@Lluis_Uria
Una nueva línea de ruptura se está fraguando en Europa a propósito de la lucha contra el cambio climático, que amenaza con ahondar la fractura entre el mundo rural y el mundo urbano, y convertirse en un nuevo campo de batalla política. Los campesinos están descontentos, irritados, por los sacrificios que empieza a exigir la transición ecológica. La revuelta de los granjeros holandeses ha mostrado una grieta por la que pretende colarse la extrema derecha europea: sin abandonar su discurso contra la inmigración –prácticamente agotado, una vez está siendo asumido por un número creciente de actores políticos–, se ha lanzado a por un nuevo caladero de votos en el campo.
Todos las miradas están puestas en los Países Bajos y la movilización de protesta de los campesinos neerlandeses contra las medidas del Gobierno para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno –con un recorte de hasta un 30% de las cabezas de ganado–, con el fin de cumplir los compromisos internacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La moderna rebelión bóer –nada que ver con la protagonizada por sus ancestros coloniales en Sudáfrica contra el imperio británico– se arrastra desde hace un tiempo, pero ha sido este año cuando ha dado el salto a una dimensión política inédita.
Empujado por el descontento rural, el conservador Movimiento Campesino Ciudadano (BoerBurgerBeweging, BBB), liderado por Caroline van der Plas, fue sorpresivamente el partido más votado en las elecciones provinciales del pasado marzo y en mayo se convirtió en la primera fuerza política del Senado, lo que contribuyó a la caída, en julio, del gobierno de coalición del liberal Mark Rutte. El BBB, muy crítico con la política medioambiental de la UE, ha adoptado también –¡oh, sorpresa!– un discurso antiinmigración.
En Europa y en Estados Unidos se ha abierto en las últimas décadas una profunda división –social, cultural y política– entre las zonas urbanas, integradas en el nuevo mundo global, y las áreas rurales e industriales en declive, que se sienten damnificadas por la globalización y experimentan un acusado sentimiento de exclusión. Estas poblaciones observan con desconfianza los cambios sociales y la nueva realidad multicultural de las sociedades occidentales, ante lo que reaccionan aferrándose a sus referentes identitarios y su estilo de vida tradicional. Las fuerzas populistas y de extrema derecha tratan desde hace tiempo de explotar este sentimiento de abandono –a través de un discurso que el politólogo francés Dominique Reynié ha bautizado como “populismo patrimonial”–, al que ahora se ha añadido el frente climático.
El ascenso del nacionalismo en el Reino Unido, con la victoria del Brexit en el referéndum del 2016, y la elección de Donald Trump en EE.UU. en el 2017 –con votos claramente opuestos entre las grandes urbes y el resto– fueron una expresión de este malestar. En ambos casos, el espantajo de la inmigración tuvo un importante papel, pero también el rechazo a las exigencias climáticas (que cuestionan los modelos económicos vinculados a las energías fósiles). El conservador británico Rishi Sunak, embarcado en una deriva ultra, ha endurecido ahora la política migratoria y frenado las medidas medioambientales.
Una de las primeras señales de envergadura de este mar de fondo fue la revuelta de los chalecos amarillos en Francia entre 2018 y 2019. No se trató estrictamente de una protesta campesina, pero sí la expresión de un malestar difuso del mundo rural y periurbano, castigado por la pérdida de actividad económica y el cierre de servicios públicos. La chispa que desencadenó la explosión fue –no lo olvidemos– una medida medioambiental: la imposición de una “tasa ecológica” sobre los carburantes para financiar la transición energética, después retirada.
El movimiento de los chalecos amarillos nació al margen de toda estructura partidaria y –pese a los intentos– no llegó a cuajar en una candidatura electoral. Pero sí tuvo una traducción política: el ascenso histórico de la extrema derecha en las elecciones presidenciales y legislativas del 2022 (según estudios demoscópicos, hasta un 53% de los chalecos amarillos votó por candidaturas de ultraderecha). La líder del Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, tomó nota y ahora ha decidido levantar la bandera de un “ecologismo del sentido común”, en defensa del modo de vida rural tradicional, frente al ecologismo hostil que París y Bruselas tratarían de imponer.
Al otro lado del Rhin, la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD), con un discurso radicalmente en contra de los extranjeros y de la UE, ha levantado asimismo el estandarte del climatoescepticismo contra la iniciativa gubernamental de prohibir la instalación de nuevas calderas de gas y fuel a partir del año que viene, lo que le ha disparado al alza en los sondeos. Mientras, en España, el binomio campo-inmigración ha sido adoptado por Vox, que en sus pactos de gobierno autonómicos con el PP se ha asegurado las carteras de agricultura y desafía las restricciones ecológicas.
Las elecciones del próximo 22 de noviembre en los Países Bajos deberán confirmar si la victoria ruralista de la pasada primavera fue un espejismo o no. Los sondeos han recortado drásticamente las expectativas de voto del BBB, que hasta principios de verano iba en cabeza. Pero, pase lo que pase dentro de diez días, ha logrado ya poner sobre la mesa las preocupaciones y exigencias de los agricultores. Y a buen seguro estarán en el debate de las elecciones europeas del 2024.
