La revancha de De Gaulle

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El Consejo Europeo de Seguridad propuesto por Von der Leyen entronca con la defensa europea que siempre ha propugnado Francia

 

Charles de Gaulle no se fiaba de los americanos. El jefe de la resistencia francesa frente a la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, y futuro fundador de la V República, era perfectamente consciente de que la victoria aliada sobre Hitler lo debía todo a Estados Unidos (por más que públicamente procurara rebajar su importancia). Pero tras la liberación no tardó en alejarse de Washington, cuyo afán de tutela temía. “Yo no soy antiamericano por el hecho de no estar siempre al lado de EE.UU.”, declaró en una entrevista televisiva en 1965, en plena escalada en la guerra de Vietnam. No lo sería, pero sí se convirtió en símbolo de un cierto antiamericanismo francés.

Independiente y orgulloso, un año después de esas declaraciones, en 1966, enarbolando la bandera de la soberanía nacional, el viejo general ordenó clausurar la treintena de bases militares que EE.UU. mantenía en Francia desde el final de la guerra y retirar a su país del mando militar integrado de la OTAN, que se vio forzada a trasladar su sede original de París a Bruselas (Francia no regresaría hasta el 2009, de la mano de Nicolas Sarkozy). El seísmo provocado por aquella decisión, de la que se han cumplido ahora 60 años, fue más que considerable.

La figura de De Gaulle ha recobrado este verano su antiguo brillo y encendido el espíritu patriótico en Francia gracias al biopic en dos entregas La batalla de Gaulle (de Antonin Baudry), que ha arrasado en los cines con más de 5,6 millones de espectadores, solo por detrás de La Odisea de Chritopher Nolan. En un momento de desconcierto ante un mundo en el que los más fuertes pretenden imponerse a los demás, la resistencia de De Gaulle a claudicar y a acatar todo dictado exterior, por muy añeja que parezca la época, suscita indudables paralelismos con las cuitas actuales provocadas por los EE.UU. de Donald Trump.

Si De Gaulle pudiera atisbar, desde su austera tumba de Colombey-les-Deux-Églises, el actual debate europeo sobre las relaciones trasatlánticas y la necesidad de que Europa disponga de una auténtica autonomía estratégica en materia de defensa, a buen seguro se sentiría reivindicado. Durante décadas, la insistencia de De Gaulle y sus sucesores en el Elíseo en este sentido chocó siempre con la resistencia de los principales miembros de la UE -principalmente Alemania y, hasta el 2020, el Reino Unido- ante cualquier iniciativa que pudiera poner en cuestión o debilitar a la OTAN como eje de la alianza occidental. El retorno de Trump a la Casa Blanca y su labor de zapa interna de la Alianza Atlántica -más muerta que viva-, ha cambiado radicalmente el escenario.

Es en este contexto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aprovechó el miércoles su discurso sobre el estado de la Unión (SOTEU, en el argot comunitario) para lanzar la propuesta de crear un Consejo Europeo de Seguridad en el que, además de los miembros de la UE, podrían participar otros países aliados como Canadá, Noruega, el Reino Unido o Ucrania. ¿Una mini-OTAN como algunos la han llamado? En todo caso, su vocación sería disponer de mecanismos análogos al del artículo 4 de la Alianza, que prevé una respuesta común -ni automática ni necesariamente militar- si cualquier país miembro ve amenazada su “integridad territorial, independencia política o seguridad”. La UE ya cuenta en su tratado con una cláusula de este tipo -el artículo 42.7-, de lo que se trataría es de articular un mecanismo o protocolo de actuación claro para el momento en que un país miembro lo invocara.

La sesión del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, sirvió paralelamente para poner en escena el acercamiento mutuo entre la UE y Canadá, con quien los EE.UU. de Trump parecen decididos a romper su histórica alianza. Si el miércoles Von der Leyen propuso incorporar a Canadá a la UE como “miembro asociado”, el jueves el primer ministro canadiense, Mark Carney -una de las voces más escuchadas y respetadas en el concierto internacional-, recogió el guante y abogó por construir junto con Europa el “próximo orden mundial, que sea justo, estable y próspero”. Lo contrario de la ley de la selva.

Ni el Consejo de Seguridad esbozado por Von der Leyen ni el estatuto de “miembro asociado” de la UE (una idea que hasta ahora se había planteado para Ucrania, como modo de acelerar su acceso a la Unión antes de su entrada plena) tienen contornos muy precisos. Tampoco está claro que tales iniciativas, o la manera de plantearlas, susciten un amplio consenso en los 27. Pero su fuerza simbólica y política es indudable.

El entusiasmo europeo se evaporó al otro lado del Atlántico. “Se trata de una asociación [con Canadá] que no va contra nadie, sino en favor de nuestra fuerza común”, se cuidó de advertir Von der Leyen en la Eurocámara, sin llegar a citar explícitamente a EE.UU. Pero Donald Trump no se engañó y se apresuró a calificar la iniciativa de “hostil”, mientras amenazaba por enésima vez con tomar represalias en forma de nuevos aranceles comerciales. Su problema es que sus ultimátums han perdido su poder intimidatorio y hoy ya no le hacen caso ni Rusia ni Ucrania, ni China ni Irán, ni Israel ni Canadá, como tampoco la Reserva Federal ni el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La crisis de Ceuta. En su intervención ante el Parlamento Europeo, Von der Leyen aludió a la crisis de Ceuta para subrayar el compromiso europeo con el enclave español –“La frontera de Ceuta es una frontera europea (…) y Europa estará ahí para ayudaros”, dijo- y proponer un “nuevo marco europeo de respuesta a emergencias” migratorias que incluiría “flexibilizar temporalmente” (esto es, rebajar los requisitos de) los procedimientos de expulsión. La solidaridad con Ceuta y con España hasta ahora ha sido más bien escasa -recuérdese la carta de los 22 aprovechando la situación para ajustarle las cuentas al presidente español, Pedro Sánchez- y el tema ha sido utilizado para poner en cuestión la política de regularización extraordinaria de Madrid. Esta confrontación volvió a vivirse en el pleno de la Eurocámara, donde la alianza europeísta se rompió una vez más y el PPE logró imponer sus tesis con el apoyo de la extrema derecha.

Redes sociales y menores. En otro punto de su discurso, la presidenta de la Comisión anunció asimismo una iniciativa europea para proteger a los menores de los abusos de las redes sociales -una “captura a gran escala”, describió-. La iniciativa, presentada al día siguiente en Bruselas, prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años, entre 13 y 15 solo podrán acceder a “mini-cuentas” supervisadas por progenitores o tutores y de 15 a 18 los proveedores deberán garantizar un diseño seguro. La norma (EU Kids Act) prevé, entre otras cosas, prohibir el scroll infinito y define las “horas nucleares de sueño” como un periodo de ocho horas consecutivas entre las 22 horas y las 8 horas durante el cual quedan prohibidas las notificaciones automáticas. También veta exponer a los menores a sistemas de recompensa variable en los videojuegos.

Suecia, a contracorriente. Las elecciones legislativas celebradas en Suecia el domingo pasado han supuesto un punto de inflexión respecto a las tendencias mayoritarias de voto en los últimos tiempos en Europa. Aunque dividida en dos bloques, en Suecia el campo del centroizquierda -encabezado por la socialdemócrata Magdalena Andersson, candidata ahora a primera ministra- se acabó imponiendo al campo de la derecha, hasta ahora gobernante, según los resultados definitivos proclamados el jueves. Uno de los resultados más llamativos, por contraste, es el retroceso de la extrema derecha: Demócratas de Suecia (SD) recibió el 17,5% de los votos, tres puntos menos que en las anteriores elecciones del 2022, en las que cosechó el 20,5%, y ha pasado de ser la segunda fuerza política del país -y primera de la derecha- al tercer lugar.