La Groenlandia del desierto

Visión periférica 

Cinco países –EE.UU., China, Francia, Italia y Japón– tienen bases militares en la pequeña república de Yibuti, a las puertas del estrecho de Bab el Mandeb, punto clave  afectado por el conflicto entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen.

 

En Yibuti no hay nada. O prácticamente nada. Carente de recursos naturales de relevancia, el agua dulce es allí un bien tan preciado como escaso. Todo es desierto y más desierto. Lo único que tiene Yibuti –un pequeño país de 23.200 km2 y 1,2 millones de habitantes en el Cuerno de África– es su clave posición geográfica, a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, un paso de no más de 36 kilómetros de ancho que une el golfo de Adén –en el Índico– con el mar Rojo y el canal de Suez.

Por aquí transita una cuarta parte del tráfico marítimo mundial. Y si ya de por sí es una ruta comercial crucial, para algunos países de la zona, como Arabia Saudí, se ha convertido en la principal vía de escape para sortear el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Riad vehicula sus exportaciones de petróleo hacia el mar Rojo por el oleoducto Este-Oeste y el puerto de Yanbu, hostigados ahora por los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán y enemigos de los saudíes (que apoyan al Gobierno yemení)

Si la apertura de nuevas rutas de navegación por el Ártico por el cambio climático y el deshielo ha acrecentado el papel geoestratégico de Groenlandia y ha despertado muchos apetitos –entre otros, el de EE.UU., que ha forzado un acuerdo para abrir dos nuevas bases militares en la isla–, un papel similar  tiene Yibuti en el Cuerno de África. De hecho, es prácticamente el único valor que ha podido explotar: el interés de potencias extranjeras por instalar en el enclave bases militares para sus operaciones en Oriente Medio y África (negocio que reporta a Yibuti  entre 200 y 300 millones de euros anuales en concepto de rentas)

Cinco países tienen hoy bases militares en Yibuti. Las más importantes pertenecen a Estados Unidos, China y Francia, mientras que los otros dos –Italia y Japón– mantienen destacamentos militares menores. Todos ellos han encontrado en este pequeño país un oasis de estabilidad, gobernado sin concesiones por el régimen autoritario  del presidente Ismail Omar Guelleh. Desde aquí se han dirigido y realizado las operaciones internacionales contra los piratas que atacaban a los cargueros desde la costa de Somalia.

La particular coexistencia de países rivales en un espacio tan reducido llama la atención. De hecho, Washington intentó –sin éxito– frenar en su momento la instalación de los chinos, que lograron incorporar a Yibuti a su proyecto de la Nueva Ruta de la Seda (La Franja y la Ruta). Excluidos –ellos sí–, los rusos buscaron otro emplazamiento en Sudán, pero el proyecto de abrir allí una base militar está en suspenso por la inestabilidad en el país.

Francia es quien lleva más tiempo presente en Yibuti, no en vano ocupó el país como potencia colonial instalando un protectorado –la llamada Somalia francesa– en la segunda mitad del siglo XIX. Tras una tardía independencia en 1977, la nueva república firmó acuerdos de defensa –el último data del 2024–por los cuales la antigua metrópoli ha podido mantener una fuerte presencia militar. Los franceses tienen hoy desplegados, en varias instalaciones, unos 1.500 militares, con dotaciones terrestres, aéreas y navales.

Los EE.UU. llegaron bastante más tarde, en el 2001, a raíz de los atentados del 11-S, pero son quienes tienen la fuerza más importante: unos 4.000 soldados. Instalados en la antigua base de la Legión francesa de Camp Lemonnier –nombre en recuerdo del general Émile Lemonnier, decapitado por los japoneses en Tonkín en 1945–, los norteamericanos cuentan con infantería de marina,  fuerzas navales y aéreas, así como una estación de drones.

En el 2011 se sumó una base japonesa (con unos 200 militares) y en el 2013 otra italiana (con 300 efectivos). El último en llegar –a lo grande– ha sido China, que inauguró su base en el 2017 junto al nuevo puerto de Doraleh. Se calcula que el ejército popular tiene desplegados a unos 2.000 militares. Recientemente, el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington (CSIS) detectó –a través de imágenes de satélites comerciales– un aumento de sus equipamientos en telecomunicaciones.

La guerra civil en Yemen y el enfrentamiento entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudí no se ha traducido hasta el momento en un bloqueo del estrecho de Bab el Mandeb. Por ahora, los hutíes –que tomaron hace poco el puerto de Moca y varias islas en el Mar Rojo– se han limitado a atacar las infraestructuras y los petroleros saudíes, exclusivamente, sin afectar a nadie más. De ahí que EE.UU. se haya abstenido, por el momento, de acudir en socorro de Riad pese a las peticiones de su aliado. Quien sí se ha movido es Francia, que ha anunciado el próximo envío de  refuerzos militares para proteger la terminal petrolera saudí de Yanbu.

Arabia Saudí ha pedido formalmente la asistencia de Turquía y Pakistán, países con los que firmó un acuerdo tripartito de defensa conjunta el pasado mes de agosto. De producirse esta intervención, los hutíes podrían estar tentados de tratar de bloquear por completo Bab el Mandeb y extender el conflicto. En ese caso, Yibuti se encontraría en el centro del huracán.

Ahogados por el diésel

Newsletter Europa 

La guerra en Oriente Medio dispara los precios de los carburantes en Europa, amenazando el crecimiento económico y la paz social

 

El 24 de septiembre, en una infrecuente comparecencia televisiva, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el envío de “medios militares” –soldados, radares y sistemas de defensa– para proteger la terminal petrolera de Yanbu, en la costa saudí del Mar Rojo. Punto de llegada del oleoducto Este-Oeste y principal ruta de Arabia Saudí para exportar su crudo sorteando el bloqueado estrecho de Ormuz, está hoy amenazada por los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen. “Nuestro compromiso con la región se basa en una lógica estrictamente defensiva de estabilidad regional y protección de nuestros intereses y socios”, dijo Macron, quien vinculó esta intervención -cuyos contornos no se han precisado- a la crisis provocada por el encarecimiento de los carburantes.

El alza de precios de la gasolina y -sobre todo- del gasóleo como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán ha disparado las alarmas en toda Europa, en la medida en que amenaza con lastrar el ya de por sí débil crecimiento económico (apenas un 1% interanual en el segundo trimestre de este año en la zona euro), disparar el coste de la vida (la inflación en la zona euro está ya en el 3,8%) y acrecentar el malestar social, con el riesgo de reeditar convulsiones como la vivida en Francia en 2018-2019 con el movimiento de protesta de los chalecos amarillos.

El estancamiento de las conversaciones entre Teherán y Washington para una tregua mantienen en gran tensión el mercado del petróleo, que según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) no se recuperará antes del año que viene. La escolta de petroleros por parte de EE.UU. en Ormuz y la deriva de parte de las exportaciones hacia otras rutas (como el mar Rojo, también bajo tensión por los ataques hutíes en el estrecho de Bab el Mandeb) han aliviado en parte la caída, pero de forma insuficiente. Según el último informe de la AIE, de este mes de septiembre, se calcula que en el conjunto de 2026 las exportaciones de petróleo habrán caído en 5,7 millones de barriles diarios, mientras que la demanda solo lo habrá hecho en 2,5 millones, desajuste que presiona los precios al alza. Así, el barril de Brent superó de nuevo el mes pasado los 100 dólares.

La situación se agrava en el caso de determinados productos, como el gasóleo. “El incremento tanto de los futuros del crudo como de los precios físicos palidece en comparación con el de los productos refinados, segmento donde la escasez de mercado es actualmente más aguda”, constata el informe, que apunta no únicamente a la reducción de las exportaciones de los países del Golfo (un 60% por debajo de los niveles anteriores a la guerra) sino a la parálisis de las exportaciones procedentes de Rusia. El resultado es que los precios del diésel, que representa el 30% de la demanda mundial, superaron los 200 dólares por barril.

La crisis de Oriente Medio ha representado ya un sobrecoste para Europa de 100.000 millones de euros, según datos de la Comisión Europea. En las gasolineras europeas, esto se traduce en precios superiores a los 2 euros por litro de gasóleo -más caro hoy que la gasolina-, con puntas de 2,50 euros en algunos países. Este viernes, el precio medio en la UE se situaba en 2,24 euros.

Frente a esta situación, y en medio de una creciente inquietud social, buena parte de los países europeos están tomando medidas para aliviar la factura a los consumidores, bien sea de forma general o selectiva (aunque sea a costa de aumentar el déficit público, más fácil para unos que para otros). En España, el Gobierno de Pedro Sánchez acordó al martes prorrogar por segunda vez los descuentos a los carburantes (de 20 céntimos por litro, que se irán reduciendo progresivamente) hasta final de año, después de que la inflación se disparara por esta causa al 4,9%. El Consejo de Ministros aprobó asimismo otras medidas para contener los precios del gas y la electricidad.

Iniciativas similares se han tomado también en otros países europeos -Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, Polonia o Suecia, entre otros-, bien sea con subvenciones o reducciones fiscales para rebajar el precio (entre 10 y 20 céntimos), bien poniéndole un tope por decreto. En Francia, con un problema de déficit público desbocado, el Gobierno ha optado por ayudas segmentadas -de hasta 40 céntimos por litro- para agricultores o transportistas, entre otros. El presidente Macron ha pedido, paralelamente, a la Comisión Europea que flexibilice (esto es, que rebaje) temporalmente las normas europeas sobre la calidad de los carburantes y que retrase la regulación de las emisiones de metano, con el fin de reducir los costes de producción.

A iniciativa francesa también, los países del grupo G7 decidieron a última hora de ayer liberar a lo largo de los próximos cuatro meses hasta 100 millones de barriles de las reservas estratégicas de diésel y crudo, con el objetivo de bajar los precios. La propuesta adjudicaba inicialmente a la UE la liberación de 50 millones de barriles de diésel y a los países de la AIE en conjunto otros 50 millones, en este caso de crudo.

El acuerdo aleja, en principio, el riesgo de una guerra de todos contra todos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, había amenazado con suspender temporalmente las exportaciones de diésel, una medida extrema para tratar de controlar el precio en su país, donde ha llegado a entre 6 y 6,50 dólares por galón (aproximadamente entre 1,44 y 1,50 euros por litro), cuando falta poco más de un mes para las cruciales elecciones legislativas de medio mandato (mid-term). Una interrupción de las ventas norteamericanas de diésel sería un golpe para Europa, que importa de EE.UU. el 20% del gasóleo que consume (además de para las propias compañías exportadoras, claro)

El comisario de Energía y Vivienda de la UE, Dan Jørgensen, que el martes reunió a los titulares de esta cartera de los 27 para abordar la situación, subrayó a la salida del encuentro que la única forma de que Europa se libre de su extrema dependencia exterior respecto de los combustibles fósiles pasa por fomentar la electrificación, multiplicar la producción de energías limpias y aumentar las interconexiones entre países. Nada, sin embargo, que pueda resolver el problema de inmediato. Ni salvar a los consumidores de un invierno que se presume “muy duro” en materia de precios.

 

¿Brexit de ida y vuelta? El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, ha ido un paso más allá que su antecesor en Downing Street -Keir Starmer, quien pretendía impulsar un nuevo acercamiento hacia la UE- y ha planteado la posibilidad de que en un futuro no inmediato el Reino Unido pudiera plantearse el reingreso en la Unión Europea. Así lo expresó esta semana en una entrevista en la BBC, donde se apresuró a subrayar que se trata de una opción más, no la única. “El Brexit ha hecho más mal que bien, ha deprimido el crecimiento económico y fomentado la pérdida de control sobre la inmigración”, declaró el premier. Una opinión en la que coinciden hoy el 60% de los británicos. Los laboristas podrían incorporar a su próximo programa electoral un posible referéndum de vuelta. En todo caso, esa eventual consulta todavía deberá esperar.

Invertir en Europa. El Gobierno español quiso aprovechar los decretos sobre vivienda para incluir la creación de una nueva cuenta bancaria con ventajas fiscales para animar a los ahorradores a invertir su dinero en compañías europeas, una iniciativa pactada con Alemania, Estonia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. El nuevo instrumento debía llamarse Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, con un límite máximo de aportaciones de 150.000 euros. A través de esta cuenta, su titular debía poder comprar y vender activos sin tributar por ello en el IRPF durante el plazo de permanencia, de cinco años. Una vez extraído el dinero, la ganancia estaría libre de impuestos hasta un límite de 10.000 euros (por encima, habría una bonificación fiscal del 20%) y los dividendos obtenidos sí tributarían por IRPF. La no validación, ayer, de los decretos de vivienda obligará a recuperar la medida por otra vía.

Groenlandia, premio Vanguardia. El premio Vanguardia Internacional de este año ha recaído en el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, por su serenidad y entereza a la hora de defender la soberanía de la isla ártica -territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca- frente a los apetitos territoriales expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una entrevista con La Vanguardia, Nielsen (Nuuk, 1991) se mostró confiado en el futuro tras la firma del acuerdo de defensa firmado con Washington, que en principio pone fin al litigio y que autoriza a EE.UU. a levantar dos nuevas bases militares en Groenlandia, así como restringe la presencia de potencias extranjeras ajenas a la OTAN. “La posibilidad de poder mirar hacia el futuro y decidir por nosotros mismos es lo que más importa ahora”, declaró aliviado.

 

En manos de dos ‘patos cojos’

Newsletter 'Europa' 

Europa afronta debates decisivos con sus dos principales líderes, Merz y Macron, en situación precaria

 

Los estadounidenses tienen una manera graciosa de designar a un presidente que se encuentra ya en tiempo de descuento o en situación de debilidad política y del que, por consiguiente, no se puede esperar gran cosa: lame duck. En las reuniones del Consejo Europeo es difícil no encontrar, entre los 27, algún que otro pato cojo. Normalmente, no tiene mayor importancia. Que lo sea uno de los miembros de peso de la UE representa ya un notable inconveniente. Si lo son los líderes de los dos países motores de la Unión, Alemania y Francia, la cosa amenaza con una catastrófica parálisis. Y eso, en un momento en que Europa afronta debates decisivos, resulta alarmante.

El presidente francés, Emmanuel Macron, hace tiempo que camina renqueante: desde que en 2025 perpetró un imprudente adelanto electoral que le dejó sin mayoría en la Asamblea Nacional y que ha convertido sus dos últimos años de mandato -que finaliza en 2027, sin opción a presentarse por tercera vez- en un continuo sinvivir. Y, lo que es peor para su legado, su partido se enfrenta a la amenaza de una auténtica laminación en las próximas elecciones presidenciales, en las que parte como favorita la histórica líder de la extrema derecha Marine Le Pen, del Reagrupamiento Nacional (RN)

Frente a Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, aparecía como un pilar mucho más sólido. Ya no. El líder democristiano parece haber dilapidado, en menos de año y medio al frente del gobierno federal, todo su capital político: no solo se ha hundido su popularidad hasta niveles abisales (14%), sino que ha arrastrado a su partido, la democristiana CDU, a una grave crisis existencial, barrida en las dos últimas elecciones regionales por el empuje de los ultras -algunos, directamente neonazis- de Alternativa para Alemania (AfD) y excluida por primera vez del parlamento de un land, el de Meckelenburgo-Antepomerania, por no haber llegado al listón del 5% de los votos.

Ambos países están atravesando serias dificultades económicas. En Alemania, es toda la estrategia industrial de décadas -basada en la importación de gas ruso barato y la exportación masiva hacia China- la que se está hundiendo. Un reciente informe del Banco Central Europeo (BCE) señala que Alemania es al país europeo más castigado por la creciente competencia industrial china: no solo sus exportaciones al gigante asiático han caído (de representar el 3,1% del PIB al 1,5%), sino que China está compitiendo ferozmente en sus sectores fundamentales, la maquinaria y el automóvil. Hoy, los chinos están inundando el mercado con sus coches eléctricos y el sector germano anuncia cierres masivos de fábricas. Y, por saneadas que estén las cuentas del Estado, con un déficit público ortodoxo del 2,7% y un endeudamiento singularmente bajo del 63,5%, el crecimiento económico, después de dos años de contracción, sigue siendo débil, mientras la inflación ha alcanzado el 2,9%.

En Francia, la economía resiste mejor, pero no hay motivos para muchas alegrías. El crecimiento está próximo al estancamiento, mientras el paro sigue elevado (8,3%) y la inflación (2,6%) se está notando sobre todo en los carburantes y acrecentando el malestar social. En este contexto, el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu afronta la difícil aprobación del presupuesto para el año que viene con el objetivo de hacer un “esfuerzo” -entre recortes del gasto y aumentos fiscales- de 54.000 millones de euros, lo que apenas permitiría contener el déficit público en el 5% (fuera del límite del 3% sin que nadie amoneste a París, por cierto) y situar la deuda pública en el 121,7%, el doble que la de Alemania (¡hoy Francia paga intereses más altos que Grecia!)

A diferencia de Francia, donde en mayo el país entero se abocará a las urnas -en unas cruciales elecciones presidenciales y legislativas-, en Alemania no hay elecciones federales a la vista -las próximas tocan, en principio, en 2029-, pero sí nuevos comicios regionales, que pueden ir agravando el desgaste democristiano si no hay un cambio de rumbo. De momento, el gobierno de coalición con los socialdemócratas resiste también, pero habrá que ver por cuánto tiempo si no hay un giro de timón. Aunque Merz se aferra al cargo y a su programa de reformas, en la CDU hay quien plantea ya su relevo en la cancillería.

La debilidad de la pareja Merz-Macron no augura nada bueno de cara a abordar los grandes debates que Europa tiene por delante. El más urgente de ellos -si es que alguno no lo es- es la aprobación del marco presupuestario comunitario para el septenio 2028-2034, que definirá el alcance real de las ambiciones de la UE y que numerosos dirigentes querrían ver pactado antes de final de año, habida cuenta de las cruciales elecciones que hay el año que viene en Francia, España, Italia y Polonia.

Otros dossiers candentes son la definición de una política industrial común en defensa del Made in Europe -con la revisión de las relaciones comerciales con China como gran desafío- y la aplicación de las medidas de los informes Draghi y Letta para aumentar la competitividad de la economía europea -en especial, la unión del mercado de capitales-, sin que ello suponga un retroceso importante en la agenda verde, el despliegue de una auténtica política europea en materia de defensa -no exclusivamente nacional como está en buena medida ocurriendo- y el mantenimiento del apoyo militar y económico a Ucrania, así como el espinoso reto de la ampliación de la Unión.

El debate presupuestario en la UE amenaza con ser muy agitado. De hecho, ya lo está siendo. Alemania ha abandonado, por el momento, toda intención moderadora y encabeza el grupo de países llamados frugales (Austria, Finlandia, Países Bajos y Suecia), que rechazan de plano la propuesta de la Comisión Europea de un presupuesto de 2 billones de euros para el periodo. El canciller Merz exige un recorte de cientos de miles de millones en todas las partidas, mientras se niega a aprobar nuevas figuras fiscales comunitarias (“recursos propios”, en el argot) o reestructurar y prolongar la deuda común contraída por primera vez a raíz de la crisis de la pandemia de covid. Frente a ellos, los llamados amigos de la cohesión -entre ellos, España- rechazan cualquier recorte en los fondos de cohesión y en la Política Agraria Común (PAC)

La ronda de consultas realizada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, por las capitales europeas solo ha servido hasta el momento para constatar la distancia que separa a unos de otros y las dificultades para encontrar una solución de compromiso. Para intentar una aproximación hay quienes proponen fuertes recortes en el propio gasto de funcionamiento interno de la UE y en el capítulo de la cooperación exterior (Europa Global), pero ni uno ni otro son suficientes para resolver la ecuación.

En este estado de cosas, será crucial el papel que decida jugar al final Friedrich Merz. Hace aproximadamente un año, en el verano de 2025, el canciller alemán hizo votos por una mayor implicación de Alemania en política exterior y prometió un redoblado liderazgo en Europa. “Estamos asumiendo una mayor responsabilidad de liderazgo como socio fiable en Europa y en todo el mundo”, dijo entonces. La gran cuestión es si va a mantener esta línea de acción o va a dar prioridad al interés nacional y a las cuestiones de política interior. De lo que haga dependerá el futuro inmediato de la UE.

Tratado constitucional. En vísperas de la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, a España, los próximos días 29 y 30, el Tribunal Constitucional ha dado esta semana su aval al Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado en el 2023 y aún pendiente de ratificación por parte española. El trámite quedó interrumpido en el Senado por la oposición del PP -con mayoría en la cámara-, que remitió el texto al TC por considerar que el artículo 2.4 del tratado, en el que se prevé que ministros de cada país puedan asistir a reuniones del Consejo de Ministros del otro, podía ser inconstitucional. El TC ha descartado que así sea, lo que ahora abre la vía a proseguir su tramitación parlamentaria. Visto lo visto en la actuación del PP hasta ahora, sin embargo, podría pasar que la Cámara Alta rechazara igualmente la ratificación del tratado. En ese caso debería volver al Congreso, que tiene la última palabra.

Groenlandia cede. De algún modo, Donald Trump ha acabado por llevarse el gato al agua en el asunto de Groenlandia. Después de presionar brutalmente y amenazar con hacerse con el control de la isla ártica por las bravas -utilizando la fuerza, en caso necesario-, el Gobierno de Dinamarca y el gobierno autónomo groenlandés han firmado un pacto con Estados Unidos que cede lo fundamental de las pretensiones norteamericanas, salvo en lo relativo a la soberanía. El acuerdo, firmado en Nueva York -en paralelo a la celebración de la Asamblea General de la ONU- por Donald Trump, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen, concede a EE.UU. la construcción de dos nuevas bases militares en la isla, les autoriza a utilizar libremente su espacio aéreo y veta las inversiones estratégicas de terceros países como China y Rusia.

Putin para siempre. Las elecciones legislativas rusas, celebradas entre los días 18 y 20 de septiembre, no ofrecían muchas dudas sobre el resultado, dada la total ausencia de fuerzas políticas de oposición en liza (las autoridades ni siquiera aceptaron que se presentara el partido Yábloko, por su discurso contra la guerra de Ucrania). Como era de esperar, el partido del presidente Vladímir Putin, Rusia Unida, fue de largo el ganador de los comicios. Pero si alguien esperaba que la pérdida de popularidad de Putin -que señalan los sondeos- se tradujera en un cierto retroceso electoral, se quedaron con las ganas: Rusia Unida obtuvo, según el recuento oficial, el 57,8% de los votos, un resultado bastante superior al de las elecciones de 2021, en las que logró el 49,8 %. El ejército ucraniano lanzó, coincidiendo con la última jornada electoral, un duro bombardeo sobre Moscú, para recordar que la guerra también les atañe.

 

¿Prepara Trump un golpe de Estado?

'Visión periférica'

A medida que se acercan las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre en Estados Unidos, en las que los republicanos pueden perder el control del Congreso, crece el temor a que Donald Trump y sus huestes intenten un golpe de mano.

 

Donald Trump se ha convertido en una parodia de sí mismo. Si sus intervenciones públicas hacen dudar a veces de su equilibrio mental, sus post en su red social, Truth, no pueden ser más delirantes. Cuando no se disfraza –IA mediante– como el luchador de pressing catch Hulk Hogan, el presidente de Estados Unidos superpone la caricatura de su perfil al mapa de Irán, dibuja la bandera norteamericana desde México a Islandia, derriba al primer ministro canadiense, Mark Carney, jugando al hockey sobre hielo, se pasea a caballo con George Washington –ambos vestidos de época– o se pone a rebautizar lo que le viene en gana con el nombre de América  o el suyo propio. “¿Por qué cree usted que ha sido el único presidente en ser sometido a un test cognitivo?”, se burló recientemente el presentador Jon Stewart sobre su salud mental en el hilarante The Daily Show.

Entre payasadas y niñerías, sin embargo, Trump ha empezado a colar imágenes siniestras de un futuro distópico en las que aparece como un tirano totalitario rodeado de robots armados y con frases de tono amenazador (como la que ilustra este artículo). No ha resultado más tranquilizadora la semejanza del uniforme que ha propuesto –en la misma red social– para el futuro cuerpo espacial del ejército de EE.UU. con los de las SS nazis.

Los antecedentes del personaje no permiten despachar tales salidas de tono como una broma pesada. Las inclinaciones autoritarias de Trump han quedado más que demostradas en numerosas de sus decisiones –gracias a un Congreso entregado y un Tribunal Supremo complaciente–, pero si cupiera alguna duda sobre adónde es capaz de llegar, baste recordar el violento asalto de sus huestes al Capitolio el 6 de enero del 2021 para tratar de evitar la certificación de Joe Biden como presidente. Algo que frustró, no sin riesgo para su vida, el vicepresidente Mike Pence.

Quien haya visto la serie El cuento de la criada –basada en la novela homónima de Margaret Atwood, que dibuja unos EE.UU. sometidos a un régimen totalitario ultraconservador– habrá podido observar el inquietante paralelismo entre las fuerzas paramilitares de la televisión y los agentes de la agencia migratoria trumpista ICE, que propagan el terror en las calles del país –enmascarados y armados hasta los dientes– y cargan ya a sus espaldas con más de medio centenar de muertes. Algunos medios han especulado con la posibilidad de que las fuerzas del ICE sean desplegadas en los colegios electorales durante las elecciones legislativas mid-term del próximo noviembre para intimidar y disuadir el voto de las minorías.

Lo cierto es que Trump y y los suyos están tratando por todos los medios de condicionar las elecciones, manipulando los distritos electorales (gerrymandering), coaccionando a los funcionarios de los estados encargados del recuento de votos, intentando imponer un control federal sobre el sufragio por correo –algo frenado esta semana por el Supremo– y tramitando una ley –SAVE America– que impondría nuevos requisitos para registrarse como votante. Medidas presentadas como necesarias para luchar contra el fraude pero que en el fondo buscan controlar el ejercicio del voto.

“Esta gente desquiciada  [los demócratas], tras luchar durante 10 años, debería reconocer por fin que su Presidente Favorito (¡YO!) sabe cómo GANAR. Deberían estar agotados a estas alturas pero, lamentablemente, no lo están. Van a hacer un último intento por arruinar a Estados Unidos, pero no vamos a permitir que eso suceda. ¡Vamos a ganar las elecciones de mitad de mandato a lo grande y a SALVAR A ESTADOS UNIDOS!”, ha escrito Trump, incansable.

No parece que ello pueda ser con buenas artes. La ciudadanía parece haber dado la espalda al presidente. Solo el 33% aprueba su gestión, según YouGov, y el 60% considera, según USA Today, que “no es honesto ni digno de confianza”. Los sondeos de intención de voto –50% a 39% a favor de los demócratas– dan como muy probable la pérdida de la Cámara de Representantes por parte de los republicanos. Y, acaso, del Senado. “No podemos permitir, ni permitiremos, que obtengan la mayoría en el Congreso. No vamos a dejar que eso suceda”, ha advertido amenazante el presidente (speaker) de la Cámara de representantes, Mike Johnson.

El politólogo Ian Bremmer, presidente del grupo Eurasia, advierte al respecto que “si alguien cree que Trump aceptará con elegancia la derrota en las elecciones de mitad de mandato debería reconsiderarlo”. Pese a ello, se muestra confiado en el escudo protector de las instituciones: “Las limitaciones a las que está sujeto el presidente son mayores que su capacidad para alterar los resultados”, señala.

No todo el mundo, sin embargo, es tan optimista. El juez John Michael Luttig, exmiembro de la Corte de Apelación y notorio conservador, ha publicado un alarmado artículo en la revista The New Republic, titulado La batalla final por la democracia de Estados Unidos, donde alerta del riesgo de que los republicanos se nieguen a acreditar la elección de los congresistas demócratas, impidiendo su toma de posesión el 3 de enero, lo que abriría una crisis constitucional de salida incierta.

En el actual Congreso –escribe con preocupación– “es difícil encontrar siquiera a un solo republicano con la integridad, el sentido del deber hacia la nación, el honor y la valentía necesarios para anteponer a EE.UU. al Partido Republicano, y mucho más a Donald Trump”. Aunque les llama a una rebelión, Luttig no confía demasiado en los republicanos y lo fía  prácticamente todo a la intervención del Tribunal Supremo, pese a que –como él mismo subraya– es el gran culpable de la situación actual al haber concedido al presidente la inmunidad absoluta.

 

La revancha de De Gaulle

Newsletter 'Europa'

El Consejo Europeo de Seguridad propuesto por Von der Leyen entronca con la defensa europea que siempre ha propugnado Francia

 

Charles de Gaulle no se fiaba de los americanos. El jefe de la resistencia francesa frente a la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, y futuro fundador de la V República, era perfectamente consciente de que la victoria aliada sobre Hitler lo debía todo a Estados Unidos (por más que públicamente procurara rebajar su importancia). Pero tras la liberación no tardó en alejarse de Washington, cuyo afán de tutela temía. “Yo no soy antiamericano por el hecho de no estar siempre al lado de EE.UU.”, declaró en una entrevista televisiva en 1965, en plena escalada en la guerra de Vietnam. No lo sería, pero sí se convirtió en símbolo de un cierto antiamericanismo francés.

Independiente y orgulloso, un año después de esas declaraciones, en 1966, enarbolando la bandera de la soberanía nacional, el viejo general ordenó clausurar la treintena de bases militares que EE.UU. mantenía en Francia desde el final de la guerra y retirar a su país del mando militar integrado de la OTAN, que se vio forzada a trasladar su sede original de París a Bruselas (Francia no regresaría hasta el 2009, de la mano de Nicolas Sarkozy). El seísmo provocado por aquella decisión, de la que se han cumplido ahora 60 años, fue más que considerable.

La figura de De Gaulle ha recobrado este verano su antiguo brillo y encendido el espíritu patriótico en Francia gracias al biopic en dos entregas La batalla de Gaulle (de Antonin Baudry), que ha arrasado en los cines con más de 5,6 millones de espectadores, solo por detrás de La Odisea de Chritopher Nolan. En un momento de desconcierto ante un mundo en el que los más fuertes pretenden imponerse a los demás, la resistencia de De Gaulle a claudicar y a acatar todo dictado exterior, por muy añeja que parezca la época, suscita indudables paralelismos con las cuitas actuales provocadas por los EE.UU. de Donald Trump.

Si De Gaulle pudiera atisbar, desde su austera tumba de Colombey-les-Deux-Églises, el actual debate europeo sobre las relaciones trasatlánticas y la necesidad de que Europa disponga de una auténtica autonomía estratégica en materia de defensa, a buen seguro se sentiría reivindicado. Durante décadas, la insistencia de De Gaulle y sus sucesores en el Elíseo en este sentido chocó siempre con la resistencia de los principales miembros de la UE -principalmente Alemania y, hasta el 2020, el Reino Unido- ante cualquier iniciativa que pudiera poner en cuestión o debilitar a la OTAN como eje de la alianza occidental. El retorno de Trump a la Casa Blanca y su labor de zapa interna de la Alianza Atlántica -más muerta que viva-, ha cambiado radicalmente el escenario.

Es en este contexto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aprovechó el miércoles su discurso sobre el estado de la Unión (SOTEU, en el argot comunitario) para lanzar la propuesta de crear un Consejo Europeo de Seguridad en el que, además de los miembros de la UE, podrían participar otros países aliados como Canadá, Noruega, el Reino Unido o Ucrania. ¿Una mini-OTAN como algunos la han llamado? En todo caso, su vocación sería disponer de mecanismos análogos al del artículo 4 de la Alianza, que prevé una respuesta común -ni automática ni necesariamente militar- si cualquier país miembro ve amenazada su “integridad territorial, independencia política o seguridad”. La UE ya cuenta en su tratado con una cláusula de este tipo -el artículo 42.7-, de lo que se trataría es de articular un mecanismo o protocolo de actuación claro para el momento en que un país miembro lo invocara.

La sesión del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, sirvió paralelamente para poner en escena el acercamiento mutuo entre la UE y Canadá, con quien los EE.UU. de Trump parecen decididos a romper su histórica alianza. Si el miércoles Von der Leyen propuso incorporar a Canadá a la UE como “miembro asociado”, el jueves el primer ministro canadiense, Mark Carney -una de las voces más escuchadas y respetadas en el concierto internacional-, recogió el guante y abogó por construir junto con Europa el “próximo orden mundial, que sea justo, estable y próspero”. Lo contrario de la ley de la selva.

Ni el Consejo de Seguridad esbozado por Von der Leyen ni el estatuto de “miembro asociado” de la UE (una idea que hasta ahora se había planteado para Ucrania, como modo de acelerar su acceso a la Unión antes de su entrada plena) tienen contornos muy precisos. Tampoco está claro que tales iniciativas, o la manera de plantearlas, susciten un amplio consenso en los 27. Pero su fuerza simbólica y política es indudable.

El entusiasmo europeo se evaporó al otro lado del Atlántico. “Se trata de una asociación [con Canadá] que no va contra nadie, sino en favor de nuestra fuerza común”, se cuidó de advertir Von der Leyen en la Eurocámara, sin llegar a citar explícitamente a EE.UU. Pero Donald Trump no se engañó y se apresuró a calificar la iniciativa de “hostil”, mientras amenazaba por enésima vez con tomar represalias en forma de nuevos aranceles comerciales. Su problema es que sus ultimátums han perdido su poder intimidatorio y hoy ya no le hacen caso ni Rusia ni Ucrania, ni China ni Irán, ni Israel ni Canadá, como tampoco la Reserva Federal ni el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La crisis de Ceuta. En su intervención ante el Parlamento Europeo, Von der Leyen aludió a la crisis de Ceuta para subrayar el compromiso europeo con el enclave español –“La frontera de Ceuta es una frontera europea (…) y Europa estará ahí para ayudaros”, dijo- y proponer un “nuevo marco europeo de respuesta a emergencias” migratorias que incluiría “flexibilizar temporalmente” (esto es, rebajar los requisitos de) los procedimientos de expulsión. La solidaridad con Ceuta y con España hasta ahora ha sido más bien escasa -recuérdese la carta de los 22 aprovechando la situación para ajustarle las cuentas al presidente español, Pedro Sánchez- y el tema ha sido utilizado para poner en cuestión la política de regularización extraordinaria de Madrid. Esta confrontación volvió a vivirse en el pleno de la Eurocámara, donde la alianza europeísta se rompió una vez más y el PPE logró imponer sus tesis con el apoyo de la extrema derecha.

Redes sociales y menores. En otro punto de su discurso, la presidenta de la Comisión anunció asimismo una iniciativa europea para proteger a los menores de los abusos de las redes sociales -una “captura a gran escala”, describió-. La iniciativa, presentada al día siguiente en Bruselas, prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años, entre 13 y 15 solo podrán acceder a “mini-cuentas” supervisadas por progenitores o tutores y de 15 a 18 los proveedores deberán garantizar un diseño seguro. La norma (EU Kids Act) prevé, entre otras cosas, prohibir el scroll infinito y define las “horas nucleares de sueño” como un periodo de ocho horas consecutivas entre las 22 horas y las 8 horas durante el cual quedan prohibidas las notificaciones automáticas. También veta exponer a los menores a sistemas de recompensa variable en los videojuegos.

Suecia, a contracorriente. Las elecciones legislativas celebradas en Suecia el domingo pasado han supuesto un punto de inflexión respecto a las tendencias mayoritarias de voto en los últimos tiempos en Europa. Aunque dividida en dos bloques, en Suecia el campo del centroizquierda -encabezado por la socialdemócrata Magdalena Andersson, candidata ahora a primera ministra- se acabó imponiendo al campo de la derecha, hasta ahora gobernante, según los resultados definitivos proclamados el jueves. Uno de los resultados más llamativos, por contraste, es el retroceso de la extrema derecha: Demócratas de Suecia (SD) recibió el 17,5% de los votos, tres puntos menos que en las anteriores elecciones del 2022, en las que cosechó el 20,5%, y ha pasado de ser la segunda fuerza política del país -y primera de la derecha- al tercer lugar.

 

Siniestros buenos viejos tiempos

NEWSLETTER EUROPA

La nostalgia de la antigua RDA alimenta el auge de la extrema derecha en Alemania

 

No todo tiempo pasado fue mejor. De hecho, la mayoría de las veces fue peor de lo que la engañosa memoria sugiere. Que los mayores sientan nostalgia de su época de juventud, en la que -mejor o peor- tenían toda la vida por delante es comprensible. Que la sientan los jóvenes de un tiempo idealizado que no han vivido es más sorprendente. Pero, más allá de la ignorancia que denota -y que, vistos los niveles de comprensión lectora de nuestros escolares, no tiene visos de mejorar-, es un indicador del malestar y desconcierto que suscita el presente en parte de la sociedad

En Estados Unidos, muchos jóvenes -y algunos de sus mayores- ignoran de qué lado luchó su país en la Segunda Guerra Mundial, e incluso se preguntan hoy si no deberían haberse alineado con la Alemania hitleriana. En China, cuando se cumplen cincuenta años de su desaparición, algunos se inclinan con interés hacia la figura de Mao, mientras en España otros repiten irreflexivamente la letanía de que “con Franco se vivía mejor”. Sin tener, en ninguno de los casos, la menor idea de lo que están idealizando: falsas ensoñaciones de seguridad que enmascaran reales atrocidades.

En Alemania la edulcoración de la Historia tiene una particularidad: es doble. No solo se ha ido disipando el sentimiento de culpa por los crímenes cometidos por Hitler y los nazis -así como difuminando el recuerdo de la muerte y la destrucción que trajeron a su propio país-, sino que en la Alemania del Este se idealiza y añora hoy también el siniestro régimen comunista de la RDA. Es en esta zona del país, que vivió más de medio siglo bajo regímenes totalitarios -los años que van desde la neutralización del Parlamento por Hitler en 1933 a la caída del Muro de Berlín en 1989-, donde ha arraigado y se está expandiendo con más fuerza la extrema derecha.

La victoria aplastante de Alternativa para Alemania (AfD, en sus siglas en alemán) en las elecciones regionales del land de Sajonia-Anhalt, el domingo pasado, ha sido un auténtico aldabonazo, aunque no se puede decir que no se viniera venir. Los ultras de AfD, que nacieron como una fuerza euroescéptica antes de tomar la bandera contra la inmigración musulmana en 2015 -a raíz de la entrada masiva de refugiados sirios decidida por Angela Merkel-, han ido creciendo de forma sostenida durante la última década. Hasta llegar el domingo a erigirse por primera vez en la fuerza más votada en una elección regional: ganaron de calle con el 44% de los votos -rozando la mayoría absoluta- mientras se desplomaban los dos partidos del Gobierno, la CDU (17,5%) y el SPD (9%)

A nivel nacional, los sondeos de intención de voto les dan hoy también el primer lugar con un 28%, ocho puntos por delante de los democristianos. La media global, sin embargo, enmascara, dos hechos relevantes. En primer lugar, los votantes de AfD, entre ellos muchos jóvenes, son sobre todo masculinos (un estudio del Pew Research Center realizado en 2024 reveló que el 26 % de los hombres alemanes tenía una opinión positiva del AfD, frente a solo el 11% de las mujeres). Y en segundo lugar, aunque el crecimiento es general, el mapa electoral de Alemania muestra que este proceso de radicalización política tiene su centro de gravedad en los länder del Este, donde la reunificación alemana ha sido vivida con un sentimiento de desposesión y humillación.

Pongamos el foco en el land de Sajonia-Anhalt, uno de los menos poblados de Alemania (apenas un poco más de 2 millones de habitantes, con una población envejecida y muy diseminada). Se trata de una zona minera e industrial -fundamentalmente, química- en declive, que perdió numerosos empleos en los años posteriores a la reunificación, con un nivel de paro ligeramente por encima de la media del país, un salario medio por debajo del nacional y donde el retroceso demográfico amenaza el mantenimiento de una fuerza laboral suficiente para sostener el crecimiento económico. La baja densidad contribuye también a la progresiva desertificación comercial y de servicios en muchos núcleos de población. Un retrato que podemos ver repetido en las regiones “vaciadas” o en declive de muchos países europeos.

No todo el panorama es tan triste, sin embargo. Aquí, el precio de la vivienda es el más barato de Alemania. Y, lo que llama más la atención habida cuenta del resultado electoral del domingo, el nivel de presencia extranjera es relativamente bajo: la proporción de ciudadanos extranjeros en Sajonia-Anhalt es del 9%, que aumenta hasta un 11% si se cuenta a aquellos de origen foráneo que han adquirido la nacionalidad alemana. Pero este dato, al final, acaba pesando poco frente a la realidad virtual que difunden las redes sociales, donde el miedo campa a sus anchas.

“Lo que mis padres me enseñaron es que vivían en paz y tranquilidad, sin tener que sentir miedo en su propio país”, declaraba un joven sajón simpatizante de AfD a la BBC en relación con los ataques -reales o supuestos- perpetrados por solicitantes de asilo. No está claro que la vida real sea un pozo de violencia cometida por extranjeros como pretende el discurso de la extrema derecha, pero eso es lo que uno ve -constantemente, pertinazmente- en la red social X, gobernada por su propietario -el multimillonario norteamericano Elon Musk, ardiente partidario de AfD- como un gigantesco foro de agitación y propaganda, donde la desinformación ha adquirido proporciones estratosféricas. Basta entrar unos minutos en esa ciénaga para, sin buscarlo, toparse con continuas escenas de violencia protagonizadas por negros y árabes. La extrema derecha ha sido muy activa y muy hábil en las redes sociales -así en X como en TikTok-, mientras los partidos tradicionales perdían la conexión con una parte del electorado.

Si la ultraderecha europea tiene gradaciones -siendo aparentemente la más pragmática y consensual la de los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni-, la de Alternativa para Alemania se sitúa entre las más radicales, hasta el punto de que en Parlamento Europeo se sitúa al margen de los dos grandes grupos de esta ideología, el liderado por la primera ministra italiana y el de la francesa Marine Le Pen (Reagrupamiento Nacional)

Su programa de gobierno, como recordaba recientemente su líder, Alice Weidel, incluye deportar masivamente a los ciudadanos de nacionalidad -y acaso de origen- extranjero y en particular al más de un millón de refugiados sirios que residen en el país, algo que el canciller Friedrich Merz ha denunciado como “limpieza étnica” y que condujo en 2025 a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), los servicios de inteligencia interior alemanes, a declarar a AfD como un “caso confirmado de extremismo de derechas” cuyos postulados son “incompatibles con el orden constitucional democrático”.

Partidaria de denunciar el tratado de Schengen y cerrar totalmente las fronteras de Alemania, así como de abandonar el euro y recuperar el marco, un eventual acceso de AfD al gobierno de Alemania representaría también una amenaza existencial para Europa.

Desconfianza en el futuro. El último estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, en sus siglas en inglés), elaborado a partir de más de 5.000 entrevistas realizadas en seis países (entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, pero no España), ha constatado una brecha creciente entre las aspiraciones de los ciudadanos europeos y la confianza en sus dirigentes políticos. El 75% quiere más Europa, pero el 68% aprecia un deterioro progresivo del proyecto europeo y el 56% está convencido de que el futuro de una Unión cada vez más estrecha está en peligro. A juicio de los ciudadanos, los principales problemas son la guerra de Ucrania (47%) y las dificultades económicas (33%), pero no ven que las respuestas políticas sean adecuadas y el pesimismo alcanza ya a un 39%, El director del estudio, Pawel Zerka subraya que “cuando el futuro en el que creemos se desvanece, el pasado es un espacio muy atractivo para buscar otro futuro posible”. La nostalgia está de moda.

A vueltas con el Ártico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha viajado esta semana a Groenlandia para subrayar el compromiso de la UE con el futuro de esta isla ártica de Dinamarca, sobre la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado reiteradas veces sus apetitos territoriales. Von der Leyen, acompañada por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el premier groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, anunció el despliegue de una nueva estrategia hacia la isla que incluye 200 millones de euros más en inversiones y también un refuerzo de los vínculos políticos con el territorio. Ajeno a esta idas y venidas, Trump publicó en su red social particular, Truth, un mapa en el que la bandera de EE.UU. se extiende, por el sur, hacia México y el Caribe y, por el norte, a Canadá, Groenlandia e Islandia. Los islandeses, que recientemente rechazaron en referéndum reanudar las negociaciones de adhesión a la UE, han visto rápidamente como el presidente de EE.UU. ha tomado nota de su decisión…

Vivienda, problema europeo. La UE no tiene competencias explícitas en esta materia, pero está dispuesta a utilizar sus potestades para ayudar a los gobiernos a combatir el problema de la escasez y encarecimiento de la vivienda, que afecta a las ciudades de toda Europa. La Comisión Europea, a través de la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha presentado esta semana una iniciativa legislativa para proteger a las administraciones públicas que quieran limitar los alquileres turísticos temporales y las segundas residencias. Asimismo, hace una serie de recomendaciones, como incentivar fiscalmente el uso residencial a largo plazo de los pisos vacíos -por ejemplo, gravando con impuestos las viviendas sin uso-, facilitar el cambio de uso de oficinas a residencial o promover el arrendamiento de habitaciones para jóvenes y estudiantes.

Ocaso en el Kremlin

'Visión periférica'

El largo reinado de Vladímir Putin en Rusia podría haber entrado en su fase final. Así lo creen algunos analistas, que perciben en el líder ruso, amenazado por sus fracasos en Ucrania, una creciente debilidad. Lo que lo hace peligroso.

 

Está acabado Vladímir Putin? ¿Ha entrado el régimen dictatorial del presidente ruso en una fase inexorable de declive? ¿Puede empezar a vislumbrarse un final para los más de 26 años de gobierno del moderno zar de Rusia? Acorralado por sus fracasos militares en Ucrania, donde le está resultando imposible avanzar tras cuatro años y medio de guerra –aunque machaque con drones a los civiles de Kyiv y otras ciudades–, ahogado por las sanciones económicas internacionales –salvado únicamente por China, de la que se ha vuelto dependiente– y roto el consenso nacional primigenio en torno a su figura –por más que las amañadas elecciones legislativas del próximo 20 de septiembre no lo puedan reflejar–, cada vez más observadores creen que el tiempo de Putin al frente del Kremlin se está agotando. Aunque no por ello sea menos peligroso.

La guerra de Ucrania, el mayor y más grave error estratégico de Putin, es lo que va a acabar llevándole a la ruina. La mal llamada “operación militar especial” solo lo fue en los deficientes documentos del alto mando ruso y lo cierto es que tras cuatro años y medio de combates  la línea de frente está totalmente estancada. “Los avances rusos en el campo de batalla se acercan a cero, mientras que las fuerzas ucranianas están creando las condiciones para superar la guerra posicional”, constata el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en sus siglas en inglés)

Los masivos e indiscriminados bombardeos sobre la población civil ucraniana –con nuevas versiones de drones, propulsados por reactores y mucho más rápidos– han puesto en serias dificultades a Kyiv, que carece de suficientes misiles interceptores, básicamente Patriot. Pero no deja de ser una confesión de impotencia por parte de Moscú, incapaz de avanzar sobre el terreno y de conquistar todo el Donbass, hecho que –forzando la realidad– permitiría a Putin  cantar victoria.

Para acabar de ensombrecer el panorama del Kremlin, el ejército ucraniano no solo ha conseguido detener el avance ruso –con enjambres de drones que convierten el frente en un campo de la muerte– sino que ha llevado la guerra Rusia adentro, hasta el mismo Moscú. Los bombardeos selectivos ucranianos –contra puertos y refinerías, que han provocado escasez de carburante; contra los lanzadores de satélites Rassvet, con los que Rusia quiere suplir la falta de acceso a la red de Starlink; contra los buques cargueros en el mar Negro y  contra los grandes centros de distribución de las plataformas de comercio electrónico, como Wildberries– no solo provocan distorsiones económicas y logísticas, sino que empiezan a minar la moral ciudadana.  Y la confianza en el líder.

La marcha de la economía no contribuye a mejorar la perspectiva. El impulso inicial de la industria de guerra, que dopó el crecimiento, se ha frenado y el Gobierno se ha visto forzado a aprobar los primeros recortes en el presupuesto público (de hasta el 35%, fuera del capítulo de defensa) El gasto social es el que más  va a sufrir.

“El encanto de Putin se está desvaneciendo. El presidente ruso aún ostenta el poder absoluto, pero la magia se ha desvanecido. Empieza a asomar su verdadera cara: la de un viejo encorvado, agitado, casi frágil”, ha escrito en el medio independiente Meduza el politólogo ruso Alexander Baunov, para quien el punto de inflexión definitivo fue la toma de control de internet la pasada primavera, con el bloqueo de las más populares aplicaciones de mensajería –WhatsApp, Telegram– y la imposición de la oficial Max para que nada se le escape al Kremlin. Para los ciudadanos, a juicio de Baunov, eso significó una especie de ruptura del “contrato” tácito por el cual, a cambio de la pasividad política, se mantenía libre la vida privada.

A sus casi 74 años, el presidente ruso parece haber perdido su aura de invencibilidad. Su popularidad –alta, como no podría ser de otra manera en un país fuertemente controlado– ha experimentado sin embargo en los últimos meses una clara erosión: si hace un año estaba en el 87%, hoy está en el 76%, según el Centro Levada. Muy claro no lo verá el presidente ruso cuando este pasado agosto decidió prohibir que Yábloko, el único partido político legal en Rusia que se opone a la guerra, concurriera a las elecciones del día 20. Los sondeos otorgan la victoria a su partido, Rusia Unida, pero eso, con la oposición perseguida y encarcelada, tiene escaso valor.

Algunos analistas han empezado a abordar ya los escenarios post Putin. Entre ellos, Julian G. Waller, investigador del programa de Estudios de Rusia en el Centro para Análisis Navales  y profesor en la Universidad George Washington, quien en un artículo en Foreign Affairs titulado Después de Putin subraya la incertidumbre del proceso de sucesión, que el propio dictador ruso ha propiciado negándose a designar un posible heredero, lo que podría dar lugar una “caótica lucha de poder” entre las élites del régimen, sin descartar una tambaleante continuidad de la gerontocracia actual.

En este ambiente deletéreo, lo que más preocupa a los gobiernos occidentales es que el presidente ruso opte por una feroz huida hacia adelante para salvar su régimen –e incluso su persona–, promoviendo una escalada bélica en Ucrania y acaso en Europa, donde ya se ha percibido un incremento de las acciones de guerra híbrida (como el frustrado atentado contra un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig). El semanario The Economist avanzaba, citando fuentes rusas, que Putin estaría preparando una movilización extraordinaria de entre 300.000 y 400.000 soldados adicionales. Otras fuentes, aportadas por The Defense Post, alertan del riesgo de que el líder ruso pueda recurrir a armas nucleares tácticas como último recurso para doblegar a Ucrania. Un fin de reinado sombrío se está perfilando.