Newsletter ‘Europa’
El desenlace fue
un alivio para la presidenta saliente, la liberal y pro europea Maia Sandu, del
Partido de Acción y Solidaridad (PAS), que se jugaba la vigencia de su gran
proyecto político. Bruselas y Chisinau atribuyeron a las injerencias
rusas lo ajustado del resultado: la policía moldava detectó la
transferencia de 15 millones de euros desde Rusia -a través del oligarca
moldavo Ilan Sor, huido a Moscú tras ser condenado por corrupción- con el objetivo
de comprar 130.000 votos para el no. Pero las cifras están ahí.
El resultado del
referéndum demuestra, más allá de las maniobras rusas -ya sea en forma de
compra de votos, ya sea a través de campañas de desinformación-, la extrema
división de la sociedad moldava. Algo que, convenientemente azuzado desde el
exterior, podría conducir a un enfrentamiento civil. Así lo teme el exministro
de Exteriores ucraniano Pavló Klimkin, quien en el diario Gazeta –citado por el portal Euractive- expresó su temor de que se
desestabilice la frontera occidental de Ucrania.
La batalla
política entre europeístas y prorrusos tendrá una nueva cita el 3 de noviembre,
fecha de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En la primera,
celebrada simultáneamente con el referéndum, Sandu salió airosa, al vencer con
el 41,8% de los votos frente al 26,3% obtenido por su principal rival, Alexandr
Stoianoglo, ex fiscal apoyado por los socialistas prorrusos del PSRM. Pero
todavía falta el segundo asalto y, más allá, las elecciones legislativas de
2025.
Encajado entre
Rumanía y Ucrania, Moldavia es un pequeño país de 2,6 millones de habitantes.
Como otras repúblicas de la extinta Unión Soviética, alcanzó la independencia
en 1991, algo que Moscú no ha digerido todavía. Conforme todos estos países se
han ido aproximando hacia la UE y el bloque occidental, Rusia ha acrecentado su
presión desestabilizadora y su intervencionismo militar, argumentado muchas
veces con el pretexto de proteger a las minorías rusófonas. Así, en Moldavia, la
región separatista oriental de Transnistria, de población eslava, está ocupada
por tropas rusas desde 1990, antes incluso de la definitiva desintegración
soviética. Igual que lo están Abjasia y Osetia del Sur en Georgia –desde la
guerra del 2008- y parte de las de Donetsk y Luhansk, además de la península de
Crimea, en Ucrania desde 2014.
La
desestabilización de Ucrania, el país más importante de los que abandonaron la
antigua URSS (37 millones de habitantes, granero de Europa), empezó casi desde
el minuto uno. Pero la reacción popular abortó por dos veces los objetivos de
Moscú. En 2004, la llamada revolución
naranja impidió que un pucherazo impusiera presidente al prorruso Víktor
Yanukóvich en lugar del ganador de los comicios, Víktor Yúschenko (quien, por
cierto, fue envenenado durante la campaña, lo que le desfiguró el rostro). Y en
el 2013, la rebelión del Euromaidán, en contra de la decisión del –entonces sí-
presidente Yanukóvich de suspender el acuerdo de asociación con la UE, acabó
con la huida del jefe del Estado a Moscú, que lo calificó de golpe de Estado.
Al año
siguiente, Rusia invadió y se anexionó la península de Crimea –base de su flota
del Mar Negro, en Sebastopol- y, vista la tibia reacción internacional, en
febrero de 2022 lanzó una amplia ofensiva militar para hacerse con el control
del país entero. Como es sabido, la “operación militar especial” ordenada por
Vladímir Putin –que confiaba en alcanzar sus objetivos en pocas semanas-
fracasó y el golpe de mano se ha acabado convirtiendo en una guerra
interminable.
En este
inestable dominó, la próxima pieza en juego es Georgia (3,7 millones de
habitantes, en la frontera sur de Rusia, junto al mar Negro), donde mañana
sábado se celebran elecciones
legislativas. El Gobierno actual, que lleva 12 años en el poder, está dirigido
por el partido Sueño Georgiano, fundado por el oligarca Bidzina Ivanishvili,
que se ha caracterizado por hacer seguidismo de Moscú y a quien la UE ha
amonestado por aprobar medidas contrarias a los valores europeos. La chispa,
que ha levantado numerosas protestas, fue la aprobación en mayo de la “ley de
agentes extranjeros”, un copia y pega de una norma rusa dirigida contra las
oenegés y la sociedad civil.
En estas
elecciones, el partido gubernamental ha presentado la campaña en clave de
guerra o paz: la primera vendría –al igual que en Ucrania- si se sigue
avanzando hacia la adhesión a la UE, mientras que la segunda quedaría
garantizada por la amistad de Rusia. Georgia, Moldavia y Ucrania son
oficialmente países candidatos a incorporarse a la UE. Pero el camino está
lleno de obstáculos y el objetivo dista mucho de estar asegurado.
Zona euro,
zona deprimida. La economía
europea va renqueante. No podía ser menos cuando el principal motor, Alemania,
va camino de la recesión. Las últimas
previsiones del FMI vaticinan un porvenir difícil para la economía germana,
que cerrará este año con un (no) crecimiento del PIB del 0,0% y una menos que
tímida recuperación en 2025 (0,8%), lo que arrastra como un lastre al conjunto
de la eurozona (0,8% y 1,2%, respectivamente). Sólo España mantiene un buen
ritmo (2,9% y 2,1%). Todos por detrás, en cualquier caso, de China (4,8%-4,5%)
y Estados Unidos (2,8%-2,2%). El Banco Central Europeo (BCE) ha
rebajado los tipos de interés al 3,25% para animar la cosa.
Tropiezo de
Meloni. La primera
ministra italiana ha atraído a una buena parte de sus colegas europeos de la
derecha de raíz democristiana a sus controvertidas tesis sobre la inmigración
irregular y, en particular, a su iniciativa de “externalizar” los centros de
retención y expulsión, situándolos en terceros países (en su caso, Albania). El
último
Consejo Europeo se rindió a sus cantos de sirena, pero al día siguiente la
justicia italiana le echó un jarro
de agua fría ordenando el retorno a Italia de los primeros desplazados. La
primera ministra italiana aprobó rápidamente un decreto
para tratar de blindar su medida estrella, pero el camino se vislumbra
plagado de pleitos judiciales.
Veto a los
ultras en Austria. El
principal partido de la extrema derecha austriaca, el FPÖ, que venció en las
elecciones del pasado 29 de septiembre, se
quedará fuera del gobierno. El presidente federal, Alexander Van der
Bellen, encargó este martes la formación de gobierno al canciller en funciones
y líder del partido conservador ÖVP, Karl Nehammer, tras constatar en la ronda
de consultas que ninguna formación está dispuesta a aliarse con el FPÖ y su
líder, el muy extremista Herbert Kickl. Nehammer, que quedó en segundo lugar,
ha anunciado la apertura de conversaciones con los socialdemócratas -que
quedaron terceros- y no descarta sumar a los liberales.
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