Newsletter ‘Europa’
Sarkozy,
soñándose un Robert Schuman del siglo XXI, planteó una Unión “del” Mediterráneo
exclusivamente integrada por países ribereños, pero al final tuvo que plegarse
a las lógicas exigencias de la canciller de Alemania, Angela Merkel, de
integrar a toda la UE en el invento, que pasó a llamarse Unión “por el”
Mediterráneo. Más que un matiz. La nueva iniciativa tuvo que asumir también la
herencia del llamado Proceso de Barcelona de 1995 –que Sarkozy y los suyos
habían menospreciado- y, aunque el nombre de la capital catalana desapareció
del enunciado, la sede de la secretaría general de la organización se adjudicó
a la ciudad, que habilitó para ello el Palau de Pedralbes.
La Unión por el
Mediterráneo y el Proceso de Barcelona, que la precedió, tuvieron siempre como
vocación reunir en un mismo foro a Israel y los países árabes, en un intento de
convertir a los viejos enemigos en nuevos socios y aliados. En la Conferencia
Euromediterránea de Barcelona en noviembre de 1995, al calor de los acuerdos de
paz de Oslo –luego malogrados-, se sentaron juntos el entonces primer ministro
israelí Ehud Barak y el ya desaparecido Yasir Arafat, presidente a la sazón de
la Autoridad Palestina y líder de la OLP. En la cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno que alumbró en París la UpM, en julio del 2008, un exultante Nicolas
Sarkozy se fotografió en el patio del Elíseo tomando de la mano a sus dos
sucesores, Ehud Olmert y Mahmud Abas. Hoy las sonrisas de entonces han sido
sepultadas por la muerte y la destrucción.
El lunes en Barcelona no había ningún
representante israelí. Embarcado en una bárbara guerra en Gaza y Líbano, que ha
causado decenas de miles de muertos entre la población civil, el gobierno de
Beniamin Netanyahu no iba a escuchar bonitas palabras. Los
países árabes aprovecharon el foro para denunciar los “crímenes de guerra y violaciones del
derecho internacional y humanitario” por parte de Israel y afear a la comunidad
internacional su pasividad, cuando no su complicidad. El copresidente de la
reunión, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados
de Jordania, Ayman Safadi, hizo reproches directos a sus socios europeos:
“¿Cómo es posible que Europa todavía no haya hecho nada al respecto?”, preguntó,
mientras hacía un llamamiento para que la UE revise su Acuerdo de Asociación
con Israel.
Mientras esto pasaba, el ejército israelí seguía bombardeando la franja de Gaza y el
sur de Líbano, y el Parlamento (Kneset) aprobaba dos leyes que prohíben la actividad de la Agencia
de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en el territorio de
Israel, así como la cooperación de la agencia con las autoridades israelíes, lo
que en la práctica es un golpe devastador para la ayuda humanitaria en los
territorios ocupados.
La Unión por el Mediterráneo, pese a las ínfulas iniciales de
Sarkozy –que consiguió atraer a París a los líderes de toda la región, a
excepción del rey de Marruecos, Mohamed VI, y del líder libio Muamar el Gadafi
en un acto con gran pompa en el Grand Palais-, nació en realidad con un
objetivo modesto: fomentar la cooperación como paso previo y necesario para
aspiraciones más ambiciosas. Y así lo ha hecho. La UpM, que canaliza los
programas comunitarios de cooperación euromoditerránea, apadrina más de 60
proyectos de cooperación regional por valor de 5.000 millones de euros en
materias muy diversas. Políticamente, sin embargo, nunca
ha alzado el vuelo. La UpM no ha logrado convertirse en un foro esencial
para tratar de superar los conflictos regionales. Si acaso, son estos los que
han lastrado más bien sus potencialidades.
La reunión ministerial del lunes evidenció la impotencia de
la UpM ante el conflicto israelo-palestino. Pero también puso crudamente al
descubierto la debilidad de la propia Unión Europea para erigirse en un
interlocutor ineludible en el concierto internacional. Ya podían los países
árabes pedir una mayor contundencia por parte de Europa que esta se ve incapaz
de moverse –hacia dónde, es lo de menos- a causa de las importantes discrepancias
internas entre los 27.
El todavía alto representante para la Política Exterior,
Josep Borrell –ya de salida-, es de los partidarios más activos de acrecentar
la presión sobre el Gobierno israelí, revisando –con el objetivo de dejarlo eventualmente
en suspenso- el Acuerdo de Asociación con Israel por vulneración de los
derechos humanos. Países como España e Irlanda se mueven para abordar este
asunto, pero es muy difícil, dada la posición de Alemania –inquebrantablemente
al lado de Israel, por razones históricas-, que pueda ir hacia delante. La
regla de la unanimidad lo impedirá. Como impide que Europa tenga una voz
coherente y audible en el mundo.
Georgia, en el alero. El desenlace de las cruciales elecciones del domingo pasado en la exrepública soviética de Georgia ha dejado a este país caucásico en una especie de limbo. La presunta victoria del partido gubernamental, el prorruso Sueño Georgiano -al que las autoridades electorales otorgaron un 54% de los votos-, ha sido contestada por la oposición, que ha sacado miles de personas a las calles como protesta, e incluso por la propia presidenta del país, Salomé Zurabishvili. Los observadores internacionales detectaron asimismo numerosas irregularidades. La Comisión Europea decidió el miércoles suspender las negociaciones de adhesión mientras Tiflis no corrija el rumbo.
Aranceles en marcha. Estaba más que anunciado y solo un
acuerdo in extremis entre Bruselas y Pekín podía haberlo evitado. No ha sido
así. El miércoles entraron
finalmente en vigor los aranceles especiales aprobados por la UE para
gravar las importaciones de coches eléctricos fabricados en China, a la que
acusa de venderlos a precios excepcionalmente bajos gracias a las subvenciones
estatales. Los aranceles –que pasarán del 10% actual hasta el 45% en los
próximos cinco años- serán variables. Así, se aplicará un gravamen del 35,3% al
fabricante chino SAIC; del 18,8% a Geely y del 17% a BYD. Eso también incluye a
fabricantes occidentales, como Tesla (7,8%).
Giro en Londres. El nuevo gobierno laborista de Keir
Starmer presentó esta semana un proyecto de presupuestos para el 2025 que
contiene la segunda
mayor subida de impuestos de la historia británica. El Ejecutivo se propone
recaudar 50.000 millones de euros adicionales a base de incrementar la
fiscalidad sobre las sucesiones, las contribuciones privadas a fondos de pensiones
y los dividendos de capital, así como las cuotas de las empresas a la
Seguridad Social. En el otro lado de la balanza, se propone gastar 30.000 millones de
euros para combatir las listas de espera en la sanidad, 6.000 millones para
modernizar escuelas y 3.000 millones para Defensa e infraestructuras.

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