Las elecciones en España abren un ciclo electoral que puede reforzar la confluencia entre la derecha y la extrema derecha en la UE
El próximo
29 de noviembre España irá a las urnas, pero será toda Europa -con esperanza
unos, con aprensión otros- la que contenga el aliento. De su resultado
dependerá en gran medida que el giro conservador iniciado por la política
europea en el 2024 se consolide y refuerce -con un estallido de la histórica
alianza europeísta en el Parlamento Europeo como posible efecto secundario- o,
por el contrario, se mantenga el delicado statu quo actual. España inaugura,
anticipadamente, el baile electoral al que están llamados en los próximos meses
Francia, Italia y Polonia. En todos ellos los partidos nacionalistas y de
extrema derecha parten con gran fuerza, si no son favoritos.
No hay
muchos jefes de gobierno socialdemócratas en la Unión Europea en este momento
-sobran los dedos de una mano- y los pocos que hay son en general de países
pequeños. Así, la danesa Mette Frederiksen -una socialista muy peculiar, por lo
demás-, el maltés Robert Abela y el lituano Mindaugas Sinkevicius. El español
Pedro Sánchez es el único al frente de un país grande (cuarto de la UE en
población y en potencia económica), lo que le convierte en el principal
referente de la izquierda en el Consejo Europeo y en contrapeso en un club
mayoritariamente conservador.
Si, como
apuntan los sondeos, las elecciones conducen a un cambio de gobierno en España,
con el popular Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente -con el apoyo de la
extrema derecha-, el paisaje europeo cambiará radicalmente. “La ausencia de
Sánchez sería un desastre porque acabaría desnivelando el Consejo y el
equilibrio de la política europea”, apunta un destacado miembro del grupo
Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo, dirigido por Iratxe
García y donde los socialistas españoles constituyen la delegación nacional más
importante.
De
producirse este vuelco, no serían las elecciones en Francia, Italia y Polonia
las que vendrían a compensarlo. Más bien al contrario. En Francia, la década
liberal de Emmanuel Macron toca a su fin en 2027 y puede acabar en una
auténtica debacle, abriendo paso al poder -por primera vez desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial- a un partido de extrema derecha. A siete meses de los
comicios, la líder del Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, encabeza
todos los sondeos de las presidenciales, tanto en la primera como en la segunda
vuelta, mientras el país parece sumido en una profunda crisis, con los mercados
financieros castigando su elevado déficit, los precios de los carburantes
disparados y los estudiantes de bachillerato protagonizando violentos
enfrentamientos con la policía en las calles.
En Italia,
la primera ministra y líder del posfascista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni,
parte con ventaja para repetir en el cargo, con sus posibilidades reforzadas -a
priori- por la reforma del sistema electoral aprobada este jueves y que da una
prima de representación a aquellos partidos y coaliciones que alcancen el 42%
de los votos. En Polonia, por último, el primer ministro conservador Donald
Tusk parece bien encaminado en las encuestas para mantenerse en el gobierno,
pero en todo caso si alguien puede amenazarle no es la izquierda sino el
ultraconservador y ultranacionalista Ley y Justicia, que -por otra parte- le
hace la vida imposible desde la Presidencia de la República.
Si el
cuadro electoral que se acaba dibujando es el que auguran los respectivos
sondeos nacionales, la correlación de fuerzas en Europa experimentará un fuerte
giro a la derecha y podría acabar forjando una nueva mayoría entre el sector
conservador de raíz democristiana y -si no todos, buena parte de- los partidos
de ultraderecha.
De hecho,
desde las últimas elecciones europeas, del 2024, esta confluencia ya se ha ido
abriendo paso en el Parlamento Europeo, merced a la política de geometría
variable auspiciada por el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el
socialcristiano bávaro Manfred Weber. Aunque la mayoría que sostiene a la
Comisión de Ursula von der Leyen sigue descansando en el bloque europeísta
tradicional -integrado por populares, socialdemócratas y liberales, con el
apoyo intermitente de los ecologistas-, los conservadores han aprovechado la
posibilidad de articular “mayorías alternativas” -con los ultras- para impulsar
algunas políticas difícilmente aceptables para sus socios.
El pasado
septiembre, por ejemplo, presentó y consiguió aprobar en la Eurocámara una
resolución que atribuía la crisis migratoria de Ceuta a la política de
regularización extraordinaria de Pedro Sánchez, con el respaldo de los tres
principales grupos de extrema derecha del parlamento: los Conservadores y
Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni y asociados, los Patriotas por
Europa de Marine Le Pen -y Vox- y la Europa de las Naciones soberanas (ESN) que
capitanea el partido Alternativa para Alemania (AfD). No fue algo casual.
Votaciones conjuntas de este tipo se han dado en un total de 23 ocasiones,
según la información recopilada en la lista EU Far-Right Tracker por la
oenegé The Good Lobby, dirigida por el académico italiano Alberto Alemanno. “El
PPE no se limita a coquetear con la extrema derecha, sino que ha
institucionalizado una alianza táctica de conveniencia”, sostiene el grupo.
¿Puede
esta alianza táctica convertirse en una alianza estratégica? Ante esta
situación, en el seno del grupo S&D empiezan a escucharse voces favorables
a una ruptura con el PPE y el pase a la oposición en el Parlamento Europeo en
el caso de que los socialistas pierdan el gobierno en España. Los sectores más
pragmáticos no ven esa salida con buenos ojos y alertan que ello podría
comportar la caída del Ejecutivo Von der Leyen y la eventual sustitución de la
actual presidenta de la Comisión Europea -que hace lo imposible por mantener
amarrada su coalición- por un perfil más a la derecha. “No sería bueno que
saltara la actual Comisión -constata el mismo dirigente socialista-, pero si se
produce un giro ultraconservador, la situación podría devenir imposible”.
Llamada
de socorro de Von der Leyen.
La presidenta de la Comisión ha pedido esta semana el apoyo del Parlamento
Europeo para frenar los recortes que se ciernen sobre el presupuesto
comunitario actualmente en discusión. El grupo de los países llamados frugales
(Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia), capitaneados por
Alemania, exige una rebaja de cientos de miles de millones en el proyecto de
presupuesto elaborado por el Ejecutivo comunitario para el septenio 2028-2034,
de 2 billones de euros. Ursula von der Leyen recordó a la cámara que su
propuesta apenas representa el 1,26% del PIB de la UE y alertó de que su
reducción “supondría el riesgo de recortar drásticamente en prioridades
fundamentales que todos juntos hemos acordado”.
A Von der
Leyen, de la CDU alemana, no le faltan apoyos en el Europarlamento, donde
incluso el jefe de filas del PPE, el también alemán Manfred Weber (de la CSU,
aliado histórico de la CDU), está contra los recortes de los fondos de cohesión
y de la Política Agraria Comùn (PAC). No parece, sin embargo, que el canciller
alemán, Friedrich Merz, les haya escuchado mucho hasta ahora... Los 27 entrarán
de lleno en la negociación a partir de ahora, una vez la presidencia de turno
irlandesa presente -hoy- el documento revisado (Negobox, en el argot
comunitario), que ya incorporará la reducción de algunas partidas para intentar
una primera aproximación de posiciones.
Ampliación
con condiciones. La
Comisión Europea ha propuesto esta semana incorporar un conjunto de medidas
cautelares o de salvaguardia para que los futuros miembros de una UE ampliada no
puedan estrenarse imponiendo su veto a acuerdos mayoritarios o poniendo en
cuestión los principios fundamentales de la Unión. La propuesta de Bruselas,
que deberá eventualmente ser ratificada por los 27 en la cumbre del 15 y 16 de
octubre, instaura un periodo de 15 años durante los cuales los nuevos socios
del club serán sometidos a una vigilancia especial, bajo la amenaza de
sanciones que irían desde la pérdida de fondos comunitarios a la suspensión de
su derecho de voto en el Consejo Europeo. Los candidatos más próximos a la
adhesión son Montenegro -que podría ingresar en el 2028-, Albania, Moldavia y
Ucrania, ya de cara al 2030.
Tregua
comercial con Pekín.
La guerra comercial a la que parecían abocadas la UE y China no se producirá,
de momento. Tras dos días de intensas reuniones en la capital china, el
comisario europeo de de Comercio, Maros Sefcovic, alcanzó ayer un principio de acuerdo con su homólogo chino, Wang
Wentao, por el cual China se compromete a reducir la exportación de vehículos
híbridos a Europa, facilitar las licencias para la importación por parte de la
UE de tierras raras e imanes permanentes –esenciales para las baterías– y
facilitar el acceso al mercado chino a sectores europeos clave como el aceite
de oliva, las piezas de automóviles y el calzado mediante la rebaja de
aranceles. El acuerdo, que Bruselas considera un primer paso, se produce
después de que Alemania y Francia reclamaran a la Comisión un nuevo instrumento
comercial para frenar la competencia china, que ha disparado el déficit
comercial bilateral a 360.000 millones de euros en 2025.
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