A Europa le van los campos de internamiento

Newsletter 'Europa'

La UE abre la vía para deportar a los inmigrantes irregulares a centros de retención en terceros países

 

En la llanura del Rossellón, 50 kilómetros al norte de la frontera francoespañola, se levanta sobre una tierra reseca y ventosa el campo de Rivesaltes. Reconvertido en Memorial en 2015 y objeto de una reciente remodelación, todavía son visibles los barracones del antiguo campo de internamiento que funcionó aquí entre 1941 y 1964. Los refugiados españoles que huyeron en 1939 de las tropas franquistas fueron los primeros en ser recluidos en Rivestaltes, un presunto “centro de acogida” que era lo más parecido a un campo de concentración, rodeado de alambradas y vigilado por el ejército francés. Las condiciones eran precarias, pero en los improvisados campos de las playas de Argelès todavía era peor. Aunque la política de internamiento de “extranjeros indeseables” empezó ya en los años treinta, fue el régimen autoritario y pronazi de Vichy quien, a partir de 1940, le dio verdadero impulso

Dos centenares de campos de internamiento fueron levantados en esa época en Francia. Por el de Rivesaltes pasarían entre 15.000 y 20.000 españoles, a los que se sumarían judíos extranjeros que habían buscado inútilmente refugio en Francia -y que después serían entregados a la Alemania nazi y enviados al campo de exterminio de Auschwitz- y gitanos franceses. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, sería lugar de internamiento de prisioneros de guerra alemanes, antes de pasar a convertirse en centro penitenciario para activistas del Frente Nacional de Liberación (FNL) argelino y acabar -tras la independencia de Argelia- como punto de acogida transitorio de los refugiados argelinos que habían colaborado con el ejército francés (harkis) y lograron huir del país… Como un eco lejano de su pasado, entre 1986 y 2007 resucitó como centro de retención para extranjeros pendientes de expulsión.

La creación de campos de internamiento de extranjeros es una pasión europea. Los ha habido de todos tipos y en todas partes. Y, a pesar del lastre moral que representa la negra historia del siglo XX, en este segundo cuarto del siglo XXI vuelven a ser tendencia. El Consejo Europeo y la Eurocámara han dado luz verde esta semana -paso previo a su ratificación definitiva- al nuevo reglamento europeo sobre el retorno de inmigrantes irregulares, que da cobertura legal a la construcción de centros de internamiento y deportación en terceros países. Idea “innovadora” -por utilizar la jerga comunitaria-, el establecimiento de centros de retención de extranjeros en países de fuera de la UE sigue el modelo aplicado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder del posfascista Hermanos de Italia, que ha conseguido normalizar en Europa algunas de las ideas de la extrema derecha en materia de política migratoria.

En 2024, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Tirana, Italia abrió dos centros de detención de inmigrantes en las poblaciones albanesas de Gjäder y Shëngjin, en la costa adriática. El objetivo era -y es- conducir a los inmigrantes rescatados en alta mar a estos centros, donde deben ser analizadas sus peticiones de asilo y, en caso de ser rechazadas, ser deportarlos a sus países de origen. Sin pisar suelo italiano.

Los dos centros están en funcionamiento, pero hasta el momento han pasado bien pocos inmigrantes por allí a causa de las trabas puestas por la justicia italiana. Esto no parece haber arredrado, sin embargo, a los potenciales imitadores en el seno de la UE. Bruselas no va a impulsar por sí misma el proyecto, pero un grupo de cinco países comunitarios están explorando conjuntamente esta vía y sondeando los posibles destinos. Liderado por los Países Bajos, en el grupo están también Alemania, Austria, Dinamarca y Grecia. Con el nuevo reglamento en la mano, los extranjeros internados podrían permanecer detenidos hasta dos años.

Las autoridades comunitarias juran y perjuran que los derechos de los inmigrantes quedarán salvaguardados y que los nuevos centros cumplirán la legislación europea pese a estar ubicados en el extranjero. Pero las oenegés no lo ven en absoluto tan claro. Y, de hecho, el ejemplo de Italia muestra que hay no pocas zonas de sombra.

Un primer punto de debate -y que ha suscitado ya objeciones judiciales- es el destino de los expulsados. Teóricamente, solo podrán ser repatriados los inmigrantes cuyo país de origen pueda considerarse “seguro” desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. ¿Lo es Afganistán, por ejemplo, con cuyo gobierno está en tratos Bruselas para facilitar las expulsiones? La Justicia italiana expresó serias dudas sobre la lista de “países seguros” elaborada por el gobierno Meloni y lo remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien en agosto del año pasado consideró que contravenía el derecho comunitario. En su sentencia, el tribunal estableció que los solicitantes de asilo deberían tener derecho a impugnar la condición de “seguro” de su país en su caso personal.

La lista de “países seguros” incluida en el Pacto Europeo de Asilo y Migración, aprobada por el Parlamento Europeo el pasado febrero, resulta de entrada bastante escueta: Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez, además de aquellos países candidatos a la adhesión a la UE. El segundo punto de debate es el procedimiento mismo de internamiento y expulsión, así como sus garantías.

El TJUE, a petición del Tribunal de Apelación de Roma, debe pronunciarse también sobre la legalidad de los centros externos y todo indica que podría validarlo con algunas salvaguardas. Así se deduce del reciente pronunciamiento del abogado general -en este caso, Nicholas Emiliou-, cuyos criterios acostumbran a ser seguidos en gran media por el tribunal. En su dictamen del pasado 23 de abril, Emiliou consideró que la apertura de centros de internamiento de inmigrantes en situación irregular y solicitantes de asilo en terceros países es perfectamente legal, siempre que están sometidos a la jurisdicción europea y cumplan con la legislación comunitaria. En particular, el derecho de los confinados a tener asesoramiento jurídico y asistencia lingüística, a mantener contacto con la familia y a acceder a la tutela efectiva de la Justicia.

El objetivo europeo es aumentar sensiblemente la proporción de expulsiones -que en la actualidad apenas sobrepasan el 28% de todas las dictadas- pero está por ver que los centros extraterritoriales vayan a resultar el bálsamo de Fierabrás.

De momento, la afluencia irregular de inmigrantes parece estar experimentando cierta inflexión. Los últimos datos de la agencia europea de fronteras, Frontex, correspondientes al primer cuatrimestre de este año, constatan que las llegadas irregulares a la UE -un total de 28.500- se redujeron un 40% respecto al mismo periodo del año pasado, y que la mayor caída, un 78%, se produjo en la ruta de África Occidental (esto es, las Canarias), lo que se atribuye en gran parte a las medidas adoptadas por Gambia, Mauritania y Senegal de acuerdo con España y la UE. Todas las rutas bajan en mayor o menor medida salvo una, la del Mediterráneo Occidental (sur de la Península Ibérica), que ha subido un 50%, alimentada básicamente desde Argelia. Al final, esto es como un globo: si se presiona en un lado, el aire se desplaza a otro.

La inmigración irregular constituye hoy una de las principales preocupaciones de los europeos, por detrás de las cuestiones de seguridad y defensa, y de la situación económica. En el Eurobarómetro de la primavera de 2026, la inmigración era citada como primer problema por un 16% de los encuestados, lo que representa un ligero retroceso respecto a la anterior encuesta (20%). Por en medio ha llegado la guerra en Oriente Medio, los problemas de suministro de energía y el aumento de precios… Sea como fuere, cuesta discernir hasta qué punto este estado de opinión está contaminado por el discurso tremendista de la extrema derecha, que presenta la inmigración extranjera como una amenaza existencial, amplificado hoy por la derecha tradicional.

El enrarecido ambiente actual evoca de alguna manera los tiempos de los “extranjeros indeseables” de los años treinta y cuarenta del siglo pasado. Mientras los ultras convocan cumbres para tratar de impulsar sus planes a favor de lo que eufemísticamente han bautizado como “remigración” (esto es, una deportación masiva de ciudadanos de nacionalidad o de origen extranjero) y los gobiernos de la UE planean centros de internamiento para gestionar la expulsión de inmigrantes irregulares, Europa ha empezado a perder de vista -si no lo ha hecho ya- que estamos hablamos de personas. Y que los inmigrantes de hoy están haciendo lo que hicieron antes nuestros padres y abuelos.

Tras la sangría de la Segunda Guerra Mundial, Europa, necesitada de mano de obra, se lanzó a reclutar trabajadores foráneos. Países como Alemania y Francia pusieron en marcha programas oficiales para fomentar la inmigración, como los españoles sabemos muy bien (¡Vente para Alemania, Pepe!), creyendo -o queriendo creer- que después regresaría a sus hogares. Algunos lo hicieron, pero muchos otro no. En su magnífico retrato histórico del continente, Europa, una historia personal, el historiador y periodista británico Timothy Garton Ash, recoge una lúcida observación que sobre este fenómeno hizo el escritor suizo Max Frisch en 1965: “Pedimos mano de obra y llegaron seres humanos”. El papa León XIV, que hoy inicia una vista oficial a España, viajará la semana que viene a las islas Canarias y mantendrá un encuentro con inmigrantes para recordarnos esta verdad esencial.

 

De ampliación en ampliación. La Unión Europea, a pesar de todas las dificultades y de sus divisiones internas, sigue teniendo una poderosa fuerza de atracción y no son pocos los países que aspiran o se plantean adherirse al club (una corriente que alcanza incluso al Reino Unido, donde cada vez más británicos piensan que el Brexit fue un error, pese a lo cual un retorno es hoy por hoy impensable). Uno de los países existencialmente más interesados en incorporarse a la UE es Ucrania, que lleva más de cuatro años resistiendo a la invasión rusa. Formalmente invitada a adherirse al club, el inicio de las negociaciones había estado bloqueado hasta ahora por el veto de la Hungría de Viktor Orbán. Ya no. El nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, lo ha levantado esta semana, después de haber alcanzado un acuerdo con Kyiv sobre los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de la minoría húngara en Ucrania, integrada por unas 100.000 personas, lo que era objeto de tensión entre ambos países.

Ucrania, cuyo proceso de integración empezará ahora, desearía verlo culminado en 2027, pero por rápido que implante las reformas necesarias es difícil que eso se produzca, habida cuenta de los plazos habituales. De ahí que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, propusiera que Ucrania se convirtiera mientras tanto en una especie de “miembro asociado”, con voz pero sin voto. La idea ha derivado en una propuesta conjunta de Berlín y París para que los países candidatos a la adhesión puedan irse integrando “gradualmente”, por capítulos, en función de los avances en la negociación. Así lo planteó ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre que reunió a los mandatarios de la UE con sus homólogos de los países de los Balcanes Occidentales candidatos al ingreso: Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte Montenegro y Serbia. Albaneses y montenegrinos son los más avanzados.

Lejos de allí, en las heladas aguas del Norte, Islandia se debate sobre si volver a intentar integrarse en la UE. Tras pedirlo formalmente en 2009 e iniciar las negociaciones al año siguiente, en 2013 decidió suspenderlas y en 2015 retiró oficialmente su candidatura. La integración en Europa mantiene fuertemente divididos a los apenas 400.000 habitantes de la isla, pero el Gobierno de la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir ha decidido convocar un referéndum el próximo 29 de agosto para decidir si se retoman las negociaciones. El voraz apetito demostrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la isla ártica de Groenlandia disparó todas las alarmas en Reikiavik y despertó de nuevo el interés por buscar refugio atándose al continente.

 

La revancha del Ku Klux Klan

'Visión periférica'

Aprovechando una sentencia del Tribunal Supremo que acota la Ley del Derecho al Voto de 1965, los estados del sur de EE.UU. se han lanzado a una carrera para suprimir las circunscripciones electorales de mayoría negra.

 

El 8 de agosto de 1925 una multitud de cerca de 40.000 encapuchados del Ku Klux Klan –ocasionalmente, a cara descubierta– desfilaron con sus túnicas blancas, sus capirotes y sus cruces por la avenida Pensilvania de Washington, el corazón de la capital federal de Estados Unidos, para demostrar su poder. La organización supremacista blanca, surgida en los estados de Sur de las cenizas de la guerra civil para combatir –con violencia incluida– el ejercicio de los derechos civiles por parte de los recién liberados esclavos negros,  tenía entonces entre tres y cuatro millones de miembros y utilizaba su capacidad de influencia para condicionar la elección de senadores y gobernadores.

El Klan perdió fuerza a partir de entonces, pero resurgió con virulencia a mediados de los años sesenta. La organización y algunas de sus facciones más violentas, como la de los White Knights (caballeros blancos), volvieron a recurrir al terrorismo y los asesinatos para combatir el creciente movimiento de la población negra,  liderada por Martin Luther King, en defensa de sus derechos.

Entre sus crímenes cobró relevancia el asesinato de tres activistas pro derechos civiles –James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner– la noche del 21 al 22 de junio de 1964 en el condado de Neshoba (Misisipi), adonde se habían desplazado para animar a los afroamericanos a registrarse como electores. El caso, que daría lugar años después a la célebre película Arde Misisipi (Alan Parker, 1988), causó una honda conmoción. Y acabó de convencer al presidente Lyndon B. Johnson de la necesidad de aprobar una Ley del Derecho al Voto que garantizara su ejercicio efectivo. Fue  aprobada  por el Congreso en agosto de 1965.

Los negros tenían reconocido el derecho al voto desde 1870 (Décimoquinta enmienda de la Constitución). Sin embargo, más allá de la violencia del Ku Klux Klan y otros grupos racistas, los estados del Sur aún mantenían sojuzgada a la población negra con las leyes de segregación racial y  obstaculizaban su participación electoral en la práctica con toda suerte de argucias legales: pago de impuestos electorales, obligación de pasar exámenes de alfabetización...  La ley de 1965 cambió todo eso.

Un siglo después de la marcha del Ku Klux Klan por Washington, sus ideas supremacistas y ultraderechistas vuelven a estar en boga en Estados Unidos y muchas de las salvaguardas logradas con años de lucha y esfuerzo están siendo desmontadas una a una. El Tribunal Supremo, controlado por una mayoría ultraconservadora –integrada por seis de los nueve magistrados, tres de ellos designados personalmente por Donald Trump– dio a finales de abril el golpe de gracia a la Ley del derecho al Voto en una controvertida sentencia donde estableció que el “enorme cambio social” vivido por EE.UU. no justifica ya mantener ciertas medidas en defensa de las minorías. Con este fallo, a partir de ahora solo se puede invocar la protección de la ley en el caso de que las autoridades pretendan restringir “deliberadamente” su representación política.

Huelga decir que la minoría progresista del Supremo disiente de la sentencia. A  juicio de la magistrada Elena Kagan el fallo es “el último capítulo en la demolición, ahora consumada, de la Ley del Derecho al Voto”. En su opinión, no corresponde a la Corte, sino al poder legislativo, decidir si la ley sigue siendo necesaria o no.

El origen de la sentencia está en una disputa sobre las circunscripciones electorales del estado de Luisiana. Tomando como base la ley de 1965,  y con el apoyo de la jurisprudencia histórica del Supremo, muchos estados habían dibujado circunscripciones en las que la minoría negra fuera mayoritaria, para asegurar de esta forma su representación. En el caso de Luisiana, donde un tercio de la población es afroamericana, el estado pretendía crear un nuevo distrito de mayoría negra (de tal forma que hubiera dos de un total de seis). La iniciativa fue impugnada y es la que ahora ha anulado el Supremo, argumentando que definir un distrito por motivos raciales es inconstitucional. Dicho y hecho, el legislativo de Luisiana aprobó el viernes suprimir esa segunda circunscripción.

Aprovechando el precedente, otros  estados sureños  se disponen a suprimir también distritos negros. El Congreso de Tennessee aprobó el día 7 la eliminación de una circunscripción de mayoría negra en la ciudad de Memphis y la gobernadora de Alabama ha instado a recuperar un mapa electoral de 2023 –anulado por la justicia estatal– con el mismo objetivo. En Georgia, el gobernador ha convocado una asamblea extraordinaria para rediseñar los distritos electorales y otro tanto pretenden hacer en Carolina del Sur y Misisipi. “Estamos presenciando, en tiempo real, la creación de un estado de partido único en el sur de EE.UU.”, ha denunciado el periodista G. Elliot Morris (Strength in Numbers), especialista en análisis  electoral.

El motivo de fondo es partidista: los negros votan mayoritariamente al partido demócrata y lo que buscan es diluir su voto en circunscripciones mayoritariamente republicanas y blancas. Este tipo de maniobras, consistentes en redibujar el mapa electoral para ganar representantes en detrimento del rival, hace tiempo que se llevan a cabo en EE.UU. Las inauguró en el siglo XIX el vicepresidente Elbridge Gerry, quien dibujó un distrito electoral con la vaga forma de una salamandra (salamander), de ahí que esta práctica se conozca con el nombre de gerrymandering.

Los republicanos, que temen perder la mayoría en el Congreso en las elecciones mid-term del próximo mes de noviembre, están realizando artimañas de este tipo allí donde pueden. A saco. Si esta deriva ya representaba por sí misma un grave problema democrático, ahora se ha convertido también en un problema racial.

¿Ucrania, brazo armado de la UE?

Newsletter Europa

La capacidad militar y armamentística de Kyiv le convierte en un pilar fundamental de la futura defensa de Europa

Ucrania necesita a Europa para seguir resistiendo a la agresión de Rusia. Es un hecho obvio y reconocido. Pero ¿y si fuera también al revés? Si Kyiv ha podido durante más de cuatro años plantar cara a la invasión rusa, ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en febrero de 2022 para tratar de abortar su acercamiento a la UE y la OTAN, ha sido gracias a la ayuda económica y militar occidental. Y ahora que Donald Trump ha decidido desentenderse del asunto casi exclusivamente europea. Si eso es cierto, también empieza a ser una evidencia que Ucrania puede ser un activo fundamental en la futura defensa colectiva de Europa.

Ya no se trata solo de que Ucrania sea la primera trinchera europea frente al expansionismo neozarista de Rusia. Con el ejército más numeroso del continente -tras el ruso- en estos momentos, integrado por unos 800.000 efectivos y fogueado en el campo de batalla con las nuevas modalidades de la guerra, y con una industria armamentística que está en la punta tecnológica -sobre todo en la fabricación de drones-, Ucrania podría devenir un socio capital para una Unión Europea obligada a buscar una nueva arquitectura de seguridad propia a la vista de la progresiva desintegración de la Alianza Atlántica.

La OTAN celebrará los próximos 7 y 8 de julio en la capital de Turquía, Ankara, una cumbre que se presume puede tener consecuencias existenciales. Tras anunciar la retirada de 5.000 soldados norteamericanos de Alemania y amagar con no desplegar otros 5.000 previstos en Polonia -decisión rectificada en 24 horas-, Estados Unidos se dispone a plantear una sustantiva reducción de su presencia militar en Europa. Así lo avanzó la semana pasada en Bruselas el secretario de Estado, Marco Rubio, quien anunció asimismo que el presidente Trump tiene previsto expresar su fuerte descontento con sus aliados europeos (que se han negado a seguirle en la guerra de Irán)

Ucrania nunca se integrará en la OTAN, suponiendo que dentro de algunos años siga existiendo. La idea, impulsada en su momento por EE.UU. a pesar de las reticencias europeas, ha sido ahora descartada por Washington y su exclusión de la Alianza es una condición irrenunciable para Moscú en una eventual negociación de paz. Pero Ucrania sí ha llamado insistentemente a la puerta de la UE. Y más allá de otras consideraciones -geopolíticas, económicas, morales incluso-, su aportación militar adquiere ahora un peso específico a la hora de favorecer una aceleración del proceso de adhesión.

En cuatro años de guerra, Ucrania ha sabido reinventarse como una moderna potencia industrial militar. Durante estos años ha surgido un rico ecosistema integrado por alrededor de un millar de empresas tecnológicas, la mayoría privadas, innovadoras y extremadamente flexibles, que se adaptan rápidamente a las necesidades cambiantes del ejército en el frente. Además de misiles o municiones, los ucranianos han dado un salto en la fabricación masiva de vehículos aéreos no tripulados (VANT) o drones -que también los hay terrestres y marítimos-, cuyo uso está siendo decisivo en la guerra. Si en 2022 producía unos cuantos miles al año, hoy supera los 4 millones de unidades.

“La capacidad de producción actual de Ucrania excede sus propias necesidades, incluso en medio de una guerra defensiva”, constata un informe reciente del Banco de Finlandia. Hasta tal punto es así que ha empezado a exportar y proyecta la construcción conjunta de centros de producción en el norte de Europa (además de ofrecer asesoramiento a los ejércitos de la OTAN). Un papel fundamental ha tenido en este despegue la plataforma gubernamental Brave 1, que vehicula la colaboración entre el Gobierno, el ejército y las empresas. La producción ucraniana anual en defensa alcanza en la actualidad, según datos de European Security & Defence, los 35.000 millones de dólares (unos 29.900 millones de euros)

La UE reconoció a Ucrania como candidata oficial a la adhesión ya el mismo 2022, como una respuesta política a la invasión rusa, y en 2024 aprobó iniciar las negociaciones (también con otra exrepública soviética, Moldavia) Pero desde entonces las cosas no han avanzado mucho. Kyiv argumenta motivos geopolíticos para reclamar una adhesión acelerada, pero hasta ahora el veto del ex primer ministro húngaro -y gran valedor de los intereses de Moscú en Europa-, Viktor Orbán, había impedido avanzar. La elección como nuevo jefe de Gobierno de Peter Magyar, que ayer se reunió en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cambia la ecuación y, pese a las reticencias que mantiene Budapest, es de esperar que en el Consejo Europeo del mes de junio, los 27 den vía libre al inicio efectivo de las negociaciones.

En este contexto, el canciller alemán, Friedrich Merz, propuso días atrás un camino intermedio. Consciente de que los procesos de adhesión a la UE son complejos y pueden alargarse durante muchos años, propuso conceder a Ucrania un estatus especial como “miembro asociado”, que le permita -mientras se avanza en el proceso- participar en los consejos europeos y en las reuniones ministeriales de la UE, aunque sin derecho a voto. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que presiona desde hace tiempo para culminar una adhesión exprés en 2027, ha rechazado esta vía por temor a quedarse eternamente a medio camino.

Mientras se discute el ritmo de su incorporación a la UE, Ucrania va negociando acuerdos bilaterales de cooperación en defensa -básicamente, para la producción y exportación de drones- con diferentes países europeos: Alemania, España, Italia, Noruega, Países Bajos, Suecia… Su avanzada tecnología en los nuevos sistemas de combate, que están cambiando la faz de la guerra, es ahora una de sus principales bazas.

  

Drones arriba y abajo. La guerra de Ucrania sigue provocando daños colaterales en algunos de los países europeos del flanco este. Los países bálticos fueron los primeros afectados por la caída de drones sobre su territorio (supuestamente lanzados por Ucrania contra Rusia y desviados por los rusos). Ursula von der Leyen se reunió el martes con los primeros ministros de Estonia, Letonia y Lituania para abordar la situación y mostrar la solidaridad de la UE. La noche del jueves al viernes le tocó a Rumanía, donde un dron ruso impactó sobre un edificio residencial de la ciudad de Galati -cercana a la frontera con Moldavia y Ucrania- causando dos heridos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acusó a Rusia de “comportamiento temerario”, mientras el presidente ruso, Vladímir Putin, retaba a Bucarest a demostrar con pruebas que el dron era ruso.

Moscú amenaza a Armenia. Aproximarse a la UE no sale gratis para las antiguas repúblicas soviéticas que adquirieron la independencia a principios de los años 90. Si no, que se le pregunten a Ucrania. La última en protagonizar un acercamiento al club de los 27 es Armenia, quien se sintió abandonada por Rusia en su guerra con Azerbaiyán. En Moscú no ha gustado nada este giro, puesto de manifiesto en la reciente cumbre bilateral protagonizada por el presidente Nikol Pashinyan con António Costa y Ursula von der Leyen a principios de mes. Tras prohibir temporalmente la importación de flores y agua mineral procedentes de Armenia, el Kremlin comunicó al gobierno armenio por carta que suspenderá los suministros de petróleo y gas baratos en caso de que el país caucásico prosiga su acercamiento a la UE. Ereván depende energéticamente de Rusia, a la que compra el 85 % del gas natural que consume.

Satélites ‘Made in Europe’. A Rusia le ha salido muy cara su dependencia de las comunicaciones por satélite a través de la red Starlink, de Elon Musk, en la guerra de Ucrania. La decisión del magnate tecnológico norteamericano de desconectar a las tropas rusas es una de las razones que explican que el curso de los combates esté girando en favor de los ucranianos. Europa es perfectamente consciente de ello y de la necesidad de asegurar la independencia estratégica de la UE en materia de telecomunicaciones. Así lo ha planteado la Comisión Europea, que pretende reservar a empresas europeas los servicios móviles por satélite para las comunicaciones gubernamentales y militares. La iniciativa coincide con la próxima renovación de los contratos de estos servicios, actualmente en manos de las estadounidenses Viasat y EchoStar, cuyas licencias expirarán en mayo de 2027.

La amenaza del dragón

Newsletter Europa

Europa busca cómo proteger su industria del masivo desembarco de productos de alta gama ‘Made in China’

Pekín parece hoy el centro del mundo. En los últimos meses no hay dirigente internacional que se precie que no haya viajado a la capital del antiguo Imperio del Medio a reunirse con el emperador comunista, Xi Jinping. Los últimos en pasar por allí, con escasos días de diferencia, han sido los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin. Pero no han sido los únicos. Previamente los europeos protagonizaron un auténtico desfile: el francés Emmanuel Macron pasó por allí en diciembre, el británico Keir Starmer en enero, el alemán Friedrich Merz en febrero, el español Pedro Sánchez en abril…

Las guerras comerciales desatadas por EE.UU. el año pasado y la desestabilización del comercio mundial inducida por los conflictos bélicos explican en parte esta fiebre por buscar un arreglo con el gigante asiático, convertido tanto en una oportunidad como en una amenaza. La constatación de que, ante el aumento de los aranceles norteamericanos, los chinos han empezado a desviar su sobreproducción industrial hacia Europa ha disparado todas las alarmas, poniendo en evidencia la necesidad urgente -largo tiempo sentida, por otra parte- de reequilibrar las relaciones comerciales bilaterales. Otra cosa es que cada cual acuda a Pekín con su propia agenda y sus propios intereses.

La apuesta de Pedro Sánchez por captar inversiones chinas en España, por ejemplo, ha sido vista con suspicacia en otros países europeos y en Bruselas. Pekín parece decidido a aprovechar la oportunidad para externalizar en el sur de Europa, y particularmente en España, parte de su producción de automóviles con el fin de evitar los aranceles comunitarios. Las compañías chinas están multiplicando sus proyectos en suelo europeo: los de Chery (en la antigua factoría de Nisssan en Barcelona), Leapmotor (en Zaragoza y Madrid, a través de un acuerdo con Stellantis, que también ha pactado con la china Dongfeng hacer lo mismo en la ciudad francesa de Rennes) y SAIC (Galicia), o del fabricante de baterías CATL (Zaragoza), son los más avanzados, pero también están buscando emplazamientos otros fabricantes como BYD, Changan o Geely.

El problema de estas inversiones es que aportan poco valor añadido y crean empleo de baja calidad, ya que se trata únicamente de plantas de ensamblaje (los coches son enviados por piezas desde China) y no dan trabajo a las empresas de componentes locales. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, es muy crítico al respecto: “El modelo que vemos a menudo en España no es un buen modelo, no da crecimiento a nuestras empresas en términos de producción”. A su juicio, Europa ha de poner condiciones mucho más exigentes a las empresas chinas.

Este es uno de los aspectos que pretende regular la futura Ley de Aceleración Industrial -Industrial Acceleration Act (IAA)- de la UE, con medidas para proteger e impulsar la competitividad de la industria europea mientras contribuye a los objetivos de descarbonización. El propósito, de cara al horizonte de 2035, es que la industria recupere el peso que había tenido antaño en la economía (del 14% del PIB actual al 20%) y genere 150.000 puestos de trabajo en los sectores clave.

 A estos efectos, los sectores prioritarios, considerados estratégicos, son las industrias intensivas en energía (acero, cemento, química), las tecnologías limpias (baterías, solar, eólica) y el automóvil. También son aquellos donde la competencia china está siendo más feroz. Presentado por la Comisión el pasado mes de marzo, el proyecto debe ser objeto el 29 de mayo de un gran debate, previo al Consejo Europeo de junio.

Una primera línea de acción es proporcionar ayudas e incentivos públicos a las industrias europeas, entre las que se incluye la adopción del principio de la “preferencia europea” en la adjudicación de contratos de las Administraciones (Buy European). La otra pone el acento en el control de las inversiones extranjeras que superen los 100 millones de euros, a las que se quiere imponer nuevas obligaciones: creación de sociedades conjuntas donde las empresas foráneas no superen el 49% del capital, contratación de trabajadores locales en al menos la mitad de los empleos, compra de componentes europeos y transferencia de tecnología.

Mientras las empresas chinas tratan de acelerar su implantación en Europa antes de que se apliquen las nuevas restricciones, Pekín ya ha expresado formalmente su queja, alegando que se trata de una legislación “discriminatoria” que vulnera las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y amenazando con represalias. Lo cierto es que algunas de estas exigencias no son más que una réplica de las que imponía China a las empresas occidentales que pretendían invertir en el país y acceder a su mercado: creación de joint ventures con empresas locales, contratación y formación de personal chino, transferencia de tecnología… “Lo hicieron con Francia con las centrales nucleares y ahora son ellos los que exportan energía nuclear por el mundo. No veo por qué no haríamos nosotros lo mismo”, sostiene Séjourné.

La política de grandes reformas económicas impulsada por Deng Xiaoping a partir del final de la década de los 70 y principios de los 80, la apertura a las inversiones extranjeras y la entrada en la OMC en 2001 están en el origen del espectacular despegue de China, que se ha convertido en la segunda economía mundial y aspira a disputar el primer puesto a EE.UU. Tras empezar fabricando masivamente productos de consumo baratos, de baja calidad y poco valor añadido, China está hoy en la vanguardia de los avances tecnológicos y exporta coches eléctricos, baterías, paneles solares y trenes de alta velocidad. Si el primer boom industrial chino tuvo ya severos efectos sobre la industria europea -en forma de deslocalizaciones-, el actual amenaza con ser una pesadilla

En 2024 el comercio de bienes y servicios entre la UE y China superó los 845.000 millones de euros, lo que representa el 29,6% del comercio y el 34,4% del PIB mundiales, según datos del Banco Central Europeo (BCE). La UE es el primer socio comercial de China y China es el tercero de la UE. Esta relación, sin embargo, está marcada por un creciente desequilibrio: Europa tiene un déficit comercial de más de 300.000 millones. En cuanto a las inversiones, si bien es cierto que el valor de las inversiones consolidadas de la UE en el país asiático es cuatro veces superior que a la inversa -son años de ventaja-, actualmente el flujo tiene a equilibrarse: si las inversiones europeas en 2024 fueron de 10.100 millones, las chinas alcanzaron ya 9.400 millones.

Todo esto no ha pasado sin perjuicio para Europa. Un informe de hace un año del mismo BCE indica que las exportaciones chinas a la zona euro, que aumentaron significativamente a partir del 2001 y se estabilizaron después durante una década (2010-2020), se dispararon tras la pandemia y hoy representan ya el 15,6% del total de las importaciones europeas de bienes (datos de 2024). El mayor aumento se ha producido en los sectores de la automoción (150%) y los productos químicos (140%), que emplean a 29 millones de trabajadores, y su impacto sobre el empleo ha sido notable: con un descenso de la demanda de mano de obra del 55% y del 95% respectivamente. Por el camino se han perdido al menos 240.000 puestos de trabajo.

Pero si dañino es lo que ha pasado, más lo puede ser lo que está por venir. En Francia, el Alto Comisariado para la Estrategia y el Plan describió publicó en febrero otro informe donde pintaba la situación de forma dramática y alertaba de que el “rodillo compresor” chino amenaza con aplastar a la industria europea. El salto tecnológico y la mejora de la calidad de los productos chinos, junto a unos costes notablemente más bajos -entre un 30% y 40%-, merced a las subvenciones públicas y la devaluación del yuan, representan una trampa mortal para la industria europea, tanto en los mercados exteriores como en el mercado interior. “Estamos viviendo la segunda ola de una competencia sin precedentes, que se ha acelerado drásticamente desde la covid, cuando los más ingenuos de entre nosotros pensaban que la epidemia debilitaría a China”, destacaba en la introducción el alto comisario, Clément Beaune, quien concluía: “La amenaza es generalizada, sistémica”.

Para frenar esta ola, Bruselas propone adoptar medidas drásticas. Pero no todos los gobiernos de la UE -¡faltaría más!- lo ven de la misma forma. Francia, con una larga tradición de intervención pública en la economía, encabeza el grupo de países que presionan para actuar sin timidez, haciendo valer la importancia que para China tiene el mercado europeo. Otros, con Alemania a la cabeza, son mucho más tibios, preocupados como están por las posibles represalias comerciales de Pekín.

El canciller alemán, Friedrich Merz, no parece ver el problema tanto en China como en la propia Europa. Así lo trasladó, a su regreso de Pekín, a un auditorio de simpatizantes  de la CDU en Volkmarsen (alguno de los cuales  la grabó y difundió por las redes sociales). “Sencillamente, ya no somos lo suficientemente productivos. Cada persona puede decir: 'Ya trabajo bastante'. Y puede que sea cierto. Pero cuando uno viene de China, señoras y señores, ve las cosas con mayor claridad. Con un equilibrio entre la vida laboral y personal y una semana laboral de cuatro días, no se puede mantener la prosperidad a largo plazo en nuestro país. Simplemente tendremos que esforzarnos un poco más”, dijo.

Los expertos, sin embargo, no creen que la mejora de la productividad europea sea suficiente para frenar la avalancha que se viene encima. Un reciente estudio del Centro para la Reforma Europea (CER) y el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), titulado gráficamente “Impacto de China 2.0: El coste de la complacencia alemana”, advierte que el modelo de crecimiento de China representa una amenaza directa especialmente para la industria alemana, ya que golpea directamente a su núcleo -automóviles, maquinaria, productos químicos, aeronaves y tecnologías limpias-, y aconseja a Berlín que apoye las propuestas de mayores salvaguardias e instrumentos de defensa comercial de la UE.

Uno de los autores del informe, el economista Sander Tordoir, subraya que “Alemania se enfrenta a una disyuntiva estratégica de cara a los debates clave de la UE este verano: o bien respaldar unas defensas comerciales y una política industrial europeas más sólidas, o bien prepararse para absorber los costes sociales y económicos del declive industrial”. Por el momento, Berlín parece inclinarse por lo segundo.

 

El acuerdo con EE.UU., desbloqueado. Tras muchos tiras y aflojas, los representantes del Parlamento Europeo y de los 27 llegaron a un acuerdo para desbloquear la tramitación del trato comercial con Estados Unidos, alcanzado el verano pasado en la localidad escocesa de Turnberry, que a partir de ahora podrá seguir su camino para ser ratificado antes de que expire el plazo límite -el 4 de julio- impuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, bajo la amenaza de una nueva guerra comercial. El trato, desequilibrado desde el principio, impone a los productos europeos exportados a EE.UU. un arancel estándar del 15%, mientras que los productos norteamericanos enviados a Europa tendrán un 0%.

Esta falta de equidad y, sobre todo, las continuas amenazas de Trump hicieron que los parlamentarios presionaran para añadir al texto varias cláusulas de salvaguarda. Aunque al final no se han incluidos todas, o en toda su extensión, sí se ha aprobado una cláusula de caducidad -finales del año 2028, lo que obligaría a renegociar el trato en caso de falta de acuerdo para prorrogarlo- y otra de suspensión, que habilita a la Comisión Europea a suspender la aplicación del acuerdo si la otra parte incumple sus compromisos. Está por ver que Washington aprecie estos cambios.

 

 

 

 

 

 

 

 

Putin, de tropiezo en tropiezo

Visión periférica

Con la guerra de Ucrania empantanada y crecientes problemas internos, Vladímir Putin está sufriendo serios reveses en el plano internacional, desde el acoso de EE.UU. a sus aliados –Irán, Venezuela, Cuba– a su retroceso militar en África.

Está palideciendo la estrella de Vladímir Putin? Los últimos acontecimientos así parecen indicarlo. Empantanado desde hace ya más de cuatro años en la interminable guerra de Ucrania y con crecientes problemas internos, el presidente ruso ha sufrido en pocos meses  fuertes reveses a nivel internacional. Incapaz de frenar el acoso de Estados Unidos contra algunos de sus aliados históricos  en Oriente Medio y América Latina –Irán,  Venezuela, Cuba–, Rusia parece haber empezado también a perder pie en África.

La población maliense de Kidal, a las puertas del Sahara, ha sido históricamente un punto clave de las rutas de las caravanas que unían Argelia con Mali. Feudo de los tuareg, los hombres azules del desierto, ha sido en las últimas décadas una plaza fuertemente disputada entre los separatistas del Frente de Liberación del Azawad (FLA) y el Estado. Controlada desde el 2023 por el ejército regular y sus aliados rusos del Africa Corps, la ofensiva lanzada el 25 de abril por los independentistas y los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) –la rama de Al Qaeda en el Sahel– les hizo perder el enclave. Los rebeldes lanzaron ese día ataques simultáneos sobre media docena de ciudades de todo el país –entre ellas la capital, Bamako– y un comando kamikaze acabó con la vida del ministro de Defensa, general Sadio Camara, uno de los puntales del régimen surgido del golpe de Estado militar de mayo del 2021.

La pérdida de Kidal es el símbolo de una debacle en toda regla. No solo de la junta militar que gobierna Mali, sino también de Moscú. La reconquista de la ciudad hace tres años a manos de las fuerzas rusas y el ejército regular había sido presentada por el presidente maliense, el general Assimi Goïta, como la confirmación de lo acertado de su apuesta por una alianza militar con Rusia. La retirada de los 400 combatientes rusos de Kidal –cuya base pudieron abandonar sin ser atacados gracias a la mediación de Argelia– es un duro golpe para el Kremlin. Como lo es también el asesinato del ministro de Defensa, que era su principal interlocutor y el artífice de la alianza con Moscú.

El desembarco ruso en Mali se produjo en 2022 a raíz de la decisión de la junta militar golpista de romper con Francia –la antigua potencia colonial– y expulsar a las tropas francesas que desde el 2013 combatían contra los yihadistas (con un resultado desigual) Los franceses fueron inicialmente sustituidos por los mercenarios del grupo Wagner y luego –tras la rebelión y muerte de su jefe, Yevgueni Prigozhin, quien se había levantado en armas contra los jerarcas del ejército ruso– por los militares del Africa Corps, con obediencia directa hacia Moscú, que mantienen en el país unos 2.500 efectivos.

Tras Mali, siguieron los mismos pasos Burkina Faso y Níger, también después de sendos golpes de Estado. Los tres países, que en 2023 crearon la Alianza de los Estados del Sahel (AES), constituían hasta ahora la base de Rusia en África Occidental. Una región que podría perder y a la que EE.UU. da señales de querer regresar.

El retroceso ruso en Mali frente a a las milicias rebeldes es el último tropiezo al que se enfrenta Vladímir Putin. Pero no el primero. La guerra de Ucrania tampoco le va bien. Su ejército, con pérdidas humanas enormes a causa de la efectividad de los drones ucranianos, apenas logra avanzar sobre el terreno, cada vez le resulta más difícil reclutar soldados y el territorio ruso se ha convertido definitivamente en escenario bélico –incluida la propia capital, Moscú–, mientras la economía ha empezado a sufrir seriamente y su popularidad –a pesar de su  control absoluto de los medios de comunicación y el silenciamiento de la oposición– va a la baja. ¿Y Donald Trump? El presidente de Estados Unidos, en el cual tanto confiaba Putin para imponer un alto el fuego favorable a sus intereses, parece haberse desentendido por completo del asunto, ocupado como está en otros frentes.

El retorno de Trump a la Casa Blanca se está demostrando para el Kremlin un mal negocio. Lejos de asumir un reparto del mundo en esferas de influencia –como parecía dar a entender su revitalización de la doctrina Monroe–, el intervencionismo de Washington no tiene fronteras ni freno de ningún tipo.

En pocos meses, Moscú ha visto cómo Trump imponía su control sobre Venezuela –tras secuestrar al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero– e iniciaba un cerco sobre Cuba,  los dos puntales prorrusos en América Latina. En Oriente Medio las cosas no le van mejor. Tras la caída del régimen de Bashar el Asad en Siria, a finales del 2024, Putin ha visto si no caer, al menos  quedar fuertemente neutralizado a su otro gran aliado en la región, Irán, atacado en febrero por EE.UU. e Israel y a quien Washington desearía amarrar a su órbita al estilo venezolano (aunque le está costando más de lo que pensaba) Impotente, Rusia ha asistido a esta ofensiva múltiple sin capacidad de intervenir.

El desguace del orden internacional emprendido por Trump y el retorno de la ley del de la selva no está obrando precisamente en favor de Moscú. Como apunta Hanna Notte, directora del Programa de No Proliferación de Eurasia en el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación, de California, y miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la política trumpista de marginación y desactivación de la ONU deja a Rusia sin uno de sus poderes de influencia internacional claves, cual es el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. “Lo más probable –ha escrito en Foreign Affairs– es que Rusia vea cómo su proyección de poder global, ya debilitada por la guerra contra Ucrania, se erosiona aún más a manos de EE.UU.”. Si prima la ley del más fuerte, ya se sabe quién es.

Francia, camino del precipicio

Newsletter Europa

A once meses de la elección al Elíseo, la división política allana el camino para un triunfo de la extrema derecha

Emmanuel Macron surgió en 2017 como una anomalía política en Francia. Y va camino de acabar del mismo modo. El presidente francés consiguió ser elegido abriéndose paso contra todo pronóstico entre las dos grandes fuerzas políticas de entonces: el Partido Socialista (PS), de cuyo gobierno había formado parte como ministro de Economía bajo la presidencia de François Hollande, y Los Republicanos (LR), última marca del movimiento gaullista, cuyos dos últimos presidentes habían sido Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy. Fue un cambio radical de eje.

El joven Macron, a sus 39 años, rompió el anclado bipartidismo de la política francesa y abrió un gran espacio de centro-liberal con vocación de erigirse en el polo hegemónico del país. Reelegido en 2022, su objetivo parecía al alcance de la mano. Sin embargo, casi una década después, y cuando ya se ha iniciado la cuenta atrás para su relevo en el Elíseo -lo que se producirá tras la elección presidencial de abril de 2027-, aquel espacio se ha convertido en un inmenso vacío. Y el nuevo bipartidismo imperfecto que ha alumbrado la política francesa lo protagonizan hoy los extremos.

Los sondeos de intención de voto para las elecciones legislativas -que toca celebrar un mes después de la presidencial- muestran desde hace tiempo la misma tendencia: los dos partidos que destacan por delante de todos los demás son el Reagrupamiento Nacional (RN), de extrema derecha, y La Francia Insumisa (LFI), de extrema izquierda. ¿Puede traducirse automáticamente este mismo escenario en la elección al Elíseo? No está tan claro, dado el sistema francés a doble vuelta. Todo dependerá de si en el gran espacio que va del centroizquierda al centroderecha surge un candidato con suficiente fuerza y capacidad de atracción como para lograr pasar a la segunda vuelta. Por ahora, eso no se ve por ningún lado. En su lugar, lo que hay es una miríada de aspirantes -entre ellos, varios ex primeros ministros e incluso un expresidente de la República- mirándose en el espejo mágico y preguntando si son ellos los ungidos por el destino.

Hoy por hoy, el RN y LFI son las dos únicas formaciones políticas que se presentan como una fuerza sólida y homogénea, y con un candidato reconocible e indiscutible. En el primer caso, Marine Le Pen, con su número dos, Jordan Bardella, como posible recambio en el supuesto de que la Justicia confirmara el próximo mes de julio la inhabilitación de la líder del RN por malversación de fondos del Parlamento Europeo (a la que fue condenada en primera instancia en 2025). Los sondeos de intención de voto ponen en cabeza a cualquiera de los dos (tanto monta, monta tanto). En el otro lado, Jean-Luc Mélenchon, que ha oficializado su candidatura sin esperar a tratar de resucitar la ya fenecida unidad de la izquierda. Las posibilidades de que Mélenchon quede en segundo lugar dependerán, como apuntan las encuestas, de la eventual aparición de un candidato unificador del centroderecha. Lo que está lejos de suceder.

La división es la norma general en el resto del espectro político, pero es especialmente lacerante en el centro. Macron logró la hazaña de llegar al Elíseo, pero se ha revelado incapaz de transformar ese éxito en la constitución de una fuerza política unida y coherente. El macronismo sigue siendo lo que era cuando nació: una amalgama de liberales, conservadores y socialdemócratas circunstancialmente unidos por un interés coyuntural que no ha acabado de arraigar (no hay más que ver su pobre presencia a nivel municipal). Con el líder a punto de abandonar el timón del Estado -Constitución obliga-, todas las diferencias políticas y las ambiciones personales han quedado expuestas a la cruda luz del día.

Dos ex primeros ministros de Macron, Édouard Philippe y Gabriel Attal, se destacan como los aspirantes con más posibilidades. El primero, alcalde de Le Havre y jefe de un pequeño partido a su medida -Horizons-, procede de la derecha y militaba en Los Republicanos hasta prácticamente el día antes de ser nombrado jefe del Gobierno por Macron en 2017. El origen político de Gabriel Attal es muy diferente. El hoy secretario general de Renaissance (Renacimiento) -el partido del presidente- procede en cambio del PS y se unió también a Macron en 2017, para luego ir ascendiendo a ministro y primer ministro (ya en 2024). Este miércoles, el consejo nacional del partido lo designó oficialmente candidato, pero esta decisión no suscita precisamente la unanimidad: Elisabeth Borne, quien también fuera jefa del Gobierno (2022), ha anunciado su decisión de abandonar la dirección en muestra de desacuerdo.

No hay que descartar que pudieran sumarse también a la carrera al Elíseo el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, o incluso -¿por qué no?- el actual primer ministro, Sébastien Lecornu, que tiene en su haber el hecho de haber conseguido estabilizar el Gobierno y aprobar unos presupuestos después del fiasco de las elecciones anticipadas decididas por Macron hace dos años. Los dos vienen también, por cierto, de la derecha.

Para que cualquier candidato del centroderecha tenga posibilidades en 2027 debería contar con el apoyo de Los Republicanos, partido en el que macronismo ha tenido que apoyarse en el Parlamento dada su falta de mayoría. Pero también en este espacio las ambiciones personales son numerosas y las sensibilidades políticas, divergentes. A pesar de haberse convertido en un partido subsidiario desde que empezara su aproximación ideológica a la extrema derecha, esta tendencia, lejos apaciguarse, es la que se está imponiendo en LR. El más claro exponente es su propio jefe de filas y candidato, el exministro del Interior Bruno Retailleau, un hombre del ala más derechista de los republicanos.

Pero tampoco está solo. También aquí hay otros aspirantes, como el exministro Xavier Bertrand -del ala más moderada- o el alcalde de Cannes, David Lisnard, que abandonó el partido en marzo para ir por libre, a quienes podrían añadirse otras figuras en los próximos meses (¿recuerdan a Dominique de Villepin?). Y, por supuesto, aunque desde fuera del partido, un viejo colega: Éric Ciotti, expresidente de LR que fue expulsado de esta formación política por sus propios compañeros de dirección en 2024 por haber llegado a un acuerdo preelectoral con Marine Le Pen. Al frente de una nueva fuerza llamada Unión de las Derechas de la República (UDR), también está calentando por la banda.

La izquierda que orbita alrededor del Partido Socialista no está en mejor disposición. Descartada la unidad con La Francia Insumisa por diferencias irreconciliables, la posibilidad de encontrar un candidato común entre socialistas, ecologistas, comunistas y otros adláteres parece también lejana y las dos figuras que aparecen con más posibilidades, el primer secretario del PS, Olivier Faure, y el líder de Plaza Pública, Raphaël Glucksmann -con permiso del expresidente François Hollande, que se mantiene al acecho-, van por detrás del centroderecha.

Mientras unos y otros discuten si son galgos o podencos, y Emmanuel Macron busca desesperadamente la manera de cerrar con honor su mandato, las posibilidades de un triunfo de la extrema derecha en la elección presidencial del 2027 se van afianzando. Destrozados los dos grandes partidos históricos de la V República sin que haya aparecido nada sólido en su lugar, solo una candidatura unitaria del centroderecha y la derecha -por circunstancial que sea- parece potencialmente capaz de cambiar el guion. Porque si la elección final en la segunda vuelta se acaba estableciendo entre Marine le Pen -o Jordan Bardella- y Jean-Luc Mélenchon, los primeros ganarán de calle. Este es el panorama cuando quedan once meses para unas elecciones que pueden cambiar por completo la fisonomía de Francia y, con ella, la de Europa.

 

Conmoción en el Reino Unido. La situación política al otro lado del Canal de la Mancha no es menos agitada. El fuerte ascenso de la extrema derecha de Nigel Farage (Reform UK) en las elecciones municipales del pasado día 7 y el hundimiento del Partido Laborista han desatado una tormenta que amenaza con llevarse por delante al primer ministro, Keir Starmer. Decenas de diputados laboristas han pedido su dimisión y dos figuras del partido, el alcalde de Birmingham, Andy Burnham, y el hasta ahora secretario de Salud, el dimisionario Wes Streeting, se perfilan como aspirantes a arrebatarle el puesto. De momento, y mientras Burnham trata de lograr un escaño en el Parlamento de Westminster -en la elección parcial a la Cámara de los Comunes del mes que viene en el distrito de Makerfield- las espadas se mantienen en alto.

Negociación sobre Groenlandia. Tras los sucesivos órdagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para arrebatar a Dinamarca -por las buenas o por las malas- Groenlandia, las aguas parecen haber regresado al cauce de la negociación desde el más puro pragmatismo (algo que agradecer a la intervención del secretario general de la OTAN, Mark Rutte). Ambos gobiernos están negociando desde hace unos meses con discreción la posible cesión a EE.UU. de tres enclaves en el sur de la isla ártica para la instalación de nuevas bases militares desde las que controlar las actividades marítimas rusas y chinas en el Atlántico Norte. Washington ya dispone de una base aérea en el norte, Pituffik (antigua Thule), que las autoridades danesas y groenlandesas se han mostrado abiertas a ampliar. ¿Bastará todo ello para satisfacer a Trump?

Talibanes, de entrada no, pero… La Unión Europea no reconoce al régimen de los talibanes en Afganistán y no tiene intención de hacerlo, al menos formalmente. Sin embargo, una cosa son los principios y otra las cosas de comer, así que la Comisión Europea ha invitado a representantes del gobierno de Kabul a una reunión “técnica” en Bruselas para abordar el establecimiento de un mecanismo de cooperación con el fin de facilitar la deportación de ciudadanos afganos instalados en Europa que “representen una amenaza de seguridad”. Con cada vez más países defendiendo una política de mano dura contra la inmigración irregular y abogando por un sistema que agilice las expulsiones, la UE -como hiciera con la idea de crear centros de retención extramuros- prefiere guardar sus objeciones morales en el cajón.

 

 

 

 

Merz manostijeras

Newsletter Europa

Alemania promueve una política de recortes a nivel interno y europeo para financiar la defensa

En Alemania, las mujeres, cuando acaban de ser madres, son empujadas a dejar su trabajo y ocuparse de su retoño hasta que este alcanza la edad de tres años. Es una tradición socialmente muy arraigada, hasta el punto de que aquellas que optan por adelantar el retorno a su actividad profesional son despectivamente tildadas de rabenmutter (literalmente, madre cuervo). La Administración tampoco se lo pone fácil, con una oferta históricamente deficitaria de plazas de guardería que incita a quedarse en casa. Ahora, la abnegación de estas madres va a ser premiada con su expulsión del seguro de salud. Así lo prevé -salvo unas pocas excepciones- el proyecto de ley de reforma del Seguro Médico Obligatorio aprobado esta semana por el Gobierno alemán, que dejará sin cobertura sanitaria gratuita al cónyuge que no trabaje.

El recorte de derechos sanitarios en el seno del matrimonio es solo una de las medidas previstas en el proyecto gubernamental, que pretende ahorrar hasta 16.300 millones de euros al año. También se aumentará el copago de los medicamentos y de las estancias hospitalarias, por ejemplo. El objetivo de la reforma, que el canciller Friedrich Merz calificó de “histórica”, es cuadrar los números sin tener que aumentar las cotizaciones de la generalidad de los trabajadores y de las empresas. Sobre todo de estas últimas, cuyas cargas fiscales y financieras el Gobierno quiere aligerar para tratar de revitalizar una economía que arrastra un estancamiento crónico desde que la guerra de Ucrania y el enfrentamiento con Rusia dejó a la industria alemana sin el maná del barato gas ruso.

La reforma de la sanidad pública es una de las previstas en el famoso -y retrasado- “otoño de reformas” prometido por Merz y que, básicamente, consistirá en meter la tijera al “insostenible” Estado del Bienestar alemán (en palabras del propio canciller) para destinar el dinero a otras causas. Porque donde no habrá recortes, e incluso se contraerá nueva deuda, es en el presupuesto de defensa, que aumentará el año que viene un 28%, pasando de 82.700 a 105.800 millones de euros, y que ha de seguir incrementándose año a año hasta alcanzar en el 2030 el 3,5% del PIB.

La apuesta de Merz en Alemania, que no parece que vaya a contribuir a mejorar su degradada imagen -su popularidad está bajo mínimos un año después de su elección como canciller-, es la misma que pretende aplicar en Europa. Y si es previsible que en Berlín sufran las costuras del gobierno de coalición entre democristianos y socialdemócratas, otro tanto puede suceder en Bruselas y Estrasburgo. El debate de fondo es muy parecido. Todo el mundo está de acuerdo en que Europa, confrontada a la agresividad de Rusia y el desentendimiento de Estados Unidos, debe aumentar su gasto de defensa. La cuestión es cómo financiarlo. Y la respuesta de Alemania es clara: quitando de otro sitio.

Los 27 quieren aumentar sensiblemente la inversión en las políticas de competitividad y de defensa, lo que indefectiblemente pesará sobre otras partidas. La propuesta elaborada por la Comisión Europea para el marco presupuestario del periodo 2028-2034 -que empieza a discutirse ahora- es básicamente continuista en lo que afecta a las grandes cifras: cerca de 2 billones de euros, equivalente a un 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) comunitaria. Y aunque es cierto que la CE prevé contar con nuevos recursos propios, también lo es que ha de afrontar nuevos gastos, como los 168.000 millones correspondientes al reembolso de la deuda común emitida para combatir la crisis económica de la covid.

La distribución interna del gasto y su evolución es difícil de calcular porque ha cambiado la arquitectura presupuestaria y los fondos sectoriales serán refundidos a partir de ahora en fondos nacionales, que se adjudicarán a cada Estado en función de un programa de actuación pactado con Bruselas. Sin embargo, como no se puede hacer más con el mismo dinero es obvio que ciertas políticas históricas se resentirán, lo que apunta directamente a la Política Agraria Común (PAC) y el Fondo de Cohesión. Y no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo.

Los países llamados frugales, con Alemania a la cabeza, no quieren ni oír hablar de aumentar el presupuesto –“No encaja con la situación”, subrayó recientemente Merz-, mientras que los más afectados por los previsibles recortes agrícolas y de cohesión, entre ellos España, presionan en sentido contrario. Pero la división no solo existe entre países, en función de sus intereses, también la hay entre las instituciones comunitarias.

El Parlamento Europeo, que tiene poderes de codecisión en esta materia, aprobó la semana pasada un documento base de negociación en el que plantea un “moderado” aumento presupuestario del 10% con el objetivo de no sacrificar ningún programa, algo que augura un enfrentamiento con el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno. Desde luego, Alemania lo rechaza de plano, al igual que cualquier idea de volver a lanzar una operación de endeudamiento común. Dato curioso: entre los partidarios de elevar el gasto está el presidente del PPE y líder de la CSU, el alemán Manfred Weber. Es dudoso que Merz lo aprecie.

 

A vueltas con los aranceles. Donde sí han ido de la mano Merz y Weber es en el espinoso asunto del acuerdo comercial con Estados Unidos, pactado por Ursula von der Leyen y Donald Trump en Turnberry (Escocia) el verano pasado y todavía en proceso de ratificación en el seno de la UE. El Gobierno alemán y el PPE han presionado fuertemente para su rápida aprobación por el Parlamento Europeo, tanto más cuanto que el presidente de EE.UU. amenazó días atrás con imponer nuevos aranceles del 25% (en lugar del 15% pactado) sobre los automóviles europeos.

En teoría, la irritación de Trump se debe al retraso del proceso de ratificación, pero la amenaza se produjo inmediatamente después de que el canciller Friedrich Merz asegurara con desenvoltura que EE.UU. estaba siendo “humillado” por Irán en el conflicto del Golfo. Y casi en paralelo al anuncio, también inopinado, de la próxima retirada de 5.000 de los 36.000 soldados norteamericanos desplegados en Alemania.

Sea como fuere, la inconstancia del presidente estadounidense y sus continuos cambios de humor no han hecho más que sembrar la desconfianza y acentuar las divisiones en el seno de la UE. Algunos países y varios grupos políticos dela Eurocámara presionan ahora para añadir al acuerdo cláusulas de salvaguarda que permitan suspenderlo si Washington lo incumple. Uno de los más beligerantes ha sido, también aquí, otro alemán, el eurodiputado socialdemócrata Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo. La noche del jueves hubo un nuevo intento fallido de acordar una posición común entre los representantes de la Eurocámara, la Comisión y los 27. Aún tienen margen: Trump ha puesto como fecha límite el 4 de julio.

Amigos por doquier. La 8ª cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), foro que reúne a una cuarentena larga de jefes de Estado y de gobierno europeos más allá de los acotados márgenes de la UE, ha tenido esta semana un carácter especial. Celebrada en Ereván, la capital de Armenia, ha venido a subrayar un cambio geopolítico de calado: el viraje proeuropeo de esta república exsoviética, que hasta hace bien poco figuraba como un aliado histórico de Rusia. El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, quien llegó al poder tras la revolución de Terciopelo en 2018, ha sido el gran impulsor de este cambio, acelerado por la guerra de 2020 y 2023 con Azerbaiyán, en la que Moscú se lavó las manos. En 2025 el Gobierno armenio solicitó formalmente la adhesión a la UE, una aspiración que Bruselas respaldó esta semana en una reunión bilateral.

 La cumbre de la CPE tuvo otra circunstancia extraordinaria: la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney, que quiso de esta manera marcar su acercamiento a Europa en un momento gélido de las relaciones entre su país y Estados Unidos. La posibilidad de que Canadá pudiera algún día integrarse en la UE, por más que muchos de sus ciudadanos así lo deseen, no parece sin embargo probable.

Inestable Rumanía. La 8ª cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), foro que reúne a una cuarentena larga de jefes de Estado y de gobierno europeos más allá de los acotados márgenes de la UE, ha tenido esta semana un carácter especial. Celebrada en Ereván, la capital de Armenia, ha venido a subrayar un cambio geopolítico de calado: el viraje proeuropeo de esta república exsoviética, que hasta hace bien poco figuraba como un aliado histórico de Rusia. El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, quien llegó al poder tras la revolución de Terciopelo en 2018, ha sido el gran impulsor de este cambio, acelerado por la guerra de 2020 y 2023 con Azerbaiyán, en la que Moscú se lavó las manos. En 2025 el Gobierno armenio solicitó formalmente la adhesión a la UE, una aspiración que Bruselas respaldó esta semana en una reunión bilateral.