lunes, 7 de septiembre de 2026

Ocaso en el Kremlin

'Visión periférica'

El largo reinado de Vladímir Putin en Rusia podría haber entrado en su fase final. Así lo creen algunos analistas, que perciben en el líder ruso, amenazado por sus fracasos en Ucrania, una creciente debilidad. Lo que lo hace peligroso.

 

Está acabado Vladímir Putin? ¿Ha entrado el régimen dictatorial del presidente ruso en una fase inexorable de declive? ¿Puede empezar a vislumbrarse un final para los más de 26 años de gobierno del moderno zar de Rusia? Acorralado por sus fracasos militares en Ucrania, donde le está resultando imposible avanzar tras cuatro años y medio de guerra –aunque machaque con drones a los civiles de Kyiv y otras ciudades–, ahogado por las sanciones económicas internacionales –salvado únicamente por China, de la que se ha vuelto dependiente– y roto el consenso nacional primigenio en torno a su figura –por más que las amañadas elecciones legislativas del próximo 20 de septiembre no lo puedan reflejar–, cada vez más observadores creen que el tiempo de Putin al frente del Kremlin se está agotando. Aunque no por ello sea menos peligroso.

La guerra de Ucrania, el mayor y más grave error estratégico de Putin, es lo que va a acabar llevándole a la ruina. La mal llamada “operación militar especial” solo lo fue en los deficientes documentos del alto mando ruso y lo cierto es que tras cuatro años y medio de combates  la línea de frente está totalmente estancada. “Los avances rusos en el campo de batalla se acercan a cero, mientras que las fuerzas ucranianas están creando las condiciones para superar la guerra posicional”, constata el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en sus siglas en inglés)

Los masivos e indiscriminados bombardeos sobre la población civil ucraniana –con nuevas versiones de drones, propulsados por reactores y mucho más rápidos– han puesto en serias dificultades a Kyiv, que carece de suficientes misiles interceptores, básicamente Patriot. Pero no deja de ser una confesión de impotencia por parte de Moscú, incapaz de avanzar sobre el terreno y de conquistar todo el Donbass, hecho que –forzando la realidad– permitiría a Putin  cantar victoria.

Para acabar de ensombrecer el panorama del Kremlin, el ejército ucraniano no solo ha conseguido detener el avance ruso –con enjambres de drones que convierten el frente en un campo de la muerte– sino que ha llevado la guerra Rusia adentro, hasta el mismo Moscú. Los bombardeos selectivos ucranianos –contra puertos y refinerías, que han provocado escasez de carburante; contra los lanzadores de satélites Rassvet, con los que Rusia quiere suplir la falta de acceso a la red de Starlink; contra los buques cargueros en el mar Negro y  contra los grandes centros de distribución de las plataformas de comercio electrónico, como Wildberries– no solo provocan distorsiones económicas y logísticas, sino que empiezan a minar la moral ciudadana.  Y la confianza en el líder.

La marcha de la economía no contribuye a mejorar la perspectiva. El impulso inicial de la industria de guerra, que dopó el crecimiento, se ha frenado y el Gobierno se ha visto forzado a aprobar los primeros recortes en el presupuesto público (de hasta el 35%, fuera del capítulo de defensa) El gasto social es el que más  va a sufrir.

“El encanto de Putin se está desvaneciendo. El presidente ruso aún ostenta el poder absoluto, pero la magia se ha desvanecido. Empieza a asomar su verdadera cara: la de un viejo encorvado, agitado, casi frágil”, ha escrito en el medio independiente Meduza el politólogo ruso Alexander Baunov, para quien el punto de inflexión definitivo fue la toma de control de internet la pasada primavera, con el bloqueo de las más populares aplicaciones de mensajería –WhatsApp, Telegram– y la imposición de la oficial Max para que nada se le escape al Kremlin. Para los ciudadanos, a juicio de Baunov, eso significó una especie de ruptura del “contrato” tácito por el cual, a cambio de la pasividad política, se mantenía libre la vida privada.

A sus casi 74 años, el presidente ruso parece haber perdido su aura de invencibilidad. Su popularidad –alta, como no podría ser de otra manera en un país fuertemente controlado– ha experimentado sin embargo en los últimos meses una clara erosión: si hace un año estaba en el 87%, hoy está en el 76%, según el Centro Levada. Muy claro no lo verá el presidente ruso cuando este pasado agosto decidió prohibir que Yábloko, el único partido político legal en Rusia que se opone a la guerra, concurriera a las elecciones del día 20. Los sondeos otorgan la victoria a su partido, Rusia Unida, pero eso, con la oposición perseguida y encarcelada, tiene escaso valor.

Algunos analistas han empezado a abordar ya los escenarios post Putin. Entre ellos, Julian G. Waller, investigador del programa de Estudios de Rusia en el Centro para Análisis Navales  y profesor en la Universidad George Washington, quien en un artículo en Foreign Affairs titulado Después de Putin subraya la incertidumbre del proceso de sucesión, que el propio dictador ruso ha propiciado negándose a designar un posible heredero, lo que podría dar lugar una “caótica lucha de poder” entre las élites del régimen, sin descartar una tambaleante continuidad de la gerontocracia actual.

En este ambiente deletéreo, lo que más preocupa a los gobiernos occidentales es que el presidente ruso opte por una feroz huida hacia adelante para salvar su régimen –e incluso su persona–, promoviendo una escalada bélica en Ucrania y acaso en Europa, donde ya se ha percibido un incremento de las acciones de guerra híbrida (como el frustrado atentado contra un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig). El semanario The Economist avanzaba, citando fuentes rusas, que Putin estaría preparando una movilización extraordinaria de entre 300.000 y 400.000 soldados adicionales. Otras fuentes, aportadas por The Defense Post, alertan del riesgo de que el líder ruso pueda recurrir a armas nucleares tácticas como último recurso para doblegar a Ucrania. Un fin de reinado sombrío se está perfilando.


Posfascismo pragmático

Newsletter 'Europa'

Ceuta confirma que los partidos conservadores europeos asumen el marco ideológico de la extrema derecha en materia de inmigración


Para Giorgia Meloni la crisis de Ceuta no supone un problema. Lo es para Pedro Sánchez -y grave-, pero no para la primera ministra italiana, que claramente ha exagerado el riesgo de que una parte de los 8.000 inmigrantes que se acumulan todavía en el enclave español -la inmensa mayoría de los más de 70.000 que asaltaron la frontera española el 30 y 31 de julio volvieron sobre sus pasos enseguida- puedan acabar desembocando en Italia. Más preocupante es para Meloni el flujo constante de inmigrantes irregulares que siguen llegando por el sur de su país, a través de la ruta del Mediterráneo central: por esta vía arribaron a Europa entre enero y julio 16.454 personas, un número superior al de las que entraron por España sumando todas las rutas (11.537 por el Mediterráneo y 2.856 por Canarias), según los últimos datos Frontex.

Sin embargo, a ningún país europeo -exceptuando a España, que lo ha hecho como represalia- se le ha ocurrido suspender la aplicación del tratado de libre circulación de Schengen con el país transalpino. Tampoco se ha oído por el momento ninguna voz pidiendo el restablecimiento de los controles fronterizos con Italia después de que haya trascendido que uno de los agentes rusos identificados por Alemania como sospechosos de ser los autores del frustrado atentado en el aeropuerto de Leipzig tenía un visado italiano. Y, sin embargo, Italia sí lo ha hecho con España.

Pese a que el discurso oficial pretende lo contrario, Italia no tiene tantas lecciones que dar en Europa sobre gestión de la inmigración. Y no solo porque la ruta del Mediterráneo central sigue siendo el principal foco de inmigración irregular hacia la UE, sino porque la receta mágica –“innovadora”, la llaman- de crear centros externos de deportación en terceros países, que el Ejecutivo italiano ha puesto en práctica en Albania, se ha demostrado un fiasco (cuestionados por la Justicia italiana, los centros llevan dos años prácticamente vacíos)

No deja de ser paradójico que, pese a esta realidad, la Comisión Europea y la mayoría de los gobiernos de la UE se hayan abonado acríticamente a la idea de externalizar los centros de deportación de extranjeros siguiendo el modelo italiano como si fuera el bálsamo de Fierabrás. Pero el discurso de la posfascista pragmática Meloni -como la ha definido The New York Times- es lo que se lleva hoy mayoritariamente en Europa.

La demostración más palmaria fue el seguidismo que la mayoría de gobiernos europeos hizo de la iniciativa capitaneada por Meloni y la presuntamente socialdemócrata primera ministra danesa, Mette Frederiksen, para culpar al Gobierno español de la crisis de Ceuta, vinculándola a la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes residentes en España. Un total de 22 países -mayoría absoluta- firmaron una beligerante carta reclamando el restablecimiento de los controles fronterizos con nuestro país. Italia lo hizo y España le respondió con la misma moneda. Ambos gobiernos han prolongado de nuevo esta semana la suspensión de Schengen por otros quince días.

Llamativa es, por contraste, la inhibición europea -coincidente aquí con la del Gobierno español- a la hora de imputar y reclamar responsabilidades a Marruecos por lo sucedido en Ceuta. Llamativo pero no sorprendente, puesto que la apuesta europea por subcontratar el control de los flujos migratorios con los países del sur del Mediterráneo -aparcando toda preocupación por los métodos- implica darles la llave del grifo.

La penosa falta de solidaridad demostrada por los europeos con España -solo cuatro países rehusaron sumarse al ataque contra el Gobierno de Sánchez: Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal- sienta un precedente preocupante y la principal instigadora, la propia Italia, va a empezar a sufrirlo en sus propias carnes: aprovechando la entrada en vigor en junio del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y a la chita callando, varios países del centro y el norte -Alemania, Austria, Finlandia, Países Bajos y Suecia- se han propuesto ya empezar a reenviar a Italia a miles de inmigrantes irregulares -podrían rondar los 10.000- detectados en su suelo que habían entrado por este país.

No, el problema de Meloni no es Ceuta. No lo ha sido nunca. Su problema se llama Roberto Vannacci, un exgeneral de extrema derecha cuyo partido, Futuro Nacional, compite ferozmente con el partido de la primera ministra italiana, el posfascista Hermanos de Italia, y se muestra mucho más radical en lo que constituye el asunto estrella de su fondo de comercio: la inmigración. Y que, a menos de un año de las próximas elecciones legislativas -que podrían ser adelantadas a abril- tiene una expectativa de voto del 7%, igual o por delante de los dos socios de gobierno de la primera ministra italiana -la Forza Italia de Antonio Tajani y la Liga de Matteo Salvini-, lo que podría poner en peligro la feliz continuidad del actual gobierno Duracell.

Este escenario está lejos de constituir una particularidad italiana. Por el contrario, es hoy el fenómeno mayoritario en Europa, donde la derecha tradicional de origen democristiano ha emprendido una acusada deriva hacia las tesis de la extrema derecha -particularmente en lo referido a la inmigración extranjera de raíz islámica-, hasta el punto de validar y convertir en mainstream el marco ideológico de los ultras, que ya no disimulan el sustrato racista y xenófobo de sus planteamientos. Esta carrera a ninguna parte de los conservadores por frenar la sangría de votos a su derecha no ha hecho más que alimentar a los ultras. Hoy, en los dos grandes países fundadores de Europa, que son a su vez las dos grandes potencias económicas y militares del continente, Alemania y Francia, la extrema derecha encabeza los sondeos de intención de voto.

El último Eurobarómetro disponible elaborado por el Parlamento Europeo -el de primavera- dibuja un panorama de la opinión pública en los 27 muy alejada de la histeria colectiva que azuzan las redes sociales y los bots internacionales -así sean rusos o norteamericanos- y replican las fuerzas políticas contra la presencia de población extranjera. Los tres asuntos que más preocupan a los ciudadanos y que a su juicio deberían ser abordados de forma prioritaria son la inflación (47%), la economía y el empleo (35%) y la defensa y seguridad (34%). La inmigración y la política de asilo (19%) aparecen en novena posición. En lugar de atender a este dato, los partidos históricos de la derecha europea siguen empecinados en dar vueltas obsesivas alrededor del tema de la inmigración, en lo que constituye una dramática pulsión suicida.

 

El ‘no’ de Islandia. Si uno de los principales argumentos que tenían los islandeses para querer integrarse en Europa era la reconfortante sensación de no estar solos frente a los apetitos de las grandes potencias internacionales en el Ártico -ahí están los Estados Unidos de Donald Trump queriendo quedarse con Groenlandia-, los sucesos de Ceuta habrán sido un gran antídoto: la crisis con Marruecos ha demostrado que la solidaridad europea no va de soi, depende del país que la necesita, del motivo, de las circunstancias y del color político de quien gobierna. Visto lo visto, y celosos como son de sus importantes caladeros de pesca -cuyo control se resisten a compartir-, los islandeses votaron el domingo pasado -por 52,8% a 47,2%- contra la reanudación de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, interrumpidas desde el 2015. El resultado del referéndum consultivo ha caído como un jarro de agua fría en la UE, que aún se pregunta el porqué de tal desafección.

Guerra híbrida. No hay como ser la primera potencia europea para que la solidaridad de los 27 se active automáticamente. Así ha sucedido con Alemania, víctima de una perceptible escalada en la guerra híbrida que la Rusia de Vladímir Putin libra contra Europa, que ha suscitado el cierre de filas de la UE y de la OTAN. El Gobierno de Friedrich Merz acusó oficialmente el martes a Moscú del atentado frustrado -con un dron cargado de explosivos- el pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig, que tenía como objetivo un avión de carga ucraniano. Berlín tomó varias decisiones como represalia, entre ellas el cierre de la Casa Rusa, en la capital alemana, un gran centro cultural que los servicios secretos sospechan era utilizado como centro de propaganda y espionaje. El Kremlin respondió haciendo lo mismo con el Instituto Goethe.

El club de Draghi. Cansado de la lentitud con que la UE aborda la implementación de sus recomendaciones para impulsar la competitividad del continente, el ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha decidido crear un lobby, junto con el presidente de la empresa de servicios financieros Stripe, Patrick Collison, para favorecer la adopción de las medidas que propugnaba en su célebre informe. Bautizado como Grupo Rhin y dirigido por el economista y ex eurodiputado español Luis Garicano, reúne a una sesentena de economistas, empresarios y banqueros, incluidos tres premios Nobel: Philippe Aghion, Bengt Holmström y Katalin Karikó. Otros miembros españoles son el presidente del BBVA, Carlos Torres; la exministra Cristina Garmendia, presidenta de la fundación para la innovación Cotec, y el profesor y exconseller de la Generalitat Andreu Mas-Colell, presidente del patronato del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)

 

miércoles, 26 de agosto de 2026

A Trump se le escapa el mundo

Visión periférica

Fuera de América Latina, donde EE.UU. está imponiendo su ‘imperium’ en una actualización de la doctrina Monroe, la política exterior de Donald Trump zozobra, así en Europa como en Asia y Oriente Medio, su talón de Aquiles.

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Unas veces con el puño en alto, otras con el pulgar extendido, al presidente de Estados Unidos le gusta transmitir constantemente una imagen de fortaleza y seguridad en sí mismo. El hombre más poderoso del país más poderoso del mundo no concibe otro horizonte que el triunfo, otro desenlace que la victoria. Para Donald Trump no hay nada peor en este mundo que ser un perdedor, un loser. Y, sin embargo, con una popularidad a escala interna en caída libre (solo el 33% de los estadounidenses aprueba su gestión) y serios fracasos a escala internacional, su trayectoria está tomando justamente ese rumbo.

La errática y caprichosa política exterior de Trump ha conducido a EE.UU. a una situación paradójica en la que pesan más los fracasos autoinfligidos que los éxitos. Si bien su apuesta por actualizar la doctrina Monroe –rebautizada, naturalmente, como Donroe– para reforzar su dominio sobre el conjunto del continente americano parece estar funcionando, al menos a corto plazo, en el resto del mundo la hegemonía de la primera potencia mundial está haciendo agua.

En América Latina, la gran baza que puede presentar Trump –quien todavía se regala con la operación que condujo a la captura de Nicolás Maduro– es la puesta de Venezuela bajo tutela, con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el papel de virrey controlando la explotación y comercialización –ingresos incluidos– del petróleo venezolano (lo de la democratización del régimen, eso, parece menos prioritario). Junto al control de Venezuela, al que puede acabar sumándose Cuba, Trump ha contado con una oleada de victorias electorales de la derecha y la extrema derecha, del Caribe a la Patagonia, que han afianzado su im­pronta y se han traducido ya en la constitución de una gran coalición militar para combatir a los cárteles de la droga, en la que participan 19 países. Solo los tres grandes –Brasil, Canadá y México– se escapan al afán de control de Washington.

Pero, fuera del hemisferio occidental, todo lo demás patina. En Europa, la alianza trasatlántica se debilita a ojos vistas, mientras Washington –en un espectacular giro doctrinal– ha dejado de tratar a Rusia como un adversario, sin que por ello haya conseguido poner fin a la guerra de Ucrania. Recientemente, el Gobierno estadounidense envió a sus socios de la OTAN un cuestionario para evaluar no ya el compromiso europeo con la defensa común, sino su respaldo a la política exterior de Washington, con vistas a una reasignación de sus recursos militares en el continente (que, más allá de su reparto entre buenos y malos, serán reducidos).

En Asia, teóricamente la segunda gran prioridad de la política exterior norteamericana, la práctica dista mucho de lo que cabría deducir del documento de Estrategia de Seguridad Nacional aprobado hace menos de un año. Terminado provisionalmente en tablas el gran pulso comercial con China lanzado por el presidente norteamericano en el 2025, la realidad es que también aquí EE.UU. está dejando de la mano a sus aliados históricos –esta misma semana ha desairado a Corea del Sur mientras mostraba su complicidad con el dictador norcoreano, Kim Jong Un– y ha debilitado su despliegue militar en la región a causa de sus azarosas aventuras en otros escenarios.

¿Todo ello, para qué? Para intervenir en una región del mundo, Oriente Medio, de la que formalmente el trumpismo parecía decidido a desentenderse (“Los días en que Oriente Medio dominaba la política exterior americana (...) afortunadamente han acabado”, rezaba el nuevo y sin embargo ya caduco documento de Estrategia de Seguridad Nacional, aprobado en noviembre del 2025).

Oriente Medio se ha convertido en el verdadero talón de Aquiles de Trump. Un auténtico agujero negro. La irreflexiva y desnortada intervención armada contra Irán –arrastrado por Israel– se ha convertido en una catástrofe militar, económica y geopolítica. Convertida en una guerra interminable, ha fragilizado como ninguna otra la imagen de EE.UU., que aparece como un gigante impotente. Hasta el punto de que todo el mundo en la región, tanto enemigos como aliados, se le está subiendo a las barbas.

El conflicto con Irán, que se arrastra desde hace ya casi seis meses, amenaza con enquistarse indefinidamente, vista la incapacidad militar de EE.UU. para doblegar al régimen de los ayatolás, que, lejos de rendirse a sus –vacuas– amenazas, ha redoblado sus exigencias para reabrir Ormuz. ¡Hasta le reclama reparaciones económicas! Mientras tanto, todos los objetivos iniciales de la guerra parecen estar decayendo para centrarse prioritariamente en la reapertura del estrecho, por el que antes de la guerra pasaba el 20% de la producción mundial de petróleo y gas licuado sin ninguna restricción a la navegación. ¿Todo eso para esto?

No solo los enemigos le alzan la voz a Trump: los propios aliados de EE.UU. osan también contestarle. El primero de ellos, corresponsable del desastre, es el primer ministro de Israel, Beniamin Netanyahu, que ha rechazado la hoja de ruta del presidente estadounidense para Gaza. El premier israelí reiteró su rechazo esta semana al enviado especial, el yernísimo Jared Kushner.

Tan débil aparece hoy EE.UU., tanto política como militarmente –corto de misiles y de municiones antiaéreas, obligado a trasladar a la zona el último portaaviones que le quedaba patrullando en el Pacífico–, que su principal aliado árabe ha buscado otros cobijos. Así, Arabia Saudí firmó el pasado día 7 con Turquía y Pakistán un pacto tripartito de defensa que consolida un nuevo eje de poder islámico suní, frente a la amenaza del Irán chií.

No es de extrañar que últimamente los puños en alto y los pulgares extendidos de Trump sean cada vez más mecánicos, más desganados. Y su semblante, más serio, más cerrado.

lunes, 10 de agosto de 2026

Europa naufraga en el Estrecho

'Visión periférica'

A diferencia de lo que sucedió con la oleada migratoria sufrida por Polonia en 2021, la avalancha de 72.000 personas sobre Ceuta, en lugar de suscitar la unidad y solidaridad de la UE, ha mostrado las divisiones y miserias europeas.


Noviembre de 2021. La frontera entre Polonia y Bielorrusia se convierte en un coladero. El régimen del dictador bielorruso Alexander Lukashenko –aliado-vasallo de la Rusia de Vladímir Putin– lanza contra la Unión Europea a decenas de miles de inmigrantes y refugiados procedentes de Irak y Siria, con engaños y en viajes organizados, en una clara maniobra de desestabilización. En ese momento no se sabe aún, pero Moscú está preparando ya la invasión de Ucrania para cuatro meses después.

Unas 40.000 personas acabarían entrando en Europa en 2021 a través de los bosques del este de Polonia, antes de que Varsovia tuviera tiempo de levantar una valla a lo largo de la frontera y enviar refuerzos para frenar la avalancha. El suceso suscitó la solidaridad unánime de la UE y la OTAN, que denunciaron un acto de guerra híbrida de Rusia y sus aliados contra Europa. A nadie se le ocurrió responsabilizar de ello al Gobierno polaco de la época, del ultraconservador partido de Jarosław Kaczyński, Ley y Justicia (PiS)

Algunos países cercanos intensificaron en aquel momento el control de las fronteras interiores, pero ningún gobierno suspendió oficialmente la aplicación del tratado de libre circulación de Schengen (aunque lo cierto es que  desde que en el 2015 la canciller Angela Merkel decidió abrir de par en par las fronteras de Alemania a un millón de refugiados sirios, una decena de países realizaban ya –y aún lo hacen– controles fronterizos aleatorios)

Cinco años después de los sucesos de Polonia, el asalto a la frontera hispano-marroquí de Ceuta por 72.000 migrantes en apenas 48 horas –la mayoría de los cuales ha sido ya devuelto al otro lado– ha suscitado reacciones muy diferentes y revelado las fracturas que amenazan la cohesión de la UE. Nadie, absolutamente nadie –ni el Gobierno español ni ninguno de los gobiernos europeos, ni la Comisión Europea–, se ha atrevido a señalar con el dedo a Marruecos, responsable por acción u omisión de lo sucedido. Han preferido mirar hacia otro lado –demasiados intereses en juego– y, en su lugar, lanzarse a vergonzosos ajustes de cuentas políticos internos, antes de dar marcha atrás en la reunión de ministros europeos del Interior del pasado martes. Por su parte, la OTAN  ha guardado un espeso silencio.

Tres países, Italia, Dinamarca y Finlandia, encabezaron el ataque contra el Gobierno español, al que culparon de la crisis de Ceuta por su política migratoria. Al frente de la manifestación se destacaron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder del posfascista Hermanos de Italia, y la premier danesa, Mette Frederiksen –dirigente socialdemócrata partidaria de una línea dura próxima a la de la ultraderecha–, quienes plantearon que se valorara excluir a España del espacio Schengen. Un total de 22 países firmaron una beligerante carta en este sentido e Italia empezó a controlar a los españoles.

Solo cuatro gobiernos europeos se excluyeron de la maniobra. Dejando a un lado Irlanda –obligada a ser neutral por ostentar la presidencia semestral de la Unión–, únicamente se desmarcaron Francia, Luxemburgo y Portugal. El Gobierno francés denunció que la polémica carta “tenía como objetivo principal instrumentalizar la oleada migratoria en Ceuta en contra del Gobierno español”.

“La respuesta de los líderes nacionales [europeos] a Ceuta fue desinformada y egoísta, lo que debilitó la unidad europea y proporcionó a los enemigos de Europa precisamente la narrativa que buscaban”, ha advertido Alberto Alemanno, profesor de Derecho europeo en la HEC de París y el Colegio de Europa de Brujas.

 La derecha y la extrema derecha europeas, cada vez más indistinguibles en su insomne competición por captar el voto del miedo al extranjero en sus respectivos países, se han lanzado a degüello contra el presidente español, el díscolo Pedro Sánchez,  a quien acusan de haber alentado un supuesto “efecto llamada” con la actual regularización masiva de inmigrantes.

La realidad, sin embargo, contradice  este discurso tremendista. Según datos frescos de la agencia europea Frontex, en el primer semestre de este año las entradas irregulares de inmigrantes por la ruta del Mediterráneo central –esto es, a través de la estricta Italia– alcanzaron la cifra de 14.340, un número superior al de las llegadas registradas en la laxa España (11.574) a través de la ruta del Mediterráneo occidental y la de Canarias. Lo mismo sucedió en el conjunto de 2025: Italia encajó 66.328 inmigrantes irregulares por 36.683 España. Mal que le pese a Meloni.

Mientras los europeos ofrecen al resto del mundo el penoso espectáculo de su división, Marruecos ha vuelto a demostrar su enorme capacidad de desestabilización. Tras la anterior oleada migratoria sobre Ceuta, en  mayo del 2021 –más limitada, fueron 10.000 personas–, logró que Madrid se sumara a sus tesis sobre el Sahara Occidental. Orquestada o solamente aprovechada de forma oportunista, veremos en qué desemboca la crisis actual.

En cualquier caso, si Marruecos se muestra tan desenvuelto con la UE –su principal socio comercial y el mayor agente inversor exterior en el país–, es porque se ha  consolidado como un aliado  protegido de Estados Unidos. La relación entre Rabat y Washington se ha estrechado especialmente con Donald Trump (incorporación de Marruecos a los Acuerdos de Abraham con Israel, revalorización geoestratégica en un contexto de enfriamiento con Europa) y en el mundo MAGA hay ya quien avala las reivindicaciones territoriales de Rabat sobre Ceuta y Melilla.

Pero la alianza entre EE.UU. y el reino alauí viene de lejos. Marruecos fue el primer país africano en firmar con Washington un acuerdo bilateral comercial en el 2004, estando George W. Bush, que le concedió también el estatuto de aliado preferente. La cercanía entre ambos países se puso  en evidencia durante la crisis de Perejil, en julio del 2002, cuando Marruecos retó a España invadiendo ese disputado islote del Estrecho y provocando la intervención militar española. El entonces presidente José María Aznar se quedó solo también en aquel envite, con la UE y la OTAN mirando hacia otro lado –si no criticando a España–, y EE.UU. presionándole, a través del secretario de Estado Colin Powell, para que retirara sus tropas.

Los años pasan. Marruecos mantiene su rumbo. Y la UE sigue naufragando.

 

 

domingo, 28 de junio de 2026

Trump, enfangado


'Visión periférica'

A Estados Unidos le costó veinte años, 58.000 muertos, 150.000 millones de dólares de la época y cinco presidentes darse cuenta de que la de Vietnam (1955-1975) era una guerra que no conducía a ninguna parte y que no podía ganar. Donald Trump ha tardado mucho menos en llegar a la conclusión de que la guerra lanzada con Israel contra Irán estaba abocada al fracaso. Entre los primeros bombardeos, el 28 de febrero, y la firma del memorándum de entendimiento entre ambos países, rubricado por el presidente de EE.UU. en el palacio de Versalles el 17 de junio, han pasado tres meses y medio. La rapidez en activar el freno es la única decisión que cabe apuntar en el haber de Trump. En el debe, en cambio, la lista es interminable.

Embrujado por las promesas del primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu, de una victoria rápida y fácil que desembocaría en el colapso inmediato del régimen iraní, Trump se embarcó en una guerra mal planificada y sin objetivos claramente definidos, de la que además no había calibrado las consecuencias (el bloqueo del estrecho de Ormuz cogió aparentemente por sorpresa a la Casa Blanca)

EE.UU. ha arruinado su capital político entre sus aliados del Golfo, a los que no ha sido capaz de proteger

Lo que mal empieza raramente acaba bien. Y el resultado está a la vista: el régimen de los ayatolás no solo no ha caído, sino que la guerra ha reforzado a los sectores más radicales vinculados a la Guardia Revolucionaria. Y, aunque muy fuertemente castigado y con la economía por los suelos, el país mantiene gran parte de su arsenal de misiles y drones, así como el uranio enriquecido con el que podría reactivar su programa nuclear. Al final, el estrangulamiento de Ormuz –por donde transitaba antes de la guerra un 20% del petróleo y el gas mundiales– y su impacto sobre la economía global, así como sobre la inflación en EE.UU., ha acabado siendo lo que ha forzado a Trump a ceder.

El memorándum de acuerdo firmado con Irán ha sido percibido como una capitulación por la propia derecha estadounidense y ha causado una honda irritación en Israel, que lo ve como una traición (Netanyahu ha intentado socavarlo manteniendo su ofensiva militar en Líbano, a costa de llevar la relación con Washington a su momento más bajo). La opinión de los analistas es devastadora: la guerra de Irán ha sido, a juicio de Ian Bremmer, presidente del Eurasia Group, “el peor error de política exterior de EE.UU. desde la guerra de Irak” y para el politólogo Paul Musgrave, profesor de la Universidad de Georgetown en Qatar, “una derrota estratégica mayor que la de Vietnam”.

Unos operarios tratan de retirar algas del estanque del Lincoln Memorial en Washington
Unos operarios tratan de retirar algas del estanque del Lincoln Memorial en WashingtonJacquelyn Martin / Ap-LaPresse

Por el camino, EE.UU. ha arruinado su capital político entre sus aliados del Golfo –Arabia Saudí, Emiratos, Baréin, Qatar, Kuwait–, que han visto cómo eran víctimas de las represalias iraníes sin que Washington fuera capaz de protegerles.

Se mire por donde se mire, de entre los 14 puntos del memorándum la reapertura de Ormuz es el único logro de EE.UU., algo que difícilmente se puede presentar como una hazaña si se tiene en cuenta que antes de la guerra no había bloqueo alguno y el tránsito era totalmente libre.

El pacto, por el cual ambas partes se dan un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, prevé asimismo el fin del bloqueo norteamericano en el golfo de Omán, la creación de un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán, el levantamiento gradual de las sanciones, la autorización para exportar el petróleo iraní y el acceso de Teherán a sus activos congelados.

Irán se compromete a no desarrollar ni comprar armas atómicas, pero la cuestión de su programa nuclear y del uranio queda pendiente de las negociaciones. Del memorándum han desaparecido dos de las cuestiones que antes aparecían como fundamentales: la limitación del arsenal balístico iraní y su apoyo a la miríada de milicias chiíes de la región (Hizbulah, Hamas y los hutíes yemeníes). ¿Se parece esto en algo a una rendición incondicional?

De momento, los primeros pasos de la negociación, conducida en Lucerna (Suiza) por el vicepresidente J.D Vance, confirman las primeras impresiones: Washington ha levantado por 60 días el veto a las exportaciones de petróleo y, según Teherán, serán descongelados 12.000 millones de dólares de sus fondos.

A cambio, Vance aseguró que el Gobierno iraní ha aceptado el retorno de los inspectores internacionales para controlar su programa nuclear. Este extremo, que Vance presentó como un “hito”, es lo que ya existía con el acuerdo de 2015 patrocinado por Barack Obama y que Trump no ha cesado de deplorar como el “peor acuerdo jamás suscrito EE.UU.”. Cuando Trump lo rompió unilateralmente en 2018, Irán restringió el acceso de los inspectores y les cerró definitivamente las puertas a raíz del ataque israelo-norteamericano de junio del 2005 contra sus plantas nucleares. Volvemos a la casilla de salida.

Mientras tanto, el presidente de EE.UU. parece absorbido por un asunto menor, casi ridículo, que ilustra a la perfección su modo de gobernar. Se trata de las obras de reforma del gran estanque reflectante del Lincoln Memorial de Washington. Tras acusar repetidamente a sus predecesores de haber dejado que la lámina de agua se echara a perder, ordenó vaciar el estanque y pintar el fondo de color “azul bandera americana”. Las obras, encargadas a la empresa de un donante de su campaña, han acabado costando un dineral –14,2 millones de dólares, según The   New York Times – y la reforma se ha revelado un fiasco: a causa del fondo oscuro, el agua se calienta más rápido y enseguida han empezado a proliferar algas que la han dejado de color verde. Lejos de admitir error alguno, Trump ha atribuido el desastre a acciones vandálicas de “lunáticos de la izquierda radical, muy probablemente demócratas”. En el caso de Irán aún no lo ha hecho. Al tiempo.

Afganistán: las expulsiones primero, las mujeres después

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Dos semanas antes de que el último soldado norteamericano -el general Chris Donahue, comandante de la 82.ª división aerotransportada de Estados Unidos- subiera al último avión y abandonara definitivamente Afganistán, el 30 de agosto de 2021, dejando el país en manos de los talibanes tras dos décadas de guerra, seis gobiernos de la Unión Europea –Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos- dirigieron una carta a la Comisión Europea en la que manifestaban su rechazo a suspender las deportaciones de ciudadanos afganos a su país. Dos semanas solamente, apenas quince días antes de la caída de Kabul y de la caótica retirada occidental, con el ejército afgano ya en plena desbandada ante la ofensiva de los islamistas, esos seis gobiernos seguían aferrándose a la ficción de que Afganistán era un “país seguro” y advertían que suspender las deportaciones era una “señal equivocada”.

Así que, cinco años después, no es de extrañar que el primer contacto oficial de la UE con responsables gubernamentales del régimen talibán, este martes en Bruselas -un encuentro vergonzante, sin fotos, para el que el Gobierno belga expidió visados de solo 24 horas-, fuera para volver a hablar de deportaciones. El objetivo: coordinar la expulsión a su país de ciudadanos afganos que hayan cometido delitos graves o representen una amenaza para la seguridad en Europa. Todo muy técnico.

Detrás de la iniciativa, conducida por el comisario de Interior y Migración, el democristiano Magnus Brunner, del Partido Popular Austriaco (ÖVP), y coordinada con el Gobierno de Suecia -un ejecutivo de centroderecha con apoyo parlamentario de la ultraderecha-, hay una quincena de países, a la mayoría de los cuales les da reparo hacer públicos sus nombres. Se sabe que en el encuentro participaron representantes de Bélgica y Dinamarca. Y que, por su parte, Alemania se ha organizado por su cuenta: pactó con los talibanes ya en 2024 y esta semana el gobierno del canciller Friedrich Merz ha acordado con Kabul aumentar la cadencia de expulsiones.

Europa no reconoce al régimen de los talibanes y ningún país de la UE tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Kabul. La Unión como tal mantiene una delegación en la capital afgana cuya principal misión es coordinar la entrega de ayuda humanitaria a la población, que se canaliza a través de la ONU y oenegés sobre el terreno (desde 1994 la UE ha distribuido ayuda por valor de 2.000 millones de euros)

Sobre el papel, esto no va a cambiar: “No vamos a reconocer al régimen, pero pienso que es importante hablar con ellos”, se justificó Brunner. Los talibanes, que no se engañan, ven aquí una puerta abierta. El portavoz del Ministerio de Exteriores afgano, Abdul Qahar Balkhi, que encabezó la delegación talibán, expresó su confianza en que este primer encuentro sirva para “ampliar todavía más el espacio de cooperación basado en el respeto mutuo y los beneficios compartidos”. Su objetivo es que Europa acepte a sus representantes en las embajadas y consulados afganos.

Lindante con la paranoia, la obsesión europea por expulsar a los inmigrantes en situación irregular por encima de cualquier otra consideración política, económica o moral -ahí está la iniciativa de construir centros de internamiento y deportación para extranjeros en terceros países, entre los que algunos barajan Ruanda y Uzbekistán- ha dejado en segundo plano un asunto que hace cinco años pasaba por ser la principal preocupación de Europa: la trágica suerte de las mujeres en Afganistán. No consta que se hablara de ellas para nada en la reunión.

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Un combatiente talibán monta guardia mientras mujeres esperan para recibir raciones de alimentos en Kabul Ebrahim Noroozi / Ap-LaPresse

La situación de las mujeres bajo el tiránico régimen fundamentalista de los talibanes es un espanto. La ONU lo ha calificado de “apartheid de género”. En Afganistán, las mujeres han sido proscritas de la enseñanza media y universitaria –hay 2,5 millones de niñas y jóvenes fuera del sistema educativo–, expulsadas de la mayor parte de trabajos y de la función pública, sin derecho a utilizar los baños públicos, los parques, los gimnasios, los centros deportivos y lúdicos. Y conminadas a salir de casa “solo en caso de necesidad”, tapadas y con la boca cerrada. La reciente detención de al menos 30 mujeres en la ciudad occidental de Herat por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de los talibanes, y la violencia con que se reprimieron las protestas, le valió a Kabul la condena unánime la semana pasada del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Las autoridades de facto han criminalizado la presencia de mujeres y niñas en la vida pública”, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al presentar la última evaluación de este organismo sobre la situación en Afganistán, el pasado mes de marzo en Ginebra. Aunque la población femenina es la más castigada, el informe advierte que “la vida de los afganos comunes ha empeorado drásticamente” bajo los talibanes, sometidos a un régimen represivo que recurre sistemáticamente a la tortura y las ejecuciones, y con una situación económica catastrófica: unos 21,9 millones de personas -el 45% de la población- necesitan asistencia humanitaria para sobrevivir.

En este contexto, Turk aprovechó para instar a los países miembros de las Naciones Unidas a detener todas las repatriaciones forzosas de afganos, argumentando que los deportados se enfrentan a riesgos reales de persecución, tortura u otros daños graves. “Afganistán es un cementerio de derechos humanos”, advirtió. Alló, Bruselas?

Diplomacia que chirría. Si los tratos con el régimen talibán de Afganistán es objeto de divisiones y controversia, no lo es menos la actitud de la UE hacia el gobierno de Beniamin Netanyahu en Israel. La polémica ha estallado esta semana tras conocerse el viaje realizado a Tel Aviv por la comisaria para el Mediterráneo, Duvranka Suica, después de que el Gobierno israelí anunciara su decisión de romper todo contacto oficial con la Alta representante para la política exterior de la UE, Kaja Kallas, por unas afirmaciones que juzgó ofensivas (la jefa de la diplomacia europea habría calificado, en una conversación privada, de “apartheid” el trato dado por el Gobierno israelí a los palestinos). La inoportuna visita de Suica, quien -por cierto- ya protagonizó otra polémica por acudir a la constitución de la Junta de Paz para Gaza creada por Donald Trump, se enmarca en el pulso por el control de la política exterior que mantiene con Kallas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Brexit y dimisión. El décimo aniversario del referéndum del Brexit, el día 23, no podía tener conmemoración más idónea que la enésima crisis de gobierno en el Reino Unido, que desde la decisión de abandonar la UE ha visto pasar ya por Downing Street a seis primeros ministros. Desautorizado por su propio partido, el premier laborista Keir Starmer decidió dimitir después de que su principal rival interno, el alcalde de Manchester, Andy Burham, lograra el escaño en la Cámara de los Comunes que le habilitaba para desafiar al primer ministro. No ha habido mucha fiesta en el Reino Unido con motivo del décimo aniversario de la consulta. Lo cierto es que los indicadores económicos y sociales señalan que el Brexit fue un mal negocio y hoy la mayoría de los británicos lo consideran un error y votarían por volver a Europa. Starmer, contrario a reabrir el melón, era partidario no obstante de “resetear” las relaciones con Bruselas. Habrá que ver cuál será la orientación de Burnham.