Radiación a la baja, irritación al alza

Un fuerte temblor sacudió el 22 de noviembre, al filo de las 6 de la mañana, las costas de Japón. El epicentro del seísmo, de una magnitud de 7,4 en la escala de Richter, se localizó frente a Fukushima, evocando entre los japoneses el sombrío recuerdo del terremoto del 2011 y el desastre nuclear que le siguió, cuando el tsunami posterior anegó la central de Fukushima Daiichi.

A diferencia de la tragedia de hace cinco años y medio, en que murieron 18.000 personas, esta vez no hubo grandes daños y el tsunami apenas levantó olas de 1,5 metros,  adentrándose por el río Sunaoshi. Pero puso de nuevo sobre la mesa la cuestión de la seguridad de las centrales nucleares, que el Gobierno del primer ministro Shinzo Abe pretende reabrir paulatinamente pese al rechazo de la población.

En la zona de Fukushima, la radiactividad ha descendido notablemente desde el accidente de marzo del 2011. Todavía permanecen fuera de sus hogares 57.000 personas, pero la orden de evacuación ha sido levantada ya total o parcialmente en cinco municipios, y poco a poco se han ido autorizando estancias temporales –sin pasar la noche– en otra media docena. Aún y así, poca gente ha regresado a sus casas. En la localidad de Tamura, la primera en ser reabierta –en abril del 2014–, por ejemplo, ha vuelto el 64% de la población original, pero en Nahara –reabierta en septiembre del 2015– no pasa del 9%... El miedo atenaza.

El temor se ha enquistado en la sociedad japonesa, que mayoritariamente –57% contra 29%, según un sondeo reciente del Asahi Shimbun– rechaza la reapertura de las centrales nucleares decidida por el Gobierno, que no consigue convencer a la opinión pública de la conveniencia de su opción.

Tras cuatro años de parón nuclear, consecuencia del accidente de Fukushima, el Ejecutivo nipón decidió en julio del 2015 impulsar la reapertura progresiva de la mayor parte de las centrales nucleares del país de acuerdo con unas nuevas normas, mucho más estrictas en materia de seguridad y prevención de catástrofes. De los 50 reactores en funcionamiento en el momento del desastre de Fukushima, han reabierto ya cinco –en el caso de la central de Takahama, se ha impugnado ante la justicia–, y otros 21 se encuentran en fase de examen por la nueva autoridad nuclear, mientras que una quincena –los más antiguos– probablemente no volverán ya a funcionar. Si la producción de electricidad de origen nuclear representaba en el 2011 el 30% del total, el objetivo gubernamental es situarla en torno al 20%-22% en el horizonte del año 2030.

“El parón de las centrales nucleares comportó un aumento del precio de la energía eléctrica –del 20% para los hogares y del 30% para las industrias– y un incremento notable de la emisión de CO2 a la atmósfera por el uso de energías fósiles, además de reducir al mínimo la autosuficiencia energética. Si queremos corregir esto, y cumplir nuestros compromisos internacionales, la energía nuclear debe ser una fuente importante de producción de electricidad”, sostiene Masashi Hoshino, subdirector de la división internacional de la Agencia de Recursos Naturales y Energía.

Los argumentos parecen imbatibles pero, cuando se pone en el otro platillo de la balanza la seguridad nuclear, los japoneses –a la vista de las graves deficiencias que el desastre de Fukushima puso dramáticamente de manifiesto– son reacios a dejarse seducir. Ni aún cuando les prometan una sustancial rebaja de la factura de la luz.

No se trata únicamente de sondeos. En las últimas ocasiones en que los ciudadanos han tenido oportunidad de expresar su opinión mediante el voto han enviado un serio correctivo al primer ministro y al Partido Liberal Democrático (PLD). Así ha sucedido este año en sendas elecciones a gobernador en las prefecturas de Kagoshima –el 10 de julio– y de Niigata –el 16 de octubre–, donde dos candidatos antinucleares, el excomentarista de televisión Satoshi Mitazono y el abogado Ryuichi Yoneyama, se impusieron a los gobernadores salientes, respaldados por el Gobierno. En Kagoshima está la primera central nuclear que se reabrió tras el terremoto del 2011, la de Sendai –con dos reactores en marcha–, y Niigata cuenta con la mayor central nuclear de todo Japón, la de Kashiwazaki Kariwa, donde está programado poner de nuevo en funcionamiento de entrada dos de sus siete reactores.

La cuestión nuclear, más aún que los frutos de la política económica –Abenomics–, podría acabar situándose en el centro del debate político en Japón y poner en aprietos a Shinzo Abe. Así al menos lo piensa el ex primer ministro conservador Junichiro Koizumi, convertido al activismo antinuclear: “No es posible que un partido ignore los deseos de los ciudadanos y pueda mantenerse en el poder”.

Fukushima, en busca de un nuevo futuro

Fukushima aspira a evocar, algún día, algo más que uno de los más graves accidentes nucleares de la historia: el Gobierno japonés quiere proponer aquí un nuevo modelo de producción de hidrógeno para almacenar los excedentes de energía que generan las fuentes renovables. “La tecnología Power to Gas (P2G) permitirá almacenar energía en forma de hidrógeno a largo plazo”, subraya Hiroshi Katayama, subdirector de Energías Avanzadas de la Agencia de Recursos Naturales y Energía. Antes, sin embargo, habrá que concluir el proceso de descontaminación y desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi, tarea en la que trabajan  actualmente 6.000 personas y cuyo coste –incluidas las indemnizaciones a los afectados– ha sido reevaluado a 170.000 millones de euros, el doble de lo previsto. La recuperación y retirada de los restos de combustible de los reactores debería culminar en el 2021, mientras que el completo desmantelamiento de la central requerirá entre 20 y 30 años más.

Los trabajos se acometen básicamente en dos frentes. El primero atañe al combustible aún presente en  tres de los cuatro reactores  –el de la unidad 4, donde no hubo fusión del núcleo, fue retirado en el 2014– y las tareas se centran  en localizar su situación exacta en el interior. “Este trabajo se realiza mediante robots porque es imposible entrar”, explica Satoshi Kawabe, vicedirector de la Oficina de Respuesta a un Accidente Nuclear. El otro frente atañe a la contaminación del agua. Por un lado, se pretende evitar que prosiga la contaminación de las aguas subterráneas bombeando en las capas freáticas antes de su llegada a la zona de  los reactores y  construyendo una pared de hielo. Con el  mismo objetivo, se ha levantado un muro de acero frente al mar. Por otro lado, las aguas contaminadas –una vez eliminados los materiales radioactivos excepto el tritio– se confinan en depósitos.