, a través de la compañía de bajo coste Ouigo, va al alza (y no sin problemas, a causa de su agresiva política de precios). No sólo el AVE español no llega a París, sino que el proyecto de trenes nocturnos también está bloqueado. Las diferencias entre España y Francia por las trabas francesas a la liberalización ferroviaria fueron objeto de la reunión que mantuvieron el jueves en Bruselas los ministros Óscar Puente y Patrice Vergriete. El encuentro fue, aparentemente, positivo. Habrá que ver cómo se traduce en la práctica.

Ayudas desviadas. La policía italiana, en una investigación dirigida por la Fiscalía europea, detuvo el jueves a 22 personas a las que se acusa de haber defraudado 600 millones de euros al desviar fondos europeos destinados a combatir la crisis económica causada por la pandemia de covid. Al parecer, la trama empezó a pedir subvenciones comunitarias entre 2021 y 2023 con el objetivo formal de promover la digitalización y competitividad de pequeñas y medianas empresas, utilizando para ello sociedades pantallas sin actividad empresarial alguna. Los fondos eran, en realidad. desviados a cuentas bancarias abiertas en Austria, Eslovaquia y Rumanía.

Ulster movedizo. La tranquilidad ha durado poco en Irlanda del Norte. Dos meses después de que los unionistas abandonaran su boicot al Parlamento autónomo de Stormont –que mantuvieron paralizado dos años en desacuerdo por las condiciones del Brexit- y permitieran, por primera vez, la elección de una ministra principal republicana, Michelle O’Neill, del Sinn Féin -otrora brazo político del IRA-, un nuevo suceso podría dejarlo todo de nuevo en el aire. La detención -acusado de violación- y posterior dimisión del líder unionista, Jeffrey Donaldson, abre el camino a la elección de un nuevo líder en el DUP, donde no todos están por la conciliación.

Quítate tú, que me pongo yo

@Lluis_Uria

Vladímir Putin tenía de qué regocijarse el sábado 16 de marzo. Y no solo porque estaba a punto de renovar por enésima vez su mandato como presidente de Rusia en las elecciones del día siguiente. Un mero trámite... Muertos, encarcelados, silenciados o en el exilio los potenciales opositores, con todos los resortes del poder puestos a su servicio, su victoria estaba atada. No, ese sábado Putin tenía otro motivo de satisfacción. La junta militar de Níger, que en diciembre había acordado reforzar la cooperación militar con Moscú –en una visita del viceministro de Defensa ruso, Yunús-bek Yevkúrov, a Niamey–, anunció su decisión de revocar el acuerdo de defensa con Estados Unidos y echar a los 1.000 soldados norteamericanos estacionados en el país. Una nueva pieza iba a caer en el tablero de África Occidental.

Los estadounidenses, que desde su base aérea de Agadez –con una importante dotación de drones– vigilan y combaten a los grupos terroristas del Sahel, seguirán así el camino de los franceses, cuyo último soldado abandonó Níger el pasado mes de diciembre, forzados por la misma junta golpista a retirar a los 1.500 militares que tenían desplegados en la lucha contra los yihadistas. La retirada occidental  deja el camino libre y expedito a Rusia, que poco a poco, país a país, se ha ido introduciendo en la región.

La guerra civil de Libia, primero, y la derrota del Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, después, han convertido el Sahel –la vasta zona semidesértica que se extiende al sur del Sáhara– en el más peligroso foco del terrorismo mundial, donde operan grupos afiliados al EI y a Al Qaeda.

Esta efervescencia puso ya en el 2012 al borde del colapso al gobierno de Mali, acosado por el avance de los grupos armados  islamistas, que solo frenó la intervención militar de Francia en el 2013. Los franceses llegaron a tener desplegados unos 5.000 soldados en la zona, reforzados por unos 800 militares de la fuerza de apoyo europea Takuba y otros 500 dedicados a la formación y entrenamiento del ejército maliense dentro de la operación comunitaria EUTM (en la que participa España). Pero todo eso fue insuficiente para acabar con el problema. El Sahel se estaba convirtiendo en otro Afganistán.

Las tornas empezaron a cambiar en el 2021, cuando un golpe de Estado en Mali  instaló al frente del país a una junta militar. Al año siguiente, el gobierno golpista forzó a Francia a retirar sus tropas y disolver la fuerza de apoyo Takuba, mientras milicias rusas tomaban el relevo. La operación EUTM, por su parte, de la que quedan menos de 200 efectivos  en Bamako, está a punto de ser también liquidada.

Pero las cosas no acabaron aquí. El golpe de Mali  generó un efecto dominó que siguió en Burkina Faso (2022) y Níger (2023). Ambos países, siguiendo el mismo camino, ordenaron a su vez la expulsión de las tropas francesas, extendiendo de paso un fuerte sentimiento antifrancés en la región. Los nuevos poderes militares agitaban con una mano el resentimiento hacia la antigua metrópoli colonial mientras, con la otra, estrechaban sus vínculos con Moscú. Durante un tiempo, Washington quiso creer que Francia estaba pagando exclusivamente sus errores históricos con sus antiguas colonias de África Occidental y que EE.UU. –pese a haber cortado todas las ayudas a Níger como represalia por el golpe– podría quedar al margen del tsunami. Pero no ha sido así.

Habrá que ver cuándo y cómo se materializará la salida de las tropas norteamericanas de Níger –que constituyen el grueso de los efectivos del Africa Command del ejército de EE.UU.–, pero su expulsión, además del militar, tendrá un efecto político. Como subrayaba en The New York Times un antiguo enviado especial de Washington en el Sahel, J. Peter Pham, “las consecuencias potenciales van más allá del daño no insignificante a los esfuerzos antiterroristas y de inteligencia que implica la pérdida de acceso a las bases en Níger, sino al daño más amplio a la posición de EE.UU. en el continente”.

Una posición que va camino de ocupar  en parte Rusia. Los tres países concernidos –Mali, Burkina Faso y Níger– se han desvinculado de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y han oficializado un acuerdo trilateral que pivota sobre un refuerzo de los lazos con Moscú.

En la Rusia de Putin estos países han encontrado un aliado pragmático y sin escrúpulos, dispuesto a prestar ayuda militar y económica sin condiciones políticas, aunque sí a cambio de jugosos acuerdos comerciales y acceso a los recursos mineros. Especial importancia cobran aquí los yacimientos de uranio de Níger, que los estadounidenses temen que queden ahora al alcance a Irán...

En plena crisis mundial de suministros a causa de la guerra de Ucrania, los rusos entregaron gratuitamente a sus aliados africanos trigo, fertilizantes y combustible. Y en apoyo a la lucha contra el yihadismo han enviado tropas irregulares, encuadradas inicialmente en el Grupo Wagner y, tras la disolución de este –a causa de la rebelión y muerte de su fundador, Yevgueni Prigozhin, en 2023–, en un nuevo dispositivo bautizado Africa Corps.

Si la efectividad occidental contra el yihadismo es cuestionable, la de los rusos no parece mejor. En el 2023, según el informe del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, Burkina Faso y Mali encabezaron la lista de países en cantidad de atentados terroristas (666 y 413) y en número de víctimas (2.916 y 1.739), y Níger fue el séptimo (125 y 505). Entre los tres suman mas de la mitad de los muertos en todo el mundo. Los actores están cambiando, pero el Sahel sigue ardiendo.

La amenaza terrorista, otra vez

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@Lluis_Uria

Los trágicos atentados yihadistas del 11-M del 2004 en Madrid, en los que perdieron la vida 192 personas, inauguraron en Europa un periodo negro de ataques terroristas masivos e indiscriminados contra la población civil. Medios de transporte, salas de conciertos, zonas altamente concurridas… los escenarios se irían repitiendo sistemáticamente a partir de entonces en Londres (2005), Moscú (2010 y 2011), Toulouse (2012), Volgogrado (2013), Bruselas (2014), París (2015), Bruselas otra vez (2016), Niza (2016), Berlín (2016), Manchester (2017), Londres de nuevo (2017) y Barcelona (2017)… El atentado de La Rambla fue el último de la serie.

Desde entonces, las acciones islamistas, generalmente perpetradas por individuos aislados, empezaron a tener objetivos -y consecuencias- más limitadas. Hasta que se produjo el sangriento ataque del pasado 22 de marzo en Rusia contra el Crocus City Hall de Krasnogorsk, cerca de Moscú, en el que murieron tiroteadas 143 personas. Reivindicado por la organización terrorista Estado Islámico (EI), el atentado podría marcar un retorno a viejas y funestas prácticas en el continente europeo. A no ser que uno esté dispuesto a creerse que detrás de todo ello está el Gobierno de Ucrania…

Veinte años después del 11-M, el presidente ruso, Vladímir Putin, está siguiendo el mismo camino que José María Aznar en 2004 en su afán por confundir a la opinión pública de su país. Los atentados contra cuatro trenes de cercanías en Madrid, perpetrados por Al Qaeda como represalia por la implicación de España en la guerra de Irak –ampliamente rechazada por la ciudadanía-, se produjeron a tres días de unas cruciales elecciones legislativas en las que el PP se jugaba –y a la postre acabaría perdiendo- el gobierno. Para tratar desesperadamente de evitarlo, el Ejecutivo aseguró contra toda evidencia, a pesar de las pruebas que se iban acumulando en sentido contrario, que la autoría de la masacre correspondía a ETA. La versión oficial acabó rápidamente desmontada por el trabajo riguroso de muchos periodistas –los de La Vanguardia en cabeza-, pese a lo cual el Ejecutivo siguió insistiendo en ello hasta el último momento. Posteriormente un sector de la derecha abonó la teoría de una conspiración entre los islamistas y la organización terrorista vasca.

Putin no tiene elecciones que perder ni una prensa libre que pueda ponerle en cuestión. Pero sí una reputación que salvaguardar. En buena medida, el contrato que ha unido hasta ahora a Putin con la sociedad rusa –donde sigue contando con muchos apoyos- es la renuncia a la libertad a cambio de prosperidad y seguridad. Y la masacre del Crocus City Hall ha puesto en evidencia las carencias del Estado y sus servicios de información. Para acabarlo de complicar, el presidente ruso se había arriesgado a desdeñar públicamente los avisos sobre la amenaza inminente de atentados islamistas en Rusia enviados –en público y en privado- por el Gobierno de Estados Unidos. De modo que hacía falta un chivo expiatorio sobre el que desviar responsabilidades.

En su primer mensaje al país, Putin obvió completamente la reivindicación del Estado Islámico y apuntó ya a Ucrania, país al que presuntamente trataban de huir los autores del atentado cuando fueron detenidos por la policía (más tarde, el presidente bielorruso, su fiel aliado Alexánder Lukashenko, aseguraría que inicialmente se habían encaminado hacia Bielorrusia, pero qué más da) Posteriormente, el presidente ruso admitiría el móvil islamista de los cuatro terroristas detenidos –de origen tayiko-, pero señalaría al Gobierno de Kyiv como inspirador de los atentados. La tesis de la gran confabulación ya estaba en marcha. El director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) –antiguo KGB-, Alexánder Bórtnikov, fue más allá e implicó a EE.UU. y el Reino Unido.

Kiril Martynov, redactor jefe del diario opositor Nóvaya Gazeta Europe –en el exilio- cree que “el Kremlin y sus propagandistas mantendrán la pista ucraniana” y tratarán de montar una acusación formal contra Kyiv. Es prematuro vaticinar qué consecuencias podría acabar teniendo todo ello en el curso de la guerra en Ucrania y en la confrontación entre Rusia y Occidente, en su punto más peligroso desde el final de la guerra fría. Pero más allá de todas estas maniobras políticas hay ya un hecho inquietante y grave: el retorno organizado –no solo como inspirador- del EI a suelo europeo.

Detrás del atentado de Moscú parece estar la rama más activa y violenta del EI, el llamado Estado Islámico-Jorasán (EI-J), acantonado en las montañas de Afganistán y enfrentado al régimen de los talibanes. Expulsados de Siria, sus militantes no perdonan a Rusia –ni a Irán- su intervención en apoyo del régimen de Bashar el Asad. Su aversión tiene, además, raíces profundas y antiguas. Como sostenía esta semana en nuestras páginas el experto en yihadismo Adrián Tarín, “el enemigo fundacional del yihadismo es la Rusia de la Unión Soviética, por lo menos del yihadismo moderno que se construye con la invasión soviética de Afganistán” a finales de los años 70, 

Pero no es Rusia su único enemigo y el EI ya se ha encargado de renovar su llamamiento a realizar atentados en Europa y EE.UU., en este caso blandiendo como motivo la guerra en Gaza. Francia, el país de la UE históricamente más castigado por el terrorismo islamista, y con una de las poblaciones musulmanas más numerosas del continente, no ha tardado nada en decretar la alerta máxima terrorista. La situación es especialmente delicada ante la proximidad de los Juegos Olímpicos de verano, hasta el punto de que los servicios de inteligencia –según avanzó Europe 1 citando una fuente de la seguridad del Estado- han recomendado cancelar la ceremonia inaugural prevista el 26 de julio a lo largo del río Sena, por el peligro de atentado, y pasar a un plan B.

El último informe del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), correspondiente al año 2023, constata que el EI-J se ha convertido en la “figura más prominente del escenario yihadista regional y global” y constituye actualmente “la mayor amenaza para la seguridad internacional”. La desarticulación de varias de sus células ha permitido conocer la preparación de nuevos atentados en suelo europeo, lo que representaría un nuevo cambio de escala. “La elevada capacidad de esta agrupación para planificar y materializar acciones terroristas complejas –advierte- le permite aspirar a repetir ataques similares a los ocurridos en Europa entre 2014 y 2017”. Como en Moscú.

 

Agricultura y medio ambiente. El malestar de los agricultores sigue marcando a fuego la política comunitaria. El martes se produjeron dos hechos sustanciales. Por un lado, los ministros de Agricultura de Los 27 aceptaron la propuesta de la Comisión Europea para rebajar las exigencias medioambientales a los pequeños explotadores. Paralelamente, en la reunión de sus colegas de Medio Ambiente la acción de un grupo de países –Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia, a los que en el último momento se unió decisivamente Hungría- bloqueó, en nombre de los intereses del sector agrícola, la nueva Ley de Restauración de la Naturaleza.

Diplomas europeos. No todo son revisiones o bloqueos, sin embargo, en Bruselas. El miércoles, la Comisión propuso a los ministros de Educación dar un salto adelante –yendo más allá del exitoso programa Erasmus, que tanto ha hecho por la integración europea- y crear auténticos diplomas universitarios europeos. Las nuevas titulaciones requerirían la colaboración entre instituciones de diferentes países y los estudiantes deberían pasar al menos un año en el extranjero y estudiar en dos o más lenguas.

Portugal. La política portuguesa sigue su propio camino, aislando –hasta el momento- a la extrema derecha. De entrada, el Partido Socialista –derrotado en las elecciones- llegó el miércoles a un acuerdo con el vencedor Partido Socialdemócrata (PSD), conservador a pesar de su nombre, para repartirse por turnos la presidencia del Parlamento y dejar así al margen a los ultras de Chega, convertidos en la tercera fuerza política. Al día siguiente, el nuevo primer ministro, Luis Montenegro, se ratificó en su determinación de no pactar con la extrema derecha y designó un Gobierno de resistencia.