Newsletter 'Europa'
Diez años
después del Brexit, no solo nadie ha querido abandonar la UE sino que las
peticiones de adhesión se multiplican
Hace diez
años, el 23 de junio de 2016, los británicos decidieron bajarse del tren
europeo. No fue una decisión abrumadoramente mayoritaria, pero sí inapelable.
La convocatoria del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión
Europea -una apuesta fallida del primer ministro David Cameron, que se vio
forzado a dimitir tras la derrota- dividió al país en dos mitades y produjo una
polarización política extrema que desembocó en graves casos de violencia (la
diputada laborista Jo Cox, partidaria del remain, fue asesinada a puñaladas por
un ultra al grito de Britain First). El Brexit se impuso por un ajustado 52% a
48% y el divorcio con la UE se consumó, tras largas y difíciles negociaciones,
en el 2020. Desde entonces, nadie en las islas británicas ha querido reabrir la
herida.
Que un
país miembro de la Unión, y no cualquiera sino uno de los más importantes -de
los de mayor peso político, económico y demográfico-, abandonara el club era a
priori algo impensable y provocó un fuerte shock. De repente, el temor a que
otros países más o menos euroescépticos siguieran el mismo camino -Europa apenas
empezaba a recuperarse entonces de la brutal cura de austeridad impuesta a raíz
de la crisis de 2008- tomó cuerpo en muchas capitales. El miedo, sin embargo,
resultó infundado. El Brexit actuó, a la postre, como una vacuna y no sólo
nadie mostró deseos a partir de entonces de salir a la intemperie, sino que hoy
son los británicos -por 57% a 30%, según los sondeos más recientes- quienes
creen que abandonar la UE fue un error. Lo que no quiere decir que vayan a
volver. No a corto plazo, al menos.
Hoy no hay
ningún país en la lista de espera para dejar la UE. Sí hay, en cambio, una
larga lista para incorporarse. Lo que demuestra que, pese a todos los problemas
y carencias, el proyecto europeo mantiene su fuerza de atracción y que su sueño
fundacional -la creación de un espacio democrático de paz, libertad y
prosperidad compartidas-, sigue vivo.
Esta
semana, Bruselas abrió formalmente la negociación con Ucrania y Moldavia para
su futura adhesión a la Unión. El lunes se dio luz verde, en concreto, a la
apertura del primero de los seis bloques temáticos -clústeres, en el argot comunitario-
en los que está dividido el proceso de negociación. Kyiv había pedido el
ingreso formalmente en febrero del 2022, días después de desencadenada la
invasión rusa, y Chisináu le siguió los pasos en marzo. El Consejo Europeo
aceptó ambas candidaturas en junio de ese mismo año. Sin embargo, el veto
sistemático de Hungría había bloqueado hasta ahora cualquier avance. Ha tenido
que ser desplazado del Gobierno de Budapest el populista Viktor Orbán –aliado
de Moscú en el seno de la UE- y cerrarse un acuerdo sobre los derechos de la
minoría húngara en Ucrania para desbloquear la situación.
La apuesta
europea por la adhesión de Ucrania y Moldavia, dos antiguas repúblicas de la
extinta Unión Soviética, responde a un compromiso político de la UE frente al
expansionismo agresivo de la Rusia de Vladímir Putin, pero justamente eso hace
que el proceso sea más complejo. Ucrania todavía está en guerra, con casi un
20% de su territorio ocupado por el ejército ruso, y la pequeña Moldavia -que
se debate sobre si integrarse en Rumanía, con la que comparte lengua e
historia- arrastra también el lastre de la región separatista prorrusa de
Transnistria, que no controla.
La
situación especial de Ucrania, ha sido esgrimida por algunos gobiernos de la UE
para acelerar el proceso de adhesión. No obstante, no hay unanimidad al
respecto y los más optimistas creen que ya sería mucho lograrlo en 2030... una
fecha muy atrevida para los estándares comunitarios. De ahí que el canciller de
Alemania, Friedrich Merz, haya propuesto crear un nuevo estatus de “miembro
asociado” para alinear a Ucrania con la UE a la espera del ingreso efectivo.
Durante la cumbre que se ha celebrado este jueves y viernes en Bruselas, los 27
reafirmaron su apoyo a Ucrania y expresaron su voluntad de avanzar en la
negociación, aunque recordaron que el proceso de adhesión ha de estar “basado
en méritos”. Dicho de otro modo: no habrá ningún atajo para Kyiv.
Ucrania y
Moldavia son los últimos incorporados a una lista en la que figuran ya los
países de los Balcanes Occidentales, la mayoría de ellos surgidos de la
desintegración de Yugoslavia en los años 90 -Albania, Bosnia-Herzegovina,
Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia-, así como Georgia y Turquía. La
UE celebró con el primer grupo una cumbre el pasado 5 de junio en la población
montenegrina de Tivat (y no en Tirana como erróneamente se recogía en el
boletín de la semana pasada) donde reiteró su compromiso de incorporar a este
grupo de países. No todos, sin embargo, avanzan al mismo ritmo. Montenegro es
el más adelantado y podría ingresar en 2028.
Las
inclinaciones prorrusas de Serbia, las tensiones con Kosovo, los problemas de
Macedonia del Norte con Bulgaria y la fragmentación de Bosnia-Herzegovina
siembran de obstáculos el camino de estos países. En cuanto a los otros dos
candidatos, Georgia -otra exrepública soviética con provincias separatistas
prorrusas desgajadas, tras la intervención rusa de 2008- suspendió
unilateralmente las negociaciones de adhesión en 2024 y ha entrado en una
deriva autoritaria incompatible con los principios europeos. Lo mismo que
Turquía, cuyo proceso de incorporación -que algunos estados cuestionan por
tratarse de un país de mayoría musulmana- está por este motivo congelado desde
2018
Otros dos
países del Norte, Islandia y Noruega, podrían replantearse su reticencia a
adherirse a la UE, una opción que rechazaron en su momento para proteger sus
caladeros de pesca y eludir las obligaciones europeas en la materia. La guerra
de Ucrania y las sacudidas geopolíticas internacionales, sin embargo, están
obligando a todo el mundo a replantearse sus prioridades (como hicieron Suecia
y Finlandia al decidir ingresar en la OTAN). El Gobierno islandés ha convocado
un referéndum el 29 de agosto para decidir si reanudan las negociaciones de
adhesión a la UE, interrumpidas en 2015. En Noruega, donde la incorporación fue
rechazada por última vez en referéndum en 1995, están a la espera de lo que
suceda en Islandia para decidir si convocan a su vez una consulta en ese mismo
sentido. La fuerza de gravitación es tal que incluso hay quienes fantasean con
la incorporación ¡de Canadá!
Han pasado
trece años desde el último ingreso en la UE -el de Croacia en 2013- y veintidós
desde la gran ampliación hacia el Este del 2004. Y si algo ha quedado claro en
todo este tiempo es que la única manera de hacer gobernable la Unión es
cambiando las reglas. El principio de la unanimidad, todavía vigente en
aspectos esenciales, es un lastre y su aplicación a la política exterior y de
defensa ha contribuido decisivamente a hacer de Europa un enano político en el
concierto internacional.
En este
contexto, y con el fin de facilitar el consenso necesario para la ampliación,
cinco de los seis fundadores -Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y
Luxemburgo- han propuesto que los nuevos miembros tengan temporalmente
restringido su derecho de veto en las cuestiones presupuestarias, de política
exterior y de seguridad, además de imponer salvaguardas adicionales para poder
reaccionar con mayor contundencia y prontitud en caso de retrocesos
democráticos como sucedió en Hungría. Una medida de este tipo sería
forzosamente provisional, porque de lo contrario crearía dos categorías de
países. Con lo que el problema de fondo se mantendrá mientras no se cambien los
tratados.
Ante este
obstáculo fundamental, que condiciona todo avance, se ha abierto paso la idea
de que un grupo de países, los de más peso y más comprometidos con la
profundización de la integración europea, decidan avanzar en solitario a través
del mecanismo de las cooperaciones reforzadas, consolidando en la práctica una
Europa de dos velocidades (que ya existe, por ejemplo, con el euro). El
canciller Merz ha propuesto que este núcleo duro esté integrado por seis países
que suman el 71% de la población de la UE y el 70% del PIB comunitario:
Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos.
Pero la
iniciativa se enfrenta a un grave problema: la debilidad política de los
líderes concernidos. Friedrich Merz no pasa por su mejor momento -su
popularidad está en caída libre y el gobierno de coalición que preside está muy
dividido- y al francés Emmanuel Macron -que no puede volver a presentarse para
un tercer mandato- le queda menos de un año en el Elíseo y no tiene un sucesor
claro, mientras los sondeos de las elecciones presidenciales de mayo de 2027
dan ventaja a la extrema derecha.
El año que
viene hay también convocatorias a las urnas en España, Polonia e Italia. En los
dos primeros casos, Pedro Sánchez y Donald Tusk, ambos al frente de coaliciones
con mayorías frágiles, se enfrentan a citas electorales cruciales que podrían
precipitar cambios políticos. En España, los sondeos son negativos para el
líder socialista y aunque no lo son para el premier polaco, el resultado de las
pasadas elecciones presidenciales -que ganó el opositor Ley y Justicia- no son
un buen augurio. En Italia, Giorgia Meloni parece más sólida y las encuestas le
auguran una clara ventaja electoral, aunque tampoco es la más ferviente
europeísta del grupo. Finalmente, el neerlandés Rob Jetten, elegido primer
ministro el pasado febrero, dirige los Países Bajos con una mayoría
parlamentaria más que exigua. Débiles mimbres parecen para tamaña empresa.
Austeros
contra solidarios.
La cumbre de esta semana ha servido para que los 27 empezaran a abordar la
discusión sobre el próximo marco presupuestario de la UE (2028-2034) y se
constatara a plena luz del día la división que existe entre los países llamados
“frugales” -que priman la contención del gasto y una redistribución de recursos
hacia las políticas de competitividad y defensa- y los conocidos como “amigos
de la cohesión” -que defienden aumentar el presupuesto y salvar las políticas
agrícola y de cohesión-. Entre los primeros están Alemania, Austria, Dinamarca,
Finlandia, Países Bajos y Suecia. Entre los segundos, que son una quincena,
destacan España e Italia. Francia, que es de los aportadores netos, navega
entre dos aguas. La propuesta que la presidencia chipriota ha puesto sobre la
mesa asciende a 1,76 billones de euros (un 2% menos de lo que había propuesto
la Comisión Europea). La próxima etapa será discutir una propuesta para aumentar
los recursos propios con nuevas figuras fiscales.
¿Cómo
resistir a China? Los
dirigentes europeos también se mostraron divididos a la hora de decidir medidas
para afrontar los “desequilibrios económicos globales”, un eufemismo bajo el
que se esconde la preocupación por la competencia industrial de China y lo que
se consideran prácticas comerciales desleales. Lo cierto es que el déficit
comercial con Pekín se ha disparado tras la pandemia de covid y ya no hay país
de la UE que tenga superávit con el gigante asiático. Francia encabeza un grupo
de países que defiende la adopción de medidas firmes para proteger los sectores
estratégicos frente a la competencia exterior, a riesgo de ir al choque con
China, mientras que España propugna cautela y pragmatismo. Alemania se había
alienado hasta ahora con los prudentes, pero el castigo que su industria está
recibiendo es tal que parece estar cambiando y se muestra abierta a discutir
nuevas medidas.
Roces
por la inmigración.
La política migratoria lleva un tiempo centrando la atención de Europa y
provocando vivos debates -y roces- en el seno de la UE. Aunque no figuraba en
el orden del día, los dirigentes de varios países -la danesa Mette Frederiksen,
la italiana Giorgia Meloni y el belga Bart de Wever- censuraron que España
hubiera tomado unilateralmente la decisión de proceder a una regularización
extraordinaria de inmigrantes. Lo hicieron después de que el presidente
español, Pedro Sánchez, criticara la iniciativa de crear centros de
internamiento y deportación de inmigrantes irregulares en terceros países. Así
lo prevé el nuevo reglamento europeo de Inmigración y Asilo, que fue aprobado
el miércoles por el pleno del Parlamento Europeo con los votos de la derecha y
la extrema derecha, en medio de la euforia desatada de algunos eurodiputados
ultras que gritaban “¡Mandadlos de vuelta!” (send them back!). Francia
también rechaza esta vía y ayer el presidente Emmanuel Macron advirtió que su
país se opondría a destinar fondos europeos para la construcción de estos
centros.
Tratado
España-Francia. El
pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves, después de varios
tropiezos, ratificar el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia
firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en Barcelona en enero de 2023. Un
primer intento fue abortado hace un año, al no obtener los votos suficientes.
En esta ocasión el Gobierno ha contado con el apoyo de todos los aliados de la
investidura, incluidos Junts per Catalunya y Podemos, que la vez anterior se
opusieron y han cambiado el sentido de su voto. Quienes no lo han hecho, y
mantuvieron su rechazo, fueron el PP y Vox. Embarcados en una deriva
nacionalista antifrancesa, los populares pueden utilizar ahora su mayoría
absoluta en el Senado para seguir boicoteando el tratado, que en tal caso
debería volver a pasar por el Congreso. Extraña carta de presentación ante un
aliado para quien aspira al Gobierno de España.
