Donald, el sucio

'Visión periférica' 

La guerra desatada contra Irán confirma la determinación de Donald Trump de utilizar la fuerza militar contra quien quiera, cuando quiera y por la razón que quiera, en todo el mundo y al margen de toda legalidad nacional e internacional.

 

Afortunadamente, los días en que Oriente Medio dominaba la política exterior estadounidense (...) han quedado atrás, no porque Oriente Medio ya no importe, sino porque ya no es la constante molestia ni la fuente potencial de catástrofe inminente que alguna vez fue”. Nadie diría, viendo el caos que han desatado Estados Unidos e Israel con su guerra contra Irán, que estas palabras figuraban en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., aprobada el pasado mes de noviembre.

Que, más allá de las preocupaciones históricas –garantizar el suministro de gas y petróleo, la navegabilidad del estrecho de Ormuz y la seguridad de Israel–, Oriente Medio aparecía relegado en las prioridades del Departamento de Estado y de la Casa Blanca lo confirma el hecho de que apenas merecía una página y media de las 29 que tiene el documento (preámbulo autolaudatorio del presidente Donad Trump aparte). Solo África recibía menos atención. En la misma línea, la referencia al régimen de Teherán no podía ser más escueta y tranquilizadora: “Irán, la principal fuerza desestabilizadora de la región, se ha visto muy debilitado por las acciones israelíes desde el 7 de octubre de 2023 y la Operación Martillo de Medianoche del presidente Trump en junio de 2025, que degradó significativamente el programa nuclear iraní”.

El papel lo aguanta todo, se suele decir, pero que un documento de este alcance haya caducado cuatro meses después es algo realmente notable. Y obliga a preguntarse por qué. Las respuestas, sin embargo, no son evidentes.  Donald Trump, que ha dado diversas y contradictorias versiones sobre sus objetivos en Irán –desde destruir sus capacidades nucleares hasta forzar un cambio de régimen–, no parece tener un plan definido. Y como quien sí lo tiene es el primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu –obsesionado con la neutralización de Irán desde hace décadas–, es verosímil pensar que es este último quien ha arrastrado al primero.

El intento del secretario de Estado, Marco Rubio, de justificar el ataque estadounidense como un acto preventivo en defensa propia (sic), vendría a avalar, voluntaria o involuntariamente, esta percepción: “Sabíamos que Israel iba a actuar, sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses (por parte de Irán) y sabíamos que, si no les atacábamos preventivamente antes de que lanzaran tales ataques, sufriríamos más bajas y quizá incluso más muertes”, declaró el lunes. En esa misma intervención limitó el alcance de la operación a “eliminar la amenaza de los misiles balísticos de corto alcance de Irán y la amenaza que supone su armada, en particular para los activos navales”. Lo que descartaría el objetivo –fracasado en Afganistán e Irak– de imponer un nuevo régimen en Irán. Reza Pahlevi, el hijo del último sha, tendrá que esperar... igual que María Corina Machado en Venezuela.

A pesar de todas las contorsiones dialécticas de Washington, parece evidente que Irán no suponía en este momento una amenaza inminente para EE.UU., con quien había negociaciones en curso, que justificara una acción ofensiva. Los propios militares americanos la desaconsejaban, como hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. La guerra contra Irán, por consiguiente, por aborrecible y amenazante que sea el régimen de los ayatolás –que lo es–, es una guerra de elección, una agresión injustificada que vulnera las leyes internacionales y la propia Constitución de EE.UU.

Stephen Pomper, jefe de política del International Crisis Group y ex miembro del consejo de seguridad nacional bajo la presidencia de Barack Obama, apuntaba estos días que la “descarada trasgresión de las normas legales” demostrada por Donald Trump, saltándose no ya al Consejo de Seguridad de la ONU –a quien envió a su mujer, Melania, a presidir una reunión sobre conflictos e infancia, en el colmo del desdén– sino al propio Congreso de EE.UU. –el único facultado constitucionalmente para declarar la guerra, maniatado hoy por los republicanos–, hunde sus raíces en una deriva iniciada ya en presidencias anteriores. “Durante décadas, los abogados de seguridad nacional en administraciones demócratas y republicanas han desarrollado y defendido interpretaciones legales agresivas que preservan el espacio para que los presidentes libren una guerra electiva y no defensiva”, escribía en Foreign Affairs.

Eso sí, lo de Trump es “sin parangón”. En 2003, antes de atacar Irak, George W. Bush obtuvo la aprobación del Congreso y trató por todos los medios –falsificando  los hechos– de lograr el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. Trump no se preocupa por esas minucias, piensa que la presidencia le da un poder omnímodo. Y parece determinado a ejercer la fuerza de la coacción militar no solo ya en el hemisferio occidental que reivindica como su zona de influencia –Venezuela fue la primera advertencia–, sino en todo el mundo. Quien se promovía como candidato a Nobel de la Paz ha ordenado en poco más de un año –con la de Irán– ocho intervenciones militares. Porque así lo ha querido.

No hace falta ser un cinéfilo, un fan de Clint Eastwood o un boomer para haber visto la escena de la película Impacto súbito (1983) en la que el agente de policía Harry Callahan, Harry el sucio, mata a tiros a tres asaltantes de una cafetería y se encara con un cuarto, que amenaza a una rehén, retándole con esta frase: “Venga, alégrame el día”. Probablemente sea la escena más reproducida en las redes sociales de toda la filmografía de Eastwood. Harry el sucio es un prototipo de policía  violento y brutal, habituado a transgredir todas las normas y vulnerar todos los derechos que haga falta para alcanzar sus objetivos. Trump tiene el mismo gatillo fácil, la misma falta de escrúpulos y el mismo poco  respeto por la ley. El mundo está avisado.

La segunda guerra de las patatas fritas

Newsletter 'Europa' 

Al igual que en 2003, Europa afronta dividida una nueva acción militar de EE.UU, con España sustituyendo a Francia como líder del ‘no’

Si un español de 2003 hubiera hibernado desde entonces y despertara de repente en 2026, tendría la misma sensación que Bill Murray en El día de la marmota. Otra vez Estados Unidos lanzándose a la guerra contra un país de Oriente Medio. Y otra vez Europa dudando, dividida, sobre la respuesta que dar al órdago de su aliado americano. Solo que en esta ocasión, para confusión de nuestro imaginario protagonista, los actores aparecen con los papeles intercambiados. La Historia no se repite, pero a veces rima. Irán no es Irak y el escenario internacional no es hoy el mismo que hace veintitrés años. Pero la situación creada por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán recuerda mucho a la del 2003. Sobre todo en lo que afecta al papel de Europa y a la relación con su aliado trasatlántico.

La guerra desencadenada por Donald Trump contra el régimen de los ayatolás es tan ilegal e injustificada como la lanzada en 2003 por George W. Bush contra el Irak de Sadam Husein (por más que el entonces presidente de EE.UU. obtuviera la autorización del Congreso y tratara -en vano- de obtener el aval de la ONU alegando falsamente que el régimen de Bagdad fabricaba y ocultaba armas de destrucción masiva)

La diferencia fundamental entre ayer y hoy, en lo que a Europa atañe, es que allí donde Bush buscó armar una coalición internacional, con la participación de destacados países europeos, Trump se ha unido -si no seguido- exclusivamente a Israel y ha ninguneado a sus aliados europeos, a quienes no se tomó ni siquiera la molestia de informar. Aunque dando por hecho que tendrían que seguirle ciegamente. Las primeras reacciones europeas ante los hechos consumados, tibias y dubitativas (¿podría ser de otra manera?), solo suscitaron desprecio en Washington. “Se han vuelto patéticamente blandos”, tronó el veterano senador republicano -hoy convertido al trumpismo- Lindsey Graham.

Al igual que sucedió en 2003 con Irak, la guerra de Irán ha abierto un nuevo cisma en Europa, entre aquellos que han decidido alinearse con Washington y quienes han plantado cara o han marcado distancias -haciendo en algún momento verdaderas contorsiones-. Esta vez, sin embargo, los principales países europeos se han intercambiado sus papeles, como si un crupier caprichoso hubiera cambiado las cartas.

Hace 23 años, los principales aliados de EE.UU. fueron el Reino Unido y España, quienes no solo se comprometieron políticamente sino que movilizaron tropas y medios militares para ayudar al ejército norteamericano en la ofensiva. Dentro de pocos días, el 16 de marzo, será el aniversario de la célebre foto de las Azores, donde George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar -acompañados por el portugués José Manuel Durão Barroso, en el papel de anfitrión-, acordaron poner en marcha la invasión, que comenzaría cuatro días después.

No fueron los únicos países europeos que se sumaron, con más o menos ahínco, a la coalición. Hubo muchos del antiguo bloque del Este, convertidos a un atlantismo militante -Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía-, pero también Dinamarca, Italia y los Países Bajos. Dato curioso: incluso Ucrania apoyó entonces a Washington, que ya lo ha olvidado.

Si la lista de países europeos que se sumaron a EE.UU. contra Irak era abultada, hubo dos ausencias clamorosas y de enorme peso político, Alemania y Francia. El francés Jacques Chirac y el alemán Gerhard Schröder lideraron la oposición a la guerra, resistiendo todas las presiones de Washington. Chirac, el más beligerante, criticó con aspereza a los países del Este, candidatos en aquel momento a adherirse a la UE, por su entreguismo a Washington y se enfrentó duramente a Aznar, hacia quien a partir de ese momento incubó una profunda animadversión.

Francia fue muy lejos en su oposición a la guerra y no dudó en utilizar su derecho de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para impedir que EE.UU. obtuviera el aval de la comunidad internacional. “En este templo de las Naciones Unidas, somos los guardianes de un ideal, somos los guardianes de una conciencia. Nuestra gran responsabilidad y nuestro inmenso honor deben llevarnos a dar prioridad al desarme en la paz”, proclamó en un brillante discurso el entonces ministro francés de Exteriores, el napoleónico Dominique de Villepin. El vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney, acusó al gobierno francés de cometer un “crimen imperdonable”.

Veintitrés años después, y enfrentados a la guerra de Irán, las tornas han cambiado. El país que planta cara a EE.UU. es España, mientras Francia y el Reino Unido hacen juegos de equilibrismo y Alemania se alinea incondicionalmente con Washington. “No es el momento de dar lecciones a nuestros aliados”, proclamó el canciller Friedrich Merz antes de visitar la Casa Blanca el martes y cumplimentar a Donald Trump, con quien dijo estar "en la misma sintonía” respecto a la necesidad de derribar al régimen de los ayatolás. Eso sí, sin asumir ningún compromiso militar. Una actitud que el analista norteamericano Ian Bremmer ha descrito con la palabra alemana drahtseilakt (caminar por la cuerda floja). Merz, muy criticado dentro y fuera de su país por su obsequiosa actitud hacia Trump, parece haber apostado una vez más por salvaguardar a toda costa las buenas relaciones con Washington, con el objetivo de que EE.UU. siga comprometido con Europa en la búsqueda de una solución justa a la guerra de Ucrania. Así sea importunándose con España y montando un formidable lío diplomático.

El español Pedro Sánchez es hoy quien lleva en Europa la antorcha contra la guerra. El presidente del Gobierno no solo ha condenado la intervención unilateral de EE.UU. e Israel sino que avanzó su negativa a ceder las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón para el uso de la fuerza aérea de EE.UU. en su ofensiva contra Irán. Algo para lo que bastó el anuncio mismo, pues Washington ni siquiera llegó a pedir la preceptiva autorización (de acuerdo con el convenio firmado por ambos países en 1988). Elogiado en Europa por su actitud moral, Sánchez ha reactivado en clave interna el grito de “No a la guerra”.

La reacción de Washington ha tenido la virulencia que cabía esperar. Donald Trump ha lanzado varias andanadas contra España, a quien ha calificado de “aliado terrible” y amenazado con cortar toda relación comercial, abriendo la veda a toda suerte de ataques, como el del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien acusó al gobierno de Madrid de “poner en peligro” la vida de estadounidenses. La fiebre trumpista en las redes sociales -charca emponzoñada que no existía aún en 2003- subieron varios grados. Baste un ejemplo. Will Chamberlain, vicepresidente de la Edmund Burke Foundation -una plataforma conservadora nacionalista-, llamaba estos días en la red social X a tomar represalias militares: “Después de que terminemos con Irán y Cuba, deberíamos considerar seriamente añadir a España a la lista”. Este es el ambiente.

Los ataques contra el gobierno de Sánchez hicieron que destacados líderes europeos -como el presidente francés, Emmanuel Macron- y las principales autoridades comunitarias -António Costa y Ursula von der Leyen- salieran en defensa de España, recordando que las relaciones comerciales con EE.UU. son con el conjunto de la UE y que cualquier acción contra un país miembro recibiría una respuesta de todo el bloque. Sánchez se ha encontrado con un apoyo inesperado -aunque indirecto y no explícito- con el posicionamiento de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni -amiga declarada de Trump-, quien ha excluido la participación de Italia en la guerra y condicionado la cesión del uso de sus bases a un pronunciamiento del Parlamento.

De momento, Trump no ha pasado de las palabras a los hechos. Pero no hay que descartar represalias. Francia lo sabe de primera mano. En 2003, la campaña levantada contra los intereses franceses fue también mayúscula y, desde luego, fue más allá del simbolismo de rebautizar las populares french fries (patatas fritas) como freedom fries. Los medios conservadores americanos alentaron un boicot activo a los productos franceses y en los primeros meses de la crisis las ventas de vino francés en EE.UU. cayeron hasta un 35%, mientras los restaurantes franceses se vaciaban de clientes. El efecto del boicot fue temporal, pero según un estudio de la Universidad de Cambridge supuso unas pérdidas para este sector -el más afectado- de 120 millones de dólares.

 

Quizá por eso París hace hoy menos el gallo. Francia y el Reino Unido -con quienes Alemania firmó el domingo una primera declaración muy crítica con Irán por sus ataques indiscriminados a los países del Golfo, amenazando con una intervención- han mantenido una actitud más tornadiza, cuando no ambivalente. El presidente Emmanuel Macron, después de navegar inicialmente en la ambigüedad, ha condenado la guerra contra Irán por considerarla una “violación del derecho internacional” -no sin dejar de culpar de ello a Teherán- y asegurado que Francia se mantendrá al margen. No obstante, le ha faltado tiempo para ofrecer a EE.UU. el uso de la base militar de Istres, cerca de Marsella, para que recalen sus aviones cisterna camino de Oriente Medio.

El primer ministro británico, Keir Starmer, atormentado por la sombra de Tony Blair, ha intentado por su parte desmarcarse de Washington pero sin importunarse demasiado con su aliado, lo que no ha acabado de conseguir. Tras resistirse inicialmente a ceder el uso de sus bases a EE.UU., lo que provocó el enfado norteamericano, Starmer acabó cediendo, aunque remarcando que el Reino Unido se mantendría al margen de la guerra. Después de España, es lo que más ha irritado a Trump, que ha dicho sentirse “decepcionado”.

El premier británico ha autorizado al ejército norteamericano, exclusivamente para “operaciones de naturaleza defensiva” (sea lo que sea eso cuando uno es el agresor), el uso de sus bases en Inglaterra y en las islas Chagos, en el océano Índico. En un primer momento, pareció que también autorizaba el uso de la base de Akrotiri, en Chipre, a solo 500 kilómetros del teatro de operaciones, lo que puso a Nicosia de los nervios y desencadenó amenazas de represalias por parte de Teherán. La madrugada del lunes un dron de fabricación iraní Shahed cayó sobre un hangar de la base, desatando todas las alarmas. Los británicos creen que el dron no partió de Irán (¿de Líbano? ¿disparado por Hizbulah?)

Chipre es el eslabón débil, la falla por donde Europa podría verse arrastrada a la guerra muy a su pesar. Varios países europeos han decidido enviar a la zona buques de guerra y aviones de combate para reforzar la seguridad de la isla, empezando por Francia -que ha movilizado a su portaaviones Charles de Gaulle, con capacidad nuclear- y siguiendo por el Reino Unido, España -con la fragata Cristóbal Colón-, Italia y Grecia. La República de Chipre -que gobierna la mitad sur de la isla, la norte sigue ocupada por Turquía- no forma parte de la OTAN, pero sí de la UE -donde ingresó en 2004- y esta es su única protección. Todo el mundo espera que no se vea obligada a invocar la cláusula de defensa mutua del artículo 42.7 del Tratado de la UE, que obliga a todos los estados miembros a acudir en auxilio de aquél que sea objeto de un ataque armado en su territorio.

 

 

Efectos colaterales en Ucrania. La guerra de Irán puede tener un fuerte impacto sobre la guerra de Ucrania y no solo -como ocurrió con Gaza- por el hecho de que distraiga la atención de la opinión internacional y -sobre todo- de Donald Trump. El enorme gasto de misiles que el ejército de EE.UU., está realizando para interceptar los ataques de Irán -fundamentalmente drones, destinados a gastar las reservas del adversario- hace temer a Kyiv que Washington le recorte los cruciales suministros -pagados por los europeos y adquiridos por la OTAN- de baterías Patriot. Así lo puso de manifiesto el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien mostró una gran inquietud. Rusia, que por su parte parecía regocijarse con la perspectiva de la subida del precio del petróleo -fundamental para financiar su esfuerzo de guerra-, podría enfrentarse a un problema parecido en la medida en que los drones que utiliza masivamente para atacar a Ucrania son los Shared fabricados por Irán. Los drones, un arma barata y fácil de fabricar, están cambiando las reglas de la guerra conocidas hasta ahora y EE.UU. está descubriendo a sus expensas que el coste de gastar misiles para derribarlos es enorme. Paradojas de la vida, según el Financial Times, Washigton estaría negociando con Kyiv la adquisición de drones interceptores desarrollados por los ucranianos para combatir a los iraníes.

Si Teherán fuera Caracas

Análisis 

EE.UU. parece buscar en Irán una salida al estilo venezolano, forzando al régimen a un giro pragmático

Donald Trump aprovechó el miércoles su presencia en el Congreso, con motivo del discurso sobre el estado de la Unión, para condecorar con la Medalla de Honor al piloto Eric Slover, uno de los siete militares estadounidenses heridos en la operación para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en su cuartel general de Caracas. Esas fueron todas las bajas que sufrió el ejército de EE.UU. en lo que era una acción extremadamente arriesgada.

El éxito del secuestro de Maduro, coronado con el pacto con el régimen chavista –sometido ahora al dictado de Washington– para abrir a EE.UU. la explotación del petróleo venezolano, envalentonó a Trump, que ahora se cree capaz de repetir la hazaña en Irán.

No es el único que se ha crecido. La base electoral trumpista más devota, los MAGA (Make America Great Again), también parece haberse contagiado. Otrora refractarios a la guerra –Trump les prometió en campaña no volver a involucrar a EE.UU. en nuevas aventuras bélicas–, ahora se han descubierto una inesperado ardor guerrero: en un sondeo realizado por POLITICO hace un mes, el 61% se mostraba  a favor de la intervención contra Irán. La rapidez con que se han traicionado a sí mismos es asombrosa.

La apuesta de Trump en Irán, secundado –o más bien incitado– por Israel, es, nuevamente, muy temeraria. El objetivo, al igual que en el caso de Venezuela, parece ser descabezar al régimen iraní –eliminando, físicamente esta vez, al ayatolá Ali Jamenei– y tratar de llegar a un acuerdo en los términos impuestos por Washington con el sector más pragmático sobre su programa nuclear, su arsenal de misiles balísticos y el papel de sus milicias afines en la región.

¿Pero hay una Delcy Rodríguez en Teherán? ¿Bastará una campaña de bombardeos para hacerla emerger? De momento, Irán está demostrando no ser Venezuela y ha respondido a los primeros ataques combinados de EE.UU. e Israel bombardeando varias de las bases norteamericanas en la región. El riesgo de una escalada –lo que no sucedió en junio de 2025, cuando Trump atacó las instalaciones nucleares iraníes– parece esta vez más difícil de frenar.

¿Acabará la intervención de EE.UU. prendiendo fuego a todo Oriente Medio para desembocar, al final, en un fracaso como los de Irak y Afganistán? ¿O se saldrá nuevamente con la suya, como en Venezuela, multiplicando las posibilidades de futuras intervenciones por la fuerza en todo el mundo? Hay quien teme más a lo segundo que a lo primero.

Rapsodia húngara

Newsletter 'Europa' 

Ucrania, que ha entrado en el quinto año de guerra, puede entrar en quiebra si Budapest no levanta su veto a la ayuda de la UE

 

Budapest trae ingratos recuerdos a los ucranianos. Allí se firmó, el 5 de diciembre de 1994, el Memorándum por el cual Ucrania cedió a Rusia todo el arsenal nuclear que la extinta Unión Soviética había estacionado en su territorio -unas 3.000 cabezas atómicas- a cambio de garantías sobre su seguridad y respeto a su soberanía e integridad territorial. El acuerdo, que lleva el nombre de la capital húngara, fue firmado por ambos países y por otros dos que actuaron como garantes, Estados Unidos y el Reino Unido (a los que luego se sumaron China y Francia). Como la Historia ha demostrado, fue papel mojado. Y no son pocos quienes piensan hoy que aquella cesión fue un suicidio.

Ucrania ha entrado en el quinto año de guerra -el pasado martes, 24 de febrero, se cumplieron cuatro años de la invasión rusa- sabiendo, pues, que los compromisos de Moscú no valen nada y las garantías de seguridad de Washington, apenas. Lo que hace que las actuales negociaciones para un eventual alto el fuego -promovidas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y lastradas por las exigencias maximalistas del presidente ruso, Vladímir Putin- se parezcan a un juego de engaños. Moscú hace ver que quiere la paz pero solo busca ganar tiempo. Y Kyiv lo sabe. Convertida en una guerra de desgaste, que se ha cobrado ya la vida de al menos 450.000 soldados (las dos terceras partes, rusos) según cálculos del Center for Strategic and International Studies (CSIS), y de 15.000 civiles, según la ONU, el conflicto tiene los visos de alargarse indefinidamente.

Hoy por hoy, ninguno de los dos contendientes parece en disposición de imponerse de forma incontestable en el campo de batalla. Rusia tiene el ejército más numeroso y potente, pero sus avances sobre el terreno son extremadamente lentos y exiguos, y empieza a tener problemas de reclutamiento. Ucrania, que ha demostrado una gran resiliencia y habilidad para afrontar al agresor, es más débil y está en peores condiciones, pero sigue resistiendo con tenacidad y no piensa rendirse. Como le expresó a nuestro compañero Xavier Mas de Xaxàs un joven capitán ucraniano en el frente de Kramatorsk: “Vamos a luchar hasta la derrota definitiva”. Todo indica, pues, que la guerra no terminará hasta que uno de los dos bandos desfallezca.

La resistencia de Ucrania, hoy más que nunca, depende de Europa. Los EE.UU. de Trump, tan comprensivos y conciliadores con el agresor ruso, han dejado de enviar ayuda a Kyiv y las armas que suministra son las que previamente han comprado -y pagado- los europeos. La UE consiguió, tras arduas negociaciones, un frágil acuerdo en diciembre pasado para habilitar -mediante una emisión de deuda conjunta- un crédito de 90.000 millones de euros para seguir financiando a Kyiv en 2026 y 2027. Acordado por los jefes de Estado y de gobierno de los 27 -a cambio de recurrir al mecanismo de cooperación reforzada y eximir de todo compromiso a los más renuentes: Hungría, Eslovaquia y la República Checa-, el crédito es fundamental para la supervivencia de Ucrania, que de no recibir el dinero en abril podría entrar en bancarrota.

En estas dramáticas circunstancias, y cuando ya solo quedaban pasos de trámite para aplicar el acuerdo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha decidido vetarlo (así como la aprobación del 20º paquete de sanciones contra Moscú, que esta vez incluía medidas para ahogar el transporte de petróleo ruso por el mar Báltico, negando a sus barcos todo servicio en sus puertos). No es la primera vez que Orbán, amigo declarado de Putin, veta o retrasa la ayuda a Ucrania. Pero esta vez ha sido recibido por sus homólogos europeos como una puñalada por la espalda. Y dejó en mala postura al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que viajaron el martes a Kyiv -en el aniversario del inicio de la guerra- con las manos vacías.

Las relaciones entre Ucrania y Hungría nunca han sido fáciles. La existencia de una importante minoría húngara en la provincia suroccidental ucraniana de Transcarpatia -que históricamente había pertenecido al Reino de Hungría- ha sido foco recurrente de tensiones entre el gobierno ultranacionalista de Budapest y el de Kyiv. Pero ha sido la guerra desencadenada por Putin hace cuatro años contra Ucrania -en la que Orbán ha tomado partido por Moscú- la que ha emponzoñado definitivamente las cosas. En este tiempo, Hungría se ha dedicado a poner palos en las ruedas continuamente en la UE, condicionando o retrasando las ayudas a Kyiv y las sanciones contra Moscú.

La razón esgrimida por el primer ministro húngaro para justificar su último veto es la interrupción del suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba (“Amistad”), que conduce a través de Ucrania crudo ruso hacia Hungría y Eslovaquia. Este último país, que dirige un aliado de Orbán, Robert Fico, ha amenazado a su vez a Kyiv con cortarle el suministro de electricidad de emergencia como represalia. Según el gobierno ucraniano, la interrupción en el envío de petróleo no ha sido un capricho sino producto de los daños causados en el oleoducto el mes pasado por un ataque ruso, aún no reparados. Pero ni Budapest ni Bratislava lo creen y sospechan que detrás del corte hay una intención política. Orbán y Fico acordaron el viernes constituir un comité conjunto para investigar la veracidad de las alegaciones ucranianas.

(La UE tiene el objetivo de reducir gradualmente la importación de petróleo ruso hasta cortarla definitivamente a finales del 2027, pero mientras tanto sigue gastando 20.000 millones anuales en ello, en gran medida debido a las compras húngaras y eslovacas.)

En un mensaje a través de la red social X el jueves, Viktor Orbán lanzó duros ataques contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien acusó de practicar una “política antihúngara” y de maniobrar “con Bruselas y la oposición húngara” para “llevar al poder a un gobierno proucraniano en Hungría”. Paralelamente, ordenó el despliegue del ejército en instalaciones energéticas clave sugiriendo que, tras bloquear el oleoducto, los ucranianos podrían estar preparando sabotajes.

La sobreactuación de Orbán tiene una explicación: el próximo 12 de abril Hungría celebra elecciones legislativas y, por primera vez desde el 2010, el primer ministro húngaro se enfrenta al serio riesgo de perder el poder. Su principal rival, Péter Magyar, un antiguo aliado suyo en el Fidesz, al frente hoy del partido Tisza (Respeto y Libertad), está consiguiendo con un discurso proeuropeo y anticorrupción concentrar el voto de oposición hasta el punto de que los sondeos de opinión independientes le otorgan 10 puntos de ventaja. Acorralado, Orbán trata desesperadamente de cambiar la tendencia con un discurso tremendista, presentando a Hungría como un país en situación de emergencia atacado desde el exterior y para el que la verdadera amenaza no vendría de Moscú sino de Bruselas.

Un eventual relevo político en Budapest tendría un enorme impacto político en Europa y más allá. La derrota de Orbán rompería la progresión de las fuerzas políticas de corte autoritario e iliberal en la Europa del Este -que ya obtuvieron una primera derrota en Polonia en 2023-, privaría a la extrema derecha nacionalista de uno de sus líderes clave, daría un respiro a Ucrania y sería una sonora bofetada para los planes políticos de EE.UU. en el continente, que pasan por erosionar a la UE desde dentro promoviendo a las fuerzas soberanistas y ultraconservadoras. Hace diez días, en plena campaña electoral, el secretario de Estado, Marco Rubio, viajó a Budapest para explicitar su apoyo a Orbán: “El presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito”, declaró. Fácil deducir que significaría su derrota…

Mientras tanto, los 27 están desplegando toda su diplomacia y buscando todos los resquicios legales posibles para levantar cuanto antes el veto de Hungría. Porque el 12 de abril está cerca, pero para Ucrania puede ser demasiado tarde.

 

APUNTES

Aranceles: donde dije 15, digo 10. Después del severo correctivo infligido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a Donald Trump al anular la mayoría de los aranceles aprobados en el llamado Día de la Liberación (por utilizar una vía legal inapropiada), el presidente norteamericano clamó revancha y -acogiéndose a otra norma- anunció nuevos aranceles generales a todo el mundo del 10%. Eso era el viernes de la semana pasada. Al día siguiente, sábado, le parecieron poco y anunció que subía al 15%, lo que al sumarse a tarifas ya existentes suponía de facto una vulneración del acuerdo comercial de Turnberry, alcanzado con la UE en Escocia en junio de 2025. Bruselas pidió explicaciones a Washington y el Parlamento Europeo decidió este lunes suspender temporalmente el proceso de ratificación del acuerdo. Pero una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace -sobre todo, con Trump- y, al final, en el decreto los aranceles -vigentes hasta el 24 de julio- se quedaron en el 10% inicial.

Mercosur, de entrada sí. Ursula von der Leyen comunicó ayer la decisión de la Comisión Europea de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial firmado con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), una vez que el primero y el último ya lo ha ratificado oficialmente y a pesar de que el Parlamento Europeo rechazó aprobarlo e impugnarlo ante los tribunales europeos. Varios países, con Alemania a la cabeza -enormemente inquieta por el retroceso de sus exportaciones-, presionaban en este sentido, en contra de la oposición de los más renuentes, como Francia. Emmanuel Macron, lamentó públicamente la decisión de la presidenta del Ejecutivo comunitario: “Para Francia, es una sorpresa, una mala sorpresa, y para el Parlamento Europeo, es una falta de respeto”, declaró el presidente francés.

Urnas mirando al Ártico. Desde que regresó a la Casa Blanca hace un año, Europa gira en gran medida en torno a los caprichos de Donald Trump. Y no sólo los arancelarios. La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, anunció el jueves su decisión de adelantar unos meses las elecciones legislativas -previstas para el mes de octubre a más tardar- y convocar a los ciudadanos a las urnas el próximo 24 de marzo, argumentando que el panorama internacional ha cambiado y el país ha de prepararse para afrontar nuevos retos. El apetito de Trump por hacerse con la “propiedad” de la isla ártica de Groenlandia -perteneciente a la corona danesa-, hasta el punto de llegar amenazar con tomarla por la fuerza antes de conceder una inestable tregua, está detrás de esta decisión. Como también lo está de la convocatoria en Islandia -que teme ser la siguiente en la lista de Washington- de un referéndum para decidir si reanudan las conversaciones para la adhesión del país a la UE, que Reikiavik abandonó en 2013. Así lo anunció el mismo jueves la primera ministra islandesa, la también socialdemócrata Kristrun Frostadottir, quien avanzó que la consulta se celebrará en los próximos meses. Las cosas se mueven cerca del Círculo Polar.

A vueltas con los embajadores. En el boletín de la semana pasada repasábamos los conflictos y polémicas que -combativos trumpistas- están creado los nuevos embajadores de EE.UU. con sus -teóricos- aliados europeos. El representante diplomático de Washington en París, el consuegrísimo Charles Kushner, ya protagonizó un incidente el año pasado, al atacar al gobierno francés por su presunta inacción contra el antisemitismo. Esta vez, Kushner ha desairado al ministerio francés de Asuntos Exteriores al desoír una convocatoria del Quai d’Orsay para protestar por las declaraciones de la Administración Trump tras el asesinato de un militante ultraderechista a manos de extremistas de izquierda en Lyon. Vulnerando todos los usos diplomáticos, el embajador no acudió, a consecuencia de lo cual el ministerio ha decidido cerrarle todo contacto con funcionarios del Gobierno francés.

 

Los tecnooligarcas también lloran

'Visión periférica' 

Una iniciativa popular en el estado de California propone tasar con un 5% el patrimonio de los milmillonarios. Los nuevos oligarcas de la 'tech' movilizan todos sus recursos para pararla y denigrar el objetivo redistributivo de los impuestos.

 

Sábado 7 de febrero, barrio de Pacific Heights, zona residencial de lujo de San Francisco (California) conocida en todo el mundo por el estilo victoriano de sus casas. Una treintena de personas se manifiesta con rudimentarios carteles en defensa de los multimillonarios, amenazados por la propuesta de un nuevo impuesto estatal. Frente a ellos, una docena de contramanifestantes disfrazados de ricachones de época se burlan de ellos, dando al conjunto un aire de charlotada.

Detrás de la Marcha por los millonarios está un joven emprendedor, Derik Kauffman, de 26 años, creador de una startup de inteligencia artificial (RunRL), que no es multimillonario pero sin duda aspira a serlo. Para Kauffman, la fiscalidad especial que podría aprobar el estado de California es un atentado contra Silicon Valley.

El objeto de debate es una proposición de ley impulsada por el sindicato de trabajadores de la salud SEIU-UHW que propone un impuesto de emergencia –aplicable una sola vez– del 5% sobre el patrimonio de aquellos contribuyentes cuya riqueza supere los 1.000 millones de dólares. Los ingresos, calculados en unos 100 millones, deberían servir para salvar al sistema sanitario de los recortes federales impuestos por la  Administración Trump. Para que la propuesta siga adelante y sea votada el próximo otoño, sus impulsores deben recabar 874.000 firmas antes del 24 de junio. Cuentan en su favor con el apoyo del senador demócrata Bernie Sanders, pero chocan con la oposición del gobernador, el también demócrata Gavin Newsom.

La idea se inspira en la llamada tasa Zucman –por el nombre del economista que la propuso, el francés Gabriel Zucman–, que plantea imponer un impuesto mundial del 2% sobre el patrimonio neto a todos aquellos contribuyentes cuya riqueza supere los 100 millones de dólares. Lo que reportaría a las arcas públicas globales unos ingresos adicionales de 500.000 millones de dólares al año.

La iniciativa californiana ha soliviantado ya a los grandes oligarcas tecnológicos y algunos se han apresurado a cambiar su residencia fiscal o trasladar total o parcialmente sus activos. Así lo han hecho los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, y el gurú del libertarismo anarcocapitalista Peter Thiel (Clarium Capital, cofundador de Paypal y Palantir). El estado de Florida, marcadamente conservador, se está erigiendo en el nuevo Eldorado de los multimillonarios de la tech. Además de los ya citados, han adquirido asimismo propiedades en la zona de Miami Mark Zuckerberg (Meta) y Jeff Bezos (Amazon), mientras que Elon Musk (Tesla, Space X) ha preferido exiliarse en Hawai. Solo un alto directivo tecnológico, Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha manifestado  su intención de seguir en California y pagar los impuestos que le toquen.

Si entre expertos y políticos hay disparidad sobre los efectos de un impuesto especial sobre los multimillonarios –justamente por el riesgo de fuga fiscal–, lo que sí despierta una opinión unánime es que los ultrarricos no tributan lo que deberían. Según un informe de las universidades californianas de Berkeley y Davis y la de Misuri, citado por Los Angeles Times, los 200 milmillonarios de California –con una riqueza de 2,2 billones de dólares– sólo pagan el 24% de impuestos sobre sus ingresos reales, frente a un promedio del 30% del conjunto de los contribuyentes. Y lo mismo sucede en todo EE.UU.

Los activistas contra una fiscalidad especial para las grandes fortunas alegan que los multimillonarios crean riqueza. Desde luego, la suya propia no ha parado de crecer. Según el Informe Mundial sobre la Desigualdad de 2026 elaborado por el World Inequality Lab (WIL) –dirigido, entre otros, por el economista Thomas Piketty–, el 10% más rico de la población mundial posee tres cuartas partes de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre solo posee el 2%. Y el 0,001% de los más ricos entre los ricos –cerca de 60.000 multimillonarios–, controla hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad en su conjunto, cuando hace treinta años, en 1995, solo era el doble.

“Esta concentración –alerta el informe– no solo es persistente, sino que se está acelerando”. Desde la década de 1990, la riqueza de los multimillonarios ha crecido un 8% anual, casi el doble que la de la mitad más pobre de la población. Sin que ello se traduzca en una mayor contribución fiscal: “Las tasas efectivas del impuesto sobre la renta aumentan de forma constante para la mayoría de la población, pero caen drásticamente para los multimillonarios”. “Este patrón regresivo –añade– priva a los estados de recursos para inversiones esenciales en educación, sanidad y acción climática, y  socava la equidad y la cohesión social”.

Lejos de sentirse interpelados, los nuevos tecno-oligarcas  utilizan todo su poder económico y su influencia política no solo para combatir toda iniciativa tendente a subirles los impuestos, sino para  cuestionar de raíz el papel redistribuidor del Estado, que querrían ver reducido a la mínima expresión, y alentar un estado de opinión cercano a la  insumisión fiscal. Peter Thiel, el ideólogo  que colocó a J.D. Vance en la vicepresidencia de EE.UU., prefiere gastarse el dinero en millonarias campañas anti impuestos que en pagar a Hacienda. Las redes sociales promueven a miles de influencers que, refugiados en paraísos fiscales (niñatos que se beneficiaron del Estado del bienestar y ahora no quieren contribuir), se dedican a fomentar activamente esta idea, retomada a su vez por los partidos ultraconservadores y de extrema derecha de todo el mundo en nombre de la libertad. La paradoja es que van camino de convencer a las clases populares y medias empobrecidas, que después serán las que acabarán pagando el pato de los recortes. Los argentinos saben algo de eso.

Lobos con acento americano

Newsletter 'Europa'

EE.UU. utiliza su red diplomática para atacar a los gobiernos europeos refractarios a sus políticas

 

A finales de la pasada década, China dio un giro agresivo a su política exterior. Una nueva cohorte de jóvenes diplomáticos, identificados con la figura del soldado de élite chino protagonista de la película de acción Wolf warrior (guerrero lobo), empezó a desplegar un notable activismo en las redes sociales con duros ataques contra los críticos con Pekín. El efecto no sería el buscado porque, hará un par de años, China guardó el ardor guerrero de sus lobos en un cajón y recuperó un discurso más moderado y diplomático. Curiosamente, Donald Trump parece haberse inspirado ahora en la experiencia china y ha lanzado a los embajadores de Estados Unidos a atacar, sin ninguna retención, a los gobiernos europeos que se muestran refractarios a sus políticas. Los nuevos lobos no vienen ya del Lejano Oriente, sino del Nuevo Mundo.

El ejemplo más reciente de esta nueva práctica -pero no el único, ni el primero- se produjo esta semana, cuando el embajador de EE.UU. en Bélgica, Bill White, publicó un hilo en la red social X en el que acusaba a las autoridades belgas de perseguir a los judíos por motivos antisemitas. La razón de tan grave acusación radicaba en el hecho de que las autoridades habían abierto una investigación en Amberes contra tres mohel -encargados en la tradición judía de hacer la circuncisión a los varones recién nacidos- por realizar esta práctica sin una formación médica. Fundador de una consultoría, Constellation Group, y vinculado a una fundación relacionada con militares veteranos, White cargó las tintas contra el gobierno belga y se encaró personalmente con el ministro de Sanidad, Frank Vandenbroucke, a quien tildó de “muy grosero”.

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, acusó al embajador de alimentar una “desinformación peligrosa”, le reprochó su falta de respeto a la independencia del poder judicial, le acusó de injerencia y le convocó oficialmente para amonestarle. Combativo, Bill White, lejos de rectificar, se reafirmó en sus acusaciones. Y todavía tuvo tiempo de enzarzarse con el presidente del partido socialdemócrata flamenco Vooruit, Conner Rousseau, a quien instó a que presentara disculpas públicas por sus críticas a la policía migratoria estadounidense ICE -cuyas prácticas comparó con las de los nazis en los años treinta-, amenazándole con no dejarle entrar nunca más en EE.UU.

Contra lo que pudiera parecer, no se trató de un calentón. Tampoco de un caso aislado. El 5 de febrero se produjo otro incidente similar, cuando el embajador estadounidense en Polonia, Thomas Rose, anunció en X su decisión de cortar toda relación oficial con el presidente de la Dieta (cámara baja del Parlamento), Wlodzimierz Czarzasty, al que reprochó haber proferido supuestamente “insultos escandalosos” contra Trump y perjudicar “seriamente” la relación de EE.UU. con el gobierno polaco. Para Rose -antiguo periodista, exasesor del vicepresidente Mike Pence, ideológicamente próximo al partido Ley y Justicia, hoy en la oposición-, lo escandaloso fue que Czarzasty considerara que el presidente norteamericano “no merece” el premio Nobel de la Paz. El primer ministro polaco, Donald Tusk, se vio obligado a recodar al embajador que su deber era “guardar respeto y no dar lecciones” a sus aliados.

En agosto del año pasado, en fin, el nuevo embajador americano en París, Charles Kushner -promotor inmobiliario, padre de Jared Kushner y consuegro de Donald Trump, quien le indultó por un delito fiscal- envió a los medios de comunicación una carta abierta al presidente Emmanuel Macron en la que, aprovechando la conmemoración de la liberación de París de la ocupación nazi en 1944, mostraba su preocupación por el aumento del antisemitismo en Francia y criticaba “la ausencia de acción suficiente del gobierno para combatirlo”, reprochaba la decisión de París de reconocer al Estado palestino y “exhortaba” al presidente a dar un giro en su política. El Gobierno francés reaccionó con indignación a las acusaciones del embajador, que consideró “inaceptables”, y convocó al diplomático al Quai d’Orsay para leerle la cartilla.

(En España, recién acaba de presentar sus credenciales el nuevo embajador norteamericano, Benjamin León Jr. -empresario de origen cubano-, quien ha empezado con muy buenas palabras, aunque recordando al gobierno de Pedro Sánchez “el objetivo compartido por los aliados” de destinar el 5% del PIB al gasto en defensa)

"Una vez es casualidad. Dos es coincidencia. Tres veces es acción enemiga", le hace decir Ian Fleming al personaje de James Bond en su novela Goldfinger, base de una de las películas más famosas de la saga.

La ofensiva de los diplomáticos norteamericanos en Europa contra los gobiernos desafectos no es la acción de unos comandos autónomos, sino que se inscribe en la política oficial de la Administración Trump, para quien la condición de aliado es provisional -y reversible- y está condicionada al acatamiento de las directrices emanadas de Washington.

El jefe de la diplomacia americana, Marco Rubio, fue muy claro el pasado fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Munich. Bajo la dirección de Trump, EE.UU. está embarcado -expuso- en un ambicioso proyecto de corrección de las viejas políticas occidentales y revisión del actual orden internacional (“Ya no podemos anteponer el llamado orden internacional a los intereses vitales de nuestros pueblos y nuestras naciones”, declaró), al que espera sumar a Europa. Juntos, pero a condición seguir los dictados de EE.UU. “Estamos preparados para hacerlo solos, pero nuestra preferencia es hacerlo juntos, con vosotros, nuestros amigos en Europa”, subrayó. Lo que, formulado al revés, puede leerse más claramente como una advertencia.

El auditorio europeo en Munich, traumatizado todavía por los ataques e insultos del vicepresidente J.D. Vance el año anterior, respiró aliviado. Pero no debería. Detrás del tono amable y la complicidad aparente mostrada por Rubio -quien recordó sus propias raíces europeas, italiana y española-, estaba el mismo mensaje. El secretario de Estado cargó contra muchos de los principios y apuestas políticas que definen a la Europa de hoy: “la visión dogmática del comercio libre” -causa, recordó, de la deslocalización industrial, el quebranto del empleo y la pérdida de control sobre las cadenas de suministro por parte occidental-, la dejación de soberanía en beneficio de “instituciones internacionales” -léase, la ominosa UE-, el gasto en “enormes estados del bienestar” a costa de la defensa, las políticas energéticas impulsadas “para apaciguar a una secta climática” o la apertura a una “ola de migración masiva sin precedentes”… A diferencia de Vance, Rubio no riñó a los europeos, e incluso aceptó una responsabilidad compartida: “Cometimos esos errores juntos”, dijo. Pero la redención pasa por asumir una enmienda a la totalidad.

Trump ha marcado un camino y espera que Europa le siga. Pero la Europa actual, que según sostiene la recientemente revisada Estrategia Nacional de Seguridad de EE.UU. está en declive económico, ahogada por la UE, tentada por la censura de la libertad de expresión y a un paso de ver “borrada” su civilización cristiana -a causa de la inmigración-, debe ser antes rescatada de su deriva. Para ello, Washington se ha propuesto promover y ayudar a las fuerzas nacionalistas de extrema derecha del continente (los “partidos patrióticos”, en la jerga del documento). Y combatir a todos aquellos que disientan de la buena nueva trumpista.

 

Polémica presencia junto a Trump. La participación, a título de observadora, de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, en la Junta de Paz impulsada por Donald Trump para abordar el futuro de Gaza, ha creado malestar en varias capitales europeas. A diferencia del húngaro Viktor Orbán y el búlgaro Rosen Zhelyazkov, la inmensa mayoría de dirigentes europeos rechazó la invitación de Trump para ser miembro de este foro, alegando que -entre otras cosas- persigue la marginación de la ONU (si bien algunos países, como Italia, que envió a su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, han aceptado participar como oyentes). Los críticos no entienden que la Comisión Europea haya enviado a un representante -aunque sea como convidado de piedra- y consideran que Bruselas se ha extralimitado al tomar una iniciativa que no le correspondía y sin tener un mandato para ello. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo calificó de “error”.

Plan para las regiones del Este. La Comisión Europea ha ultimado una hoja de ruta para ayudar a las regiones limítrofes con el Este, las más afectadas por la guerra de Ucrania y los ataques híbridos rusos, para tratar de salvarlas del declive económico y demográfico. La UE tiene más de 3.500 kilómetros de fronteras con Rusia y Bielorrusia -un aliado incondicional de Moscú-, y casi 1.500 kilómetros con Ucrania, además de 600 kilómetros que lindan con la ribera del mar Negro. Las regiones afectadas pertenecen a Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. La nueva estrategia reúne varios planes ya en marcha, pero no añade partidas económicas nuevas.

Fe de errores. En el boletín de la semana pasada, donde se recordaba la distancia de votos entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen en diferentes comicios, se coló un dato equivocado. En las elecciones presidenciales francesas del 2022, el primero ganó a la segunda por 58% a 42%, y no 58% a 22% como erróneamente quedó escrito

'‘Je t’aime, moi non plus’

Newsletter 'Europa'

Alemania consolida su alianza con Italia en un momento de ‘fin de régimen’ en Francia y España

 

“Deberíamos escuchar a este hombre”. Este hombre es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la afirmación -título de un artículo publicado esta semana- es del corresponsal del semanario alemán Die Zeit en París, Matias Krupa, quien instaba en su nota al gobierno del canciller Friedrich Merz a hacer más caso de las propuestas del presidente francés. “Macron es, sin duda, un socio agotador, a menudo voluble y no exento de contradicciones, pero no cabe duda de que es un europeo comprometido. Y ha acertado a menudo sobre el futuro de Europa en los últimos años. Soberanía europea, autonomía estratégica, defensa común, retirada de Estados Unidos: estas ideas, que parecían extraordinarias en 2017, ahora están en boca de todos”, escribió. Y, sin embargo, como el propio autor admitía, siempre se sigue aplicando el mismo guion: “Macron expone sus ambiciones, Berlín las modera”. Cuando no las veta.

Merz y Macron llegaron juntos andando a la cumbre informal celebrada este jueves en el castillo de Alden Biesen, histórico cuartel general de los caballeros de la Orden Teutónica en Flandes, donde el presidente del Consejo Europeo, António Costa, convocó a los líderes de los 27 para reflexionar sobre la forma de acrecentar la competitividad de Europa para no ser engullida por Estados Unidos y China. Como un matrimonio en pleno naufragio que quiere salvar las apariencias, Merz y Macron quisieron mostrarse a la vista de todos como una pareja afín en una puesta en escena que incluyó el ritual (¡un clásico desde la época de Mitterrand y Kohl!) de tomarse de la mano. “Estoy feliz de que Emmanuel Macron y yo, como casi siempre, estemos de acuerdo”, declaró el canciller.

Pero una cosa son las buenas palabras y las sonrisas de cara a la galería y otra, la realidad una vez se cierran las puertas. Y dentro del castillo volvieron a ponerse de manifiesto las enormes diferencias que separan a ambos mandatarios. En los días previos a la cumbre, Macron había calentado el debate con una entrevista a siete rotativos europeos en la que, entre otras cosas, proponía un nuevo endeudamiento común -que bautizó como “eurobonos para el futuro”- para financiar inversiones en los sectores de la defensa, las tecnologías verdes y la inteligencia artificial.

Nada nuevo, ni extravagante. Es una de las medidas que también defiende el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro italiano Mario Draghi, quien en su fundamental informe sobre la productividad -aplicado solo en una mínima parte- ya planteaba financiar a través de deuda europea inversiones en estos campos por 800.000 millones de euros, cifra que posteriormente ha elevado a 1,3 billones.

Sin embargo, la respuesta alemana fue rotunda: Niet! ¡Ni hablar! La alergia germana a la deuda volvió a condicionar el cónclave, donde Berlín sólo aceptó parcialmente una de las ideas de París, la de aplicar una preferencia para las empresas europeas en los contratos públicos (Buy European), pero estrictamente limitada a sectores estratégicos como la defensa, el espacio y la IA, y siempre de forma puntual y temporal. En cambio, se impuso la idea alemana de proceder a una desregulación general que libere a las empresas del corsé normativo comunitario.

Por lo demás, los líderes europeos estuvieron de acuerdo en la urgencia de completar el mercado único -en especial, la unión de los mercados de capitales- y reducir los costes de la energía para la industria. La Comisión Europea quedó encargada de presentar un plan de acción al respecto de cara a la cumbre europea -esta vez, formal y decisoria- del mes de marzo.

El retiro de Alden Biesen sirvió para poner de relieve el desgaste del eje franco-alemán (que pese a las buenas intenciones no parece haber salido del periodo de glaciación de la época de Olaf Scholz, como demuestra las tensiones que rodean el proyecto conjunto de nuevo caza europeo FCAS, a punto de romperse, o la fractura por la oposición francesa al acuerdo comercial con el Mercosur) y el nuevo juego de fuerzas en acción.

Friedrich Merz eligió esta vez cambiar de eje -palabra un tanto maldita en este caso- y buscar la complicidad de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien mantuvo una crucial cumbre el pasado 23 de enero en la romana Villa Doria Pamphili. Fruto de este acercamiento, cuyo primer y más directo perjudicado es Emmanuel Macron, a la reunión en el castillo belga se llegó con un documento de partida firmado esta vez por los mandatarios de Alemania, Italia y Bélgica, con el primer ministro belga, Bart de Weber, en el papel de anfitrión. La marginación inicial de Francia se complementó -más tarde- con la de España, en lo que constituyó todo un mensaje dirigido a los países del Sur (grupo del que Italia parece haber decidido desgajarse) y sus veleidades económicas. La partitura se dirige desde la Europa protestante.

Acotado París, le tocó el turno a Madrid. Meloni organizó un desayuno previo, en un hotel de la ciudad, con una parte de los dirigentes europeos presentes en Alden Biesen para coordinar su posición de cara a la cumbre inmediatamente posterior. No son inusuales las reuniones fraccionales de este tipo. Lo inédito, lo absurdo en realidad, es que el grupo estuviera integrado por ¡19 países! La amplitud de la reunión le quitó toda operatividad y creó innecesarios agravios comparativos. No es lo mismo no estar en el núcleo duro que formar parte de una minoría apestada.

Entre los excluidos destacaba España -para hablar de productividad, dejar de lado a la cuarta economía europea y la que mejor comportamiento tiene no deja de ser curioso-, junto a Eslovenia, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta y Portugal. El Gobierno español presentó una queja.

El estado de debilidad política -y fecha de caducidad próxima- de Emmanuel Macron y Pedro Sánchez facilitaron sin duda esta maniobra. El presidente francés está en minoría en el Parlamento -su gobierno a duras penas ha logrado aprobar unos presupuestos para este año tras varios meses de agonía- y dejará el Elíseo en la primavera de 2027, sin capacidad constitucional para volverse a presentar y sin haber logrado colocar en buena posición a un posible sucesor al frente de su movimiento de centro liberal. Pedro Sánchez, el último gran dirigente socialista que queda en la UE -los socialdemócratas solo gobiernan en otros dos países: Dinamarca y Malta-, se encuentra asimismo al frente de un gobierno frágil, con insuficiente apoyo parlamentario, y todo indica que en las elecciones del 2027, si no se avanzan, su partido será barrido.

El año que viene podría haber en Francia y España sendos gobiernos de coalición entre la derecha y la extrema derecha, lo que supondría un auténtico vuelco en el mapa político del continente y un punto de inflexión que condicionará el devenir de la UE. Alemania e Italia parecen estar preparando ya el nuevo escenario.

 

¿Espejismo portugués? Europa encara, en 2026, un crucial año electoral, antesala de las grandes citas que -si no hay cambios- se celebrarán en Francia, Italia, España y Polonia en 2027. Portugal ha abierto el camino -han de seguir este año Eslovenia, Hungría, Bulgaria, Suecia, Letonia y Dinamarca, sin contar elecciones regionales de por medio- y es tentador tomar el resultado de las elecciones presidenciales portuguesas como el primer indicio de una posible tendencia. La victoria del socialista António José Seguro en la segunda vuelta celebrada el pasado domingo con casi el 67% de los votos ¿supone realmente un freno al avance de la extrema derecha? ¿O es solo una ilusión óptica?

Lo cierto es que el candidato rival, el ultraderechista André Ventura, líder y fundador del partido Chega, rompió el domingo su techo electoral, alcanzado un apoyo del 33%, sensiblemente por encima de los sufragios que obtuvo en las legislativas del 2025 (22,7%). En siete años, Chega -que en 2019 apenas reunió el 1,3% de los votos- se ha disparado desde la nada hasta situarse como segunda fuerza política empatada con el Partido Socialista. ¿Se trata de una progresión imparable? El tiempo lo dirá.

Pero, a título de comparación, podemos recordar que en sus primeras elecciones presidenciales, en 2017, el francés Emmanuel Macron sacó a Marine Le Pen una distancia similar a la de Seguro respecto a Ventura (63% a 34%); a las siguientes, en 2022, la distancia se redujo (58% a 42%) y hoy, los sondeos para los comicios de 2027 otorgan a Marine Le Pen, o a su delfín, Jordan Bardella, una ventaja de casi 20 puntos en la primera vuelta sobre sus más inmediatos perseguidores.