@Lluis_Uria
En los negocios no hay amigos, sólo hay clientes, se suele decir. Hay quien atribuye esta sentencia al escritor francés Alexandre Dumas padre, el autor de Los tres mosqueteros, pero como suele suceder con este tipo de citas su autoría es dudosa. No por ello deja de ser cierta. Si algún ejemplo ilustra a la perfección esta máxima, es la relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Quedó groseramente en evidencia con Donald Trump en la Casa Blanca. Pero con Joe Biden, aunque infinitamente más educado y contemporizador, las líneas de fondo no han cambiado. Parafraseando al canciller británico Lord Palmerston (1784-1865), podría decirse que EE.UU. “no tiene amigos permanentes ni enemigos permanente, tiene intereses permanentes”.
En el 2019, Trump decretó una serie de sanciones contra todas aquellas empresas que colaboraran en la construcción del gasoducto Nord Stream 2 (terminado pero nunca puesto en servicio) para conducir gas natural desde Rusia a Alemania. Oficialmente, el objetivo era combatir la dependencia energética europea de Moscú (aún en contra de Berlín)
Oficiosamente, había otros intereses, que el multimillonario neoyorquino no se abstuvo de explicitar: habituado a hacer negocios con el método de la extorsión, Trump presionó a los europeos para que compraran el gas norteamericano procedente del fracking (fracturación hidráulica), un método agresivo y dañino para el medio ambiente que Europa dejó de lado pero triunfó en EE.UU. En aquella época, las cosas no les iban muy bien a los productores estadounidenses, necesitados de ingresos para paliar la enormes inversiones realizadas.
Las sanciones –levantadas después por Biden– no funcionaron. Pero la insensata guerra desencadenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, contra Ucrania el pasado 24 de febrero, y las represalias económicas y energéticas mutuas posteriores, han convertido en realidad el sueño de Trump. EE.UU., que gracias al fracking es desde el 2014 el principal productor mundial de petróleo –por delante de Arabia Saudí y de Rusia–, se ha convertido este año también en el principal exportador de gas natural licuado –por delante de Qatar y Australia–. Y su gran cliente es ahora Europa, desesperada por encontrar proveedores alternativos a Moscú.
Los europeos deberían estar contentos con su amigo americano, que ha entregado ya mucho más gas del que inicialmente prometió –hasta junio, había distribuido más de 40.000 millones de metros cúbicos (bcm)–, convirtiendo al Viejo Continente en el destino del 68% de sus exportaciones (en detrimento, todo hay que decirlo, de países asiáticos como Pakistán o India). Pero de lo que los europeos, sin embargo, no están tan satisfechos es de lo que pagan por el gas, de tres a cinco veces más de lo que cuesta en EE.UU. El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, se ha quejado del cobro de “precios astronómicos”, mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, fue aún más allá: “Estados Unidos es un productor de gas barato que nos está vendiendo a un precio caro, no creo que eso sea amistoso”, dijo.
No obstante, las cosas no son tan claras como se exponen desde las capitales europeas. Según apuntaba recientemente Corey Grindal, vicepresidente ejecutivo de la principal compañía gasista exportadora americana, Cheniere Energy, al semanario Politico, no serían los productores americanos quienes se estarían llenando más los bolsillos, sino las grandes compañías intermediarias que revenden el gas en el mercado mayorista europeo.
Sea como sea, este era uno de los asuntos que, en nombre propio y de toda la Unión Europea, planteó Macron a Biden en la reunión que ambos mantuvieron en la Casa Blanca el pasado jueves. El otro, más peliagudo todavía, es el de las consecuencias negativas que puede tener para la industria europea la Ley para Reducción de la Inflación impulsada por el presidente estadounidense.
El plan de Biden supondrá, entre muchas otras medidas, inyectar subvenciones a la industria americana para fomentar la economía verde por valor de 369.000 millones de dólares y beneficios fiscales a quienes compren vehículos eléctricos estadounidenses. “Imaginad un mundo en que la gente levantara el capó de su coche y en la batería viera la inscripción Made in America”, celebró el presidente cuando fue aprobada por el Congreso en agosto. Pensaba probablemente en China, pero olvidaba –conscientemente o no– a Europa...
Para los europeos fue un mazazo. La iniciativa no sólo coarta la libre competencia y las opciones de la industria europea en el mercado norteamericano, sino que en el extremo puede fomentar deslocalizaciones. En Washington Macron tildó esta legislación de “superagresiva” y añadió que amenaza con “fragmentar a Occidente”. Comprensivo, Biden le dijo que nunca fue su intención perjudicar a Europa y se mostró dispuesto a estudiar “ajustes” para suavizar sus efectos. Pero poco más. Aunque mucho más presentable en las formas, no deja de ser una reformulación del lema “America first”.
El enroque industrial americano, unido a los altos precios de la energía en Europa, pueden resultar letales para la industria europea. “La amenaza de un éxodo (empresarial) es real”, ha advertido el presidente de la Federación de la Industria Alemana (BDI), Siegfried Russwurm. Y así lo ven los máximos responsables políticos en Bruselas, Berlín y París, decididos a buscar una respuesta común –no necesariamente en términos de guerra comercial– al desafío del amigo americano. Más allá de esta coyuntura, sin embargo, el reto es salvaguardar y potenciar la industria europea antes de que acabe engullida en la guerra por la hegemonía económica y comercial entre EE.UU. y China.
