¿Prepara Trump un golpe de Estado?

'Visión periférica'

A medida que se acercan las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre en Estados Unidos, en las que los republicanos pueden perder el control del Congreso, crece el temor a que Donald Trump y sus huestes intenten un golpe de mano.

 

Donald Trump se ha convertido en una parodia de sí mismo. Si sus intervenciones públicas hacen dudar a veces de su equilibrio mental, sus post en su red social, Truth, no pueden ser más delirantes. Cuando no se disfraza –IA mediante– como el luchador de pressing catch Hulk Hogan, el presidente de Estados Unidos superpone la caricatura de su perfil al mapa de Irán, dibuja la bandera norteamericana desde México a Islandia, derriba al primer ministro canadiense, Mark Carney, jugando al hockey sobre hielo, se pasea a caballo con George Washington –ambos vestidos de época– o se pone a rebautizar lo que le viene en gana con el nombre de América  o el suyo propio. “¿Por qué cree usted que ha sido el único presidente en ser sometido a un test cognitivo?”, se burló recientemente el presentador Jon Stewart sobre su salud mental en el hilarante The Daily Show.

Entre payasadas y niñerías, sin embargo, Trump ha empezado a colar imágenes siniestras de un futuro distópico en las que aparece como un tirano totalitario rodeado de robots armados y con frases de tono amenazador (como la que ilustra este artículo). No ha resultado más tranquilizadora la semejanza del uniforme que ha propuesto –en la misma red social– para el futuro cuerpo espacial del ejército de EE.UU. con los de las SS nazis.

Los antecedentes del personaje no permiten despachar tales salidas de tono como una broma pesada. Las inclinaciones autoritarias de Trump han quedado más que demostradas en numerosas de sus decisiones –gracias a un Congreso entregado y un Tribunal Supremo complaciente–, pero si cupiera alguna duda sobre adónde es capaz de llegar, baste recordar el violento asalto de sus huestes al Capitolio el 6 de enero del 2021 para tratar de evitar la certificación de Joe Biden como presidente. Algo que frustró, no sin riesgo para su vida, el vicepresidente Mike Pence.

Quien haya visto la serie El cuento de la criada –basada en la novela homónima de Margaret Atwood, que dibuja unos EE.UU. sometidos a un régimen totalitario ultraconservador– habrá podido observar el inquietante paralelismo entre las fuerzas paramilitares de la televisión y los agentes de la agencia migratoria trumpista ICE, que propagan el terror en las calles del país –enmascarados y armados hasta los dientes– y cargan ya a sus espaldas con más de medio centenar de muertes. Algunos medios han especulado con la posibilidad de que las fuerzas del ICE sean desplegadas en los colegios electorales durante las elecciones legislativas mid-term del próximo noviembre para intimidar y disuadir el voto de las minorías.

Lo cierto es que Trump y y los suyos están tratando por todos los medios de condicionar las elecciones, manipulando los distritos electorales (gerrymandering), coaccionando a los funcionarios de los estados encargados del recuento de votos, intentando imponer un control federal sobre el sufragio por correo –algo frenado esta semana por el Supremo– y tramitando una ley –SAVE America– que impondría nuevos requisitos para registrarse como votante. Medidas presentadas como necesarias para luchar contra el fraude pero que en el fondo buscan controlar el ejercicio del voto.

“Esta gente desquiciada  [los demócratas], tras luchar durante 10 años, debería reconocer por fin que su Presidente Favorito (¡YO!) sabe cómo GANAR. Deberían estar agotados a estas alturas pero, lamentablemente, no lo están. Van a hacer un último intento por arruinar a Estados Unidos, pero no vamos a permitir que eso suceda. ¡Vamos a ganar las elecciones de mitad de mandato a lo grande y a SALVAR A ESTADOS UNIDOS!”, ha escrito Trump, incansable.

No parece que ello pueda ser con buenas artes. La ciudadanía parece haber dado la espalda al presidente. Solo el 33% aprueba su gestión, según YouGov, y el 60% considera, según USA Today, que “no es honesto ni digno de confianza”. Los sondeos de intención de voto –50% a 39% a favor de los demócratas– dan como muy probable la pérdida de la Cámara de Representantes por parte de los republicanos. Y, acaso, del Senado. “No podemos permitir, ni permitiremos, que obtengan la mayoría en el Congreso. No vamos a dejar que eso suceda”, ha advertido amenazante el presidente (speaker) de la Cámara de representantes, Mike Johnson.

El politólogo Ian Bremmer, presidente del grupo Eurasia, advierte al respecto que “si alguien cree que Trump aceptará con elegancia la derrota en las elecciones de mitad de mandato debería reconsiderarlo”. Pese a ello, se muestra confiado en el escudo protector de las instituciones: “Las limitaciones a las que está sujeto el presidente son mayores que su capacidad para alterar los resultados”, señala.

No todo el mundo, sin embargo, es tan optimista. El juez John Michael Luttig, exmiembro de la Corte de Apelación y notorio conservador, ha publicado un alarmado artículo en la revista The New Republic, titulado La batalla final por la democracia de Estados Unidos, donde alerta del riesgo de que los republicanos se nieguen a acreditar la elección de los congresistas demócratas, impidiendo su toma de posesión el 3 de enero, lo que abriría una crisis constitucional de salida incierta.

En el actual Congreso –escribe con preocupación– “es difícil encontrar siquiera a un solo republicano con la integridad, el sentido del deber hacia la nación, el honor y la valentía necesarios para anteponer a EE.UU. al Partido Republicano, y mucho más a Donald Trump”. Aunque les llama a una rebelión, Luttig no confía demasiado en los republicanos y lo fía  prácticamente todo a la intervención del Tribunal Supremo, pese a que –como él mismo subraya– es el gran culpable de la situación actual al haber concedido al presidente la inmunidad absoluta.

 

La revancha de De Gaulle

Newsletter 'Europa'

El Consejo Europeo de Seguridad propuesto por Von der Leyen entronca con la defensa europea que siempre ha propugnado Francia

 

Charles de Gaulle no se fiaba de los americanos. El jefe de la resistencia francesa frente a la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, y futuro fundador de la V República, era perfectamente consciente de que la victoria aliada sobre Hitler lo debía todo a Estados Unidos (por más que públicamente procurara rebajar su importancia). Pero tras la liberación no tardó en alejarse de Washington, cuyo afán de tutela temía. “Yo no soy antiamericano por el hecho de no estar siempre al lado de EE.UU.”, declaró en una entrevista televisiva en 1965, en plena escalada en la guerra de Vietnam. No lo sería, pero sí se convirtió en símbolo de un cierto antiamericanismo francés.

Independiente y orgulloso, un año después de esas declaraciones, en 1966, enarbolando la bandera de la soberanía nacional, el viejo general ordenó clausurar la treintena de bases militares que EE.UU. mantenía en Francia desde el final de la guerra y retirar a su país del mando militar integrado de la OTAN, que se vio forzada a trasladar su sede original de París a Bruselas (Francia no regresaría hasta el 2009, de la mano de Nicolas Sarkozy). El seísmo provocado por aquella decisión, de la que se han cumplido ahora 60 años, fue más que considerable.

La figura de De Gaulle ha recobrado este verano su antiguo brillo y encendido el espíritu patriótico en Francia gracias al biopic en dos entregas La batalla de Gaulle (de Antonin Baudry), que ha arrasado en los cines con más de 5,6 millones de espectadores, solo por detrás de La Odisea de Chritopher Nolan. En un momento de desconcierto ante un mundo en el que los más fuertes pretenden imponerse a los demás, la resistencia de De Gaulle a claudicar y a acatar todo dictado exterior, por muy añeja que parezca la época, suscita indudables paralelismos con las cuitas actuales provocadas por los EE.UU. de Donald Trump.

Si De Gaulle pudiera atisbar, desde su austera tumba de Colombey-les-Deux-Églises, el actual debate europeo sobre las relaciones trasatlánticas y la necesidad de que Europa disponga de una auténtica autonomía estratégica en materia de defensa, a buen seguro se sentiría reivindicado. Durante décadas, la insistencia de De Gaulle y sus sucesores en el Elíseo en este sentido chocó siempre con la resistencia de los principales miembros de la UE -principalmente Alemania y, hasta el 2020, el Reino Unido- ante cualquier iniciativa que pudiera poner en cuestión o debilitar a la OTAN como eje de la alianza occidental. El retorno de Trump a la Casa Blanca y su labor de zapa interna de la Alianza Atlántica -más muerta que viva-, ha cambiado radicalmente el escenario.

Es en este contexto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aprovechó el miércoles su discurso sobre el estado de la Unión (SOTEU, en el argot comunitario) para lanzar la propuesta de crear un Consejo Europeo de Seguridad en el que, además de los miembros de la UE, podrían participar otros países aliados como Canadá, Noruega, el Reino Unido o Ucrania. ¿Una mini-OTAN como algunos la han llamado? En todo caso, su vocación sería disponer de mecanismos análogos al del artículo 4 de la Alianza, que prevé una respuesta común -ni automática ni necesariamente militar- si cualquier país miembro ve amenazada su “integridad territorial, independencia política o seguridad”. La UE ya cuenta en su tratado con una cláusula de este tipo -el artículo 42.7-, de lo que se trataría es de articular un mecanismo o protocolo de actuación claro para el momento en que un país miembro lo invocara.

La sesión del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, sirvió paralelamente para poner en escena el acercamiento mutuo entre la UE y Canadá, con quien los EE.UU. de Trump parecen decididos a romper su histórica alianza. Si el miércoles Von der Leyen propuso incorporar a Canadá a la UE como “miembro asociado”, el jueves el primer ministro canadiense, Mark Carney -una de las voces más escuchadas y respetadas en el concierto internacional-, recogió el guante y abogó por construir junto con Europa el “próximo orden mundial, que sea justo, estable y próspero”. Lo contrario de la ley de la selva.

Ni el Consejo de Seguridad esbozado por Von der Leyen ni el estatuto de “miembro asociado” de la UE (una idea que hasta ahora se había planteado para Ucrania, como modo de acelerar su acceso a la Unión antes de su entrada plena) tienen contornos muy precisos. Tampoco está claro que tales iniciativas, o la manera de plantearlas, susciten un amplio consenso en los 27. Pero su fuerza simbólica y política es indudable.

El entusiasmo europeo se evaporó al otro lado del Atlántico. “Se trata de una asociación [con Canadá] que no va contra nadie, sino en favor de nuestra fuerza común”, se cuidó de advertir Von der Leyen en la Eurocámara, sin llegar a citar explícitamente a EE.UU. Pero Donald Trump no se engañó y se apresuró a calificar la iniciativa de “hostil”, mientras amenazaba por enésima vez con tomar represalias en forma de nuevos aranceles comerciales. Su problema es que sus ultimátums han perdido su poder intimidatorio y hoy ya no le hacen caso ni Rusia ni Ucrania, ni China ni Irán, ni Israel ni Canadá, como tampoco la Reserva Federal ni el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La crisis de Ceuta. En su intervención ante el Parlamento Europeo, Von der Leyen aludió a la crisis de Ceuta para subrayar el compromiso europeo con el enclave español –“La frontera de Ceuta es una frontera europea (…) y Europa estará ahí para ayudaros”, dijo- y proponer un “nuevo marco europeo de respuesta a emergencias” migratorias que incluiría “flexibilizar temporalmente” (esto es, rebajar los requisitos de) los procedimientos de expulsión. La solidaridad con Ceuta y con España hasta ahora ha sido más bien escasa -recuérdese la carta de los 22 aprovechando la situación para ajustarle las cuentas al presidente español, Pedro Sánchez- y el tema ha sido utilizado para poner en cuestión la política de regularización extraordinaria de Madrid. Esta confrontación volvió a vivirse en el pleno de la Eurocámara, donde la alianza europeísta se rompió una vez más y el PPE logró imponer sus tesis con el apoyo de la extrema derecha.

Redes sociales y menores. En otro punto de su discurso, la presidenta de la Comisión anunció asimismo una iniciativa europea para proteger a los menores de los abusos de las redes sociales -una “captura a gran escala”, describió-. La iniciativa, presentada al día siguiente en Bruselas, prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años, entre 13 y 15 solo podrán acceder a “mini-cuentas” supervisadas por progenitores o tutores y de 15 a 18 los proveedores deberán garantizar un diseño seguro. La norma (EU Kids Act) prevé, entre otras cosas, prohibir el scroll infinito y define las “horas nucleares de sueño” como un periodo de ocho horas consecutivas entre las 22 horas y las 8 horas durante el cual quedan prohibidas las notificaciones automáticas. También veta exponer a los menores a sistemas de recompensa variable en los videojuegos.

Suecia, a contracorriente. Las elecciones legislativas celebradas en Suecia el domingo pasado han supuesto un punto de inflexión respecto a las tendencias mayoritarias de voto en los últimos tiempos en Europa. Aunque dividida en dos bloques, en Suecia el campo del centroizquierda -encabezado por la socialdemócrata Magdalena Andersson, candidata ahora a primera ministra- se acabó imponiendo al campo de la derecha, hasta ahora gobernante, según los resultados definitivos proclamados el jueves. Uno de los resultados más llamativos, por contraste, es el retroceso de la extrema derecha: Demócratas de Suecia (SD) recibió el 17,5% de los votos, tres puntos menos que en las anteriores elecciones del 2022, en las que cosechó el 20,5%, y ha pasado de ser la segunda fuerza política del país -y primera de la derecha- al tercer lugar.

 

Siniestros buenos viejos tiempos

NEWSLETTER EUROPA

La nostalgia de la antigua RDA alimenta el auge de la extrema derecha en Alemania

 

No todo tiempo pasado fue mejor. De hecho, la mayoría de las veces fue peor de lo que la engañosa memoria sugiere. Que los mayores sientan nostalgia de su época de juventud, en la que -mejor o peor- tenían toda la vida por delante es comprensible. Que la sientan los jóvenes de un tiempo idealizado que no han vivido es más sorprendente. Pero, más allá de la ignorancia que denota -y que, vistos los niveles de comprensión lectora de nuestros escolares, no tiene visos de mejorar-, es un indicador del malestar y desconcierto que suscita el presente en parte de la sociedad

En Estados Unidos, muchos jóvenes -y algunos de sus mayores- ignoran de qué lado luchó su país en la Segunda Guerra Mundial, e incluso se preguntan hoy si no deberían haberse alineado con la Alemania hitleriana. En China, cuando se cumplen cincuenta años de su desaparición, algunos se inclinan con interés hacia la figura de Mao, mientras en España otros repiten irreflexivamente la letanía de que “con Franco se vivía mejor”. Sin tener, en ninguno de los casos, la menor idea de lo que están idealizando: falsas ensoñaciones de seguridad que enmascaran reales atrocidades.

En Alemania la edulcoración de la Historia tiene una particularidad: es doble. No solo se ha ido disipando el sentimiento de culpa por los crímenes cometidos por Hitler y los nazis -así como difuminando el recuerdo de la muerte y la destrucción que trajeron a su propio país-, sino que en la Alemania del Este se idealiza y añora hoy también el siniestro régimen comunista de la RDA. Es en esta zona del país, que vivió más de medio siglo bajo regímenes totalitarios -los años que van desde la neutralización del Parlamento por Hitler en 1933 a la caída del Muro de Berlín en 1989-, donde ha arraigado y se está expandiendo con más fuerza la extrema derecha.

La victoria aplastante de Alternativa para Alemania (AfD, en sus siglas en alemán) en las elecciones regionales del land de Sajonia-Anhalt, el domingo pasado, ha sido un auténtico aldabonazo, aunque no se puede decir que no se viniera venir. Los ultras de AfD, que nacieron como una fuerza euroescéptica antes de tomar la bandera contra la inmigración musulmana en 2015 -a raíz de la entrada masiva de refugiados sirios decidida por Angela Merkel-, han ido creciendo de forma sostenida durante la última década. Hasta llegar el domingo a erigirse por primera vez en la fuerza más votada en una elección regional: ganaron de calle con el 44% de los votos -rozando la mayoría absoluta- mientras se desplomaban los dos partidos del Gobierno, la CDU (17,5%) y el SPD (9%)

A nivel nacional, los sondeos de intención de voto les dan hoy también el primer lugar con un 28%, ocho puntos por delante de los democristianos. La media global, sin embargo, enmascara, dos hechos relevantes. En primer lugar, los votantes de AfD, entre ellos muchos jóvenes, son sobre todo masculinos (un estudio del Pew Research Center realizado en 2024 reveló que el 26 % de los hombres alemanes tenía una opinión positiva del AfD, frente a solo el 11% de las mujeres). Y en segundo lugar, aunque el crecimiento es general, el mapa electoral de Alemania muestra que este proceso de radicalización política tiene su centro de gravedad en los länder del Este, donde la reunificación alemana ha sido vivida con un sentimiento de desposesión y humillación.

Pongamos el foco en el land de Sajonia-Anhalt, uno de los menos poblados de Alemania (apenas un poco más de 2 millones de habitantes, con una población envejecida y muy diseminada). Se trata de una zona minera e industrial -fundamentalmente, química- en declive, que perdió numerosos empleos en los años posteriores a la reunificación, con un nivel de paro ligeramente por encima de la media del país, un salario medio por debajo del nacional y donde el retroceso demográfico amenaza el mantenimiento de una fuerza laboral suficiente para sostener el crecimiento económico. La baja densidad contribuye también a la progresiva desertificación comercial y de servicios en muchos núcleos de población. Un retrato que podemos ver repetido en las regiones “vaciadas” o en declive de muchos países europeos.

No todo el panorama es tan triste, sin embargo. Aquí, el precio de la vivienda es el más barato de Alemania. Y, lo que llama más la atención habida cuenta del resultado electoral del domingo, el nivel de presencia extranjera es relativamente bajo: la proporción de ciudadanos extranjeros en Sajonia-Anhalt es del 9%, que aumenta hasta un 11% si se cuenta a aquellos de origen foráneo que han adquirido la nacionalidad alemana. Pero este dato, al final, acaba pesando poco frente a la realidad virtual que difunden las redes sociales, donde el miedo campa a sus anchas.

“Lo que mis padres me enseñaron es que vivían en paz y tranquilidad, sin tener que sentir miedo en su propio país”, declaraba un joven sajón simpatizante de AfD a la BBC en relación con los ataques -reales o supuestos- perpetrados por solicitantes de asilo. No está claro que la vida real sea un pozo de violencia cometida por extranjeros como pretende el discurso de la extrema derecha, pero eso es lo que uno ve -constantemente, pertinazmente- en la red social X, gobernada por su propietario -el multimillonario norteamericano Elon Musk, ardiente partidario de AfD- como un gigantesco foro de agitación y propaganda, donde la desinformación ha adquirido proporciones estratosféricas. Basta entrar unos minutos en esa ciénaga para, sin buscarlo, toparse con continuas escenas de violencia protagonizadas por negros y árabes. La extrema derecha ha sido muy activa y muy hábil en las redes sociales -así en X como en TikTok-, mientras los partidos tradicionales perdían la conexión con una parte del electorado.

Si la ultraderecha europea tiene gradaciones -siendo aparentemente la más pragmática y consensual la de los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni-, la de Alternativa para Alemania se sitúa entre las más radicales, hasta el punto de que en Parlamento Europeo se sitúa al margen de los dos grandes grupos de esta ideología, el liderado por la primera ministra italiana y el de la francesa Marine Le Pen (Reagrupamiento Nacional)

Su programa de gobierno, como recordaba recientemente su líder, Alice Weidel, incluye deportar masivamente a los ciudadanos de nacionalidad -y acaso de origen- extranjero y en particular al más de un millón de refugiados sirios que residen en el país, algo que el canciller Friedrich Merz ha denunciado como “limpieza étnica” y que condujo en 2025 a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), los servicios de inteligencia interior alemanes, a declarar a AfD como un “caso confirmado de extremismo de derechas” cuyos postulados son “incompatibles con el orden constitucional democrático”.

Partidaria de denunciar el tratado de Schengen y cerrar totalmente las fronteras de Alemania, así como de abandonar el euro y recuperar el marco, un eventual acceso de AfD al gobierno de Alemania representaría también una amenaza existencial para Europa.

Desconfianza en el futuro. El último estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, en sus siglas en inglés), elaborado a partir de más de 5.000 entrevistas realizadas en seis países (entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, pero no España), ha constatado una brecha creciente entre las aspiraciones de los ciudadanos europeos y la confianza en sus dirigentes políticos. El 75% quiere más Europa, pero el 68% aprecia un deterioro progresivo del proyecto europeo y el 56% está convencido de que el futuro de una Unión cada vez más estrecha está en peligro. A juicio de los ciudadanos, los principales problemas son la guerra de Ucrania (47%) y las dificultades económicas (33%), pero no ven que las respuestas políticas sean adecuadas y el pesimismo alcanza ya a un 39%, El director del estudio, Pawel Zerka subraya que “cuando el futuro en el que creemos se desvanece, el pasado es un espacio muy atractivo para buscar otro futuro posible”. La nostalgia está de moda.

A vueltas con el Ártico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha viajado esta semana a Groenlandia para subrayar el compromiso de la UE con el futuro de esta isla ártica de Dinamarca, sobre la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado reiteradas veces sus apetitos territoriales. Von der Leyen, acompañada por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el premier groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, anunció el despliegue de una nueva estrategia hacia la isla que incluye 200 millones de euros más en inversiones y también un refuerzo de los vínculos políticos con el territorio. Ajeno a esta idas y venidas, Trump publicó en su red social particular, Truth, un mapa en el que la bandera de EE.UU. se extiende, por el sur, hacia México y el Caribe y, por el norte, a Canadá, Groenlandia e Islandia. Los islandeses, que recientemente rechazaron en referéndum reanudar las negociaciones de adhesión a la UE, han visto rápidamente como el presidente de EE.UU. ha tomado nota de su decisión…

Vivienda, problema europeo. La UE no tiene competencias explícitas en esta materia, pero está dispuesta a utilizar sus potestades para ayudar a los gobiernos a combatir el problema de la escasez y encarecimiento de la vivienda, que afecta a las ciudades de toda Europa. La Comisión Europea, a través de la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha presentado esta semana una iniciativa legislativa para proteger a las administraciones públicas que quieran limitar los alquileres turísticos temporales y las segundas residencias. Asimismo, hace una serie de recomendaciones, como incentivar fiscalmente el uso residencial a largo plazo de los pisos vacíos -por ejemplo, gravando con impuestos las viviendas sin uso-, facilitar el cambio de uso de oficinas a residencial o promover el arrendamiento de habitaciones para jóvenes y estudiantes.

Ocaso en el Kremlin

'Visión periférica'

El largo reinado de Vladímir Putin en Rusia podría haber entrado en su fase final. Así lo creen algunos analistas, que perciben en el líder ruso, amenazado por sus fracasos en Ucrania, una creciente debilidad. Lo que lo hace peligroso.

 

Está acabado Vladímir Putin? ¿Ha entrado el régimen dictatorial del presidente ruso en una fase inexorable de declive? ¿Puede empezar a vislumbrarse un final para los más de 26 años de gobierno del moderno zar de Rusia? Acorralado por sus fracasos militares en Ucrania, donde le está resultando imposible avanzar tras cuatro años y medio de guerra –aunque machaque con drones a los civiles de Kyiv y otras ciudades–, ahogado por las sanciones económicas internacionales –salvado únicamente por China, de la que se ha vuelto dependiente– y roto el consenso nacional primigenio en torno a su figura –por más que las amañadas elecciones legislativas del próximo 20 de septiembre no lo puedan reflejar–, cada vez más observadores creen que el tiempo de Putin al frente del Kremlin se está agotando. Aunque no por ello sea menos peligroso.

La guerra de Ucrania, el mayor y más grave error estratégico de Putin, es lo que va a acabar llevándole a la ruina. La mal llamada “operación militar especial” solo lo fue en los deficientes documentos del alto mando ruso y lo cierto es que tras cuatro años y medio de combates  la línea de frente está totalmente estancada. “Los avances rusos en el campo de batalla se acercan a cero, mientras que las fuerzas ucranianas están creando las condiciones para superar la guerra posicional”, constata el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en sus siglas en inglés)

Los masivos e indiscriminados bombardeos sobre la población civil ucraniana –con nuevas versiones de drones, propulsados por reactores y mucho más rápidos– han puesto en serias dificultades a Kyiv, que carece de suficientes misiles interceptores, básicamente Patriot. Pero no deja de ser una confesión de impotencia por parte de Moscú, incapaz de avanzar sobre el terreno y de conquistar todo el Donbass, hecho que –forzando la realidad– permitiría a Putin  cantar victoria.

Para acabar de ensombrecer el panorama del Kremlin, el ejército ucraniano no solo ha conseguido detener el avance ruso –con enjambres de drones que convierten el frente en un campo de la muerte– sino que ha llevado la guerra Rusia adentro, hasta el mismo Moscú. Los bombardeos selectivos ucranianos –contra puertos y refinerías, que han provocado escasez de carburante; contra los lanzadores de satélites Rassvet, con los que Rusia quiere suplir la falta de acceso a la red de Starlink; contra los buques cargueros en el mar Negro y  contra los grandes centros de distribución de las plataformas de comercio electrónico, como Wildberries– no solo provocan distorsiones económicas y logísticas, sino que empiezan a minar la moral ciudadana.  Y la confianza en el líder.

La marcha de la economía no contribuye a mejorar la perspectiva. El impulso inicial de la industria de guerra, que dopó el crecimiento, se ha frenado y el Gobierno se ha visto forzado a aprobar los primeros recortes en el presupuesto público (de hasta el 35%, fuera del capítulo de defensa) El gasto social es el que más  va a sufrir.

“El encanto de Putin se está desvaneciendo. El presidente ruso aún ostenta el poder absoluto, pero la magia se ha desvanecido. Empieza a asomar su verdadera cara: la de un viejo encorvado, agitado, casi frágil”, ha escrito en el medio independiente Meduza el politólogo ruso Alexander Baunov, para quien el punto de inflexión definitivo fue la toma de control de internet la pasada primavera, con el bloqueo de las más populares aplicaciones de mensajería –WhatsApp, Telegram– y la imposición de la oficial Max para que nada se le escape al Kremlin. Para los ciudadanos, a juicio de Baunov, eso significó una especie de ruptura del “contrato” tácito por el cual, a cambio de la pasividad política, se mantenía libre la vida privada.

A sus casi 74 años, el presidente ruso parece haber perdido su aura de invencibilidad. Su popularidad –alta, como no podría ser de otra manera en un país fuertemente controlado– ha experimentado sin embargo en los últimos meses una clara erosión: si hace un año estaba en el 87%, hoy está en el 76%, según el Centro Levada. Muy claro no lo verá el presidente ruso cuando este pasado agosto decidió prohibir que Yábloko, el único partido político legal en Rusia que se opone a la guerra, concurriera a las elecciones del día 20. Los sondeos otorgan la victoria a su partido, Rusia Unida, pero eso, con la oposición perseguida y encarcelada, tiene escaso valor.

Algunos analistas han empezado a abordar ya los escenarios post Putin. Entre ellos, Julian G. Waller, investigador del programa de Estudios de Rusia en el Centro para Análisis Navales  y profesor en la Universidad George Washington, quien en un artículo en Foreign Affairs titulado Después de Putin subraya la incertidumbre del proceso de sucesión, que el propio dictador ruso ha propiciado negándose a designar un posible heredero, lo que podría dar lugar una “caótica lucha de poder” entre las élites del régimen, sin descartar una tambaleante continuidad de la gerontocracia actual.

En este ambiente deletéreo, lo que más preocupa a los gobiernos occidentales es que el presidente ruso opte por una feroz huida hacia adelante para salvar su régimen –e incluso su persona–, promoviendo una escalada bélica en Ucrania y acaso en Europa, donde ya se ha percibido un incremento de las acciones de guerra híbrida (como el frustrado atentado contra un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig). El semanario The Economist avanzaba, citando fuentes rusas, que Putin estaría preparando una movilización extraordinaria de entre 300.000 y 400.000 soldados adicionales. Otras fuentes, aportadas por The Defense Post, alertan del riesgo de que el líder ruso pueda recurrir a armas nucleares tácticas como último recurso para doblegar a Ucrania. Un fin de reinado sombrío se está perfilando.

Posfascismo pragmático

Newsletter 'Europa'

Ceuta confirma que los partidos conservadores europeos asumen el marco ideológico de la extrema derecha en materia de inmigración

Para Giorgia Meloni la crisis de Ceuta no supone un problema. Lo es para Pedro Sánchez -y grave-, pero no para la primera ministra italiana, que claramente ha exagerado el riesgo de que una parte de los 8.000 inmigrantes que se acumulan todavía en el enclave español -la inmensa mayoría de los más de 70.000 que asaltaron la frontera española el 30 y 31 de julio volvieron sobre sus pasos enseguida- puedan acabar desembocando en Italia. Más preocupante es para Meloni el flujo constante de inmigrantes irregulares que siguen llegando por el sur de su país, a través de la ruta del Mediterráneo central: por esta vía arribaron a Europa entre enero y julio 16.454 personas, un número superior al de las que entraron por España sumando todas las rutas (11.537 por el Mediterráneo y 2.856 por Canarias), según los últimos datos Frontex.

Sin embargo, a ningún país europeo -exceptuando a España, que lo ha hecho como represalia- se le ha ocurrido suspender la aplicación del tratado de libre circulación de Schengen con el país transalpino. Tampoco se ha oído por el momento ninguna voz pidiendo el restablecimiento de los controles fronterizos con Italia después de que haya trascendido que uno de los agentes rusos identificados por Alemania como sospechosos de ser los autores del frustrado atentado en el aeropuerto de Leipzig tenía un visado italiano. Y, sin embargo, Italia sí lo ha hecho con España.

Pese a que el discurso oficial pretende lo contrario, Italia no tiene tantas lecciones que dar en Europa sobre gestión de la inmigración. Y no solo porque la ruta del Mediterráneo central sigue siendo el principal foco de inmigración irregular hacia la UE, sino porque la receta mágica –“innovadora”, la llaman- de crear centros externos de deportación en terceros países, que el Ejecutivo italiano ha puesto en práctica en Albania, se ha demostrado un fiasco (cuestionados por la Justicia italiana, los centros llevan dos años prácticamente vacíos)

No deja de ser paradójico que, pese a esta realidad, la Comisión Europea y la mayoría de los gobiernos de la UE se hayan abonado acríticamente a la idea de externalizar los centros de deportación de extranjeros siguiendo el modelo italiano como si fuera el bálsamo de Fierabrás. Pero el discurso de la posfascista pragmática Meloni -como la ha definido The New York Times- es lo que se lleva hoy mayoritariamente en Europa.

La demostración más palmaria fue el seguidismo que la mayoría de gobiernos europeos hizo de la iniciativa capitaneada por Meloni y la presuntamente socialdemócrata primera ministra danesa, Mette Frederiksen, para culpar al Gobierno español de la crisis de Ceuta, vinculándola a la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes residentes en España. Un total de 22 países -mayoría absoluta- firmaron una beligerante carta reclamando el restablecimiento de los controles fronterizos con nuestro país. Italia lo hizo y España le respondió con la misma moneda. Ambos gobiernos han prolongado de nuevo esta semana la suspensión de Schengen por otros quince días.

Llamativa es, por contraste, la inhibición europea -coincidente aquí con la del Gobierno español- a la hora de imputar y reclamar responsabilidades a Marruecos por lo sucedido en Ceuta. Llamativo pero no sorprendente, puesto que la apuesta europea por subcontratar el control de los flujos migratorios con los países del sur del Mediterráneo -aparcando toda preocupación por los métodos- implica darles la llave del grifo.

La penosa falta de solidaridad demostrada por los europeos con España -solo cuatro países rehusaron sumarse al ataque contra el Gobierno de Sánchez: Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal- sienta un precedente preocupante y la principal instigadora, la propia Italia, va a empezar a sufrirlo en sus propias carnes: aprovechando la entrada en vigor en junio del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y a la chita callando, varios países del centro y el norte -Alemania, Austria, Finlandia, Países Bajos y Suecia- se han propuesto ya empezar a reenviar a Italia a miles de inmigrantes irregulares -podrían rondar los 10.000- detectados en su suelo que habían entrado por este país.

No, el problema de Meloni no es Ceuta. No lo ha sido nunca. Su problema se llama Roberto Vannacci, un exgeneral de extrema derecha cuyo partido, Futuro Nacional, compite ferozmente con el partido de la primera ministra italiana, el posfascista Hermanos de Italia, y se muestra mucho más radical en lo que constituye el asunto estrella de su fondo de comercio: la inmigración. Y que, a menos de un año de las próximas elecciones legislativas -que podrían ser adelantadas a abril- tiene una expectativa de voto del 7%, igual o por delante de los dos socios de gobierno de la primera ministra italiana -la Forza Italia de Antonio Tajani y la Liga de Matteo Salvini-, lo que podría poner en peligro la feliz continuidad del actual gobierno Duracell.

Este escenario está lejos de constituir una particularidad italiana. Por el contrario, es hoy el fenómeno mayoritario en Europa, donde la derecha tradicional de origen democristiano ha emprendido una acusada deriva hacia las tesis de la extrema derecha -particularmente en lo referido a la inmigración extranjera de raíz islámica-, hasta el punto de validar y convertir en mainstream el marco ideológico de los ultras, que ya no disimulan el sustrato racista y xenófobo de sus planteamientos. Esta carrera a ninguna parte de los conservadores por frenar la sangría de votos a su derecha no ha hecho más que alimentar a los ultras. Hoy, en los dos grandes países fundadores de Europa, que son a su vez las dos grandes potencias económicas y militares del continente, Alemania y Francia, la extrema derecha encabeza los sondeos de intención de voto.

El último Eurobarómetro disponible elaborado por el Parlamento Europeo -el de primavera- dibuja un panorama de la opinión pública en los 27 muy alejada de la histeria colectiva que azuzan las redes sociales y los bots internacionales -así sean rusos o norteamericanos- y replican las fuerzas políticas contra la presencia de población extranjera. Los tres asuntos que más preocupan a los ciudadanos y que a su juicio deberían ser abordados de forma prioritaria son la inflación (47%), la economía y el empleo (35%) y la defensa y seguridad (34%). La inmigración y la política de asilo (19%) aparecen en novena posición. En lugar de atender a este dato, los partidos históricos de la derecha europea siguen empecinados en dar vueltas obsesivas alrededor del tema de la inmigración, en lo que constituye una dramática pulsión suicida.

 

El ‘no’ de Islandia. Si uno de los principales argumentos que tenían los islandeses para querer integrarse en Europa era la reconfortante sensación de no estar solos frente a los apetitos de las grandes potencias internacionales en el Ártico -ahí están los Estados Unidos de Donald Trump queriendo quedarse con Groenlandia-, los sucesos de Ceuta habrán sido un gran antídoto: la crisis con Marruecos ha demostrado que la solidaridad europea no va de soi, depende del país que la necesita, del motivo, de las circunstancias y del color político de quien gobierna. Visto lo visto, y celosos como son de sus importantes caladeros de pesca -cuyo control se resisten a compartir-, los islandeses votaron el domingo pasado -por 52,8% a 47,2%- contra la reanudación de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, interrumpidas desde el 2015. El resultado del referéndum consultivo ha caído como un jarro de agua fría en la UE, que aún se pregunta el porqué de tal desafección.

Guerra híbrida. No hay como ser la primera potencia europea para que la solidaridad de los 27 se active automáticamente. Así ha sucedido con Alemania, víctima de una perceptible escalada en la guerra híbrida que la Rusia de Vladímir Putin libra contra Europa, que ha suscitado el cierre de filas de la UE y de la OTAN. El Gobierno de Friedrich Merz acusó oficialmente el martes a Moscú del atentado frustrado -con un dron cargado de explosivos- el pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig, que tenía como objetivo un avión de carga ucraniano. Berlín tomó varias decisiones como represalia, entre ellas el cierre de la Casa Rusa, en la capital alemana, un gran centro cultural que los servicios secretos sospechan era utilizado como centro de propaganda y espionaje. El Kremlin respondió haciendo lo mismo con el Instituto Goethe.

El club de Draghi. Cansado de la lentitud con que la UE aborda la implementación de sus recomendaciones para impulsar la competitividad del continente, el ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha decidido crear un lobby, junto con el presidente de la empresa de servicios financieros Stripe, Patrick Collison, para favorecer la adopción de las medidas que propugnaba en su célebre informe. Bautizado como Grupo Rhin y dirigido por el economista y ex eurodiputado español Luis Garicano, reúne a una sesentena de economistas, empresarios y banqueros, incluidos tres premios Nobel: Philippe Aghion, Bengt Holmström y Katalin Karikó. Otros miembros españoles son el presidente del BBVA, Carlos Torres; la exministra Cristina Garmendia, presidenta de la fundación para la innovación Cotec, y el profesor y exconseller de la Generalitat Andreu Mas-Colell, presidente del patronato del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)

 

A Trump se le escapa el mundo

Visión periférica

Fuera de América Latina, donde EE.UU. está imponiendo su ‘imperium’ en una actualización de la doctrina Monroe, la política exterior de Donald Trump zozobra, así en Europa como en Asia y Oriente Medio, su talón de Aquiles.

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Unas veces con el puño en alto, otras con el pulgar extendido, al presidente de Estados Unidos le gusta transmitir constantemente una imagen de fortaleza y seguridad en sí mismo. El hombre más poderoso del país más poderoso del mundo no concibe otro horizonte que el triunfo, otro desenlace que la victoria. Para Donald Trump no hay nada peor en este mundo que ser un perdedor, un loser. Y, sin embargo, con una popularidad a escala interna en caída libre (solo el 33% de los estadounidenses aprueba su gestión) y serios fracasos a escala internacional, su trayectoria está tomando justamente ese rumbo.

La errática y caprichosa política exterior de Trump ha conducido a EE.UU. a una situación paradójica en la que pesan más los fracasos autoinfligidos que los éxitos. Si bien su apuesta por actualizar la doctrina Monroe –rebautizada, naturalmente, como Donroe– para reforzar su dominio sobre el conjunto del continente americano parece estar funcionando, al menos a corto plazo, en el resto del mundo la hegemonía de la primera potencia mundial está haciendo agua.

En América Latina, la gran baza que puede presentar Trump –quien todavía se regala con la operación que condujo a la captura de Nicolás Maduro– es la puesta de Venezuela bajo tutela, con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el papel de virrey controlando la explotación y comercialización –ingresos incluidos– del petróleo venezolano (lo de la democratización del régimen, eso, parece menos prioritario). Junto al control de Venezuela, al que puede acabar sumándose Cuba, Trump ha contado con una oleada de victorias electorales de la derecha y la extrema derecha, del Caribe a la Patagonia, que han afianzado su im­pronta y se han traducido ya en la constitución de una gran coalición militar para combatir a los cárteles de la droga, en la que participan 19 países. Solo los tres grandes –Brasil, Canadá y México– se escapan al afán de control de Washington.

Pero, fuera del hemisferio occidental, todo lo demás patina. En Europa, la alianza trasatlántica se debilita a ojos vistas, mientras Washington –en un espectacular giro doctrinal– ha dejado de tratar a Rusia como un adversario, sin que por ello haya conseguido poner fin a la guerra de Ucrania. Recientemente, el Gobierno estadounidense envió a sus socios de la OTAN un cuestionario para evaluar no ya el compromiso europeo con la defensa común, sino su respaldo a la política exterior de Washington, con vistas a una reasignación de sus recursos militares en el continente (que, más allá de su reparto entre buenos y malos, serán reducidos).

En Asia, teóricamente la segunda gran prioridad de la política exterior norteamericana, la práctica dista mucho de lo que cabría deducir del documento de Estrategia de Seguridad Nacional aprobado hace menos de un año. Terminado provisionalmente en tablas el gran pulso comercial con China lanzado por el presidente norteamericano en el 2025, la realidad es que también aquí EE.UU. está dejando de la mano a sus aliados históricos –esta misma semana ha desairado a Corea del Sur mientras mostraba su complicidad con el dictador norcoreano, Kim Jong Un– y ha debilitado su despliegue militar en la región a causa de sus azarosas aventuras en otros escenarios.

¿Todo ello, para qué? Para intervenir en una región del mundo, Oriente Medio, de la que formalmente el trumpismo parecía decidido a desentenderse (“Los días en que Oriente Medio dominaba la política exterior americana (...) afortunadamente han acabado”, rezaba el nuevo y sin embargo ya caduco documento de Estrategia de Seguridad Nacional, aprobado en noviembre del 2025).

Oriente Medio se ha convertido en el verdadero talón de Aquiles de Trump. Un auténtico agujero negro. La irreflexiva y desnortada intervención armada contra Irán –arrastrado por Israel– se ha convertido en una catástrofe militar, económica y geopolítica. Convertida en una guerra interminable, ha fragilizado como ninguna otra la imagen de EE.UU., que aparece como un gigante impotente. Hasta el punto de que todo el mundo en la región, tanto enemigos como aliados, se le está subiendo a las barbas.

El conflicto con Irán, que se arrastra desde hace ya casi seis meses, amenaza con enquistarse indefinidamente, vista la incapacidad militar de EE.UU. para doblegar al régimen de los ayatolás, que, lejos de rendirse a sus –vacuas– amenazas, ha redoblado sus exigencias para reabrir Ormuz. ¡Hasta le reclama reparaciones económicas! Mientras tanto, todos los objetivos iniciales de la guerra parecen estar decayendo para centrarse prioritariamente en la reapertura del estrecho, por el que antes de la guerra pasaba el 20% de la producción mundial de petróleo y gas licuado sin ninguna restricción a la navegación. ¿Todo eso para esto?

No solo los enemigos le alzan la voz a Trump: los propios aliados de EE.UU. osan también contestarle. El primero de ellos, corresponsable del desastre, es el primer ministro de Israel, Beniamin Netanyahu, que ha rechazado la hoja de ruta del presidente estadounidense para Gaza. El premier israelí reiteró su rechazo esta semana al enviado especial, el yernísimo Jared Kushner.

Tan débil aparece hoy EE.UU., tanto política como militarmente –corto de misiles y de municiones antiaéreas, obligado a trasladar a la zona el último portaaviones que le quedaba patrullando en el Pacífico–, que su principal aliado árabe ha buscado otros cobijos. Así, Arabia Saudí firmó el pasado día 7 con Turquía y Pakistán un pacto tripartito de defensa que consolida un nuevo eje de poder islámico suní, frente a la amenaza del Irán chií.

No es de extrañar que últimamente los puños en alto y los pulgares extendidos de Trump sean cada vez más mecánicos, más desganados. Y su semblante, más serio, más cerrado.

Europa naufraga en el Estrecho

'Visión periférica'

A diferencia de lo que sucedió con la oleada migratoria sufrida por Polonia en 2021, la avalancha de 72.000 personas sobre Ceuta, en lugar de suscitar la unidad y solidaridad de la UE, ha mostrado las divisiones y miserias europeas.

Noviembre de 2021. La frontera entre Polonia y Bielorrusia se convierte en un coladero. El régimen del dictador bielorruso Alexander Lukashenko –aliado-vasallo de la Rusia de Vladímir Putin– lanza contra la Unión Europea a decenas de miles de inmigrantes y refugiados procedentes de Irak y Siria, con engaños y en viajes organizados, en una clara maniobra de desestabilización. En ese momento no se sabe aún, pero Moscú está preparando ya la invasión de Ucrania para cuatro meses después.

Unas 40.000 personas acabarían entrando en Europa en 2021 a través de los bosques del este de Polonia, antes de que Varsovia tuviera tiempo de levantar una valla a lo largo de la frontera y enviar refuerzos para frenar la avalancha. El suceso suscitó la solidaridad unánime de la UE y la OTAN, que denunciaron un acto de guerra híbrida de Rusia y sus aliados contra Europa. A nadie se le ocurrió responsabilizar de ello al Gobierno polaco de la época, del ultraconservador partido de Jarosław Kaczyński, Ley y Justicia (PiS)

Algunos países cercanos intensificaron en aquel momento el control de las fronteras interiores, pero ningún gobierno suspendió oficialmente la aplicación del tratado de libre circulación de Schengen (aunque lo cierto es que  desde que en el 2015 la canciller Angela Merkel decidió abrir de par en par las fronteras de Alemania a un millón de refugiados sirios, una decena de países realizaban ya –y aún lo hacen– controles fronterizos aleatorios)

Cinco años después de los sucesos de Polonia, el asalto a la frontera hispano-marroquí de Ceuta por 72.000 migrantes en apenas 48 horas –la mayoría de los cuales ha sido ya devuelto al otro lado– ha suscitado reacciones muy diferentes y revelado las fracturas que amenazan la cohesión de la UE. Nadie, absolutamente nadie –ni el Gobierno español ni ninguno de los gobiernos europeos, ni la Comisión Europea–, se ha atrevido a señalar con el dedo a Marruecos, responsable por acción u omisión de lo sucedido. Han preferido mirar hacia otro lado –demasiados intereses en juego– y, en su lugar, lanzarse a vergonzosos ajustes de cuentas políticos internos, antes de dar marcha atrás en la reunión de ministros europeos del Interior del pasado martes. Por su parte, la OTAN  ha guardado un espeso silencio.

Tres países, Italia, Dinamarca y Finlandia, encabezaron el ataque contra el Gobierno español, al que culparon de la crisis de Ceuta por su política migratoria. Al frente de la manifestación se destacaron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder del posfascista Hermanos de Italia, y la premier danesa, Mette Frederiksen –dirigente socialdemócrata partidaria de una línea dura próxima a la de la ultraderecha–, quienes plantearon que se valorara excluir a España del espacio Schengen. Un total de 22 países firmaron una beligerante carta en este sentido e Italia empezó a controlar a los españoles.

Solo cuatro gobiernos europeos se excluyeron de la maniobra. Dejando a un lado Irlanda –obligada a ser neutral por ostentar la presidencia semestral de la Unión–, únicamente se desmarcaron Francia, Luxemburgo y Portugal. El Gobierno francés denunció que la polémica carta “tenía como objetivo principal instrumentalizar la oleada migratoria en Ceuta en contra del Gobierno español”.

“La respuesta de los líderes nacionales [europeos] a Ceuta fue desinformada y egoísta, lo que debilitó la unidad europea y proporcionó a los enemigos de Europa precisamente la narrativa que buscaban”, ha advertido Alberto Alemanno, profesor de Derecho europeo en la HEC de París y el Colegio de Europa de Brujas.

 La derecha y la extrema derecha europeas, cada vez más indistinguibles en su insomne competición por captar el voto del miedo al extranjero en sus respectivos países, se han lanzado a degüello contra el presidente español, el díscolo Pedro Sánchez,  a quien acusan de haber alentado un supuesto “efecto llamada” con la actual regularización masiva de inmigrantes.

La realidad, sin embargo, contradice  este discurso tremendista. Según datos frescos de la agencia europea Frontex, en el primer semestre de este año las entradas irregulares de inmigrantes por la ruta del Mediterráneo central –esto es, a través de la estricta Italia– alcanzaron la cifra de 14.340, un número superior al de las llegadas registradas en la laxa España (11.574) a través de la ruta del Mediterráneo occidental y la de Canarias. Lo mismo sucedió en el conjunto de 2025: Italia encajó 66.328 inmigrantes irregulares por 36.683 España. Mal que le pese a Meloni.

Mientras los europeos ofrecen al resto del mundo el penoso espectáculo de su división, Marruecos ha vuelto a demostrar su enorme capacidad de desestabilización. Tras la anterior oleada migratoria sobre Ceuta, en  mayo del 2021 –más limitada, fueron 10.000 personas–, logró que Madrid se sumara a sus tesis sobre el Sahara Occidental. Orquestada o solamente aprovechada de forma oportunista, veremos en qué desemboca la crisis actual.

En cualquier caso, si Marruecos se muestra tan desenvuelto con la UE –su principal socio comercial y el mayor agente inversor exterior en el país–, es porque se ha  consolidado como un aliado  protegido de Estados Unidos. La relación entre Rabat y Washington se ha estrechado especialmente con Donald Trump (incorporación de Marruecos a los Acuerdos de Abraham con Israel, revalorización geoestratégica en un contexto de enfriamiento con Europa) y en el mundo MAGA hay ya quien avala las reivindicaciones territoriales de Rabat sobre Ceuta y Melilla.

Pero la alianza entre EE.UU. y el reino alauí viene de lejos. Marruecos fue el primer país africano en firmar con Washington un acuerdo bilateral comercial en el 2004, estando George W. Bush, que le concedió también el estatuto de aliado preferente. La cercanía entre ambos países se puso  en evidencia durante la crisis de Perejil, en julio del 2002, cuando Marruecos retó a España invadiendo ese disputado islote del Estrecho y provocando la intervención militar española. El entonces presidente José María Aznar se quedó solo también en aquel envite, con la UE y la OTAN mirando hacia otro lado –si no criticando a España–, y EE.UU. presionándole, a través del secretario de Estado Colin Powell, para que retirara sus tropas.

Los años pasan. Marruecos mantiene su rumbo. Y la UE sigue naufragando.