Mientras el ejército ruso se estanca en el campo de batalla
en Ucrania, Putin acaba de recibir un regalo inesperado de Trump al levantar su
embargo sobre las exportaciones rusas de diésel y presionar a Zelenski para que
cese sus ataques.
El 2 de agosto de 2016, el entonces jefe de campaña de
Donald Trump, Paul Manafort, mantuvo una cena en Nueva York con el agente ruso Konstantin Kilimnik, socio suyo,
en la que abordaron “un plan para
resolver los problemas políticos persistentes en Ucrania mediante la creación
de una república autónoma en su región oriental más industrializada, el
Donbass”, una zona ya parcialmente ocupada entonces por milicias prorrusas con
apoyo de Moscú y cuyo control sigue siendo hoy el principal objetivo de la
guerra lanzada en el 2022 por Rusia contra Ucrania. Según el plan, al mando de
esa nueva república debía estar Víktor
Yanukóvich, el presidente ucraniano derrocado en el 2014, una vía indirecta para
que Rusia controlara el este del país. Así consta en el informe sobre la
injerencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas del 2016
elaborado por el fiscal especial Robert Mueller.
Este episodio ha sido rescatado estos días por algunos
analistas –como la historiadora Heather Cox Richardson– a raíz del acuerdo
alcanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo
ruso, Vladímir Putin, para que Moscú venda hasta 4,8 millones de toneladas de
diésel a EE.UU. y en el mercado internacional en el actual contexto de
encarecimiento de los carburantes y cuando solo faltan dieciséis días para las
elecciones legislativas de medio mandato (mid-term) norteamericanas. Lo cual
asesta una puñalada por la espalda a Ucrania y sus aliados europeos.
La maniobra, descaradamente electoralista, busca hacer creer
a los estadounidenses que la culpa de que el precio del gasoil se haya
disparado –ha subido un 45% en EE.UU. desde que Trump lanzó la guerra contra
Irán– no es del conflicto en Oriente Medio sino del presidente ucraniano, Volodímir
Zelenski, por sus ataques a las refinerías e infraestructuras petroleras rusas.
El propio Trump, que es perfectamente consciente de que los barriles de diésel
rusos no le servirán para bajar los precios de aquí a las votaciones del 3 de
noviembre –apenas darán para cubrir el consumo de un día y medio, según The
Economist–, buscaba un chivo expiatorio y señaló con el dedo a Zelenski:
“Quiere crear problemas a nuestros agricultores y ganaderos con el combustible
diésel”, escribió el pasado fin de semana en su red social, Truth, a la par que
le instaba a cesar en sus ataques sobre las refinerías rusas y –más tarde–
anunciaba un “alto el fuego energético” entre Moscú y Kyiv que los hechos han
desmentido.
Que Trump busque quitarse las culpas de encima por el
encarecimiento del diésel antes de las elecciones no oculta el hecho de que el
presidente de EE.UU., en este último giro de guion, ha vuelto a abrazar las
tesis de Moscú para el fin del conflicto, que, básicamente, implican la
rendición de Ucrania y la cesión del territorio del Donbass. Por eso volvió a
presentar a Zelenski como el gran obstáculo para la paz y abogó por un cambio
en la presidencia del país, mientras sus mensajeros amenazaban a Kyiv con retirarle la ayuda
norteamericana si persistía en sus ataques contra las plantas energéticas
rusas.
Si el informe Mueller sobre la injerencia rusa es evocado
hoy por algunos analistas es para subrayar las prolongadas conexiones entre
Trump y Putin. Pero, además de esta cercanía, lo que el contenido de la reunión
del 2016 confirma es que la anexión del Donbass por parte de Rusia lleva mucho
tiempo en los papeles del trumpismo. De hecho, el propio Trump evocó la
posibilidad de “cesiones territoriales” como vía para acabar la guerra en
vísperas de su cumbre con el presidente ruso en Anchorage (Alaska) en el 2025.
La presión sobre Zelenski no ha sido solo verbal. La noche
del martes al miércoles, en pleno bombardeo ruso, Kyiv echó en falta
información de inteligencia sobre los ataques aéreos del enemigo y se encontró
con restricciones en el uso de la red de satélites Starshield –rama militar de
Starlink–, que el ejército ucraniano utiliza para sus operaciones. El
presidente de Space X, Elon Musk, atribuyó esa interrupción temporal –el
servicio se restableció en principio el jueves– a la Casa Blanca. Sintiéndose
“traicionado”, Zelenski ordenó retomar los ataques contra las refinerías rusas.
Los europeos, nuevamente descolocados por su supuesto
aliado, han cerrado filas en torno a Zelenski y reafirmado su compromiso con la
defensa de Ucrania. La Comisión Europea entregó el miércoles a Kyiv 2.860
millones de euros –a cuenta del préstamo de 90.000 millones acordado– para
financiar drones, sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica, misiles,
radares y municiones.
La maniobra de Trump no ha sorprendido solo a ucranianos y
europeos. Un grupo de senadores republicanos y demócratas ha rechazado públicamente el acuerdo de Trump
con Putin, que vulnera la prohibición de 2022 de importar petróleo ruso y la
llamada ley Graham, del pasado 18 de septiembre, que refuerza las sanciones
contra Rusia.
Todo esto se produce en un momento en que, si bien Moscú está bombardeando sin piedad las ciudades e instalaciones energéticas de Ucrania –que anda escasa de sistemas de defensa aérea, sobre todo misiles Patriot, que EE.UU. ha gastado en Irán–, la situación en el frente está prácticamente estancada, con un avance ruso muy lento y con no pocos reveses. “Las fuerzas ucranianas han derrotado la campaña rusa de 2026 para tomar el óblast de Donetsk”, concluye el último informe, del 8 de octubre, del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Y eso, a un precio humano terrible: el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estima que Rusia ha sufrido desde el comienzo de la guerra 1,4 millones de bajas entre soldados muertos, heridos y desaparecidos, por 500.000-600.000 Ucrania.
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