En Francia,
España, Bélgica o Italia, los jóvenes salen a las calles para expresar su
disconformidad con su presente y su futuro
Europa está
que quema en este arranque de otoño. Y no precisamente por el cambio climático.
Mientras los dirigentes europeos discuten sobre dónde aplicar la tijera para
podar los presupuestos comunitarios -y nacionales-, decenas de miles de jóvenes
han salido a las calles estas últimas semanas en varios países -Francia,
España, Bélgica, Italia…-, en movimientos de protesta aparentemente
desconectados entre sí pero con un nexo común: son la expresión del desasosiego
de la juventud ante el futuro y el descontento por un presente caracterizado
por la precariedad. Las insuficiencias del sistema educativo -que condicionarán
su desarrollo en la edad adulta- y los problemas para emanciparse por el
encarecimiento desorbitado de la vivienda centran las quejas.
Todo
incendio empieza por una chispa y en Francia, como es habitual, empezó en los
suburbios. La revuelta de los estudiantes de bachillerato de todo el país, que
tiene en este momento contra las cuerdas al gobierno de Sébastien Lecornu, se
inició el 17 de septiembre en el liceo Antoine de Saint-Exupéry de Créteil, al
sudeste de París, cuando los alumnos se unieron a una huelga del profesorado en
protesta por la falta de personal y de recursos y bloquearon el instituto. Una
semana después ya eran una decena los liceos implicados, una cifra que alcanzó
rápidamente el millar.
En las últimas
semanas se han sucedido multitudinarias manifestaciones, que han acabado muchas
veces en enfrentamientos con los antidisturbios y actos de violencia
protagonizados por grupos radicales, mientras crecen las voces críticas hacia la
fuerza utilizada por la policía. La protesta va camino de ampliarse y en la
convocatoria para hoy sábado podría darse una confluencia con otros
movimientos, como el de unos resucitados chalecos amarillos, que entre
2018 y 2019 hicieron temblar a Francia. No es descartable, visto como están los
precios de los carburantes.
Junto a la
reivindicación de más profesores para cubrir las bajas y más recursos -10.000
millones de euros más para educación-, los estudiantes reclaman también la
supresión del actual sistema de acceso a la universidad, en manos hoy de una
plataforma (Parcoursup) gobernada por un algoritmo que consideran opaco y
-sospechan- discriminatorio, y que es probablemente el problema inmediato que
más angustia les produce. Entre las 10 medidas de urgencia que reclaman está
también congelar los alquileres de las residencias públicas de estudiantes,
construir más plazas y regular los alquileres privados.
El precio
de los alquileres es la causa directa del incendio desatado el 26 de septiembre
en España tras el controvertido desahucio de una octogenaria -Maricarmen
Abascal, fallecida dos semanas después- por una empresa que le había triplicado
el alquiler tras haberlo pagado religiosamente durante décadas. La indignación
general dio pie a manifestaciones multitudinarias en todo el país y la
instalación de un campamento de indignados (once años después) en la
plaza del Sol de Madrid. El movimiento, con el apoyo de los principales
sindicatos, dará su próximo paso con la realización, en plena precampaña
electoral, de una huelga general el próximo 11 de noviembre.
En España,
donde existe un parque de viviendas de alquiler más exiguo que en otros países
europeos, el precio del arrendamiento ha subido una media de entre el 40% y el
45% en la última década, mientras que los salarios solo lo han hecho en un 26%.
Los más afectados son los jóvenes, con sueldos más bajos, obligados bien a
permanecer indefinidamente en casa de sus padres (en España la edad media de
emancipación se sitúa ya en los 30,3 años, por encima de la de la Unión Europea,
que es de 26,2), bien a compartir piso y pagar precios prohibitivos por una
habitación.
En el
vecino Portugal, la mecha ha prendido igualmente con el mismo leitmotiv, con la
organización desde el día 10 de manifestaciones y acampadas -alguna,
violentamente desalojada por la policía- en Oporto y Lisboa para reclamar, a
los sones de la canción revolucionaria Grândola, Vila Morena, la
limitación de los precios de los alquileres, la suspensión de los desahucios y el
aumento de la construcción vivienda pública
Poco antes
de la revuelta ibérica, desde septiembre decenas de miles de jóvenes se han
manifestado en varias ciudades de Alemania para protestar por el proyecto de
reinstauración del servicio militar en el actual contexto de guerra híbrida
rusa. En principio, le ley prevé que sea voluntario, pero en el caso de no
lograr cubrir los cupos previstos no se descarta hacerlo obligatorio. De
momento, los nacidos en 2008 tienen que pasar ya un examen de aptitud… y el
envío este verano por el Ministerio de Defensa de las primeras citaciones
médicas a los jóvenes de 18 años ha desencadenado la protesta. “Educación sí,
bombas no”, “La guerra y la crisis devoran tu vida” podía leerse en algunas de
las pancartas.
La
efervescencia en Francia ha irradiado asimismo hacia el norte y hacia el sur.
En Italia, el 5 de octubre se inició un movimiento estudiantil similar en dos
liceos de enseñanza secundaria de Turín -Regina Margherita y Carlo Inazio
Giulio-, extendiéndose después a Roma, Bolonia y Nápoles. Los estudiantes,
también universitarios, han plantado tiendas de campaña para protestar por el
coste de la vida. Sus reivindicaciones van todas en el mismo sentido:
aprobación de un plan de construcción de residencias de estudiantes, aumento
del montante de las becas, reducción de los gastos de escolaridad, congelación
del precio de las comidas en las cantinas y gratuidad del transporte público.
En Bélgica
no han ido a la zaga. El día 9, los estudiantes de Valonia -la región
francófona- y de Bruselas salieron también a la calle para sumarse a las protestas
por los proyectos del Gobierno de Bart de Weber de recortar el gasto en
educación, sanidad y prestaciones sociales, asimismo con su florilegio de
violencias. Los estudiantes se quejan, particularmente de los recortes que
afectan a las comidas gratuitas, los materiales escolares y el pase de
transporte, así como el aumento de las matrículas.
Fuera de
la Unión Europea, uno de los candidatos a la adhesión al club comunitario,
Albania, también está sometida desde esta semana a convulsiones parecidas, en
todo caso más violentas si cabe. Decenas de miles de jóvenes se han manifestado
en la capital, Tirana, protestando -otra vez- por los gastos de la educación,
la falta de ayudas públicas y la escasez de perspectivas de empleo a la salida
de la universidad. Solo que aquí los manifestantes reclaman además la renuncia
del primer ministro, Edi Rama, y han llevado la violencia, con duros
enfrentamientos con la policía, hasta el extremo de incendiar la sede del
Ministerio de Educación y otros edificios. Las protestas van camino de confluir
con el movimiento conocido como la Revolución de los Flamencos contra la
construcción de un gran complejo turístico -liderado por el yerno de Donald
Trump, Jared Kushner- en una zona protegida de la costa adriática.
Todo este
conjunto de conflictos muestra la existencia de un malestar transversal entre
los jóvenes y adolescentes europeos, una generación marcada por las secuelas de
la pandemia de covid (hasta un 41% de los jóvenes europeos se sitúa en niveles
bajos o muy bajos de bienestar psicológico, según un estudio de la Agencia de
Drogas de la Unión Europea, EUDA, lo que los especialistas atribuyen a los
confinamientos) y por la precariedad acumulada por las sucesivas crisis
económicas.
El último
Eurobarómetro de la Juventud realizado por el Parlamento Europeo,
correspondiente a 2024 y publicado en 2025, corrobora una clara preocupación
por la situación económica. Los problemas que suscitan mayor inquietud entre
los jóvenes europeos de entre 16 y 30 años son el aumento de precios y el coste
de la vida (40%), el cambio climático (33%) y la situación económica general y
el empleo (31%). En España, el empleo aparece en primer lugar (41%) y la
vivienda se cuela en segundo (35%), al mismo nivel que el aumento de los
precios (35%)
La
traducción política de todo este malestar está por ver. Pero si el resultado de
las últimas elecciones europeas, del 2024, pueden ser un indicador, una parte considerable
de la juventud -sobre todo la de género masculino- vehicula su descontento
hacia el voto a los partidos de extrema derecha: un 21% de los hombres, frente
a un 14% de las mujeres de entre 16 y 29 años. Así lo constata un estudio
realizado por investigadores de cuatro universidades europeas, entre ellas la
Pompeu Fabra, que explica esta divergencia de género por la inseguridad añadida
que sienten los hombres jóvenes por los avances educativos y profesionales de
las mujeres. Pero eso ya es otra historia…
Apoyo a
Ucrania. Soplan
malos vientos para Ucrania después de que el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, decidiera unilateralmente levantar el embargo estadounidense
sobre los productos petrolíferos rusos y alcanzara un acuerdo con el presidente
de Rusia, Vladímir Putin, para autorizar a Moscú la comercialización de
4,8 toneladas de diésel, mientras
presionaba a Kyiv para que cesara sus ataques contras las refinerías rusas. El trasfondo
electoralista de la medida es evidente para todo el mundo -Trump se acerca a
unas elecciones difíciles el 3 de noviembre con el precio de los carburantes
disparado-, pero no por ello ha dejado de ser un choque para Ucrania y toda
Europa. El Consejo Europeo, reunido jueves y viernes en Bruselas, reafirmó su
apoyo a Ucrania en su defensa frente a la agresión rusa y en particular a su
presidente, Volodímir Zelenski, presente en la cumbre. Los líderes europeos
quieren asegurar cuanto antes la financiación del esfuerzo de guerra ucraniano
-la Comisión Europea desembolsó esta semana 2.860 millones de los 90.000
millones de euros comprometidos con Kyiv-, ante el temor que la eventual
victoria de la ultraderechista Marine Le Pen en las elecciones presidenciales
francesas del año que viene pudiera bloquearla.
Choque
entre camaradas. Había
una gran expectación por la posibilidad de que el Consejo Europeo fuera el
escenario de un choque entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el
presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a propósito de la política
migratoria. Hay que recordar que tras el asalto a Ceuta de 72.000 migrantes a
finales de julio, la líder del posfascista Hermanos de Italia, suspendió la
aplicación del tratado de Schengen de libre circulación y restauró los
controles fronterizos aéreos con España, provocando una represalia española
equivalente. Pues bien, ambos países llegaron a la cumbre habiendo pactado
previamente una solución al conflicto con la próxima retirada de los controles.
Apaciguado este frente, fue la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen,
secundada por checos y austriacos, la que encabezó los ataques a Sánchez por la
regularización extraordinaria de inmigrantes, que consideró contraria a la
política europea. Frederiksen, que es del partido socialdemócrata y por tanto
una de los pocos camaradas de Sánchez en la UE, mantiene en el tema
migratorio posiciones muy próximas a las de la extrema derecha.
Espadas
en alto. El debate
presupuestario en la UE está lejos de vislumbrar una solución a corto plazo y
el objetivo del presidente del Consejo Europeo, António Costa, de cerrar un
acuerdo antes de fin de año parece cada vez más difícil. La propuesta inicial
de la Comisión Europea, de un presupuesto de 2 billones de euros para el
septenato 2028-2034, ha sido rebajada por la presidencia irlandesa en busca de
un terreno de entendimiento a 1,8 billones pero manteniendo sustancialmente las
partidas de cohesión y agricultura. La Comisión, el Parlamento y los países
llamados amigos de la cohesión -con España a la cabeza-, partidarios de
un presupuesto expansivo para abordar las nuevas prioridades europeas sin
recortar nada, han rechazado la rebaja irlandesa. Pero esta tampoco ha
contentado al bando contrario. Lejos de ahí. Los países frugales,
encabezados por Alemania, juzgan que la reducción es insuficiente -reclaman una
rebaja sustancial de varios cientos de miles de millones de euros- y, desde
luego, ven inaceptable que el recorte afecte a las nuevas prioridades, como
defensa o competitividad.
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