Una
iniciativa popular en el estado de California propone tasar con un 5% el
patrimonio de los milmillonarios. Los nuevos oligarcas de la 'tech' movilizan
todos sus recursos para pararla y denigrar el objetivo redistributivo de los
impuestos.
Sábado 7 de
febrero, barrio de Pacific Heights, zona residencial de lujo de San Francisco
(California) conocida en todo el mundo por el estilo victoriano de sus casas.
Una treintena de personas se manifiesta con rudimentarios carteles en defensa
de los multimillonarios, amenazados por la propuesta de un nuevo impuesto
estatal. Frente a ellos, una docena de contramanifestantes disfrazados de
ricachones de época se burlan de ellos, dando al conjunto un aire de
charlotada.
Detrás de
la Marcha por los millonarios está un joven emprendedor, Derik Kauffman, de 26
años, creador de una startup de inteligencia artificial (RunRL), que no es
multimillonario pero sin duda aspira a serlo. Para Kauffman, la fiscalidad
especial que podría aprobar el estado de California es un atentado contra
Silicon Valley.
El objeto
de debate es una proposición de ley impulsada por el sindicato de trabajadores
de la salud SEIU-UHW que propone un impuesto de emergencia –aplicable una sola
vez– del 5% sobre el patrimonio de aquellos contribuyentes cuya riqueza supere
los 1.000 millones de dólares. Los ingresos, calculados en unos 100 millones,
deberían servir para salvar al sistema sanitario de los recortes federales
impuestos por la Administración Trump.
Para que la propuesta siga adelante y sea votada el próximo otoño, sus impulsores
deben recabar 874.000 firmas antes del 24 de junio. Cuentan en su favor con el
apoyo del senador demócrata Bernie Sanders, pero chocan con la oposición del
gobernador, el también demócrata Gavin Newsom.
La idea se
inspira en la llamada tasa Zucman –por el nombre del economista que la propuso,
el francés Gabriel Zucman–, que plantea imponer un impuesto mundial del 2%
sobre el patrimonio neto a todos aquellos contribuyentes cuya riqueza supere
los 100 millones de dólares. Lo que reportaría a las arcas públicas globales
unos ingresos adicionales de 500.000 millones de dólares al año.
La
iniciativa californiana ha soliviantado ya a los grandes oligarcas tecnológicos
y algunos se han apresurado a cambiar su residencia fiscal o trasladar total o
parcialmente sus activos. Así lo han hecho los fundadores de Google, Sergey
Brin y Larry Page, y el gurú del libertarismo anarcocapitalista Peter Thiel
(Clarium Capital, cofundador de Paypal y Palantir). El estado de Florida,
marcadamente conservador, se está erigiendo en el nuevo Eldorado de los
multimillonarios de la tech. Además de los ya citados, han adquirido asimismo
propiedades en la zona de Miami Mark Zuckerberg (Meta) y Jeff Bezos (Amazon),
mientras que Elon Musk (Tesla, Space X) ha preferido exiliarse en Hawai. Solo
un alto directivo tecnológico, Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha manifestado su intención de seguir en California y pagar
los impuestos que le toquen.
Si entre
expertos y políticos hay disparidad sobre los efectos de un impuesto especial
sobre los multimillonarios –justamente por el riesgo de fuga fiscal–, lo que sí
despierta una opinión unánime es que los ultrarricos no tributan lo que
deberían. Según un informe de las universidades californianas de Berkeley y
Davis y la de Misuri, citado por Los Angeles Times, los 200 milmillonarios de
California –con una riqueza de 2,2 billones de dólares– sólo pagan el 24% de
impuestos sobre sus ingresos reales, frente a un promedio del 30% del conjunto
de los contribuyentes. Y lo mismo sucede en todo EE.UU.
Los
activistas contra una fiscalidad especial para las grandes fortunas alegan que
los multimillonarios crean riqueza. Desde luego, la suya propia no ha parado de
crecer. Según el Informe Mundial sobre la Desigualdad de 2026 elaborado por el
World Inequality Lab (WIL) –dirigido, entre otros, por el economista Thomas
Piketty–, el 10% más rico de la población mundial posee tres cuartas partes de
la riqueza total, mientras que la mitad más pobre solo posee el 2%. Y el 0,001%
de los más ricos entre los ricos –cerca de 60.000 multimillonarios–, controla
hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad en su conjunto, cuando
hace treinta años, en 1995, solo era el doble.
“Esta
concentración –alerta el informe– no solo es persistente, sino que se está
acelerando”. Desde la década de 1990, la riqueza de los multimillonarios ha
crecido un 8% anual, casi el doble que la de la mitad más pobre de la
población. Sin que ello se traduzca en una mayor contribución fiscal: “Las
tasas efectivas del impuesto sobre la renta aumentan de forma constante para la
mayoría de la población, pero caen drásticamente para los multimillonarios”.
“Este patrón regresivo –añade– priva a los estados de recursos para inversiones
esenciales en educación, sanidad y acción climática, y socava la equidad y la cohesión social”.
Lejos de
sentirse interpelados, los nuevos tecno-oligarcas utilizan todo su poder económico y su
influencia política no solo para combatir toda iniciativa tendente a subirles
los impuestos, sino para cuestionar de
raíz el papel redistribuidor del Estado, que querrían ver reducido a la mínima
expresión, y alentar un estado de opinión cercano a la insumisión fiscal. Peter Thiel, el
ideólogo que colocó a J.D. Vance en la
vicepresidencia de EE.UU., prefiere gastarse el dinero en millonarias campañas
anti impuestos que en pagar a Hacienda. Las redes sociales promueven a miles de
influencers que, refugiados en paraísos fiscales (niñatos que se beneficiaron
del Estado del bienestar y ahora no quieren contribuir), se dedican a fomentar
activamente esta idea, retomada a su vez por los partidos ultraconservadores y
de extrema derecha de todo el mundo en nombre de la libertad. La paradoja es
que van camino de convencer a las clases populares y medias empobrecidas, que
después serán las que acabarán pagando el pato de los recortes. Los argentinos
saben algo de eso.
