domingo, 25 de octubre de 2026

Francia: la izquierda en las calles, la ultraderecha en las urnas

Newsletter Europa 

La violencia asociada al actual movimiento de protesta estudiantil alimenta, como sucedió en Mayo del 68, el voto de la ley y el orden

 

En mayo de 1968, Francia tembló. La revuelta de los estudiantes universitarios, secundada por los obreros -que paralizaron las fábricas de todo el país-, puso en jaque al Gobierno y, más allá, al propio régimen edificado por el general De Gaulle con la fundación de la V República en 1958. Hay un cierto aroma a Mayo del 68 en la actual movilización de los estudiantes franceses de secundaria, que ha confluido con un malestar social más general en un momento de profunda crisis política y económica en el país. Los propios estudiantes evocan hoy la mitificada revolución protagonizada por sus abuelos hace casi seis décadas como si un hilo conductor uniera ambos acontecimientos. Los tiempos, sin embargo, no son los mismos.

La protesta actual, iniciada en un punto de la banlieue de París por asuntos muy concretos -en este caso, la falta de profesores en el liceo Antoine de Saint-Exupéry en Créteil-, extendida como una mancha de aceite a otros centros con reivindicaciones ya mucho más amplias y generales, y exacerbada por la contundente represión policial (con más de 8.000 detenciones y el uso de armas no letales pero que han causado heridos graves), guarda en efecto marcados paralelismos con la forma en que se gestó Mayo del 68. Otra cosa es que las ansias de cambio y de liberación de entonces han sido sustituidas hoy por la preocupación y la angustia que suscitan un presente y un futuro marcados por la precariedad. La esperanza ha sido reemplazada por el pesimismo.

También hoy como hace sesenta años hay un espeso sentimiento de crisis en el ambiente. Si en 1968 los rebeldes impugnaban un régimen anquilosado y conservador, hoy es el propio modelo presidencialista de la V República, llevado al extremo por Emmanuel Macron -a quien algunos críticos acusan de creerse el dios Júpiter-, el que está en causa. La forma imperiosa y vertical de ejercer el poder suscita hoy un rechazo generalizado en la sociedad francesa, que se lo ha hecho pagar caro en las urnas: el resultado es un presidente enormemente debilitado, después de que su azarosa decisión de disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones en 2024 dejara a su gobierno en minoría y convirtiera estos últimos años de su mandato en un periodo marcado por la parálisis.

La situación económica es asimismo preocupante. Con un crecimiento económico plano (un 0,4% previsto para este año y un 0,5% en 2027), un paro enquistado alrededor del 8% y una inflación del 3,1%, el aumento de los precios, particularmente de los carburantes, ha disparado el descontento social por la pérdida de poder adquisitivo. Los sindicatos se reunieron esta semana con el jefe del Gobierno, Sébastien Lecornu, para  reclamar medidas y salieron con las manos vacías, con lo que reafirmaron la convocatoria de una jornada de huelga y movilización general el 5 de noviembre.

El problema es que el Ejecutivo tiene muy poco margen de maniobra para contentar las demandas de trabajadores y estudiantes: con un déficit público del 5,1% y un endeudamiento que alcanza el 119% del PIB, sus planes no pasan precisamente por ofrecer nuevas ayudas, sino por aplicar un ajuste de 54.000 millones de euros en el presupuesto del año que viene, que tiene muy difícil -por falta de mayoría- llegar a ver la luz. Mientras tanto, los mercados financieros han castigado a Francia elevando el coste de su deuda al 5%, una barrera que no se alcanzaba desde el 2002.

Frente al idealismo ilusionado del 68, el nihilismo más descarnado ha ganado hoy a amplios sectores de la juventud y de la sociedad francesa. Y quizá eso explique el elevado grado de violencia, destrucción y pillaje en que degeneraron las masivas manifestaciones del pasado sábado, 17 de octubre, perpetrados por una amalgama integrada por elementes anarquistas y de ultraizquierda, bandas procedentes de la banlieue, estudiantes airados sin adscripción partidista excitados por la adrenalina y curtidos en los últimos enfrentamientos con la policía y algunos oportunistas que aprovecharon la ocasión de arramblar con lo que pudieron. En Mayo del 68 también hubo fuertes enfrentamientos en las calles de París, pero la violencia del sábado pasado recuerda mucho más a la que se ha visto en los periódicos levantamientos de los suburbios -en 2005 y 2023- y en las protestas de los chalecos amarillos de 2018-2019.

La sensación de que la agresividad y la violencia han subido varios grados en los últimos años en Francia es bastante compartida, y periódicamente evocada por los responsables políticos. Un sondeo de Ipsos del 2022 confirmó que el 87% de los ciudadanos consideraba que la sociedad francesa se había vuelto más violenta. Lo más significativo -y preocupante- es que un 26% juzgaba “normal” recurrir a la violencia en defensa de los propios intereses. ¿Una herencia de 1789?  

Hace sesenta años, el todavía poderoso Partido Comunista (PCF) se opuso en principio al movimiento estudiantil, que consideraba burgués, pero tuvo que ceder ante la presión de sus bases y movilizar a los trabajadores hasta paralizar el país. Hoy es La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélénchon, de izquierda radical, la que alienta las manifestaciones, en un intento de capitalizar la revuelta de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Que la protesta de los jóvenes coincida con la de los sindicatos y otros colectivos descontentos -como los aparentemente resucitados chalecos amarillos, un movimiento surgido de la Franca vaciada- puede crear una tormenta perfecta similar a la de 1968. Pero si entonces el gobierno de Georges Pompidou pudo desactivar el vector sociolaboral del conflicto llegando a un acuerdo con los sindicatos -con el secretario de Empleo y futuro presidente de la República, Jacques Chirac, acudiendo a una reunión clandestina con una pistola por si acaso-, el Ejecutivo de Sébastien Lecornu puede tratar de hacer hoy lo mismo.

Mayo del 68 cambió la sociedad francesa en muchos aspectos -introdujo una mayor libertad en las costumbres, sobre todo-, pero no en el político. Cuando se habla de mayo se tiende a olvidar lo que pasó en junio. Y lo que pasó es que la derecha movilizó a cientos de miles de personas en una colosal manifestación de adhesión al general De Gaulle en los Campos Elíseos y que en las elecciones legislativas convocadas inmediatamente por el presidente de la República y celebradas el 30 de junio los gaullistas consiguieron una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional.

Algo similar podría pasar esta vez. La inquietud y el descontento por la violencia irracional de estos días alimenta de nuevo el voto conservador y, particularmente, el de la extrema derecha, que se ha convertido hoy en Francia en la corriente principal de la derecha. La primera encuesta realizada tras los graves disturbios del día 17, por el instituto Ifop, constata un aumento de la intención de voto en favor de la líder del Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, que ha enarbolado ya la bandera de la ley y el orden: de cumplirse el pronóstico, ganaría claramente la primera vuelta con entre el 34% y el 38% de los votos -una horquilla variable en función de a qué rivales se enfrente finalmente- y en la segunda vuelta se impondría también en todos los casos.

A falta de siete meses para las elecciones presidenciales, la posibilidad de cambiar este guion dependerá en última instancia de que alguno de los candidatos en liza sea capaz de emerger de la actual melée con fuerza suficiente… y con suficiente capacidad aglutinadora. Hoy por hoy, no es esto lo que se perfila. Y la dinámica actual tampoco lo favorece. Las protestas pueden ayudar a Jean-Luc Melénchon a afianzar su posición como favorito para pasar a la segunda vuelta y consolidar a LFI como la fuerza hegemónica de la izquierda -abortando el intento de sorpasso del socialdemócrata independiente Raphaël Glucksmann, presidenciable oficial del Partido Socialista-, pero eso solo servirá para facilitar la llegada de la ultraderecha al Elíseo.

Jean-Luc Mélenchon, radical en el fondo y áspero y agresivo en las formas, no es precisamente el candidato más indicado para atraerse el voto moderado, al contrario, lo ahuyenta. Su personalidad genera hoy más rechazo en la sociedad francesa que la de Marine Le Pen, que se ha beneficiado de un proceso de blanqueamiento de su partido y de su ideario (en parte adoptado por la derecha tradicional). Si finalmente fuera Mélenchón su oponente, la líder del RN ganaría de calle, con un aplastante 68% a 32% de los votos. La izquierda ocupa hoy las calles de Francia, pero al final puede ser la extrema derecha la que llene las urnas.

 

Pon tus barbas a remojar… El movimiento estudiantil francés tiene paralelismos en varios países de Europa. Los jóvenes ocupan las calles y plazas en Albania, Bélgica, España, Grecia, Portugal… Pero es en Italia donde la confluencia de protestas puede configurar un panorama más próximo al francés. La movilización de los estudiantes se ha extendido y generado fuertes disturbios, principalmente en Milán, lo que ha llevado esta semana a la primera ministra, Giorgia Meloni, a enviar 500 militares más a las zonas más conflictivas y aprobar nuevas normas para facilitar la detención de menores implicados en disturbios, como la retención preventiva y la detención diferida. Los estudiantes han convocado también para hoy nuevas manifestaciones en las principales ciudades de todo el país. Paralelamente, las protestas de los transportistas por el elevado precio de los carburantes, con bloqueos de carreteras y centros logísticos, ha provocado graves problemas de abastecimiento en algunas regiones italianas. En medio de esta agitación, el conflicto diplomático con España por la invasión de 72.000 migrantes en Ceuta a finales de julio ha quedado discretamente finiquitado. Los gobiernos de ambos países decidieron no prorrogar los controles fronterizos que mantenían suspendida parcialmente la libre circulación en el espacio Schengen desde principios de agosto.

 

 

 

 

lunes, 19 de octubre de 2026

La puñalada de Trump

Visión periférica

Mientras el ejército ruso se estanca en el campo de batalla en Ucrania, Putin acaba de recibir un regalo inesperado de Trump al levantar su embargo sobre las exportaciones rusas de diésel y presionar a Zelenski para que cese sus ataques.

 

El 2 de agosto de 2016, el entonces jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, mantuvo una cena en Nueva York con el  agente ruso Konstantin Kilimnik, socio suyo, en la que  abordaron “un plan para resolver los problemas políticos persistentes en Ucrania mediante la creación de una república autónoma en su región oriental más industrializada, el Donbass”, una zona ya parcialmente ocupada entonces por milicias prorrusas con apoyo de Moscú y cuyo control sigue siendo hoy el principal objetivo de la guerra lanzada en el 2022 por Rusia contra Ucrania. Según el plan, al mando de esa  nueva república debía estar Víktor Yanukóvich, el presidente ucraniano derrocado en el 2014, una vía indirecta para que Rusia controlara el este del país. Así consta en el informe sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas del 2016 elaborado por el fiscal especial Robert Mueller.

Este episodio ha sido rescatado estos días por algunos analistas –como la historiadora Heather Cox Richardson– a raíz del acuerdo alcanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para que Moscú venda hasta 4,8 millones de toneladas de diésel a EE.UU. y en el mercado internacional en el actual contexto de encarecimiento de los carburantes y cuando solo faltan dieciséis días para las elecciones legislativas de medio mandato (mid-term) norteamericanas. Lo cual asesta una puñalada por la espalda a Ucrania y sus aliados europeos.

La maniobra, descaradamente electoralista, busca hacer creer a los estadounidenses que la culpa de que el precio del gasoil se haya disparado –ha subido un 45% en EE.UU. desde que Trump lanzó la guerra contra Irán– no es del conflicto en Oriente Medio sino del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por sus ataques a las refinerías e infraestructuras petroleras rusas. El propio Trump, que es perfectamente consciente de que los barriles de diésel rusos no le servirán para bajar los precios de aquí a las votaciones del 3 de noviembre –apenas darán para cubrir el consumo de un día y medio, según The Economist–, buscaba un chivo expiatorio y señaló con el dedo a Zelenski: “Quiere crear problemas a nuestros agricultores y ganaderos con el combustible diésel”, escribió el pasado fin de semana en su red social, Truth, a la par que le instaba a cesar en sus ataques sobre las refinerías rusas y –más tarde– anunciaba un “alto el fuego energético” entre Moscú y Kyiv que los hechos han desmentido.

Que Trump busque quitarse las culpas de encima por el encarecimiento del diésel antes de las elecciones no oculta el hecho de que el presidente de EE.UU., en este último giro de guion, ha vuelto a abrazar las tesis de Moscú para el fin del conflicto, que, básicamente, implican la rendición de Ucrania y la cesión del territorio del Donbass. Por eso volvió a presentar a Zelenski como el gran obstáculo para la paz y abogó por un cambio en la presidencia del país, mientras sus mensajeros  amenazaban a Kyiv con retirarle la ayuda norteamericana si persistía en sus ataques contra las plantas energéticas rusas.

Si el informe Mueller sobre la injerencia rusa es evocado hoy por algunos analistas es para subrayar las prolongadas conexiones entre Trump y Putin. Pero, además de esta cercanía, lo que el contenido de la reunión del 2016 confirma es que la anexión del Donbass por parte de Rusia lleva mucho tiempo en los papeles del trumpismo. De hecho, el propio Trump evocó la posibilidad de “cesiones territoriales” como vía para acabar la guerra en vísperas de su cumbre con el presidente ruso en Anchorage (Alaska) en el 2025.

La presión sobre Zelenski no ha sido solo verbal. La noche del martes al miércoles, en pleno bombardeo ruso, Kyiv echó en falta información de inteligencia sobre los ataques aéreos del enemigo y se encontró con restricciones en el uso de la red de satélites Starshield –rama militar de Starlink–, que el ejército ucraniano utiliza para sus operaciones. El presidente de Space X, Elon Musk, atribuyó esa interrupción temporal –el servicio se restableció en principio el jueves– a la Casa Blanca. Sintiéndose “traicionado”, Zelenski ordenó retomar los ataques contra las refinerías rusas.

Los europeos, nuevamente descolocados por su supuesto aliado, han cerrado filas en torno a Zelenski y reafirmado su compromiso con la defensa de Ucrania. La Comisión Europea entregó el miércoles a Kyiv 2.860 millones de euros –a cuenta del préstamo de 90.000 millones acordado– para financiar drones, sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica, misiles, radares y municiones. 

La maniobra de Trump no ha sorprendido solo a ucranianos y europeos. Un grupo de senadores republicanos y demócratas  ha rechazado públicamente el acuerdo de Trump con Putin, que vulnera la prohibición de 2022 de importar petróleo ruso y la llamada ley Graham, del pasado 18 de septiembre, que refuerza las sanciones contra Rusia.

Todo esto se produce en un momento en que, si bien Moscú está bombardeando sin piedad las ciudades e instalaciones energéticas de Ucrania –que anda escasa de sistemas de defensa aérea, sobre todo  misiles Patriot, que EE.UU. ha gastado en Irán–, la situación en el frente está prácticamente estancada, con un avance ruso muy lento y con no pocos reveses. “Las fuerzas ucranianas han derrotado la campaña rusa de 2026 para tomar el óblast de Donetsk”, concluye el último informe, del 8 de octubre, del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Y eso, a un precio humano terrible: el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estima que Rusia ha sufrido desde el comienzo de la guerra 1,4 millones de bajas entre soldados muertos, heridos y desaparecidos, por 500.000-600.000 Ucrania. 

La juventud europea arde

Newsletter Europa

En Francia, España, Bélgica o Italia, los jóvenes salen a las calles para expresar su disconformidad con su presente y su futuro

 

Europa está que quema en este arranque de otoño. Y no precisamente por el cambio climático. Mientras los dirigentes europeos discuten sobre dónde aplicar la tijera para podar los presupuestos comunitarios -y nacionales-, decenas de miles de jóvenes han salido a las calles estas últimas semanas en varios países -Francia, España, Bélgica, Italia…-, en movimientos de protesta aparentemente desconectados entre sí pero con un nexo común: son la expresión del desasosiego de la juventud ante el futuro y el descontento por un presente caracterizado por la precariedad. Las insuficiencias del sistema educativo -que condicionarán su desarrollo en la edad adulta- y los problemas para emanciparse por el encarecimiento desorbitado de la vivienda centran las quejas.

Todo incendio empieza por una chispa y en Francia, como es habitual, empezó en los suburbios. La revuelta de los estudiantes de bachillerato de todo el país, que tiene en este momento contra las cuerdas al gobierno de Sébastien Lecornu, se inició el 17 de septiembre en el liceo Antoine de Saint-Exupéry de Créteil, al sudeste de París, cuando los alumnos se unieron a una huelga del profesorado en protesta por la falta de personal y de recursos y bloquearon el instituto. Una semana después ya eran una decena los liceos implicados, una cifra que alcanzó rápidamente el millar.

En las últimas semanas se han sucedido multitudinarias manifestaciones, que han acabado muchas veces en enfrentamientos con los antidisturbios y actos de violencia protagonizados por grupos radicales, mientras crecen las voces críticas hacia la fuerza utilizada por la policía. La protesta va camino de ampliarse y en la convocatoria para hoy sábado podría darse una confluencia con otros movimientos, como el de unos resucitados chalecos amarillos, que entre 2018 y 2019 hicieron temblar a Francia. No es descartable, visto como están los precios de los carburantes.

Junto a la reivindicación de más profesores para cubrir las bajas y más recursos -10.000 millones de euros más para educación-, los estudiantes reclaman también la supresión del actual sistema de acceso a la universidad, en manos hoy de una plataforma (Parcoursup) gobernada por un algoritmo que consideran opaco y -sospechan- discriminatorio, y que es probablemente el problema inmediato que más angustia les produce. Entre las 10 medidas de urgencia que reclaman está también congelar los alquileres de las residencias públicas de estudiantes, construir más plazas y regular los alquileres privados.

El precio de los alquileres es la causa directa del incendio desatado el 26 de septiembre en España tras el controvertido desahucio de una octogenaria -Maricarmen Abascal, fallecida dos semanas después- por una empresa que le había triplicado el alquiler tras haberlo pagado religiosamente durante décadas. La indignación general dio pie a manifestaciones multitudinarias en todo el país y la instalación de un campamento de indignados (once años después) en la plaza del Sol de Madrid. El movimiento, con el apoyo de los principales sindicatos, dará su próximo paso con la realización, en plena precampaña electoral, de una huelga general el próximo 11 de noviembre.

En España, donde existe un parque de viviendas de alquiler más exiguo que en otros países europeos, el precio del arrendamiento ha subido una media de entre el 40% y el 45% en la última década, mientras que los salarios solo lo han hecho en un 26%. Los más afectados son los jóvenes, con sueldos más bajos, obligados bien a permanecer indefinidamente en casa de sus padres (en España la edad media de emancipación se sitúa ya en los 30,3 años, por encima de la de la Unión Europea, que es de 26,2), bien a compartir piso y pagar precios prohibitivos por una habitación.

En el vecino Portugal, la mecha ha prendido igualmente con el mismo leitmotiv, con la organización desde el día 10 de manifestaciones y acampadas -alguna, violentamente desalojada por la policía- en Oporto y Lisboa para reclamar, a los sones de la canción revolucionaria Grândola, Vila Morena, la limitación de los precios de los alquileres, la suspensión de los desahucios y el aumento de la construcción vivienda pública

Poco antes de la revuelta ibérica, desde septiembre decenas de miles de jóvenes se han manifestado en varias ciudades de Alemania para protestar por el proyecto de reinstauración del servicio militar en el actual contexto de guerra híbrida rusa. En principio, le ley prevé que sea voluntario, pero en el caso de no lograr cubrir los cupos previstos no se descarta hacerlo obligatorio. De momento, los nacidos en 2008 tienen que pasar ya un examen de aptitud… y el envío este verano por el Ministerio de Defensa de las primeras citaciones médicas a los jóvenes de 18 años ha desencadenado la protesta. “Educación sí, bombas no”, “La guerra y la crisis devoran tu vida” podía leerse en algunas de las pancartas.

La efervescencia en Francia ha irradiado asimismo hacia el norte y hacia el sur. En Italia, el 5 de octubre se inició un movimiento estudiantil similar en dos liceos de enseñanza secundaria de Turín -Regina Margherita y Carlo Inazio Giulio-, extendiéndose después a Roma, Bolonia y Nápoles. Los estudiantes, también universitarios, han plantado tiendas de campaña para protestar por el coste de la vida. Sus reivindicaciones van todas en el mismo sentido: aprobación de un plan de construcción de residencias de estudiantes, aumento del montante de las becas, reducción de los gastos de escolaridad, congelación del precio de las comidas en las cantinas y gratuidad del transporte público.

En Bélgica no han ido a la zaga. El día 9, los estudiantes de Valonia -la región francófona- y de Bruselas salieron también a la calle para sumarse a las protestas por los proyectos del Gobierno de Bart de Weber de recortar el gasto en educación, sanidad y prestaciones sociales, asimismo con su florilegio de violencias. Los estudiantes se quejan, particularmente de los recortes que afectan a las comidas gratuitas, los materiales escolares y el pase de transporte, así como el aumento de las matrículas.

Fuera de la Unión Europea, uno de los candidatos a la adhesión al club comunitario, Albania, también está sometida desde esta semana a convulsiones parecidas, en todo caso más violentas si cabe. Decenas de miles de jóvenes se han manifestado en la capital, Tirana, protestando -otra vez- por los gastos de la educación, la falta de ayudas públicas y la escasez de perspectivas de empleo a la salida de la universidad. Solo que aquí los manifestantes reclaman además la renuncia del primer ministro, Edi Rama, y han llevado la violencia, con duros enfrentamientos con la policía, hasta el extremo de incendiar la sede del Ministerio de Educación y otros edificios. Las protestas van camino de confluir con el movimiento conocido como la Revolución de los Flamencos contra la construcción de un gran complejo turístico -liderado por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner- en una zona protegida de la costa adriática.

Todo este conjunto de conflictos muestra la existencia de un malestar transversal entre los jóvenes y adolescentes europeos, una generación marcada por las secuelas de la pandemia de covid (hasta un 41% de los jóvenes europeos se sitúa en niveles bajos o muy bajos de bienestar psicológico, según un estudio de la Agencia de Drogas de la Unión Europea, EUDA, lo que los especialistas atribuyen a los confinamientos) y por la precariedad acumulada por las sucesivas crisis económicas.

El último Eurobarómetro de la Juventud realizado por el Parlamento Europeo, correspondiente a 2024 y publicado en 2025, corrobora una clara preocupación por la situación económica. Los problemas que suscitan mayor inquietud entre los jóvenes europeos de entre 16 y 30 años son el aumento de precios y el coste de la vida (40%), el cambio climático (33%) y la situación económica general y el empleo (31%). En España, el empleo aparece en primer lugar (41%) y la vivienda se cuela en segundo (35%), al mismo nivel que el aumento de los precios (35%)

La traducción política de todo este malestar está por ver. Pero si el resultado de las últimas elecciones europeas, del 2024, pueden ser un indicador, una parte considerable de la juventud -sobre todo la de género masculino- vehicula su descontento hacia el voto a los partidos de extrema derecha: un 21% de los hombres, frente a un 14% de las mujeres de entre 16 y 29 años. Así lo constata un estudio realizado por investigadores de cuatro universidades europeas, entre ellas la Pompeu Fabra, que explica esta divergencia de género por la inseguridad añadida que sienten los hombres jóvenes por los avances educativos y profesionales de las mujeres. Pero eso ya es otra historia…

 

Apoyo a Ucrania. Soplan malos vientos para Ucrania después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera unilateralmente levantar el embargo estadounidense sobre los productos petrolíferos rusos y alcanzara un acuerdo con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para autorizar a Moscú la comercialización de 4,8  toneladas de diésel, mientras presionaba a Kyiv para que cesara sus ataques contras las refinerías rusas. El trasfondo electoralista de la medida es evidente para todo el mundo -Trump se acerca a unas elecciones difíciles el 3 de noviembre con el precio de los carburantes disparado-, pero no por ello ha dejado de ser un choque para Ucrania y toda Europa. El Consejo Europeo, reunido jueves y viernes en Bruselas, reafirmó su apoyo a Ucrania en su defensa frente a la agresión rusa y en particular a su presidente, Volodímir Zelenski, presente en la cumbre. Los líderes europeos quieren asegurar cuanto antes la financiación del esfuerzo de guerra ucraniano -la Comisión Europea desembolsó esta semana 2.860 millones de los 90.000 millones de euros comprometidos con Kyiv-, ante el temor que la eventual victoria de la ultraderechista Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas del año que viene pudiera bloquearla.

Choque entre camaradas. Había una gran expectación por la posibilidad de que el Consejo Europeo fuera el escenario de un choque entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a propósito de la política migratoria. Hay que recordar que tras el asalto a Ceuta de 72.000 migrantes a finales de julio, la líder del posfascista Hermanos de Italia, suspendió la aplicación del tratado de Schengen de libre circulación y restauró los controles fronterizos aéreos con España, provocando una represalia española equivalente. Pues bien, ambos países llegaron a la cumbre habiendo pactado previamente una solución al conflicto con la próxima retirada de los controles. Apaciguado este frente, fue la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, secundada por checos y austriacos, la que encabezó los ataques a Sánchez por la regularización extraordinaria de inmigrantes, que consideró contraria a la política europea. Frederiksen, que es del partido socialdemócrata y por tanto una de los pocos camaradas de Sánchez en la UE, mantiene en el tema migratorio posiciones muy próximas a las de la extrema derecha.

Espadas en alto. El debate presupuestario en la UE está lejos de vislumbrar una solución a corto plazo y el objetivo del presidente del Consejo Europeo, António Costa, de cerrar un acuerdo antes de fin de año parece cada vez más difícil. La propuesta inicial de la Comisión Europea, de un presupuesto de 2 billones de euros para el septenato 2028-2034, ha sido rebajada por la presidencia irlandesa en busca de un terreno de entendimiento a 1,8 billones pero manteniendo sustancialmente las partidas de cohesión y agricultura. La Comisión, el Parlamento y los países llamados amigos de la cohesión -con España a la cabeza-, partidarios de un presupuesto expansivo para abordar las nuevas prioridades europeas sin recortar nada, han rechazado la rebaja irlandesa. Pero esta tampoco ha contentado al bando contrario. Lejos de ahí. Los países frugales, encabezados por Alemania, juzgan que la reducción es insuficiente -reclaman una rebaja sustancial de varios cientos de miles de millones de euros- y, desde luego, ven inaceptable que el recorte afecte a las nuevas prioridades, como defensa o competitividad.

Glucksmann: misión imposible

Análisis

El recién elegido candidato socialista al Elíseo busca convertirse en el freno a Le Pen, pero lo tiene muy difícil

 

Durante mucho tiempo, el apellido Glucksmann estuvo asociado en Francia a André Glucksmann (1937-2015), uno de los nuevos filósofos que, procedentes de la extrema izquierda, protagonizaron a mediados de los años setenta un movimiento contra el totalitarismo comunista. Hoy es su hijo, Raphaël Glucksmann (Boulogne-Billancourt, 1979), quien ocupa titulares y programas de televisión. A punto de cumplir 47 años, el recién elegido candidato del Partido Socialista (PS) a la presidencia de la República en las elecciones del año que viene se ha convertido en la gran esperanza blanca de la socialdemocracia francesa y en su último cartucho para tratar de evitar, desde la izquierda, la victoria de la ultraderechista Marine Le Pen, líder del Reagrupamiento Nacional (RN)

El envite es de talla. El socialismo francés, que ha dado dos presidentes en la V República -François Miterrand, por dos veces, y François Hollande-, lleva en la UCI desde que en las elecciones del 2017 decidiera presentar como candidato al Elíseo a un outsider del ala izquierda del partido, Benoît Hamon, fruto de unas primarias muy escoradas. Como resultado, una parte sustancial de los dirigentes del PS huyó del barco para enrolarse en el nuevo partido de centro de Emmanuel Macron (un aparente centroizquierda que no tardó en revelarse centroderecha), arrastrando consigo a una parte del electorado socialista. El batacazo histórico de 2017 -Hamon obtuvo un 6,4% de los votos- condujo al PS a una crisis existencial que a punto estuvo de borrarlo del mapa: en las siguientes elecciones presidenciales, del 2022, la hasta entonces alcaldesa de París y candidata al Elíseo Anne Hidalgo se estrelló con un desastroso 1,7% de los votos. 

La receta ideada por el primer secretario del PS, Olivier Faure (elegido en 2018), para salir del agujero fue apostar la supervivencia del partido a una asociación estratégica, en tanto que socio menor, con La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélénchon, de izquierda radical, convertido en el partido hegemónico. La solución permitió al PS  mantener una mínima representación parlamentaria en las legislativas del 2022, pero a costa de desdibujar completamente su identidad. Contestado internamente, Faure fue reelegido por los pelos en 2023.

El camino de la posible resurrección socialista vino de fuera. Eurodiputado asociado al PS desde 2019 y líder de un pequeño partido llamado Plaza Pública, Raphaël Glucksmann volvió a presentarse a las elecciones europeas del 2024 encabezando una candidatura conjunta con el PS y logró un 14% de los votos. Lo que devolvió una cierta esperanza a los votantes socialistas. Desde entonces, su figura no ha parado de crecer, hasta ganar este domingo con una contundencia inesperada -un 66% de los votos, en la primera vuelta- la primaria socialista para elegir a su candidato al Elíseo en 2027 (aplastando, entre otros al propio Olivier Faure y a una antigua presidenciable socialista, Ségolène Royal, que no le escatimó ataques personales en la campaña, llamándole “becario”)

Glucksmann se ha impuesto defendiendo un espacio propio y diferenciado para la izquierda socialdemócrata -rechazando todo pacto con los radicales de LFI- y mostrándose decididamente ecologista y europeísta. Frente a la amenaza rusa, es favorable al rearme de Europa y muy crítico con la falta de una reacción común europea: “Tengo la impresión de que, hasta que los bombarderos rusos no hayan arrasado Varsovia, no comprenderemos que hay una amenaza existencial”, declaró en una entrevista con La Vanguardia hace un año. Frente al auge de la extrema derecha, aboga por que la izquierda se reapropie del debate identitario y responda a la crisis social que afecta a las clases medias. “Limitarse a subir a una barricada y decir ‘¡No pasarán, fascistas!’ no es suficiente”, sostiene.

Si Glucksmann parece estar consiguiendo revitalizar el espacio socialista, habrá que ver hasta qué punto es capaz de trasladar este éxito a las presidenciales. Su reto es enorme: lograr el sorpasso sobre La Francia Insumisa de Mélénchon y superar al candidato mejor situado del centroderecha, condiciones necesarias e imprescindibles ambas para poder afrontar a Le Pen en la segunda vuelta.

De partida, no lo tiene fácil. El último sondeo, de ayer mismo, elaborado por Toluna Harris Interactive para las cadenas M6 y RTL da una amplia ventaja a Marine Le Pen en la primera vuelta (35-37%), seguida de Mélénchon (18-19%) -que pasaría también a la segunda vuelta- y los ex primeros ministros macronistas Édouard Philippe y Gabriel Attal (que de haber candidatura única obtendrían entre el 12% y el 17%). La encuesta -elaborada antes de conocerse el resultado de las primarias socialistas- otorga a Gluksmann entre el 10% y el 11% de los votos.

De confirmarse este escenario, la victoria de Marine le Pen sería imparable. El perfil político radical de Mélénchon es imposible de digerir para el electorado de derecha, incluido el más moderado, mientras que Le Pen, en parte debido a su propia apuesta política por moderar los excesos y “desdiabolizar” a su partido, en parte por la asunción por parte de la derecha gaullista de algunos planteamientos de la extrema derecha, se ha convertido en perfectamente metabolizable.

¿Puede ser Glucksmann el antídoto? De entrada, su candidatura va a tensionar fuertemente la campaña en el seno de la izquierda, con los melenchonistas al acecho. Anoche, a la salida del bar La Cantine de Belleville, de París, donde había celebrado su victoria, un presunto insumiso le vació encima un paquete de harina. No va a ser un camino de rosas.

 


domingo, 11 de octubre de 2026

29-N: Europa contiene el aliento

Newsletter Europa

Las elecciones en España abren un ciclo electoral que puede reforzar la confluencia entre la derecha y la extrema derecha en la UE

 

El próximo 29 de noviembre España irá a las urnas, pero será toda Europa -con esperanza unos, con aprensión otros- la que contenga el aliento. De su resultado dependerá en gran medida que el giro conservador iniciado por la política europea en el 2024 se consolide y refuerce -con un estallido de la histórica alianza europeísta en el Parlamento Europeo como posible efecto secundario- o, por el contrario, se mantenga el delicado statu quo actual. España inaugura, anticipadamente, el baile electoral al que están llamados en los próximos meses Francia, Italia y Polonia. En todos ellos los partidos nacionalistas y de extrema derecha parten con gran fuerza, si no son favoritos.

No hay muchos jefes de gobierno socialdemócratas en la Unión Europea en este momento -sobran los dedos de una mano- y los pocos que hay son en general de países pequeños. Así, la danesa Mette Frederiksen -una socialista muy peculiar, por lo demás-, el maltés Robert Abela y el lituano Mindaugas Sinkevicius. El español Pedro Sánchez es el único al frente de un país grande (cuarto de la UE en población y en potencia económica), lo que le convierte en el principal referente de la izquierda en el Consejo Europeo y en contrapeso en un club mayoritariamente conservador.

Si, como apuntan los sondeos, las elecciones conducen a un cambio de gobierno en España, con el popular Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente -con el apoyo de la extrema derecha-, el paisaje europeo cambiará radicalmente. “La ausencia de Sánchez sería un desastre porque acabaría desnivelando el Consejo y el equilibrio de la política europea”, apunta un destacado miembro del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo, dirigido por Iratxe García y donde los socialistas españoles constituyen la delegación nacional más importante.

De producirse este vuelco, no serían las elecciones en Francia, Italia y Polonia las que vendrían a compensarlo. Más bien al contrario. En Francia, la década liberal de Emmanuel Macron toca a su fin en 2027 y puede acabar en una auténtica debacle, abriendo paso al poder -por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial- a un partido de extrema derecha. A siete meses de los comicios, la líder del Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, encabeza todos los sondeos de las presidenciales, tanto en la primera como en la segunda vuelta, mientras el país parece sumido en una profunda crisis, con los mercados financieros castigando su elevado déficit, los precios de los carburantes disparados y los estudiantes de bachillerato protagonizando violentos enfrentamientos con la policía en las calles.

En Italia, la primera ministra y líder del posfascista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, parte con ventaja para repetir en el cargo, con sus posibilidades reforzadas -a priori- por la reforma del sistema electoral aprobada este jueves y que da una prima de representación a aquellos partidos y coaliciones que alcancen el 42% de los votos. En Polonia, por último, el primer ministro conservador Donald Tusk parece bien encaminado en las encuestas para mantenerse en el gobierno, pero en todo caso si alguien puede amenazarle no es la izquierda sino el ultraconservador y ultranacionalista Ley y Justicia, que -por otra parte- le hace la vida imposible desde la Presidencia de la República.

Si el cuadro electoral que se acaba dibujando es el que auguran los respectivos sondeos nacionales, la correlación de fuerzas en Europa experimentará un fuerte giro a la derecha y podría acabar forjando una nueva mayoría entre el sector conservador de raíz democristiana y -si no todos, buena parte de- los partidos de ultraderecha.

De hecho, desde las últimas elecciones europeas, del 2024, esta confluencia ya se ha ido abriendo paso en el Parlamento Europeo, merced a la política de geometría variable auspiciada por el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el socialcristiano bávaro Manfred Weber. Aunque la mayoría que sostiene a la Comisión de Ursula von der Leyen sigue descansando en el bloque europeísta tradicional -integrado por populares, socialdemócratas y liberales, con el apoyo intermitente de los ecologistas-, los conservadores han aprovechado la posibilidad de articular “mayorías alternativas” -con los ultras- para impulsar algunas políticas difícilmente aceptables para sus socios.

El pasado septiembre, por ejemplo, presentó y consiguió aprobar en la Eurocámara una resolución que atribuía la crisis migratoria de Ceuta a la política de regularización extraordinaria de Pedro Sánchez, con el respaldo de los tres principales grupos de extrema derecha del parlamento: los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni y asociados, los Patriotas por Europa de Marine Le Pen -y Vox- y la Europa de las Naciones soberanas (ESN) que capitanea el partido Alternativa para Alemania (AfD). No fue algo casual. Votaciones conjuntas de este tipo se han dado en un total de 23 ocasiones, según la información recopilada en la lista EU Far-Right Tracker por la oenegé The Good Lobby, dirigida por el académico italiano Alberto Alemanno. “El PPE no se limita a coquetear con la extrema derecha, sino que ha institucionalizado una alianza táctica de conveniencia”, sostiene el grupo.

¿Puede esta alianza táctica convertirse en una alianza estratégica? Ante esta situación, en el seno del grupo S&D empiezan a escucharse voces favorables a una ruptura con el PPE y el pase a la oposición en el Parlamento Europeo en el caso de que los socialistas pierdan el gobierno en España. Los sectores más pragmáticos no ven esa salida con buenos ojos y alertan que ello podría comportar la caída del Ejecutivo Von der Leyen y la eventual sustitución de la actual presidenta de la Comisión Europea -que hace lo imposible por mantener amarrada su coalición- por un perfil más a la derecha. “No sería bueno que saltara la actual Comisión -constata el mismo dirigente socialista-, pero si se produce un giro ultraconservador, la situación podría devenir imposible”.


Llamada de socorro de Von der Leyen. La presidenta de la Comisión ha pedido esta semana el apoyo del Parlamento Europeo para frenar los recortes que se ciernen sobre el presupuesto comunitario actualmente en discusión. El grupo de los países llamados frugales (Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia), capitaneados por Alemania, exige una rebaja de cientos de miles de millones en el proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo comunitario para el septenio 2028-2034, de 2 billones de euros. Ursula von der Leyen recordó a la cámara que su propuesta apenas representa el 1,26% del PIB de la UE y alertó de que su reducción “supondría el riesgo de recortar drásticamente en prioridades fundamentales que todos juntos hemos acordado”.

A Von der Leyen, de la CDU alemana, no le faltan apoyos en el Europarlamento, donde incluso el jefe de filas del PPE, el también alemán Manfred Weber (de la CSU, aliado histórico de la CDU), está contra los recortes de los fondos de cohesión y de la Política Agraria Comùn (PAC). No parece, sin embargo, que el canciller alemán, Friedrich Merz, les haya escuchado mucho hasta ahora... Los 27 entrarán de lleno en la negociación a partir de ahora, una vez la presidencia de turno irlandesa presente -hoy- el documento revisado (Negobox, en el argot comunitario), que ya incorporará la reducción de algunas partidas para intentar una primera aproximación de posiciones.

Ampliación con condiciones. La Comisión Europea ha propuesto esta semana incorporar un conjunto de medidas cautelares o de salvaguardia para que los futuros miembros de una UE ampliada no puedan estrenarse imponiendo su veto a acuerdos mayoritarios o poniendo en cuestión los principios fundamentales de la Unión. La propuesta de Bruselas, que deberá eventualmente ser ratificada por los 27 en la cumbre del 15 y 16 de octubre, instaura un periodo de 15 años durante los cuales los nuevos socios del club serán sometidos a una vigilancia especial, bajo la amenaza de sanciones que irían desde la pérdida de fondos comunitarios a la suspensión de su derecho de voto en el Consejo Europeo. Los candidatos más próximos a la adhesión son Montenegro -que podría ingresar en el 2028-, Albania, Moldavia y Ucrania, ya de cara al 2030.

Tregua comercial con Pekín. La guerra comercial a la que parecían abocadas la UE y China no se producirá, de momento.  Tras dos días de intensas reuniones en la capital china, el comisario europeo de de Comercio, Maros Sefcovic, alcanzó ayer un principio de acuerdo con su homólogo chino, Wang Wentao, por el cual China se compromete a reducir la exportación de vehículos híbridos a Europa, facilitar las licencias para la importación por parte de la UE de tierras raras e imanes permanentes –esenciales para las baterías– y facilitar el acceso al mercado chino a sectores europeos clave como el aceite de oliva, las piezas de automóviles y el calzado mediante la rebaja de aranceles. El acuerdo, que Bruselas considera un primer paso, se produce después de que Alemania y Francia reclamaran a la Comisión un nuevo instrumento comercial para frenar la competencia china, que ha disparado el déficit comercial bilateral a 360.000 millones de euros en 2025.

 

 

domingo, 4 de octubre de 2026

La Groenlandia del desierto

Visión periférica 

Cinco países –EE.UU., China, Francia, Italia y Japón– tienen bases militares en la pequeña república de Yibuti, a las puertas del estrecho de Bab el Mandeb, punto clave  afectado por el conflicto entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen.

 

En Yibuti no hay nada. O prácticamente nada. Carente de recursos naturales de relevancia, el agua dulce es allí un bien tan preciado como escaso. Todo es desierto y más desierto. Lo único que tiene Yibuti –un pequeño país de 23.200 km2 y 1,2 millones de habitantes en el Cuerno de África– es su clave posición geográfica, a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, un paso de no más de 36 kilómetros de ancho que une el golfo de Adén –en el Índico– con el mar Rojo y el canal de Suez.

Por aquí transita una cuarta parte del tráfico marítimo mundial. Y si ya de por sí es una ruta comercial crucial, para algunos países de la zona, como Arabia Saudí, se ha convertido en la principal vía de escape para sortear el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Riad vehicula sus exportaciones de petróleo hacia el mar Rojo por el oleoducto Este-Oeste y el puerto de Yanbu, hostigados ahora por los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán y enemigos de los saudíes (que apoyan al Gobierno yemení)

Si la apertura de nuevas rutas de navegación por el Ártico por el cambio climático y el deshielo ha acrecentado el papel geoestratégico de Groenlandia y ha despertado muchos apetitos –entre otros, el de EE.UU., que ha forzado un acuerdo para abrir dos nuevas bases militares en la isla–, un papel similar  tiene Yibuti en el Cuerno de África. De hecho, es prácticamente el único valor que ha podido explotar: el interés de potencias extranjeras por instalar en el enclave bases militares para sus operaciones en Oriente Medio y África (negocio que reporta a Yibuti  entre 200 y 300 millones de euros anuales en concepto de rentas)

Cinco países tienen hoy bases militares en Yibuti. Las más importantes pertenecen a Estados Unidos, China y Francia, mientras que los otros dos –Italia y Japón– mantienen destacamentos militares menores. Todos ellos han encontrado en este pequeño país un oasis de estabilidad, gobernado sin concesiones por el régimen autoritario  del presidente Ismail Omar Guelleh. Desde aquí se han dirigido y realizado las operaciones internacionales contra los piratas que atacaban a los cargueros desde la costa de Somalia.

La particular coexistencia de países rivales en un espacio tan reducido llama la atención. De hecho, Washington intentó –sin éxito– frenar en su momento la instalación de los chinos, que lograron incorporar a Yibuti a su proyecto de la Nueva Ruta de la Seda (La Franja y la Ruta). Excluidos –ellos sí–, los rusos buscaron otro emplazamiento en Sudán, pero el proyecto de abrir allí una base militar está en suspenso por la inestabilidad en el país.

Francia es quien lleva más tiempo presente en Yibuti, no en vano ocupó el país como potencia colonial instalando un protectorado –la llamada Somalia francesa– en la segunda mitad del siglo XIX. Tras una tardía independencia en 1977, la nueva república firmó acuerdos de defensa –el último data del 2024–por los cuales la antigua metrópoli ha podido mantener una fuerte presencia militar. Los franceses tienen hoy desplegados, en varias instalaciones, unos 1.500 militares, con dotaciones terrestres, aéreas y navales.

Los EE.UU. llegaron bastante más tarde, en el 2001, a raíz de los atentados del 11-S, pero son quienes tienen la fuerza más importante: unos 4.000 soldados. Instalados en la antigua base de la Legión francesa de Camp Lemonnier –nombre en recuerdo del general Émile Lemonnier, decapitado por los japoneses en Tonkín en 1945–, los norteamericanos cuentan con infantería de marina,  fuerzas navales y aéreas, así como una estación de drones.

En el 2011 se sumó una base japonesa (con unos 200 militares) y en el 2013 otra italiana (con 300 efectivos). El último en llegar –a lo grande– ha sido China, que inauguró su base en el 2017 junto al nuevo puerto de Doraleh. Se calcula que el ejército popular tiene desplegados a unos 2.000 militares. Recientemente, el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington (CSIS) detectó –a través de imágenes de satélites comerciales– un aumento de sus equipamientos en telecomunicaciones.

La guerra civil en Yemen y el enfrentamiento entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudí no se ha traducido hasta el momento en un bloqueo del estrecho de Bab el Mandeb. Por ahora, los hutíes –que tomaron hace poco el puerto de Moca y varias islas en el Mar Rojo– se han limitado a atacar las infraestructuras y los petroleros saudíes, exclusivamente, sin afectar a nadie más. De ahí que EE.UU. se haya abstenido, por el momento, de acudir en socorro de Riad pese a las peticiones de su aliado. Quien sí se ha movido es Francia, que ha anunciado el próximo envío de  refuerzos militares para proteger la terminal petrolera saudí de Yanbu.

Arabia Saudí ha pedido formalmente la asistencia de Turquía y Pakistán, países con los que firmó un acuerdo tripartito de defensa conjunta el pasado mes de agosto. De producirse esta intervención, los hutíes podrían estar tentados de tratar de bloquear por completo Bab el Mandeb y extender el conflicto. En ese caso, Yibuti se encontraría en el centro del huracán.

Ahogados por el diésel

Newsletter Europa 

La guerra en Oriente Medio dispara los precios de los carburantes en Europa, amenazando el crecimiento económico y la paz social

 

El 24 de septiembre, en una infrecuente comparecencia televisiva, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el envío de “medios militares” –soldados, radares y sistemas de defensa– para proteger la terminal petrolera de Yanbu, en la costa saudí del Mar Rojo. Punto de llegada del oleoducto Este-Oeste y principal ruta de Arabia Saudí para exportar su crudo sorteando el bloqueado estrecho de Ormuz, está hoy amenazada por los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen. “Nuestro compromiso con la región se basa en una lógica estrictamente defensiva de estabilidad regional y protección de nuestros intereses y socios”, dijo Macron, quien vinculó esta intervención -cuyos contornos no se han precisado- a la crisis provocada por el encarecimiento de los carburantes.

El alza de precios de la gasolina y -sobre todo- del gasóleo como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán ha disparado las alarmas en toda Europa, en la medida en que amenaza con lastrar el ya de por sí débil crecimiento económico (apenas un 1% interanual en el segundo trimestre de este año en la zona euro), disparar el coste de la vida (la inflación en la zona euro está ya en el 3,8%) y acrecentar el malestar social, con el riesgo de reeditar convulsiones como la vivida en Francia en 2018-2019 con el movimiento de protesta de los chalecos amarillos.

El estancamiento de las conversaciones entre Teherán y Washington para una tregua mantienen en gran tensión el mercado del petróleo, que según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) no se recuperará antes del año que viene. La escolta de petroleros por parte de EE.UU. en Ormuz y la deriva de parte de las exportaciones hacia otras rutas (como el mar Rojo, también bajo tensión por los ataques hutíes en el estrecho de Bab el Mandeb) han aliviado en parte la caída, pero de forma insuficiente. Según el último informe de la AIE, de este mes de septiembre, se calcula que en el conjunto de 2026 las exportaciones de petróleo habrán caído en 5,7 millones de barriles diarios, mientras que la demanda solo lo habrá hecho en 2,5 millones, desajuste que presiona los precios al alza. Así, el barril de Brent superó de nuevo el mes pasado los 100 dólares.

La situación se agrava en el caso de determinados productos, como el gasóleo. “El incremento tanto de los futuros del crudo como de los precios físicos palidece en comparación con el de los productos refinados, segmento donde la escasez de mercado es actualmente más aguda”, constata el informe, que apunta no únicamente a la reducción de las exportaciones de los países del Golfo (un 60% por debajo de los niveles anteriores a la guerra) sino a la parálisis de las exportaciones procedentes de Rusia. El resultado es que los precios del diésel, que representa el 30% de la demanda mundial, superaron los 200 dólares por barril.

La crisis de Oriente Medio ha representado ya un sobrecoste para Europa de 100.000 millones de euros, según datos de la Comisión Europea. En las gasolineras europeas, esto se traduce en precios superiores a los 2 euros por litro de gasóleo -más caro hoy que la gasolina-, con puntas de 2,50 euros en algunos países. Este viernes, el precio medio en la UE se situaba en 2,24 euros.

Frente a esta situación, y en medio de una creciente inquietud social, buena parte de los países europeos están tomando medidas para aliviar la factura a los consumidores, bien sea de forma general o selectiva (aunque sea a costa de aumentar el déficit público, más fácil para unos que para otros). En España, el Gobierno de Pedro Sánchez acordó al martes prorrogar por segunda vez los descuentos a los carburantes (de 20 céntimos por litro, que se irán reduciendo progresivamente) hasta final de año, después de que la inflación se disparara por esta causa al 4,9%. El Consejo de Ministros aprobó asimismo otras medidas para contener los precios del gas y la electricidad.

Iniciativas similares se han tomado también en otros países europeos -Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, Polonia o Suecia, entre otros-, bien sea con subvenciones o reducciones fiscales para rebajar el precio (entre 10 y 20 céntimos), bien poniéndole un tope por decreto. En Francia, con un problema de déficit público desbocado, el Gobierno ha optado por ayudas segmentadas -de hasta 40 céntimos por litro- para agricultores o transportistas, entre otros. El presidente Macron ha pedido, paralelamente, a la Comisión Europea que flexibilice (esto es, que rebaje) temporalmente las normas europeas sobre la calidad de los carburantes y que retrase la regulación de las emisiones de metano, con el fin de reducir los costes de producción.

A iniciativa francesa también, los países del grupo G7 decidieron a última hora de ayer liberar a lo largo de los próximos cuatro meses hasta 100 millones de barriles de las reservas estratégicas de diésel y crudo, con el objetivo de bajar los precios. La propuesta adjudicaba inicialmente a la UE la liberación de 50 millones de barriles de diésel y a los países de la AIE en conjunto otros 50 millones, en este caso de crudo.

El acuerdo aleja, en principio, el riesgo de una guerra de todos contra todos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, había amenazado con suspender temporalmente las exportaciones de diésel, una medida extrema para tratar de controlar el precio en su país, donde ha llegado a entre 6 y 6,50 dólares por galón (aproximadamente entre 1,44 y 1,50 euros por litro), cuando falta poco más de un mes para las cruciales elecciones legislativas de medio mandato (mid-term). Una interrupción de las ventas norteamericanas de diésel sería un golpe para Europa, que importa de EE.UU. el 20% del gasóleo que consume (además de para las propias compañías exportadoras, claro)

El comisario de Energía y Vivienda de la UE, Dan Jørgensen, que el martes reunió a los titulares de esta cartera de los 27 para abordar la situación, subrayó a la salida del encuentro que la única forma de que Europa se libre de su extrema dependencia exterior respecto de los combustibles fósiles pasa por fomentar la electrificación, multiplicar la producción de energías limpias y aumentar las interconexiones entre países. Nada, sin embargo, que pueda resolver el problema de inmediato. Ni salvar a los consumidores de un invierno que se presume “muy duro” en materia de precios.

 

¿Brexit de ida y vuelta? El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, ha ido un paso más allá que su antecesor en Downing Street -Keir Starmer, quien pretendía impulsar un nuevo acercamiento hacia la UE- y ha planteado la posibilidad de que en un futuro no inmediato el Reino Unido pudiera plantearse el reingreso en la Unión Europea. Así lo expresó esta semana en una entrevista en la BBC, donde se apresuró a subrayar que se trata de una opción más, no la única. “El Brexit ha hecho más mal que bien, ha deprimido el crecimiento económico y fomentado la pérdida de control sobre la inmigración”, declaró el premier. Una opinión en la que coinciden hoy el 60% de los británicos. Los laboristas podrían incorporar a su próximo programa electoral un posible referéndum de vuelta. En todo caso, esa eventual consulta todavía deberá esperar.

Invertir en Europa. El Gobierno español quiso aprovechar los decretos sobre vivienda para incluir la creación de una nueva cuenta bancaria con ventajas fiscales para animar a los ahorradores a invertir su dinero en compañías europeas, una iniciativa pactada con Alemania, Estonia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. El nuevo instrumento debía llamarse Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, con un límite máximo de aportaciones de 150.000 euros. A través de esta cuenta, su titular debía poder comprar y vender activos sin tributar por ello en el IRPF durante el plazo de permanencia, de cinco años. Una vez extraído el dinero, la ganancia estaría libre de impuestos hasta un límite de 10.000 euros (por encima, habría una bonificación fiscal del 20%) y los dividendos obtenidos sí tributarían por IRPF. La no validación, ayer, de los decretos de vivienda obligará a recuperar la medida por otra vía.

Groenlandia, premio Vanguardia. El premio Vanguardia Internacional de este año ha recaído en el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, por su serenidad y entereza a la hora de defender la soberanía de la isla ártica -territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca- frente a los apetitos territoriales expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una entrevista con La Vanguardia, Nielsen (Nuuk, 1991) se mostró confiado en el futuro tras la firma del acuerdo de defensa firmado con Washington, que en principio pone fin al litigio y que autoriza a EE.UU. a levantar dos nuevas bases militares en Groenlandia, así como restringe la presencia de potencias extranjeras ajenas a la OTAN. “La posibilidad de poder mirar hacia el futuro y decidir por nosotros mismos es lo que más importa ahora”, declaró aliviado.