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El año pasado entraron irregularmente en la Unión Europea 380.200 personas, según datos oficiales de la agencia europea Frontex. ¿Es mucho? ¿Es poco? Globalmente no parece una enormidad: representa apenas el 0,08% de la población de la UE, de 448 millones de habitantes. A priori, debería poder gestionarse con cierta facilidad, si no fuera porque los intereses egoístas de cada país prevalecen.
¿Quiénes son los
que llaman a las puertas de Europa intempestivamente? ¿Por dónde llegan? Las
cifras de 2023 muestran que el colectivo más importante –más de 100.000, el
28%- era el de los sirios, procedentes pues de un país en guerra o de los campos
de refugiados de los países del entorno (pese al freno que pone Turquía). La
mayoría llegaron cruzando el mar: 157.400 por el Mediterráneo Central (Italia),
60.000 por el Mediterráneo Oriental (Grecia), 40.400 por la ruta de África
Occidental (Canarias) y 16.900 por el Mediterráneo Occidental (España
peninsular). De las rutas terrestres destacan los Balcanes Occidentales
(99.000) y los países del Este (5.600)
Las dificultades
empiezan aquí, en el momento de la llegada. La entrada masiva de inmigrantes irregulares
desborda a las regiones fronterizas, que reclaman la solidaridad del resto de
la UE y no obtienen ni la europea ni la del propio país (como en España las islas
Canarias). El otro gran problema viene después: la concentración de la población
inmigrante en determinadas zonas del territorio tensa las costuras sociales y
dificulta –si no coarta absolutamente- su integración. Francia y los
conflictivos barrios de los suburbios urbanos (banlieues) es un sangrante ejemplo de lo que evitar.
Europa puede
intentar frenar la inmigración irregular, reducir la presión. Pero no podrá terminar
con el ansia de miles de personas por alcanzar el Eldorado europeo ni convertir
la UE en una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, los dirigentes europeos hacen
como si fuera posible. Y en lugar de centrar sus esfuerzos en lo que a la
postre es lo más importante –la integración de los recién llegados-, ponen el
énfasis en una quimera.
Víctimas de un
espejismo, unos y otros han convertido a la primera ministra italiana, Giorgia
Meloni, líder del posfascista Hermanos de Italia, en un referente de la lucha
contra la inmigración irregular. ¿Su mérito? Una reducción drástica de las
llegadas por el Mediterráneo Central: según datos recientes de Frontex, en los
primeros ocho meses de 2024 las entradas por la vía italiana –que sigue siendo
la más importante- alcanzaron la cifra de 41.200, lo que representó una caída
del 64%. ¡Bravo! Solo que, como quien aprieta un globo, hacer presión sobre un
lado desplaza el problema hacia otro. Así, en este mismo periodo, las llegadas
a Canarias se dispararon un 123% (hasta 25.000)
Los expertos
atribuyen la sustancial rebaja de entradas por Italia a los acuerdos alcanzados
con los países de donde parten las pateras –Túnez, Libia y Turquía- para
obstaculizar las salidas y no tanto al proyecto estrella de Meloni de
deslocalizar la gestión de las solicitudes de asilo a centros de internamiento
en países terceros, en este caso Albania. Esta semana, el gobierno de Meloni ha
estrenado el sistema, con la llegada al puerto albanés de Shëngjin de 16 inmigrantes procedentes de la isla
de Lampedusa. Teniendo en cuenta las cifras expuestas hasta ahora, pensar que
un centro con capacidad para un millar de solicitantes de asilo o pendientes de
expulsión pueda cambiar significativamente las cosas parece aventurado. A no
ser que el planteamiento sea infestar el mundo de campos de concentración y
deportación.
La iniciativa es
controvertida, en la medida en que podría vulnerar los derechos de los
demandantes de asilo y las leyes europeas. Y algunos de los países pioneros en
este terreno, como el Reino Unido –que acordó deportaciones a Ruanda-, la han
abandonado. Pese a ello, esta idea ha salido de los círculos de la extrema
derecha y ha seducido a algunos sectores de la derecha tradicional. Hasta tal
punto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió el
lunes a los 27 una carta
proponiendo explorar esta solución dentro de lo que calificó, de forma
pudorosa, como iniciativas “innovadoras”. La cumbre de la UE prefirió anoche
llamarlas “nuevas vías”.
No todos los
líderes europeos comulgan con esta propuesta, que de todos modos solo se acordó
estudiar. Pero tampoco tuvieron ganas –o fuerza- para rechazarla. El presidente
del Gobierno español, Pedro Sánchez, es uno de los más beligerantes
en contra de la medida, pero tiene pocos aliados. Al canciller alemán, Olaf
Scholz, de la misma familia socialdemócrata, tampoco le entusiasma la idea,
además de verla inútil (los centros externalizados “no son la verdadera
solución”, declaró, tras calificarlos de “pequeñas gotas”). Pero tras haber
restablecido de forma unilateral el control de las fronteras interiores,
presionado por el avance de la ultraderecha, no está Scholz para muchas
batallas. Con Francia, cuyo nuevo
gobierno se ha escorado a la derecha (su ministro del Interior, Bruno
Retailleau, tiene planteamientos gratos a Marine Le Pen), tampoco se puede
contar.
Envalentonada,
Meloni convocó ayer una minicumbre
paralela en Bruselas –previa a la oficial- con los países más afines para
preparar el terreno. Y, de paso, mostrar su fuerza. A la cita acudieron los
líderes de Austria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Hungría,
Malta, Países Bajos y Polonia, además de la mismísima Von der Leyen. Demasiadas
voces para no decantar el resultado del Consejo Europeo.
En el
Eurobarómetro de este octubre, sobre las preocupaciones y motivos del voto de
los europeos, aparecía como principal problema la inflación y el coste de la
vida (42%), seguido de la situación económica (41%), la situación internacional
(34%) y la democracia y el imperio de la ley (32%). La inmigración aparecía en
quinto lugar, con un 28%, empatada con el cambio climático y la defensa y
seguridad. Claro que si los políticos de todos los colores siguen con su
letanía, los ciudadanos acabarán convencidos de que los extranjeros son el
principal problema de sus vidas.
Memoria del telón
de acero. La herida que
produjo la división de Europa por el telón de acero entre el bloque comunista y
el bloque occidental, simbolizada por el Muro de Berlín (1961-1989), todavía
sangra. Un tribunal de la capital alemana condenó
el lunes a diez años de cárcel a un exagente de la Stasi, la policía
política de la antigua RDA, Martin Naumann, ya octogenario, por haber matado en
Boris, según
Boris. El ex primer
ministro británico Boris Johnson ha
publicado un libro de memorias, bajo título Unleashed (desatado),
en el que repasa sus quince años en la vida política -como alcalde de
Londres, ministro de Exteriores y jefe de Gobierno- y aprovecha para no dejar
títere con cabeza. Al presidente francés, Emmanuel Macron, le acusa de haber
azuzado las pateras en el Canal de la Mancha en venganza por el Brexit y
asegura haber pensado en lanzar una intervención con comandos en los Países
Bajos en 2020 para hacerse con vacunas de la covid. Como en su época de
corresponsal de The Daily Telegraph en Bruselas, le creerá quien querrá.
Bruselas dirimirá sobre el fútbol. Las 33 ligas de fútbol europeas -incluida la española- y la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra la FIFA por “abusar de su posición dominante en el fútbol comunitario” a la hora de fijar los calendarios de las distintas competiciones. Detrás de esta demanda está la queja de los clubes y los futbolistas por la saturación del calendario de competiciones, que puede llevar a algunos jugadores a tener que disputar 75 partidos esta temporada. Los criterios de la FIFA, según los denunciantes, “infringen la legislación de la Unión Europea”.
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