¿Se está cansando Europa de Ucrania?

Newsletter 'Europa'

Cuatro países del Este rechazan seguir financiando a Kyiv, dentro de poco podrían ser más

Iliana Yotova, de 62 años, experiodista y exeurodiputada, es desde este domingo la nueva presidenta de Bulgaria, cargo que ocupaba de forma interina desde principios de año. Su elección, tras aplastar en la segunda vuelta de las elecciones al liberal y europeísta Andrey Gyurov (por 57,7% a 39,4%), confirma el giro prorruso iniciado con la elección en abril, como primer ministro, del exgeneral euroescéptico Rumen Radev. Y consolida la existencia de un grupo de países de Europa del Este -junto con Eslovaquia, la República Checa y Hungría- partidarios de cortar la ayuda a Ucrania.

Que este estado de opinión se quede en una especificidad circunscrita a una parte de los antiguos países miembros del Pacto de Varsovia o se extienda por toda la Unión Europea dependerá en gran medida de la evolución electoral que se produzca en los próximos meses en otros países europeos, donde la extrema derecha abraza tesis similares. Todo ello en un contexto de desencanto de la opinión pública europea, cada vez más reacia a la adhesión de Ucrania a la UE.

En sus primeras declaraciones, la nueva presidenta búlgara -que fue una popular periodista de televisión en los años noventa antes de pasar a la política de la mano del Partido Socialista Búlgaro, heredero del antiguo partido comunista- se presentó como una “presidenta de paz” y abogó por restablecer las relaciones con Moscú y por poner fin al apoyo militar a Ucrania. Su elección refuerza la línea política marcada por Radev, con quien ha formado tándem desde el 2016, cuyo gobierno defiende acabar con las sanciones a Rusia y restablecer las compras de gas y petróleo rusos.

Bulgaria no está sola en este frente. Eslovaquia, la República Checa y Hungría están en la misma o parecida onda. En el primer caso, el nacionalista y populista Robert Fico -que en 2023 fue elegido primer ministro para un tercer mandato, tras un paréntesis en la oposición- atribuye el origen de la guerra de Ucrania a la política de Estados Unidos y, como sus colegas búlgaros, es partidario de retomar las relaciones con Moscú. Además, ha cortado la ayuda militar directa a Kyiv y restringido las ayudas a los refugiados ucranianos. En la República Checa, el también renacido primer ministro Andrej Babis -un rico hombre de negocios euroescéptico que regresó al poder a finales del 2025 aliado con la extrema derecha- ha tomado medidas similares.

Es llamativo el caso de Hungría. Todo el mundo esperaba que con la caída de Viktor Orbán, que bloqueaba sistemáticamente la ayuda a Ucrania con su derecho de veto, las cosas iban a cambiar radicalmente. No ha sido así. Ciertamente, el nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar -elegido el pasado mes de mayo-, tiene otro talante y no pone palos en las ruedas. Deja hacer, pero se lava las manos, lo que indirectamente -según los países europeos críticos- ayuda a Rusia. Lo cierto es que con Magyar las relaciones entre Budapest y Kyiv -históricamente tensas por la minoría húngara que vive en el oeste de Ucrania- siguen siendo difíciles. El primer ministro húngaro rechaza enviarle armas y recientemente bloqueó un proyecto para almacenar petróleo ucraniano en Hungría.

Estos cuatro países se oponen a seguir contribuyendo al esfuerzo de guerra de Ucrania, que tras la deserción de Estados Unidos con Donald Trump depende más que nunca de la ayuda europea. La UE está debatiendo en estos momentos el modo -seguramente a través de un nuevo endeudamiento común- de financiar los 70.000 millones de euros adicionales que necesita Kyiv para el año que viene (y que no estarán cubiertos por el préstamo inicialmente aprobado para el periodo 2026-2027 de 90.000 millones). El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viaja estos días de capital en capital para sensibilizar a los líderes europeos sobre la urgencia de resolver la financiación. Sea cual sea la propuesta que Bruselas ponga sobre la mesa en la cumbre del próximo 26 de noviembre, Bulgaria, Eslovaquia, la República Checa y Hungría se han desligado de todo compromiso al respecto, acogiéndose a la cláusula de exclusión voluntaria (opting-out).

(La discusión ha empezado a mezclarse con el debate sobre el marco presupuestario de la UE para los próximos siete años. Alemania, que es uno de los países que más esfuerzo económico está haciendo en apoyo de Ucrania y capitanea el grupo de países frugales que piden recortes en las cuentas comunitarias, reprocha a los disidentes del Este que exijan mantener las partidas de la cohesión y de la política agraria común, de las que son beneficiarios, mientras eluden todo compromiso económico con Kyiv)

¿Podría este grupo disidente verse ampliado en los próximos meses? No es descartable. Las elecciones que deben celebrarse en España (el próximo 29 de noviembre), Francia, Italia y Polonia (en el 2027) podrían alterar sustancialmente el mapa político y el equilibrio de fuerzas en el seno de la UE. Con consecuencias también para Ucrania.

Por proximidad a los otros países del Este -con quienes integra el Grupo de Visegrado-, resulta interesante el caso de Polonia. El peso de la Historia hace que el sentimiento antirruso esté muy generalizado en el país, así que es harto improbable un acercamiento entre Varsovia y Moscú. No obstante, las relaciones con Kyiv no pasan por su mejor momento -malestar en el país por la alta presencia de refugiados y la competencia del trigo ucraniano, viejos resentimientos históricos…- y, lo que es más significativo, la entrega de armas a Ucrania ha empezado a ser puesta en cuestión: el principal partido de la oposición, el ultranacionalista Ley y Justicia -que pese a no gobernar ha conservado la presidencia del país- protestó meses atrás por el envío de antimisiles Patriot alegando que Polonia quedaba desprotegida y Ucrania no se conducía como un socio leal.

Pero el país que podría cambiar el fiel de la balanza es Francia. Las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo podrían acabar encumbrando al Elíseo -así lo vaticinan todos los sondeos hasta ahora- a la líder del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, que había mantenido antiguamente estrechos vínculos con Moscú (que financió una de sus campañas electorales). En una entrevista reciente, Le Pen avanzó que su intención en caso de gobernar es cortar la ayuda económica francesa a Ucrania (que calculó en 6.000 millones de euros al año) para dedicar ese dinero a otras necesidades internas. La presidenciable del RN, en un aparente gesto de magnanimidad, dijo que mantendrá en cambio el suministro de material militar… siempre que lo pague otro, se entiende. En el otro extremo del arco parlamentario, La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, de izquierda radical, mantiene en su programa una total ambigüedad sobre el apoyo militar a Ucrania, capítulo en el que apuesta por la vía diplomática.

La deserción de Francia podría provocar un efecto en cadena. En Italia, la primera ministra y líder del posfascista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, si bien en el pasado había manifestado cierta proximidad con el Kremlin, desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 se ha alienado de manera firme con al resto de la UE y de la OTAN contra Moscú. ¿Podría virar de nuevo? En todo caso, uno de sus socios de gobierno -el líder de La Liga, Matteo Salvini- es decididamente prorruso, así como una de las figuras ascendentes de cara a las próximas elecciones: el exgeneral Roberto Vannacci, líder del partido Futuro Nazionale, que busca comerle el terreno desde la extrema derecha radical. En el otro lado del arco político, el Movimiento Cinco Estrellas rechaza el envío de armamento a Ucrania y apuesta por solucionar el conflicto por la diplomacia.

En España, Vox, que podría condicionar el sesgo político de un próximo gobierno del PP, se ha alineado formalmente con el apoyo a Ucrania y en contra del expansionismo de Rusia. Sin embargo, su alianza en Europa -en el grupo Patriots- con partidos más bien prorrusos y su proximidad con el presidente de EE.UU., Donald Trump, cercano a Vladímir Putin, podrían hacerle bascular hacia posiciones más “pragmáticas”.

En un escenario así, ¿podría Alemania seguir liderando la resistencia europea? Los alemanes no tienen previsto pasar por las urnas el año que viene (en unas elecciones nacionales), pero no hay que olvidar que el partido que lidera las intenciones de voto, Alternativa para Alemania (AfD), de extrema derecha, defiende aproximarse de nuevo a Rusia y dejar a Ucrania en la estacada, sin ayuda militar ni financiera. Ni refugiados.

No es extraño que, en estas circunstancias, los dirigentes europeos intenten influir en el proceso impulsado por EE.UU. para buscar cuanto antes una salida negociada a la guerra, sobre todo después de que Donald Trump -que ha salido enormemente debilitado de las elecciones midterm, pero mantiene el control de la política exterior estadounidense- hubiera girado en las últimas semanas a favor de las tesis del presidente ruso y pactara con él el levantamiento del embargo del diésel. La semana que viene, los días 10 y 11, se reunirán en Abu Dabi representantes de Rusia y Ucrania y los mediadores de EE.UU. -Steve Witkoff y Jared Kushner- para abordar las condiciones de un eventual alto el fuego y una hoja de ruta para una paz estable y duradera. El reto es crucial para Europa, por cuanto Washington parece haber asumido el marco conceptual de Moscú de abordar una “arquitectura europea de seguridad” global.

El jueves, representantes ucranianos, de los países del llamado grupo E3 (Alemania, Francia y el Reino Unido) y de Estados Unidos mantuvieron una reunión preparatoria en la sede de la OTAN, en Bruselas. Y la víspera, esta vez en la sede de la UE en la capital belga, se celebró otro encuentro de los mismos actores más el Banco Mundial para abordar la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. Paralelamente, un grupo de once países europeos -entre ellos, España- capitaneados por Francia y el Reino Unido realizarán entre el 9 y el 22 de noviembre en Polonia unas maniobras de lo que puede constituir el embrión de la futura Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U), que contribuiría a garantizar la seguridad una vez firmado un alto el fuego. En el ejercicio, bautizado Koalicja (coalición, en polaco) participarán 2.800 soldados.

Pese a toda esta actividad, la participación directa de la UE en las negociaciones no está clara, ni tampoco quién debería ser el interlocutor que representara a Europa en la mesa. El formato restringido en que se están abordando los contactos por parte europea ha irritado a algunos dirigentes, como la primera ministra italiana, que lo juzga “inaceptable”. Giorgia Meloni envió una carta de queja al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se ha comprometido a buscar una fórmula a través de la que la UE pueda presentar una postura unificada.

En este contexto, cobra relevancia la eventual adhesión de Ucrania a la UE, un proceso que inicialmente arrancó en el 2022 con su designación oficial como candidato y que tiene un calendario incierto. A pesar de las prisas de Kyiv, la Comisión Europea eludió esta semana aventurar una fecha para su incorporación al club comunitario, mientras que sí lo hizo con Albania, Moldavia y Montenegro (entre 2028 y 2029). De ahí que el canciller alemán, Friedrich Merz, propusiera en su momento la creación de un estatus de “miembro asociado” para que Ucrania pudiera empezar a participar -sin voto- en la vida de la UE (y de ahí también que se oponga a la idea de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de utilizar este término para la alianza con Canadá)

El camino de la adhesión de Ucrania se prevé lleno de obstáculos, y no solo por las dificultades del proceso de negociación y las reformas que le son exigidas, sino por las resistencias de algunos países, particularmente Hungría. El ambiente general de la opinión pública europea tampoco está como unas castañuelas con el futuro socio. Según un sondeo de la Fundación Bertelsmann, el 53% de los europeos está en contra, por un 47% a favor. Por países, los ciudadanos de España, Países Bajos, Portugal y Suecia son mayoritariamente favorables. No así en Alemania, Bélgica, Francia, Italia o Polonia…

 

Palestina, sin horizonte

'Visión periférica'

Sea cual sea el futuro gobierno israelí, lo que a estas alturas y a falta de mayorías suficientes todavía no está claro, la cuestión palestina seguirá en un callejón sin salida. Ni unos ni otros están dispuestos a aceptar un Estado palestino.

En 2012 un grupo de israelíes y palestinos decidió impulsar conjuntamente una iniciativa política para superar el conflicto histórico y buscar una solución que satisficiera las aspiraciones de ambos pueblos. El nombre elegido,  A Land for All (Una tierra para todos), resume a la perfección su ideal. Su propuesta es la creación de una confederación de dos entidades estatales –una judía y otra, árabe– en un país común entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, esa tierra que los mas intransigentes de cada parte reclaman exclusivamente para ellos.

“Nuestras vidas están ya inextricablemente entrelazadas, no solo a nivel emocional e histórico, sino también en los aspectos más básicos y cotidianos”, constatan, para llegar a la conclusión de que “un futuro pacífico compartido requiere un marco político que refleje nuestra interdependencia, sin dejar de atender nuestras necesidades específicas”. ¿Soñadores? ¿Ilusos? ¿Visionarios? Sea como sea, hoy por hoy no son más que una gota en un océano embravecido.

El trauma del 7 de octubre de 2023, cuando milicias de Hamas penetraron en Israel desde Gaza asesinando a 1.200 personas y secuestrando a otras 251, ha lanzado a la sociedad israelí por la pendiente de la venganza y el odio, donde no cabe el reconocimiento de los anhelos y el sufrimiento de los otros, ni la justicia ni la compasión. Los crímenes del ejército israelí en sus represalias en Gaza, donde en tres años ha matado a más de 70.000 personas –lo que la ONU ha calificado de genocidio–, y el terrorismo de los colonos judíos contra los palestinos en Cisjordania dejan fríos a la mayoría de los ciudadanos israelíes, entre los que se ha disparado –en palabras del director del diario israelí Haaretz, Aluf Benn– el “racismo antiárabe”.

La corriente antipalestina de fondo es tan fuerte que arrastra, de un modo u otro, a la inmensa mayoría de la sociedad israelí, más allá de sus diferentes convicciones políticas. Por eso, en las cruciales elecciones que Israel celebró el pasado martes, calificadas de “existenciales” por numerosos observadores debido a la deriva autoritaria y extremista del gobierno de Beniamin Netanyahu, no cabía esperar cambios de calado en lo que atañe al conflicto israelopalestino. En líneas generales, las posiciones del líder opositor, el general Gadi Eisenkot –ex jefe  del Estado Mayor del ejército israelí–, si bien menos extremistas, no son sustancialmente tan diferentes de las de la derecha

El polarizado mapa político resultante de los comicios, con dos bloques enfrentados de similar peso –con ventaja para la coalición de Netanyahu– pero sin mayoría suficiente para gobernar, augura un largo periodo de interinidad de desenlace incierto. Los partidos árabes podrían decantar la balanza, pero es improbable que el bloque de la oposición recurra a una alianza tan difícil de digerir.

Mientras, la situación en Palestina es dramática. La víspera de las elecciones, el lunes 26, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo público el último informe de la comisión independiente internacional de investigación sobre los territorios ocupados, que Israel mantiene bajo su control desde la guerra de los Seis Días de 1967. Sus conclusiones son  demoledoras: “Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad –exterminio, persecución, tortura, violación y otras formas de violencia sexual– en el territorio palestino ocupado, tomando intencionadamente como objetivo a la población civil, mientras continúa cometiendo genocidio en Gaza”, sostiene.

La ONU denuncia que en Cisjordania, donde viven 500.000 judíos por tres millones de palestinos, el ejército israelí ha apoyado sistemáticamente la violencia de los colonos judíos contra la población árabe, con el objetivo de desplazar a los habitantes autóctonos, ocupar sus tierras  y expandirse territorialmente. El resultado ha sido, hasta ahora, la muerte de 254 palestinos y el desplazamiento forzado de cerca de 34.200 personas, la mayor cifra desde 1967.

En cuanto a Gaza, la ONU acusa a Israel de ampliar su zona de control –marcada por la inasible línea amarilla– y seguir matando civiles. Un centenar de oenegés encabezadas por Oxfam Intermon asegura que más de 1.400 palestinos han muerto a manos del ejército israelí desde la entrada en vigor del alto el fuego acordado en enero del 2025. El Gobierno israelí rechazó todas estas acusaciones, que achacó a una “campaña de desinformación”.

Si el opositor Gadi Eisenkot llegara a poder formar gobierno, cabría esperar un freno a las acciones violentas de los colonos judíos en Cisjordania –que ha censurado públicamente– y acaso una reconducción de las acciones militares en Gaza. Lo que no sería poco. Pero en la cuestión de fondo no cabe esperar ningún avance sustancial. Eisenkot es tan opuesto a la creación de un Estado palestino como Netanyahu –lo más que se dice dispuesto a aceptar es una especie de entidad autónoma desarmada y tutelada por Israel–, no cuestiona las colonias de Cisjordania y no es menos partidario de las intervenciones militares contundentes, por más que haya criticado la falta de objetivos claros y su ejecución en Gaza.

Muy pocos opinan hoy diferente. Un sondeo publicado en septiembre por el Pew Resarch Center constató que el 56% de los israelíes considera que no es posible una coexistencia pacífica con los palestinos (el nivel más alto en una década),  mientras que entre los árabes de Cisjordania y Jerusalén Este (la encuesta no pudo realizarse en Gaza por razones obvias) esa convicción alcanza al 68%. Solo el 17% y el 21% de ambas comunidades cree todavía en un futuro de paz. El abismo que les separa parece hoy insalvable.

Disturbios: la alargada sombra de Moscú

Newsletter 'Europa'

La proliferación de violencias callejeras organizadas en vísperas electorales en Francia, Italia y España dispara las sospechas sobre una injerencia extranjera

 

Entre las miles de imágenes que han circulado en las últimas semanas sobre los disturbios en varias ciudades europeas, una de las más vistas en la red social X -con más de un millón de visualizaciones- ha sido la de una pareja de octogenarios en ropa interior en una calle de París en el momento en que supuestamente son despojados de su ropa y pertenencias por un grupo de enmascarados durante los disturbios del 17 de octubre. Impactante, pero falsa. Varios medios de comunicación franceses han comprobado que la imagen había sido creada o modificada mediante inteligencia artificial (IA) y la Fiscalía de París ha desmentido que haya constancia o denuncia de un hecho semejante.

Las redes sociales -incitando a la destrucción y el pillaje primero, explotando propagandísticamente esa violencia después- se han convertido en el escenario de una campaña de desestabilización política que afecta principalmente a los países europeos con elecciones en el horizonte inmediato -Francia, Italia, España-, lo que ha disparado las sospechas sobre una injerencia extranjera. ¿La mano de Moscú?

En Europa, Rusia es el principal agente foráneo de agitación y desinformación, dentro de su guerra híbrida contra Ucrania y sus aliados. Así lo tiene monitorizado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE, cuyo informe correspondiente al año 2025 recuerda que la estrategia del “aparato de desinformación y manipulación del Kremlin” consiste en “sembrar y profundizar las divisiones sociales y socavar los procesos políticos considerados una amenaza para los intereses rusos”, especialmente aprovechando los periodos electorales, y que uno de los medios que utiliza es tratar de “movilizar el sentimiento antisistema”.

De los 540 incidentes de manipulación de información e injerencia extranjera (FIMI, en sus siglas en inglés) detectados y analizados el año pasado, el 29% son atribuidos a Rusia y el 6% a China. El 65 % no han podido atribuirse a un actor concreto, aunque “presentan indicios de coordinación con activos de FIMI vinculados a infraestructuras atribuidas a Rusia o China”. La mayoría de estos incidentes “implican la publicación de un mismo contenido por parte de múltiples cuentas en diversas plataformas”: en 2025 se registraron cerca de 43.000 contenidos (textos, audios, vídeos, para cuya elaboración se utiliza cada vez más la IA) en 19 plataformas distintas, siendo la red social X, propiedad del multimillonario Elon Musk, la que concentró el 88% de los casos.

En el caso de los violentos disturbios y saqueos perpetrados en París y las principales ciudades francesas el 17 de octubre, a rebufo de las manifestaciones de estudiantes, la Comisión Europea está investigando la posibilidad de que fueran alentados por una potencia extranjera. Según adelantó el Financial Times, Bruselas ha constatado que “cuentas prorrusas y de extrema derecha, vinculadas en el pasado a campañas de desinformación, difundieron vídeos violentos en un intento de sembrar aún más el caos”. Es notorio que los disturbios han sido utilizados ampliamente en las redes sociales para agravar la sensación de anarquía -incluyendo imágenes falsas como la citada al principio de este artículo- y atizar las fracturas sociales, acusando a los jóvenes de origen inmigrante y confesión musulmana de la violencia y el pillaje.

Según un informe de la oenegé Alliance4Europe, que ha rastreado y analizado 547.471 publicaciones realizadas en X, Telegram, TikTok, YouTube, Facebook y diversos sitios de noticias, en nueve idiomas, además de 12.839 comentarios, difundidos ya desde seis semanas antes del 17 de octubre, ha concluido que -si bien no hay pruebas de que un país extranjero hubiera organizado las protestas- “actores extranjeros trabajaron activamente para amplificar e intensificar el descontento público y para celebrar la violencia, con el objetivo adicional de polarizar los debates y dividir a la sociedad francesa”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a dirigentes extranjeros -en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que atribuyó la violencia a la inmigración- de tratar de explotar políticamente los disturbios, pero no quiso ir más allá. Quien sí ha señalado claramente hacia el exterior es el ministro de Defensa italiano, Guido Grosseto, que achacó la violencia perpetrada en Milán y otras ciudades el mismo fin de semana por jóvenes vándalos -al calor también de un movimiento estudiantil seguidista del francés- a “una guerra híbrida que alguien está librando contra nuestras naciones a través de las redes sociales, sin que Occidente se dé cuenta o reaccione”.

La policía italiana detuvo el día 24 a un politólogo y activista de origen marroquí, Yousef Siher, administrador de varios canales del llamado Movimiento 17 de octubre, como supuesto instigador de los disturbios, al que los servicios de inteligencia -según el Corriere della Sera- conectan con el grupo de hackers prorruso ‘Noname’. La fiscalía pidió la prisión preventiva de Siher, pero la juez de instrucción le dejó en libertad, para indignación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que calificó la decisión de “vergonzosa”.

En España, la erupción de violencia se desató en Barcelona ese mismo sábado 24, después de que los instigadores, a través de cuentas anónimas con el lema Blocus (palabra francesa tomada prestada del movimiento de los bachilleres franceses que llamaba al bloqueo de los institutos), intentaran en vano encender también las calles de Madrid. A través fundamentalmente de perfiles en TikTok, dirigidos a jóvenes adolescentes, se invitaba a manifestarse y -a través de un código QR que remitía a cuentas privadas de Whatsapp y Telegram- se daban instrucciones precisas sobre el operativo. Ahí se incitaba ya directamente al saqueo de tiendas de lujo.

En el caso de la capital catalana, ni siquiera se aprovechó un movimiento estudiantil preexistente -que no había-, simplemente se incitó de manera artificial a la protesta y el vandalismo siguiendo el ejemplo francés. Y, como ha sucedido en Francia, la presencia entre los vándalos de jóvenes de origen magrebí y latinoamericano ha sido utilizada por cuentas de extrema derecha para alentar un sentimiento contra los inmigrantes.

A nivel político, el Gobierno ha acusado a la extrema derecha de estar detrás alentando los disturbios, mientras que la oposición señalaba al propio Ejecutivo. Nadie ha acusado, hasta el momento, a un agente extranjero.

Los expertos no tienen dudas sobre el hecho de que se ha tratado de una acción perfectamente organizada y teledirigida. ¿Por quién? Eso está por probar. Marcelino Madrigal, un conocido analista de redes, alertó de todo este movimiento unos días antes. Y aunque no se ha podido establecer quién hay detrás de todo ello, no duda de que se ha tratado de una operación premeditada, sin descartar una injerencia extranjera. “¿Indicios de que la mecha se ha encendido por una parte interesada? Sí, los hay. Se utilizaron cuentas recicladas, cambiadas de nombres e identidades. Se alentó a los jóvenes con el pillaje. Se eliminaron rastros cuando fueron descubiertos”, ha escrito en BlueSky.

La empresa tecnológica Golden Owl, una startup del Parque Científico de Alicante, ha llegado a parecida conclusión a partir del análisis de más de 10.000 elementos recopilados en siete plataformas, dieciocho carteles de cuentas organizadoras e inspección en directo del grupo de coordinación. “Los disturbios del 24 de octubre en Barcelona estuvieron precedidos por actividades de captación y coordinación digital. Las conversaciones archivadas de Telegram revelan preparativos explícitos para saquear establecimientos de alto valor, provocar incendios, agredir a agentes policiales y revender productos robados”, explica en su informe.

Golden Owl ha identificado indicios de actividad de la red Blocus en 18 localidades de 11 comunidades autónomas, con convocatorias precisas en la mayoría de los casos: “El mapa incluye Barcelona, Madrid, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, A Coruña, Santander, Pamplona y Terrassa”.

Lo que está sucediendo ahora, sea cual sea la mano que lo dirija desde detrás, lleva tiempo incubándose. El último informe de Europol sobre terrorismo en Europa, hecho público el pasado mes de julio, alertaba del surgimiento de una nueva tendencia: un “extremismo violento de carácter nihilista” procedente de “comunidades digitales descentralizadas que glorifican las acciones violentas” e interaccionan entre ellas siguiendo los mecanismos -desafíos, recompensas- propios de los videojuegos.

Sin objetivos ideológicos claros, algunos individuos buscan generar el caos como medio de precipitar el colapso del sistema, otros actúan por el mero gusto de la violencia y otros más con fines exclusivamente criminales. Todos ellos, alertaba ya el informe, son “vulnerables a la instrumentalización de actores malintencionados que buscan promover sus propios objetivos estratégicos”.

La oleada de violencia no ha acabado. Italia vivió ayer una nueva jornada de huelgas y protestas contra el aumento de los precios y la política del Gobierno, y de nuevo se produjeron incidentes violentos, particularmente en la ciudad de Turín. En Francia, Alemania y los Países Bajos, las convocatorias de nuevas manifestaciones hoy sábado han puesto en alerta a las fuerzas de seguridad. Y lo mismo en España, donde no hay realmente protestas políticas o sociales organizadas, pero sí nuevos llamamientos en las redes sociales para sembrar el caos en las principales ciudades, con Barcelona otra vez en el foco. La policía ha preparado un dispositivo extraordinario para bloquear cualquier conato y ha procedido a varias detenciones. En todas partes, los comerciantes blindan sus establecimientos cubriendo sus escaparates con chapas de madera... Una imagen fantasmagórica para la celebración de Halloween.

 

Francia: la izquierda en las calles, la ultraderecha en las urnas

Newsletter Europa 

La violencia asociada al actual movimiento de protesta estudiantil alimenta, como sucedió en Mayo del 68, el voto de la ley y el orden

 

En mayo de 1968, Francia tembló. La revuelta de los estudiantes universitarios, secundada por los obreros -que paralizaron las fábricas de todo el país-, puso en jaque al Gobierno y, más allá, al propio régimen edificado por el general De Gaulle con la fundación de la V República en 1958. Hay un cierto aroma a Mayo del 68 en la actual movilización de los estudiantes franceses de secundaria, que ha confluido con un malestar social más general en un momento de profunda crisis política y económica en el país. Los propios estudiantes evocan hoy la mitificada revolución protagonizada por sus abuelos hace casi seis décadas como si un hilo conductor uniera ambos acontecimientos. Los tiempos, sin embargo, no son los mismos.

La protesta actual, iniciada en un punto de la banlieue de París por asuntos muy concretos -en este caso, la falta de profesores en el liceo Antoine de Saint-Exupéry en Créteil-, extendida como una mancha de aceite a otros centros con reivindicaciones ya mucho más amplias y generales, y exacerbada por la contundente represión policial (con más de 8.000 detenciones y el uso de armas no letales pero que han causado heridos graves), guarda en efecto marcados paralelismos con la forma en que se gestó Mayo del 68. Otra cosa es que las ansias de cambio y de liberación de entonces han sido sustituidas hoy por la preocupación y la angustia que suscitan un presente y un futuro marcados por la precariedad. La esperanza ha sido reemplazada por el pesimismo.

También hoy como hace sesenta años hay un espeso sentimiento de crisis en el ambiente. Si en 1968 los rebeldes impugnaban un régimen anquilosado y conservador, hoy es el propio modelo presidencialista de la V República, llevado al extremo por Emmanuel Macron -a quien algunos críticos acusan de creerse el dios Júpiter-, el que está en causa. La forma imperiosa y vertical de ejercer el poder suscita hoy un rechazo generalizado en la sociedad francesa, que se lo ha hecho pagar caro en las urnas: el resultado es un presidente enormemente debilitado, después de que su azarosa decisión de disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones en 2024 dejara a su gobierno en minoría y convirtiera estos últimos años de su mandato en un periodo marcado por la parálisis.

La situación económica es asimismo preocupante. Con un crecimiento económico plano (un 0,4% previsto para este año y un 0,5% en 2027), un paro enquistado alrededor del 8% y una inflación del 3,1%, el aumento de los precios, particularmente de los carburantes, ha disparado el descontento social por la pérdida de poder adquisitivo. Los sindicatos se reunieron esta semana con el jefe del Gobierno, Sébastien Lecornu, para  reclamar medidas y salieron con las manos vacías, con lo que reafirmaron la convocatoria de una jornada de huelga y movilización general el 5 de noviembre.

El problema es que el Ejecutivo tiene muy poco margen de maniobra para contentar las demandas de trabajadores y estudiantes: con un déficit público del 5,1% y un endeudamiento que alcanza el 119% del PIB, sus planes no pasan precisamente por ofrecer nuevas ayudas, sino por aplicar un ajuste de 54.000 millones de euros en el presupuesto del año que viene, que tiene muy difícil -por falta de mayoría- llegar a ver la luz. Mientras tanto, los mercados financieros han castigado a Francia elevando el coste de su deuda al 5%, una barrera que no se alcanzaba desde el 2002.

Frente al idealismo ilusionado del 68, el nihilismo más descarnado ha ganado hoy a amplios sectores de la juventud y de la sociedad francesa. Y quizá eso explique el elevado grado de violencia, destrucción y pillaje en que degeneraron las masivas manifestaciones del pasado sábado, 17 de octubre, perpetrados por una amalgama integrada por elementes anarquistas y de ultraizquierda, bandas procedentes de la banlieue, estudiantes airados sin adscripción partidista excitados por la adrenalina y curtidos en los últimos enfrentamientos con la policía y algunos oportunistas que aprovecharon la ocasión de arramblar con lo que pudieron. En Mayo del 68 también hubo fuertes enfrentamientos en las calles de París, pero la violencia del sábado pasado recuerda mucho más a la que se ha visto en los periódicos levantamientos de los suburbios -en 2005 y 2023- y en las protestas de los chalecos amarillos de 2018-2019.

La sensación de que la agresividad y la violencia han subido varios grados en los últimos años en Francia es bastante compartida, y periódicamente evocada por los responsables políticos. Un sondeo de Ipsos del 2022 confirmó que el 87% de los ciudadanos consideraba que la sociedad francesa se había vuelto más violenta. Lo más significativo -y preocupante- es que un 26% juzgaba “normal” recurrir a la violencia en defensa de los propios intereses. ¿Una herencia de 1789?  

Hace sesenta años, el todavía poderoso Partido Comunista (PCF) se opuso en principio al movimiento estudiantil, que consideraba burgués, pero tuvo que ceder ante la presión de sus bases y movilizar a los trabajadores hasta paralizar el país. Hoy es La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélénchon, de izquierda radical, la que alienta las manifestaciones, en un intento de capitalizar la revuelta de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Que la protesta de los jóvenes coincida con la de los sindicatos y otros colectivos descontentos -como los aparentemente resucitados chalecos amarillos, un movimiento surgido de la Franca vaciada- puede crear una tormenta perfecta similar a la de 1968. Pero si entonces el gobierno de Georges Pompidou pudo desactivar el vector sociolaboral del conflicto llegando a un acuerdo con los sindicatos -con el secretario de Empleo y futuro presidente de la República, Jacques Chirac, acudiendo a una reunión clandestina con una pistola por si acaso-, el Ejecutivo de Sébastien Lecornu puede tratar de hacer hoy lo mismo.

Mayo del 68 cambió la sociedad francesa en muchos aspectos -introdujo una mayor libertad en las costumbres, sobre todo-, pero no en el político. Cuando se habla de mayo se tiende a olvidar lo que pasó en junio. Y lo que pasó es que la derecha movilizó a cientos de miles de personas en una colosal manifestación de adhesión al general De Gaulle en los Campos Elíseos y que en las elecciones legislativas convocadas inmediatamente por el presidente de la República y celebradas el 30 de junio los gaullistas consiguieron una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional.

Algo similar podría pasar esta vez. La inquietud y el descontento por la violencia irracional de estos días alimenta de nuevo el voto conservador y, particularmente, el de la extrema derecha, que se ha convertido hoy en Francia en la corriente principal de la derecha. La primera encuesta realizada tras los graves disturbios del día 17, por el instituto Ifop, constata un aumento de la intención de voto en favor de la líder del Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, que ha enarbolado ya la bandera de la ley y el orden: de cumplirse el pronóstico, ganaría claramente la primera vuelta con entre el 34% y el 38% de los votos -una horquilla variable en función de a qué rivales se enfrente finalmente- y en la segunda vuelta se impondría también en todos los casos.

A falta de siete meses para las elecciones presidenciales, la posibilidad de cambiar este guion dependerá en última instancia de que alguno de los candidatos en liza sea capaz de emerger de la actual melée con fuerza suficiente… y con suficiente capacidad aglutinadora. Hoy por hoy, no es esto lo que se perfila. Y la dinámica actual tampoco lo favorece. Las protestas pueden ayudar a Jean-Luc Melénchon a afianzar su posición como favorito para pasar a la segunda vuelta y consolidar a LFI como la fuerza hegemónica de la izquierda -abortando el intento de sorpasso del socialdemócrata independiente Raphaël Glucksmann, presidenciable oficial del Partido Socialista-, pero eso solo servirá para facilitar la llegada de la ultraderecha al Elíseo.

Jean-Luc Mélenchon, radical en el fondo y áspero y agresivo en las formas, no es precisamente el candidato más indicado para atraerse el voto moderado, al contrario, lo ahuyenta. Su personalidad genera hoy más rechazo en la sociedad francesa que la de Marine Le Pen, que se ha beneficiado de un proceso de blanqueamiento de su partido y de su ideario (en parte adoptado por la derecha tradicional). Si finalmente fuera Mélenchón su oponente, la líder del RN ganaría de calle, con un aplastante 68% a 32% de los votos. La izquierda ocupa hoy las calles de Francia, pero al final puede ser la extrema derecha la que llene las urnas.

 

Pon tus barbas a remojar… El movimiento estudiantil francés tiene paralelismos en varios países de Europa. Los jóvenes ocupan las calles y plazas en Albania, Bélgica, España, Grecia, Portugal… Pero es en Italia donde la confluencia de protestas puede configurar un panorama más próximo al francés. La movilización de los estudiantes se ha extendido y generado fuertes disturbios, principalmente en Milán, lo que ha llevado esta semana a la primera ministra, Giorgia Meloni, a enviar 500 militares más a las zonas más conflictivas y aprobar nuevas normas para facilitar la detención de menores implicados en disturbios, como la retención preventiva y la detención diferida. Los estudiantes han convocado también para hoy nuevas manifestaciones en las principales ciudades de todo el país. Paralelamente, las protestas de los transportistas por el elevado precio de los carburantes, con bloqueos de carreteras y centros logísticos, ha provocado graves problemas de abastecimiento en algunas regiones italianas. En medio de esta agitación, el conflicto diplomático con España por la invasión de 72.000 migrantes en Ceuta a finales de julio ha quedado discretamente finiquitado. Los gobiernos de ambos países decidieron no prorrogar los controles fronterizos que mantenían suspendida parcialmente la libre circulación en el espacio Schengen desde principios de agosto.

 

 

 

 

La puñalada de Trump

Visión periférica

Mientras el ejército ruso se estanca en el campo de batalla en Ucrania, Putin acaba de recibir un regalo inesperado de Trump al levantar su embargo sobre las exportaciones rusas de diésel y presionar a Zelenski para que cese sus ataques.

 

El 2 de agosto de 2016, el entonces jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, mantuvo una cena en Nueva York con el  agente ruso Konstantin Kilimnik, socio suyo, en la que  abordaron “un plan para resolver los problemas políticos persistentes en Ucrania mediante la creación de una república autónoma en su región oriental más industrializada, el Donbass”, una zona ya parcialmente ocupada entonces por milicias prorrusas con apoyo de Moscú y cuyo control sigue siendo hoy el principal objetivo de la guerra lanzada en el 2022 por Rusia contra Ucrania. Según el plan, al mando de esa  nueva república debía estar Víktor Yanukóvich, el presidente ucraniano derrocado en el 2014, una vía indirecta para que Rusia controlara el este del país. Así consta en el informe sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas del 2016 elaborado por el fiscal especial Robert Mueller.

Este episodio ha sido rescatado estos días por algunos analistas –como la historiadora Heather Cox Richardson– a raíz del acuerdo alcanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para que Moscú venda hasta 4,8 millones de toneladas de diésel a EE.UU. y en el mercado internacional en el actual contexto de encarecimiento de los carburantes y cuando solo faltan dieciséis días para las elecciones legislativas de medio mandato (mid-term) norteamericanas. Lo cual asesta una puñalada por la espalda a Ucrania y sus aliados europeos.

La maniobra, descaradamente electoralista, busca hacer creer a los estadounidenses que la culpa de que el precio del gasoil se haya disparado –ha subido un 45% en EE.UU. desde que Trump lanzó la guerra contra Irán– no es del conflicto en Oriente Medio sino del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por sus ataques a las refinerías e infraestructuras petroleras rusas. El propio Trump, que es perfectamente consciente de que los barriles de diésel rusos no le servirán para bajar los precios de aquí a las votaciones del 3 de noviembre –apenas darán para cubrir el consumo de un día y medio, según The Economist–, buscaba un chivo expiatorio y señaló con el dedo a Zelenski: “Quiere crear problemas a nuestros agricultores y ganaderos con el combustible diésel”, escribió el pasado fin de semana en su red social, Truth, a la par que le instaba a cesar en sus ataques sobre las refinerías rusas y –más tarde– anunciaba un “alto el fuego energético” entre Moscú y Kyiv que los hechos han desmentido.

Que Trump busque quitarse las culpas de encima por el encarecimiento del diésel antes de las elecciones no oculta el hecho de que el presidente de EE.UU., en este último giro de guion, ha vuelto a abrazar las tesis de Moscú para el fin del conflicto, que, básicamente, implican la rendición de Ucrania y la cesión del territorio del Donbass. Por eso volvió a presentar a Zelenski como el gran obstáculo para la paz y abogó por un cambio en la presidencia del país, mientras sus mensajeros  amenazaban a Kyiv con retirarle la ayuda norteamericana si persistía en sus ataques contra las plantas energéticas rusas.

Si el informe Mueller sobre la injerencia rusa es evocado hoy por algunos analistas es para subrayar las prolongadas conexiones entre Trump y Putin. Pero, además de esta cercanía, lo que el contenido de la reunión del 2016 confirma es que la anexión del Donbass por parte de Rusia lleva mucho tiempo en los papeles del trumpismo. De hecho, el propio Trump evocó la posibilidad de “cesiones territoriales” como vía para acabar la guerra en vísperas de su cumbre con el presidente ruso en Anchorage (Alaska) en el 2025.

La presión sobre Zelenski no ha sido solo verbal. La noche del martes al miércoles, en pleno bombardeo ruso, Kyiv echó en falta información de inteligencia sobre los ataques aéreos del enemigo y se encontró con restricciones en el uso de la red de satélites Starshield –rama militar de Starlink–, que el ejército ucraniano utiliza para sus operaciones. El presidente de Space X, Elon Musk, atribuyó esa interrupción temporal –el servicio se restableció en principio el jueves– a la Casa Blanca. Sintiéndose “traicionado”, Zelenski ordenó retomar los ataques contra las refinerías rusas.

Los europeos, nuevamente descolocados por su supuesto aliado, han cerrado filas en torno a Zelenski y reafirmado su compromiso con la defensa de Ucrania. La Comisión Europea entregó el miércoles a Kyiv 2.860 millones de euros –a cuenta del préstamo de 90.000 millones acordado– para financiar drones, sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica, misiles, radares y municiones. 

La maniobra de Trump no ha sorprendido solo a ucranianos y europeos. Un grupo de senadores republicanos y demócratas  ha rechazado públicamente el acuerdo de Trump con Putin, que vulnera la prohibición de 2022 de importar petróleo ruso y la llamada ley Graham, del pasado 18 de septiembre, que refuerza las sanciones contra Rusia.

Todo esto se produce en un momento en que, si bien Moscú está bombardeando sin piedad las ciudades e instalaciones energéticas de Ucrania –que anda escasa de sistemas de defensa aérea, sobre todo  misiles Patriot, que EE.UU. ha gastado en Irán–, la situación en el frente está prácticamente estancada, con un avance ruso muy lento y con no pocos reveses. “Las fuerzas ucranianas han derrotado la campaña rusa de 2026 para tomar el óblast de Donetsk”, concluye el último informe, del 8 de octubre, del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Y eso, a un precio humano terrible: el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estima que Rusia ha sufrido desde el comienzo de la guerra 1,4 millones de bajas entre soldados muertos, heridos y desaparecidos, por 500.000-600.000 Ucrania. 

La juventud europea arde

Newsletter Europa

En Francia, España, Bélgica o Italia, los jóvenes salen a las calles para expresar su disconformidad con su presente y su futuro

 

Europa está que quema en este arranque de otoño. Y no precisamente por el cambio climático. Mientras los dirigentes europeos discuten sobre dónde aplicar la tijera para podar los presupuestos comunitarios -y nacionales-, decenas de miles de jóvenes han salido a las calles estas últimas semanas en varios países -Francia, España, Bélgica, Italia…-, en movimientos de protesta aparentemente desconectados entre sí pero con un nexo común: son la expresión del desasosiego de la juventud ante el futuro y el descontento por un presente caracterizado por la precariedad. Las insuficiencias del sistema educativo -que condicionarán su desarrollo en la edad adulta- y los problemas para emanciparse por el encarecimiento desorbitado de la vivienda centran las quejas.

Todo incendio empieza por una chispa y en Francia, como es habitual, empezó en los suburbios. La revuelta de los estudiantes de bachillerato de todo el país, que tiene en este momento contra las cuerdas al gobierno de Sébastien Lecornu, se inició el 17 de septiembre en el liceo Antoine de Saint-Exupéry de Créteil, al sudeste de París, cuando los alumnos se unieron a una huelga del profesorado en protesta por la falta de personal y de recursos y bloquearon el instituto. Una semana después ya eran una decena los liceos implicados, una cifra que alcanzó rápidamente el millar.

En las últimas semanas se han sucedido multitudinarias manifestaciones, que han acabado muchas veces en enfrentamientos con los antidisturbios y actos de violencia protagonizados por grupos radicales, mientras crecen las voces críticas hacia la fuerza utilizada por la policía. La protesta va camino de ampliarse y en la convocatoria para hoy sábado podría darse una confluencia con otros movimientos, como el de unos resucitados chalecos amarillos, que entre 2018 y 2019 hicieron temblar a Francia. No es descartable, visto como están los precios de los carburantes.

Junto a la reivindicación de más profesores para cubrir las bajas y más recursos -10.000 millones de euros más para educación-, los estudiantes reclaman también la supresión del actual sistema de acceso a la universidad, en manos hoy de una plataforma (Parcoursup) gobernada por un algoritmo que consideran opaco y -sospechan- discriminatorio, y que es probablemente el problema inmediato que más angustia les produce. Entre las 10 medidas de urgencia que reclaman está también congelar los alquileres de las residencias públicas de estudiantes, construir más plazas y regular los alquileres privados.

El precio de los alquileres es la causa directa del incendio desatado el 26 de septiembre en España tras el controvertido desahucio de una octogenaria -Maricarmen Abascal, fallecida dos semanas después- por una empresa que le había triplicado el alquiler tras haberlo pagado religiosamente durante décadas. La indignación general dio pie a manifestaciones multitudinarias en todo el país y la instalación de un campamento de indignados (once años después) en la plaza del Sol de Madrid. El movimiento, con el apoyo de los principales sindicatos, dará su próximo paso con la realización, en plena precampaña electoral, de una huelga general el próximo 11 de noviembre.

En España, donde existe un parque de viviendas de alquiler más exiguo que en otros países europeos, el precio del arrendamiento ha subido una media de entre el 40% y el 45% en la última década, mientras que los salarios solo lo han hecho en un 26%. Los más afectados son los jóvenes, con sueldos más bajos, obligados bien a permanecer indefinidamente en casa de sus padres (en España la edad media de emancipación se sitúa ya en los 30,3 años, por encima de la de la Unión Europea, que es de 26,2), bien a compartir piso y pagar precios prohibitivos por una habitación.

En el vecino Portugal, la mecha ha prendido igualmente con el mismo leitmotiv, con la organización desde el día 10 de manifestaciones y acampadas -alguna, violentamente desalojada por la policía- en Oporto y Lisboa para reclamar, a los sones de la canción revolucionaria Grândola, Vila Morena, la limitación de los precios de los alquileres, la suspensión de los desahucios y el aumento de la construcción vivienda pública

Poco antes de la revuelta ibérica, desde septiembre decenas de miles de jóvenes se han manifestado en varias ciudades de Alemania para protestar por el proyecto de reinstauración del servicio militar en el actual contexto de guerra híbrida rusa. En principio, le ley prevé que sea voluntario, pero en el caso de no lograr cubrir los cupos previstos no se descarta hacerlo obligatorio. De momento, los nacidos en 2008 tienen que pasar ya un examen de aptitud… y el envío este verano por el Ministerio de Defensa de las primeras citaciones médicas a los jóvenes de 18 años ha desencadenado la protesta. “Educación sí, bombas no”, “La guerra y la crisis devoran tu vida” podía leerse en algunas de las pancartas.

La efervescencia en Francia ha irradiado asimismo hacia el norte y hacia el sur. En Italia, el 5 de octubre se inició un movimiento estudiantil similar en dos liceos de enseñanza secundaria de Turín -Regina Margherita y Carlo Inazio Giulio-, extendiéndose después a Roma, Bolonia y Nápoles. Los estudiantes, también universitarios, han plantado tiendas de campaña para protestar por el coste de la vida. Sus reivindicaciones van todas en el mismo sentido: aprobación de un plan de construcción de residencias de estudiantes, aumento del montante de las becas, reducción de los gastos de escolaridad, congelación del precio de las comidas en las cantinas y gratuidad del transporte público.

En Bélgica no han ido a la zaga. El día 9, los estudiantes de Valonia -la región francófona- y de Bruselas salieron también a la calle para sumarse a las protestas por los proyectos del Gobierno de Bart de Weber de recortar el gasto en educación, sanidad y prestaciones sociales, asimismo con su florilegio de violencias. Los estudiantes se quejan, particularmente de los recortes que afectan a las comidas gratuitas, los materiales escolares y el pase de transporte, así como el aumento de las matrículas.

Fuera de la Unión Europea, uno de los candidatos a la adhesión al club comunitario, Albania, también está sometida desde esta semana a convulsiones parecidas, en todo caso más violentas si cabe. Decenas de miles de jóvenes se han manifestado en la capital, Tirana, protestando -otra vez- por los gastos de la educación, la falta de ayudas públicas y la escasez de perspectivas de empleo a la salida de la universidad. Solo que aquí los manifestantes reclaman además la renuncia del primer ministro, Edi Rama, y han llevado la violencia, con duros enfrentamientos con la policía, hasta el extremo de incendiar la sede del Ministerio de Educación y otros edificios. Las protestas van camino de confluir con el movimiento conocido como la Revolución de los Flamencos contra la construcción de un gran complejo turístico -liderado por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner- en una zona protegida de la costa adriática.

Todo este conjunto de conflictos muestra la existencia de un malestar transversal entre los jóvenes y adolescentes europeos, una generación marcada por las secuelas de la pandemia de covid (hasta un 41% de los jóvenes europeos se sitúa en niveles bajos o muy bajos de bienestar psicológico, según un estudio de la Agencia de Drogas de la Unión Europea, EUDA, lo que los especialistas atribuyen a los confinamientos) y por la precariedad acumulada por las sucesivas crisis económicas.

El último Eurobarómetro de la Juventud realizado por el Parlamento Europeo, correspondiente a 2024 y publicado en 2025, corrobora una clara preocupación por la situación económica. Los problemas que suscitan mayor inquietud entre los jóvenes europeos de entre 16 y 30 años son el aumento de precios y el coste de la vida (40%), el cambio climático (33%) y la situación económica general y el empleo (31%). En España, el empleo aparece en primer lugar (41%) y la vivienda se cuela en segundo (35%), al mismo nivel que el aumento de los precios (35%)

La traducción política de todo este malestar está por ver. Pero si el resultado de las últimas elecciones europeas, del 2024, pueden ser un indicador, una parte considerable de la juventud -sobre todo la de género masculino- vehicula su descontento hacia el voto a los partidos de extrema derecha: un 21% de los hombres, frente a un 14% de las mujeres de entre 16 y 29 años. Así lo constata un estudio realizado por investigadores de cuatro universidades europeas, entre ellas la Pompeu Fabra, que explica esta divergencia de género por la inseguridad añadida que sienten los hombres jóvenes por los avances educativos y profesionales de las mujeres. Pero eso ya es otra historia…

 

Apoyo a Ucrania. Soplan malos vientos para Ucrania después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera unilateralmente levantar el embargo estadounidense sobre los productos petrolíferos rusos y alcanzara un acuerdo con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para autorizar a Moscú la comercialización de 4,8  toneladas de diésel, mientras presionaba a Kyiv para que cesara sus ataques contras las refinerías rusas. El trasfondo electoralista de la medida es evidente para todo el mundo -Trump se acerca a unas elecciones difíciles el 3 de noviembre con el precio de los carburantes disparado-, pero no por ello ha dejado de ser un choque para Ucrania y toda Europa. El Consejo Europeo, reunido jueves y viernes en Bruselas, reafirmó su apoyo a Ucrania en su defensa frente a la agresión rusa y en particular a su presidente, Volodímir Zelenski, presente en la cumbre. Los líderes europeos quieren asegurar cuanto antes la financiación del esfuerzo de guerra ucraniano -la Comisión Europea desembolsó esta semana 2.860 millones de los 90.000 millones de euros comprometidos con Kyiv-, ante el temor que la eventual victoria de la ultraderechista Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas del año que viene pudiera bloquearla.

Choque entre camaradas. Había una gran expectación por la posibilidad de que el Consejo Europeo fuera el escenario de un choque entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a propósito de la política migratoria. Hay que recordar que tras el asalto a Ceuta de 72.000 migrantes a finales de julio, la líder del posfascista Hermanos de Italia, suspendió la aplicación del tratado de Schengen de libre circulación y restauró los controles fronterizos aéreos con España, provocando una represalia española equivalente. Pues bien, ambos países llegaron a la cumbre habiendo pactado previamente una solución al conflicto con la próxima retirada de los controles. Apaciguado este frente, fue la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, secundada por checos y austriacos, la que encabezó los ataques a Sánchez por la regularización extraordinaria de inmigrantes, que consideró contraria a la política europea. Frederiksen, que es del partido socialdemócrata y por tanto una de los pocos camaradas de Sánchez en la UE, mantiene en el tema migratorio posiciones muy próximas a las de la extrema derecha.

Espadas en alto. El debate presupuestario en la UE está lejos de vislumbrar una solución a corto plazo y el objetivo del presidente del Consejo Europeo, António Costa, de cerrar un acuerdo antes de fin de año parece cada vez más difícil. La propuesta inicial de la Comisión Europea, de un presupuesto de 2 billones de euros para el septenato 2028-2034, ha sido rebajada por la presidencia irlandesa en busca de un terreno de entendimiento a 1,8 billones pero manteniendo sustancialmente las partidas de cohesión y agricultura. La Comisión, el Parlamento y los países llamados amigos de la cohesión -con España a la cabeza-, partidarios de un presupuesto expansivo para abordar las nuevas prioridades europeas sin recortar nada, han rechazado la rebaja irlandesa. Pero esta tampoco ha contentado al bando contrario. Lejos de ahí. Los países frugales, encabezados por Alemania, juzgan que la reducción es insuficiente -reclaman una rebaja sustancial de varios cientos de miles de millones de euros- y, desde luego, ven inaceptable que el recorte afecte a las nuevas prioridades, como defensa o competitividad.

Glucksmann: misión imposible

Análisis

El recién elegido candidato socialista al Elíseo busca convertirse en el freno a Le Pen, pero lo tiene muy difícil

 

Durante mucho tiempo, el apellido Glucksmann estuvo asociado en Francia a André Glucksmann (1937-2015), uno de los nuevos filósofos que, procedentes de la extrema izquierda, protagonizaron a mediados de los años setenta un movimiento contra el totalitarismo comunista. Hoy es su hijo, Raphaël Glucksmann (Boulogne-Billancourt, 1979), quien ocupa titulares y programas de televisión. A punto de cumplir 47 años, el recién elegido candidato del Partido Socialista (PS) a la presidencia de la República en las elecciones del año que viene se ha convertido en la gran esperanza blanca de la socialdemocracia francesa y en su último cartucho para tratar de evitar, desde la izquierda, la victoria de la ultraderechista Marine Le Pen, líder del Reagrupamiento Nacional (RN)

El envite es de talla. El socialismo francés, que ha dado dos presidentes en la V República -François Miterrand, por dos veces, y François Hollande-, lleva en la UCI desde que en las elecciones del 2017 decidiera presentar como candidato al Elíseo a un outsider del ala izquierda del partido, Benoît Hamon, fruto de unas primarias muy escoradas. Como resultado, una parte sustancial de los dirigentes del PS huyó del barco para enrolarse en el nuevo partido de centro de Emmanuel Macron (un aparente centroizquierda que no tardó en revelarse centroderecha), arrastrando consigo a una parte del electorado socialista. El batacazo histórico de 2017 -Hamon obtuvo un 6,4% de los votos- condujo al PS a una crisis existencial que a punto estuvo de borrarlo del mapa: en las siguientes elecciones presidenciales, del 2022, la hasta entonces alcaldesa de París y candidata al Elíseo Anne Hidalgo se estrelló con un desastroso 1,7% de los votos. 

La receta ideada por el primer secretario del PS, Olivier Faure (elegido en 2018), para salir del agujero fue apostar la supervivencia del partido a una asociación estratégica, en tanto que socio menor, con La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélénchon, de izquierda radical, convertido en el partido hegemónico. La solución permitió al PS  mantener una mínima representación parlamentaria en las legislativas del 2022, pero a costa de desdibujar completamente su identidad. Contestado internamente, Faure fue reelegido por los pelos en 2023.

El camino de la posible resurrección socialista vino de fuera. Eurodiputado asociado al PS desde 2019 y líder de un pequeño partido llamado Plaza Pública, Raphaël Glucksmann volvió a presentarse a las elecciones europeas del 2024 encabezando una candidatura conjunta con el PS y logró un 14% de los votos. Lo que devolvió una cierta esperanza a los votantes socialistas. Desde entonces, su figura no ha parado de crecer, hasta ganar este domingo con una contundencia inesperada -un 66% de los votos, en la primera vuelta- la primaria socialista para elegir a su candidato al Elíseo en 2027 (aplastando, entre otros al propio Olivier Faure y a una antigua presidenciable socialista, Ségolène Royal, que no le escatimó ataques personales en la campaña, llamándole “becario”)

Glucksmann se ha impuesto defendiendo un espacio propio y diferenciado para la izquierda socialdemócrata -rechazando todo pacto con los radicales de LFI- y mostrándose decididamente ecologista y europeísta. Frente a la amenaza rusa, es favorable al rearme de Europa y muy crítico con la falta de una reacción común europea: “Tengo la impresión de que, hasta que los bombarderos rusos no hayan arrasado Varsovia, no comprenderemos que hay una amenaza existencial”, declaró en una entrevista con La Vanguardia hace un año. Frente al auge de la extrema derecha, aboga por que la izquierda se reapropie del debate identitario y responda a la crisis social que afecta a las clases medias. “Limitarse a subir a una barricada y decir ‘¡No pasarán, fascistas!’ no es suficiente”, sostiene.

Si Glucksmann parece estar consiguiendo revitalizar el espacio socialista, habrá que ver hasta qué punto es capaz de trasladar este éxito a las presidenciales. Su reto es enorme: lograr el sorpasso sobre La Francia Insumisa de Mélénchon y superar al candidato mejor situado del centroderecha, condiciones necesarias e imprescindibles ambas para poder afrontar a Le Pen en la segunda vuelta.

De partida, no lo tiene fácil. El último sondeo, de ayer mismo, elaborado por Toluna Harris Interactive para las cadenas M6 y RTL da una amplia ventaja a Marine Le Pen en la primera vuelta (35-37%), seguida de Mélénchon (18-19%) -que pasaría también a la segunda vuelta- y los ex primeros ministros macronistas Édouard Philippe y Gabriel Attal (que de haber candidatura única obtendrían entre el 12% y el 17%). La encuesta -elaborada antes de conocerse el resultado de las primarias socialistas- otorga a Gluksmann entre el 10% y el 11% de los votos.

De confirmarse este escenario, la victoria de Marine le Pen sería imparable. El perfil político radical de Mélénchon es imposible de digerir para el electorado de derecha, incluido el más moderado, mientras que Le Pen, en parte debido a su propia apuesta política por moderar los excesos y “desdiabolizar” a su partido, en parte por la asunción por parte de la derecha gaullista de algunos planteamientos de la extrema derecha, se ha convertido en perfectamente metabolizable.

¿Puede ser Glucksmann el antídoto? De entrada, su candidatura va a tensionar fuertemente la campaña en el seno de la izquierda, con los melenchonistas al acecho. Anoche, a la salida del bar La Cantine de Belleville, de París, donde había celebrado su victoria, un presunto insumiso le vació encima un paquete de harina. No va a ser un camino de rosas.