Europa entra en zona de turbulencias

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“Europa es una mini China”. Lo dijo Donald Trump, con su crudeza habitual, hace un par de semanas en plena campaña electoral. En una entrevista radiofónica, el nuevo presidente electo de Estados Unidos aludió a Europa no como el gran aliado occidental de Norteamérica sino como un rival sistémico comparable a China. “No compran nuestros coches, no compran nuestros productos agrícolas, no nos compran nada. Tenemos un déficit de 312.000 millones de dólares con la UE. Ya sabe, la UE es una mini -aunque no tan mini- China”. No fue precisamente un comentario cariñoso. Si el primer mandato de Trump en la Casa Blanca (2017-2021) fue difícil para la Unión Europea, el segundo se anuncia bastante peor. El vínculo trasatlántico tiembla.

Con Trump sin freno ni contrapeso –desde el Partido Republicano hasta el Senado, todo está ahora en sus manos, el Tribunal Supremo incluido- y rodeado de asesores extremistas –los altos funcionarios que le contuvieron en el pasado ya no están ni se les espera-, su nueva presidencia amenaza con ser más radical que la anterior. Y eso incluye también la política exterior, que puede experimentar un vuelco.

Europa puede pagar el peaje en varios frentes. En la economía, de entrada: la declaración de Trump responde a un programa económico agresivamente proteccionista y constituye prácticamente una declaración de guerra comercial. Con la economía de la zona euro a rastras, el programa de Trump de gravar todas las importaciones de EE.UU. con nuevos aranceles –que pasarían a nivel general del 10% al 20%, y podrían llegar incluso al 100% en el caso de los automóviles- sería un nuevo golpe, que se añadiría al efecto pernicioso de la Inflation Reduction Act aprobada por Joe Biden para primar –cientos de miles de millones mediante- la industria norteamericana y atraer las inversiones extranjeras. Según el Kiel Institute, Europa podría ver recortada su riqueza entre 18.000 y 21.000 millones de euros.

Más inquietante todavía es el efecto del regreso de Trump sobre la seguridad y la defensa. Si ya en el mandato anterior puso en tela de juicio la razón de ser de la OTAN, su visión sobre la guerra de Ucrania puede dejar a Europa inerme ante la agresividad de la Rusia de Vladímir Putin. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski –que se ha apresurado a felicitarle-, es sin duda el más perjudicado por el resultado de las elecciones estadounidenses. El presidente electo, cuyas buenas relaciones personales con Putin son conocidas, ha repetido hasta la saciedad que él es capaz de acabar con la guerra en 24 horas. La fórmula es previsible: congelar el conflicto en su estado actual, dejando en manos de Rusia el territorio conquistado.

El Gobierno ucraniano no puede aceptar algo así, pero quizá no tenga más remedio. Si Washington corta el flujo de su ayuda militar –algo que la UE no tiene capacidad de compensar-, Kyiv se verá forzada a negociar desde la fragilidad y capitular. La derrota de Ucrania, sumada al debilitamiento de la Alianza Atlántica –cuya solidaridad ya puso públicamente en cuestión el propio Trump-, reforzaría la posición de Moscú y pondría gravemente en entredicho toda la seguridad de Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron ha salido enseguida a urgir a los 27 a asumir, de una vez por todas, una decidida política de defensa común. “Los europeos no podemos delegar eternamente nuestra seguridad en los americanos”, subrayó el jueves en Budapest, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea, foro que reúne a países de dentro y fuera de la UE.

El envite es de talla y no puede llegar en peor momento, con una UE descabezada donde los líderes de la extrema derecha continental, de la italiana Giorgia Meloni al húngaro Viktor Orbán, compiten por exhibir sus buenas relaciones y su afinidad ideológica con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. En el lado opuesto, Macron y el canciller alemán, Olaf Scholz, coordinaron el miércoles su respuesta a la reelección de Trump abogando por reforzar la unidad de Europa. Pero el eje franco-alemán ya no es el que era.

Convertido tras el fiasco de las elecciones anticipadas del pasado verano en la versión europea de un pato cojo, Macron se vio forzado a entregar el gobierno al conservador Michel Barnier, cuya continuidad depende de la benevolencia de la extrema derecha de Marine Le Pen, presta a asaltar el poder en 2027. Su poder está muy mermado. Scholz no está mejor. Las tensiones internas hicieron saltar este miércoles el gobierno tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales, lo que conducirá a unas elecciones anticipadas letales para el canciller.

El impacto de la elección de Trump sobre Europa puede tener, sin embargo, un efecto positivo si sirve para reforzar la unidad y la autonomía geopolítica y económica de la UE. En palabras de un alto dirigente político europeo: “Será malo para Europa, pero quizá puede ser bueno para la integración europea”. Habrá que ver si los euroescépticos amigos de Trump lo permiten.

Victoria europeísta. A diferencia de lo sucedido en Georgia, en Moldavia las fuerzas europeístas se han impuesto a las prorrusas. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el pasado domingo, se saldó con una victoria clara de la presidenta saliente, Maia Sandu, que aventajó en diez puntos (55,3% a 44,7%) al ex fiscal general Alexandru Stoianoglo, partidario de mantener el equilibrio entre Occidente y Rusia y apoyado por el prorruso Partido de los Socialistas de Moldavia. El triunfo de Sandu es, sin embargo, más frágil de lo que parece, pues la decantación en su favor vino de los electores moldavos que viven fuera del país. Moscú se apresuró a cuestionar el resultado.

Controles fronterizos. Alemania lo anunció a bombo y platillo tras el fulgurante ascenso de la extrema derecha en las últimas elecciones regionales celebradas en tres länder de la antigua RDA, Francia lo ha hecho más discretamente, pero el resultado es el mismo: vuelven los controles fronterizos en el interior de la UE. París ha decidido retomarlos temporalmente en todas sus fronteras, lo que afecta a Alemania, Bélgica, España, Italia, Luxemburgo y Suiza. En el caso español, ya ha empezado a notarse en el paso del Bidasoa. El nuevo Gobierno francés ha girado marcadamente a la derecha en materia de inmigración de la mano del ministro del Interior, Bruno Retailleau.

Digitalización extrema. Suecia se vanagloriaba hasta ahora de ser uno de los países pioneros en la digitalización de las transacciones económicas, hasta el punto de haber reducido al mínimo el uso de dinero en efectivo: sólo el 19% de los pagos se realiza en cash, frente al 49% en la zona euro. El Gobierno, sin embargo, ha decidido tascar el freno y prepara una ley que garantice el pago en efectivo en los servicios básicos, mientras aumenta la presión sobre los bancos para que se pueda seguir retirando e ingresando en metálico en sus oficinas. El riesgo de ciberataques y la constatación de que un 10% de la población estaba amenazada de exclusión han aconsejado este cambio.

Estados Unidos, ante su hora negra

El exgeneral del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos John F. Kelly, de 74 años, tiene muy poco que ver con la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca. Tras una larga carrera militar, Kelly fue ascendiendo en el escalafón del Pentágono hasta acabar sirviendo entre 2017 y 2019 como secretario de Seguridad Nacional, primero, y jefe de Gabinete de la Casa Blanca, después, bajo la presidencia de Donald Trump. Kelly no es un político y todavía menos un candidato en campaña electoral. Ha trabajado en un gobierno conservador. Y, sin embargo, piensa de Trump lo mismo que Harris: “Es un fascista”.

Dentro de dos días, los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir al hombre o la mujer que sucederán a Joe Biden en la presidencia del país. Y  todo indica que Trump podría volver a ganar, como en el 2016. ¿Un fascista en la Casa Blanca? Bien se le puede llamar así. Dictador vocacional con ansias de revancha, su eventual victoria sería una amenaza para la democracia norteamericana.

En una entrevista con el periodista de The New York Times Michael S. Schmidt, el exgeneral Kelly describe a un hombre incapaz de admitir que su poder no sea ilimitado, que admira a los dictadores de toda ralea –a su juicio, Hitler “hizo algunas cosas buenas”– y a quien los valores democráticos le son absolutamente ajenos. La Constitución y el Estado de Derecho para él no significan nada. “El fascismo es una ideología y un movimiento político autoritario y ultranacionalista de extrema derecha caracterizado por un líder dictatorial, una autocracia centralizada, militarismo, supresión forzosa de la oposición y creencia en una jerarquía social natural”, apunta Kelly . Y concluye diciendo que el líder republicano “cae en la definición general de fascista, sin duda”.

El exgeneral no había dicho nada hasta ahora, pero la intervención de Trump en Fox News, el pasado día 13, en la que aludió a la posibilidad de utilizar al ejército contra los demócratas, a los que calificó de “enemigo interior”, le pareció tan “peligrosa” que consideró imperativo hablar.  Al día siguiente de aparecer publicada la entrevista, Harris utilizó por primera vez la palabra “fascista” para definir a su rival.

Ruth Ben-Ghiat, historiadora de la Universidad de Nueva York y autora del libro Strongmen: Mussolini to the Present (Los hombres fuertes: de Mussolini hasta la actualidad), tampoco alberga dudas y, en un reciente artículo publicado en su blog, considera que Trump renueva la ideología y los métodos fascistas. “El vínculo que Trump ha construido con sus seguidores, y la durabilidad de su culto a la personalidad es una medida del despliegue que hace Trump del arsenal fascista”, dice.

Ya en el 2018, la ex  secretaria de Estado Madeleine Albright  había alertado sobre el peligro que representaba el entonces presidente republicano. “Si consideramos el fascismo como una herida del pasado que estaba prácticamente curada, el acceso de Donald Trump a la Casa Blanca sería algo así como arrancarse la venda y llevarse con ella la costra”, escribió en su libro Fascismo, una advertencia.

Sobre las inclinaciones autoritarias de Trump se ha escrito mucho y los testimonios de sus antiguos colaboradores en la Casa Blanca son abrumadores. Pero por si  hiciera falta, su negativa a aceptar la derrota electoral frente a Biden y su intento de impedir el traspaso de poderes el 6 de enero del 2021 lanzando a una turba violenta contra el Capitolio –hechos por los que tiene un procedimiento judicial abierto– resulta definitivo.

La radicalización experimentada desde entonces por Trump y la extrema violencia de sus discursos hacen temer un segundo mandato mucho más peligroso. Sus recurrentes apelaciones a la erradicación del enemigo interior, sus amenazas de encarcelar a sus rivales políticos, de depurar la Administración federal, el Ejército y la Justicia, muestran un irrefrenable deseo de venganza. Además de dejar a la intemperie su vocación dictatorial.

En su último libro, War (guerra), el histórico periodista del Washington Post Bob Woodward revela la inquietud manifestada por otro  exgeneral, el ex jefe del Estado Mayor Mark A. Milley, quien se toma muy en serio las amenazas de Trump a los oficiales que le han criticado y teme ser sometido a un juicio militar acusado de deslealtad si el candidato republicano regresa a la casa Blanca. “Es la persona más peligrosa de la historia (...) Ahora me doy cuenta de que es un fascista total”, le dijo.

El miedo a las represalias de Trump y sus más fanáticos seguidores alcanza incluso a las propias filas del partido republicano, que el multimillonario neoyorquino ha conseguido controlar, acallando toda disidencia interior. La excongresista Liz Cheney –que rompió con su partido por su oposición a Trump– hace campaña por Harris entre las bases republicanas, en un intento de movilizar el voto de los conservadores moderados en favor de la candidata demócrata.  Ella da la cara, pero comprende el miedo de los demás. “Solo quiero recordarle a la gente que, si están preocupados, pueden votar según su conciencia y no tener que decir una palabra a nadie”, dijo Cheney en una reunión electoral con mujeres en Pensilvania. No decir nada a nadie... Lo mejor, hoy, en EE.UU. es tener la boca cerrada. Así están las cosas.

Cita fallida en Pedralbes

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El calendario tiene casualidades caprichosas. El lunes pasado, mientras el presidente francés, un Emmanuel Macron en horas bajas, viajaba a Marruecos en visita de Estado, en Barcelona se abría el 9º Forum Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), con la participación de los ministros de Exteriores de –casi todos- los 43 miembros que integran la organización. Curiosa coincidencia, pues fue justamente durante un viaje de Estado a Marruecos de un presidente francés, hace ahora 17 años, cuando se alumbró la idea que daría lugar a la UpM. El 23 de octubre del 2007, en Tánger, Nicolas Sarkozy propuso en un solemne discurso fundar una unión de los países de ambas riberas del Mediterráneo a imagen y semejanza de la Unión Europea. El gran objetivo, como en Europa tras la II Guerra Mundial, era crear un espacio de cooperación para fomentar la paz y la prosperidad. Un sueño que hoy parece más lejano que nunca.

Sarkozy, soñándose un Robert Schuman del siglo XXI, planteó una Unión “del” Mediterráneo exclusivamente integrada por países ribereños, pero al final tuvo que plegarse a las lógicas exigencias de la canciller de Alemania, Angela Merkel, de integrar a toda la UE en el invento, que pasó a llamarse Unión “por el” Mediterráneo. Más que un matiz. La nueva iniciativa tuvo que asumir también la herencia del llamado Proceso de Barcelona de 1995 –que Sarkozy y los suyos habían menospreciado- y, aunque el nombre de la capital catalana desapareció del enunciado, la sede de la secretaría general de la organización se adjudicó a la ciudad, que habilitó para ello el Palau de Pedralbes.

La Unión por el Mediterráneo y el Proceso de Barcelona, que la precedió, tuvieron siempre como vocación reunir en un mismo foro a Israel y los países árabes, en un intento de convertir a los viejos enemigos en nuevos socios y aliados. En la Conferencia Euromediterránea de Barcelona en noviembre de 1995, al calor de los acuerdos de paz de Oslo –luego malogrados-, se sentaron juntos el entonces primer ministro israelí Ehud Barak y el ya desaparecido Yasir Arafat, presidente a la sazón de la Autoridad Palestina y líder de la OLP. En la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que alumbró en París la UpM, en julio del 2008, un exultante Nicolas Sarkozy se fotografió en el patio del Elíseo tomando de la mano a sus dos sucesores, Ehud Olmert y Mahmud Abas. Hoy las sonrisas de entonces han sido sepultadas por la muerte y la destrucción.

El lunes en Barcelona no había ningún representante israelí. Embarcado en una bárbara guerra en Gaza y Líbano, que ha causado decenas de miles de muertos entre la población civil, el gobierno de Beniamin Netanyahu no iba a escuchar bonitas palabras. Los países árabes aprovecharon el foro para denunciar los “crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional y humanitario” por parte de Israel y afear a la comunidad internacional su pasividad, cuando no su complicidad. El copresidente de la reunión, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi, hizo reproches directos a sus socios europeos: “¿Cómo es posible que Europa todavía no haya hecho nada al respecto?”, preguntó, mientras hacía un llamamiento para que la UE revise su Acuerdo de Asociación con Israel.

Mientras esto pasaba, el ejército israelí seguía bombardeando la franja de Gaza y el sur de Líbano, y el Parlamento (Kneset) aprobaba dos leyes que prohíben la actividad de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en el territorio de Israel, así como la cooperación de la agencia con las autoridades israelíes, lo que en la práctica es un golpe devastador para la ayuda humanitaria en los territorios ocupados.

La Unión por el Mediterráneo, pese a las ínfulas iniciales de Sarkozy –que consiguió atraer a París a los líderes de toda la región, a excepción del rey de Marruecos, Mohamed VI, y del líder libio Muamar el Gadafi en un acto con gran pompa en el Grand Palais-, nació en realidad con un objetivo modesto: fomentar la cooperación como paso previo y necesario para aspiraciones más ambiciosas. Y así lo ha hecho. La UpM, que canaliza los programas comunitarios de cooperación euromoditerránea, apadrina más de 60 proyectos de cooperación regional por valor de 5.000 millones de euros en materias muy diversas. Políticamente, sin embargo, nunca ha alzado el vuelo. La UpM no ha logrado convertirse en un foro esencial para tratar de superar los conflictos regionales. Si acaso, son estos los que han lastrado más bien sus potencialidades.

La reunión ministerial del lunes evidenció la impotencia de la UpM ante el conflicto israelo-palestino. Pero también puso crudamente al descubierto la debilidad de la propia Unión Europea para erigirse en un interlocutor ineludible en el concierto internacional. Ya podían los países árabes pedir una mayor contundencia por parte de Europa que esta se ve incapaz de moverse –hacia dónde, es lo de menos- a causa de las importantes discrepancias internas entre los 27.

El todavía alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell –ya de salida-, es de los partidarios más activos de acrecentar la presión sobre el Gobierno israelí, revisando –con el objetivo de dejarlo eventualmente en suspenso- el Acuerdo de Asociación con Israel por vulneración de los derechos humanos. Países como España e Irlanda se mueven para abordar este asunto, pero es muy difícil, dada la posición de Alemania –inquebrantablemente al lado de Israel, por razones históricas-, que pueda ir hacia delante. La regla de la unanimidad lo impedirá. Como impide que Europa tenga una voz coherente y audible en el mundo.

Georgia, en el alero. El desenlace de las cruciales elecciones del domingo pasado en la exrepública soviética de Georgia ha dejado a este país caucásico en una especie de limbo. La presunta victoria del partido gubernamental, el prorruso Sueño Georgiano -al que las autoridades electorales otorgaron un 54% de los votos-, ha sido contestada por la oposición, que ha sacado miles de personas a las calles como protesta, e incluso por la propia presidenta del país, Salomé Zurabishvili. Los observadores internacionales detectaron asimismo numerosas irregularidades. La Comisión Europea decidió el miércoles suspender las negociaciones de adhesión mientras Tiflis no corrija el rumbo.

Aranceles en marcha. Estaba más que anunciado y solo un acuerdo in extremis entre Bruselas y Pekín podía haberlo evitado. No ha sido así. El miércoles entraron finalmente en vigor los aranceles especiales aprobados por la UE para gravar las importaciones de coches eléctricos fabricados en China, a la que acusa de venderlos a precios excepcionalmente bajos gracias a las subvenciones estatales. Los aranceles –que pasarán del 10% actual hasta el 45% en los próximos cinco años- serán variables. Así, se aplicará un gravamen del 35,3% al fabricante chino SAIC; del 18,8% a Geely y del 17% a BYD. Eso también incluye a fabricantes occidentales, como Tesla (7,8%).

Giro en Londres. El nuevo gobierno laborista de Keir Starmer presentó esta semana un proyecto de presupuestos para el 2025 que contiene la segunda mayor subida de impuestos de la historia británica. El Ejecutivo se propone recaudar 50.000 millones de euros adicionales a base de incrementar la fiscalidad sobre las sucesiones, las contribuciones privadas a fondos de pensiones y los dividendos de capital, así como las cuotas de las empresas a la Seguridad Social. En el otro lado de la balanza, se propone gastar 30.000 millones de euros para combatir las listas de espera en la sanidad, 6.000 millones para modernizar escuelas y 3.000 millones para Defensa e infraestructuras.

Europa vacila en el Este

 

Newsletter ‘Europa’

 La noche del pasado domingo un escalofrío recorrió la espina dorsal de Europa. Los primeros datos del referéndum celebrado en Moldavia sobre su adhesión a la Unión Europea daban una clara ventaja al no, avalado por los sectores prorrusos de la sociedad. Durante la madrugada, y gracias al voto de los 200.000 moldavos de la diáspora, cambiaron las tornas y el sí acabó venciendo por los pelos: 50,38% a 49,62%. “Moldavia ha elegido un futuro europeo”, se felicitó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras el Kremlin –acusado de haber comprado votos a favor de su causa- arrojaba sospechas sobre la limpieza del escrutinio.

El desenlace fue un alivio para la presidenta saliente, la liberal y pro europea Maia Sandu, del Partido de Acción y Solidaridad (PAS), que se jugaba la vigencia de su gran proyecto político. Bruselas y Chisinau atribuyeron a las injerencias rusas lo ajustado del resultado: la policía moldava detectó la transferencia de 15 millones de euros desde Rusia -a través del oligarca moldavo Ilan Sor, huido a Moscú tras ser condenado por corrupción- con el objetivo de comprar 130.000 votos para el no. Pero las cifras están ahí.

El resultado del referéndum demuestra, más allá de las maniobras rusas -ya sea en forma de compra de votos, ya sea a través de campañas de desinformación-, la extrema división de la sociedad moldava. Algo que, convenientemente azuzado desde el exterior, podría conducir a un enfrentamiento civil. Así lo teme el exministro de Exteriores ucraniano Pavló Klimkin, quien en el diario Gazeta –citado por el portal Euractive- expresó su temor de que se desestabilice la frontera occidental de Ucrania.

La batalla política entre europeístas y prorrusos tendrá una nueva cita el 3 de noviembre, fecha de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En la primera, celebrada simultáneamente con el referéndum, Sandu salió airosa, al vencer con el 41,8% de los votos frente al 26,3% obtenido por su principal rival, Alexandr Stoianoglo, ex fiscal apoyado por los socialistas prorrusos del PSRM. Pero todavía falta el segundo asalto y, más allá, las elecciones legislativas de 2025.

Encajado entre Rumanía y Ucrania, Moldavia es un pequeño país de 2,6 millones de habitantes. Como otras repúblicas de la extinta Unión Soviética, alcanzó la independencia en 1991, algo que Moscú no ha digerido todavía. Conforme todos estos países se han ido aproximando hacia la UE y el bloque occidental, Rusia ha acrecentado su presión desestabilizadora y su intervencionismo militar, argumentado muchas veces con el pretexto de proteger a las minorías rusófonas. Así, en Moldavia, la región separatista oriental de Transnistria, de población eslava, está ocupada por tropas rusas desde 1990, antes incluso de la definitiva desintegración soviética. Igual que lo están Abjasia y Osetia del Sur en Georgia –desde la guerra del 2008- y parte de las de Donetsk y Luhansk, además de la península de Crimea, en Ucrania desde 2014.

La desestabilización de Ucrania, el país más importante de los que abandonaron la antigua URSS (37 millones de habitantes, granero de Europa), empezó casi desde el minuto uno. Pero la reacción popular abortó por dos veces los objetivos de Moscú. En 2004, la  llamada revolución naranja impidió que un pucherazo impusiera presidente al prorruso Víktor Yanukóvich en lugar del ganador de los comicios, Víktor Yúschenko (quien, por cierto, fue envenenado durante la campaña, lo que le desfiguró el rostro). Y en el 2013, la rebelión del Euromaidán, en contra de la decisión del –entonces sí- presidente Yanukóvich de suspender el acuerdo de asociación con la UE, acabó con la huida del jefe del Estado a Moscú, que lo calificó de golpe de Estado.

Al año siguiente, Rusia invadió y se anexionó la península de Crimea –base de su flota del Mar Negro, en Sebastopol- y, vista la tibia reacción internacional, en febrero de 2022 lanzó una amplia ofensiva militar para hacerse con el control del país entero. Como es sabido, la “operación militar especial” ordenada por Vladímir Putin –que confiaba en alcanzar sus objetivos en pocas semanas- fracasó y el golpe de mano se ha acabado convirtiendo en una guerra interminable.

En este inestable dominó, la próxima pieza en juego es Georgia (3,7 millones de habitantes, en la frontera sur de Rusia, junto al mar Negro), donde mañana sábado se celebran elecciones legislativas. El Gobierno actual, que lleva 12 años en el poder, está dirigido por el partido Sueño Georgiano, fundado por el oligarca Bidzina Ivanishvili, que se ha caracterizado por hacer seguidismo de Moscú y a quien la UE ha amonestado por aprobar medidas contrarias a los valores europeos. La chispa, que ha levantado numerosas protestas, fue la aprobación en mayo de la “ley de agentes extranjeros”, un copia y pega de una norma rusa dirigida contra las oenegés y la sociedad civil.

En estas elecciones, el partido gubernamental ha presentado la campaña en clave de guerra o paz: la primera vendría –al igual que en Ucrania- si se sigue avanzando hacia la adhesión a la UE, mientras que la segunda quedaría garantizada por la amistad de Rusia. Georgia, Moldavia y Ucrania son oficialmente países candidatos a incorporarse a la UE. Pero el camino está lleno de obstáculos y el objetivo dista mucho de estar asegurado.

 

Zona euro, zona deprimida. La economía europea va renqueante. No podía ser menos cuando el principal motor, Alemania, va camino de la recesión. Las últimas previsiones del FMI vaticinan un porvenir difícil para la economía germana, que cerrará este año con un (no) crecimiento del PIB del 0,0% y una menos que tímida recuperación en 2025 (0,8%), lo que arrastra como un lastre al conjunto de la eurozona (0,8% y 1,2%, respectivamente). Sólo España mantiene un buen ritmo (2,9% y 2,1%). Todos por detrás, en cualquier caso, de China (4,8%-4,5%) y Estados Unidos (2,8%-2,2%). El Banco Central Europeo (BCE) ha rebajado los tipos de interés al 3,25% para animar la cosa.

Tropiezo de Meloni. La primera ministra italiana ha atraído a una buena parte de sus colegas europeos de la derecha de raíz democristiana a sus controvertidas tesis sobre la inmigración irregular y, en particular, a su iniciativa de “externalizar” los centros de retención y expulsión, situándolos en terceros países (en su caso, Albania). El último Consejo Europeo se rindió a sus cantos de sirena, pero al día siguiente la justicia italiana le echó un jarro de agua fría ordenando el retorno a Italia de los primeros desplazados. La primera ministra italiana aprobó rápidamente un decreto para tratar de blindar su medida estrella, pero el camino se vislumbra plagado de pleitos judiciales.

Veto a los ultras en Austria. El principal partido de la extrema derecha austriaca, el FPÖ, que venció en las elecciones del pasado 29 de septiembre, se quedará fuera del gobierno. El presidente federal, Alexander Van der Bellen, encargó este martes la formación de gobierno al canciller en funciones y líder del partido conservador ÖVP, Karl Nehammer, tras constatar en la ronda de consultas que ninguna formación está dispuesta a aliarse con el FPÖ y su líder, el muy extremista Herbert Kickl. Nehammer, que quedó en segundo lugar, ha anunciado la apertura de conversaciones con los socialdemócratas -que quedaron terceros- y no descarta sumar a los liberales.

 

Zelenski, como alma en pena

El reloj avanza a gran velocidad y el tiempo se le acaba a Volodímir Zelenski. Y a Ucrania. Dentro de dieciséis días, el 5 de noviembre, Estados Unidos elegirá un nuevo presidente y si el republicano Donald Trump se acaba imponiendo a la demócrata Kamala Harris, el tablero de juego internacional podría saltar por los aires. El presidente ucraniano lo sabe, como sabe que su país puede ser el gran sacrificado en el altar de una renovada entente entre Trump y el líder ruso, Vladímir Putin.

El candidato republicano, que ya ocupó la Casa Blanca entre 2017 y 2020 –y se jacta desde entonces de su amistad con el autócrata del Kremlin–, promete acabar con la guerra en un santiamén. A expensas de Ucrania, naturalmente, a la que piensa cortar la perfusión de armas y dinero que le proporciona la administración del presidente Joe Biden y que hasta ahora le ha mantenido con vida. Desprovista del apoyo norteamericano, Kyiv no podría mantener su resistencia y se vería forzada a firmar un armisticio que consolidaría la ocupación rusa de la península de Crimea y  del Donbass.

Para prevenir esta deriva, y combatir la lasitud que está ganando a sus aliados occidentales, Zelenski y sus generales han elaborado un plan con el objetivo de situar a Ucrania en una posición de fuerza para negociar. Lo que no es el caso ahora mismo. Lo han bautizado como “Plan de la Victoria” y el líder ucraniano lo vende como la llave maestra que debería permitir poner fin a  la guerra en el 2025.

Zelenski acudió a la Casa Blanca el pasado 26 de septiembre para presentarle su plan a Biden. Y lo mismo hizo la segunda semana de octubre con los principales líderes europeos: el británico Keir Starmer –acompañado por el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte– en Londres, el francés Emmanuel Macron en París y la italiana Giorgia Meloni en Roma, todo ello el día 10, y el alemán Olaf Scholz en Berlín, al día siguiente. El presidente ucraniano estuvo asimismo en Bruselas este jueves para reunirse con los 27 y con los ministros de Defensa de la OTAN.

Juntos o por separado, Zelenski necesita de todos ellos un compromiso con su plan. Pero está lejos de haber conseguido algo más que buenas palabras. Uno de los ejes de la propuesta de Kyiv, que el miércoles fue presentada asimismo ante el Parlamento ucraniano, es acelerar el ingreso de Ucrania en la OTAN, extremo este último que provoca serias reticencias en varias capitales occidentales. Desde el punto de vista estrictamente militar, el plan –del que algunos aspectos se guardan en secreto– propone instalar en Ucrania un “paquete de disuasión estratégica integral no nuclear”  y potenciar la capacidad ucraniana con la autorización de los aliados para utilizar sus armas más potentes en el interior de Rusia, lo que hasta ahora le ha sido denegado para evitar una escalada que condujera a una implicación directa de la Alianza en la guerra.

Zelenski quiere aumentar la dotación de su ejército con más misiles estadounidenses ATACMS (con un alcance de 300 kilómetros), los franco-británicos Scalp/Storm Shadow (550 km) y los alemanes Taurus (500 km), y sobre todo que le sea permitido su uso en territorio ruso, con el fin de cambiar el curso de la guerra y decantar la actual relación de fuerzas a su favor. Hasta ahora no lo ha conseguido.

Zelenski agitó en Bruselas la amenaza de la participación de tropas de Corea del Norte al lado de Rusia, algo que los servicios secretos surcoreanos confirmaron el viernes (1.500 soldados estarían ya en Vladivostok para recibir entrenamiento). Pero, de entrada, no logró ningún efecto. El mismo viernes, mientras Joe Biden –de gira de despedida en Berlín– abogaba por mantener el respaldo a Kyiv, sin más precisiones, Olaf Scholz apostillaba: “La OTAN no debe convertirse en parte de esta guerra”. Punto.

La cuantiosa ayuda militar occidental –los países de la  Alianza han destinado en el primer semestre de este año 20.000 millones de euros y el objetivo es llegar a 40.000 millones al final– ha sido y es fundamental para que Ucrania resista la invasión rusa, pero insuficiente para ganar la guerra.

La situación es adversa en este momento para Ucrania en el campo de batalla. A pesar de haber logrado mantener su incursión en la región rusa de Kursk, los ucranianos no logran frenar a los invasores en su propio territorio. Los rusos avanzan en varios frentes: en el este, tomaron recientemente, tras duros y largos combates, la población de Vuhledar, clave en su progresión para tratar de hacerse con la provincia de Donetsk y controlar todo el Donbass, mientras en la región de Járkiv, en el nordeste, las autoridades ucranianas se vieron obligadas esta semana a ordenar la evacuación de la ciudad de Kúpiansk.

Kyiv se enfrenta a un grave problema de escasez de tropas que la aprobación de las nuevas leyes de movilización solo ha paliado en parte. Desde mayo, se reclutan unos 30.000 nuevos soldados cada mes, pero los jefes militares consideran que no están suficientemente capacitados. El Financial Times recogía el testimonio coincidente de diversos comandantes ucranianos que mostraban su preocupación al respecto y ofrecían un dato espeluznante: entre el 50% y el 70% de los nuevos reclutas de infantería caen –muertos o heridos– a los pocos días de su incorporación al frente. Mientras, entre los veteranos, hartos de su movilización permanente, cunden los abandonos. Según datos oficiales recogidos por Deutsche Welle, solo en la primera mitad de este año desertaron cerca de 30.000 soldados.

No es de extrañar que las demandas de Zelenski suenen dramáticas. Lo son.

El espejismo italiano

NEWSLETTER 'EUROPA'

El año pasado entraron irregularmente en la Unión Europea 380.200 personas, según datos oficiales de la agencia europea Frontex. ¿Es mucho? ¿Es poco? Globalmente no parece una enormidad: representa apenas el 0,08% de la población de la UE, de 448 millones de habitantes. A priori, debería poder gestionarse con cierta facilidad, si no fuera porque los intereses egoístas de cada país prevalecen.

¿Quiénes son los que llaman a las puertas de Europa intempestivamente? ¿Por dónde llegan? Las cifras de 2023 muestran que el colectivo más importante –más de 100.000, el 28%- era el de los sirios, procedentes pues de un país en guerra o de los campos de refugiados de los países del entorno (pese al freno que pone Turquía). La mayoría llegaron cruzando el mar: 157.400 por el Mediterráneo Central (Italia), 60.000 por el Mediterráneo Oriental (Grecia), 40.400 por la ruta de África Occidental (Canarias) y 16.900 por el Mediterráneo Occidental (España peninsular). De las rutas terrestres destacan los Balcanes Occidentales (99.000) y los países del Este (5.600)

Las dificultades empiezan aquí, en el momento de la llegada. La entrada masiva de inmigrantes irregulares desborda a las regiones fronterizas, que reclaman la solidaridad del resto de la UE y no obtienen ni la europea ni la del propio país (como en España las islas Canarias). El otro gran problema viene después: la concentración de la población inmigrante en determinadas zonas del territorio tensa las costuras sociales y dificulta –si no coarta absolutamente- su integración. Francia y los conflictivos barrios de los suburbios urbanos (banlieues) es un sangrante ejemplo de lo que evitar.

Europa puede intentar frenar la inmigración irregular, reducir la presión. Pero no podrá terminar con el ansia de miles de personas por alcanzar el Eldorado europeo ni convertir la UE en una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, los dirigentes europeos hacen como si fuera posible. Y en lugar de centrar sus esfuerzos en lo que a la postre es lo más importante –la integración de los recién llegados-, ponen el énfasis en una quimera.

Víctimas de un espejismo, unos y otros han convertido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder del posfascista Hermanos de Italia, en un referente de la lucha contra la inmigración irregular. ¿Su mérito? Una reducción drástica de las llegadas por el Mediterráneo Central: según datos recientes de Frontex, en los primeros ocho meses de 2024 las entradas por la vía italiana –que sigue siendo la más importante- alcanzaron la cifra de 41.200, lo que representó una caída del 64%. ¡Bravo! Solo que, como quien aprieta un globo, hacer presión sobre un lado desplaza el problema hacia otro. Así, en este mismo periodo, las llegadas a Canarias se dispararon un 123% (hasta 25.000)

Los expertos atribuyen la sustancial rebaja de entradas por Italia a los acuerdos alcanzados con los países de donde parten las pateras –Túnez, Libia y Turquía- para obstaculizar las salidas y no tanto al proyecto estrella de Meloni de deslocalizar la gestión de las solicitudes de asilo a centros de internamiento en países terceros, en este caso Albania. Esta semana, el gobierno de Meloni ha estrenado el sistema, con la llegada al puerto albanés de Shëngjin de 16 inmigrantes procedentes de la isla de Lampedusa. Teniendo en cuenta las cifras expuestas hasta ahora, pensar que un centro con capacidad para un millar de solicitantes de asilo o pendientes de expulsión pueda cambiar significativamente las cosas parece aventurado. A no ser que el planteamiento sea infestar el mundo de campos de concentración y deportación.

La iniciativa es controvertida, en la medida en que podría vulnerar los derechos de los demandantes de asilo y las leyes europeas. Y algunos de los países pioneros en este terreno, como el Reino Unido –que acordó deportaciones a Ruanda-, la han abandonado. Pese a ello, esta idea ha salido de los círculos de la extrema derecha y ha seducido a algunos sectores de la derecha tradicional. Hasta tal punto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió el lunes a los 27 una carta proponiendo explorar esta solución dentro de lo que calificó, de forma pudorosa, como iniciativas “innovadoras”. La cumbre de la UE prefirió anoche llamarlas “nuevas vías”.

No todos los líderes europeos comulgan con esta propuesta, que de todos modos solo se acordó estudiar. Pero tampoco tuvieron ganas –o fuerza- para rechazarla. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es uno de los más beligerantes en contra de la medida, pero tiene pocos aliados. Al canciller alemán, Olaf Scholz, de la misma familia socialdemócrata, tampoco le entusiasma la idea, además de verla inútil (los centros externalizados “no son la verdadera solución”, declaró, tras calificarlos de “pequeñas gotas”). Pero tras haber restablecido de forma unilateral el control de las fronteras interiores, presionado por el avance de la ultraderecha, no está Scholz para muchas batallas. Con  Francia, cuyo nuevo gobierno se ha escorado a la derecha (su ministro del Interior, Bruno Retailleau, tiene planteamientos gratos a Marine Le Pen), tampoco se puede contar.

Envalentonada, Meloni convocó ayer una minicumbre paralela en Bruselas –previa a la oficial- con los países más afines para preparar el terreno. Y, de paso, mostrar su fuerza. A la cita acudieron los líderes de Austria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Malta, Países Bajos y Polonia, además de la mismísima Von der Leyen. Demasiadas voces para no decantar el resultado del Consejo Europeo.

En el Eurobarómetro de este octubre, sobre las preocupaciones y motivos del voto de los europeos, aparecía como principal problema la inflación y el coste de la vida (42%), seguido de la situación económica (41%), la situación internacional (34%) y la democracia y el imperio de la ley (32%). La inmigración aparecía en quinto lugar, con un 28%, empatada con el cambio climático y la defensa y seguridad. Claro que si los políticos de todos los colores siguen con su letanía, los ciudadanos acabarán convencidos de que los extranjeros son el principal problema de sus vidas.

 

Memoria del telón de acero. La herida que produjo la división de Europa por el telón de acero entre el bloque comunista y el bloque occidental, simbolizada por el Muro de Berlín (1961-1989), todavía sangra. Un tribunal de la capital alemana condenó el lunes a diez años de cárcel a un exagente de la Stasi, la policía política de la antigua RDA, Martin Naumann, ya octogenario, por haber matado en 1974 a sangre fría y por la espalda al ciudadano polaco Czeslaw Kukuczka cuando se disponía a cruzar el paso fronterizo de Friedrichstrasse entre Berlín Este y Berlín Oeste. Como Kukuczka, al menos 140 personas murieron tratando de atravesar la frontera entre las dos Alemanias.

Boris, según Boris. El ex primer ministro británico Boris Johnson ha publicado un libro de memorias, bajo título Unleashed (desatado), en el que repasa sus quince años en la vida política -como alcalde de Londres, ministro de Exteriores y jefe de Gobierno- y aprovecha para no dejar títere con cabeza. Al presidente francés, Emmanuel Macron, le acusa de haber azuzado las pateras en el Canal de la Mancha en venganza por el Brexit y asegura haber pensado en lanzar una intervención con comandos en los Países Bajos en 2020 para hacerse con vacunas de la covid. Como en su época de corresponsal de The Daily Telegraph en Bruselas, le creerá quien querrá.

Bruselas dirimirá sobre el fútbol. Las 33 ligas de fútbol europeas -incluida la española- y la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra la FIFA por “abusar de su posición dominante en el fútbol comunitario” a la hora de fijar los calendarios de las distintas competiciones. Detrás de esta demanda está la queja de los clubes y los futbolistas por la saturación del calendario de competiciones, que puede llevar a algunos jugadores a tener que disputar 75 partidos esta temporada. Los criterios de la FIFA, según los denunciantes, “infringen la legislación de la Unión Europea”.

Los coches de la discordia

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Los tiempos de la globalización feliz son historia. Se acabaron, de hecho, con la pandemia de covid en 2020 y la crisis económica que le siguió. Aunque Europa, cuya dependencia industrial y estratégica quedó gravemente en evidencia, ha tardado un poco en reaccionar. Mientras sus dos grandes competidores, China y Estados Unidos, se lanzaban a dopar su propia industria con dinero público y adoptaban medidas proteccionistas, la UE seguía en solitario blandiendo la bandera del libre comercio y la competencia. En su propio perjuicio.

En su informe sobre la competitividad europea, el ex primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ya advertía sobre ello: “Otras regiones ya no siguen las reglas del juego y están desarrollando activamente políticas para reforzar su competitividad. En el mejor de los casos, estas políticas pretenden reorientar la inversión hacia sus propias economías a expensas de la nuestra; en el peor, están diseñadas para hacernos permanentemente dependientes”. Aunque no los citaba explícitamente, se refería a EE.UU. en el primer caso, y a China, en el segundo.

Todo indica que los 27, aun divididos, han decidido finalmente dar un golpe de timón. Así se deduce de la decisión de imponer a partir del 31 de este mes aranceles suplementarios -de hasta el 34,4%, que se añaden al 10% de derechos de aduana- sobre la importación de coches eléctricos fabricados en China, como medida para proteger la industria automovilística europea. Según la investigación llevada a cabo por la Comisión Europea, la competencia china es desleal en la medida en que sus bajos precios son alimentados por subvenciones estatales masivas. Bruselas, no obstante, mantiene abierta la vía de la negociación para tratar de llegar a un arreglo y evitar una guerra comercial abierta.

La sobreproducción automovilística china es una amenaza directa para Europa, donde esta industria es un pilar fundamental. El sector representa el 7% del PIB de la UE y el 8,5% del empleo industrial europeo, y tiene un particular peso en media docena de países, con Alemania a la cabeza. Hoy, la industria china ha desplazado a la alemana y Pekín es ya el primer exportador mundial de automóviles –en 2023 produjo 30 millones de coches, tanto eléctricos como de gasolina, de los que 4,9 millones fueron para la exportación-. El año pasado, en fin, el 37% de las importaciones europeas de productos chinos fueron vehículos eléctricos, un sector en el que China controla además la producción de baterías y las materias primas críticas.

En un reciente artículo publicado en Foreign Affaires y titulado “La doble amenaza de China a Europa”, la politóloga Liana Fix y la economista Heidi Crebo-Rediker apuntaban que la política de Pekín con el coche eléctrico es la misma que aplicó con la industria de las placas solares, solo que en el caso del automóvil su impacto sería mucho más devastador para Europa. Para poner freno a esta deriva, las autoras defienden la imposición de aranceles –más elevados que los aprobados- y, para evitar que puedan sortearse instalando centros de ensamblaje en Europa, poner condiciones exigentes a la implantación de factorías chinas, tal como hicieron los chinos con los europeos en los años noventa (en aquel tiempo Pekín ponía, entre otras condiciones, la transferencia de tecnología, lo que nos ha llevado a donde estamos)

La decisión europea sobre los aranceles –mucho más modestos que los decididos por EE.UU., del 100%- no ha sido, sin embargo, unánime: hubo solo 10 votos a favor por 5 en contra y 12 abstenciones. Entre estas últimas estaba la de España, que tras haber votado a favor de esta medida a principios de verano, cambió de opinión tras la visita, hace un mes, de Pedro Sánchez a China y de las advertencias del CEO de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, sobre las apocalípticas consecuencias que tendrían para la compañía (que fabrica en China su modelo Cupra Tavascan)

Lo más significativo, sin embargo, fue el voto negativo de Alemania, que algunos analistas no dudan en calificar de egoísta para evitar ser el blanco de las represalias comerciales de Pekín. La industria del automóvil es el principal sector exportador de Alemania (representa el 17% de las exportaciones totales) y uno de sus principales mercados es, justamente, China (el tercero, tras EE.UU. y el Reino Unido). Cualquier posibilidad de que Pekín pudiera tomar medidas contra los coches europeos –lo que ha dado a entender como posibilidad- pone los pelos de punta a Berlín, que esta misma semana ha admitido que la economía alemana cerrará 2024 en recesión.

La reacción china ha sido, por el momento, perfectamente calculada. Este pasado martes, el Ministerio de Comercio chino anunció como respuesta la imposición de aranceles suplementarios de hasta el 39% a los brandis y licores espirituosos europeos, lo que afecta muy principalmente a Francia (uno de los países del sí), principal exportador mundial con su cognac. De hecho, el 99% de las importaciones chinas de este licor procede del Hexágono, cuyo gobierno ya ha expresado airadas protestas.

El pulso acaba de empezar y de su desenlace puede depender en gran medida el futuro de Europa como potencia industrial. ¿Serán capaces los europeos de aparcar sus rivalidades y mantener la unidad? Pekín parece apostar a que no.

 

Momento Orbán. El controvertido primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, presidente de turno de la Unión Europea, tenía esta semana una esperada cita en Estrasburgo: su comparecencia ante el Parlamento Europeo para hablar de las prioridades de su presidencia. Organizada en dos fases, Orbán ofreció la víspera una nutrida conferencia de prensa, en la que se regocijó por adelantado de la posible victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, y el jueves se enfrentó a un hemiciclo mayoritariamente hostil, una parte del cual le cantó el ‘Bella Ciao’, mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le criticaba con dureza.

Dinero condicionado. Nada hay todavía oficial, pero ya han empezado a trascender algunos de los cambios que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quiere introducir en el presupuesto comunitario. Y no son menores. Bruselas plantea refundir todos los fondos y programas existentes en 27 programas nacionales -uno por cada país miembro-, condicionando la entrega del dinero a reformas y objetivos previamente pactados con cada gobierno. Se generalizaría así el sistema aplicado en los fondos Next Generation. Este planteamiento conllevaría una recentralización de la gestión de los fondos de cohesión, en detrimento de las administraciones territoriales.

Acuerdos en suspenso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un fallo por el que anula los acuerdos comerciales, en materia de agricultura y pesca, suscritos por la UE y Marruecos en el 2019 por entender que implican al territorio del Sahara Occidental sin su consentimiento. El TJUE da la razón al Frente Polisario, organización a la que considera legítima representante del pueblo saharaui. El fallo va en sentido contrario al tomado por países como España y Francia, que en los últimos años han asumido la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental -anexionado en 1975 por Marruecos- y apoyado la vía de la autonomía para la antigua colonia española.