Afganistán: las expulsiones primero, las mujeres después

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Dos semanas antes de que el último soldado norteamericano -el general Chris Donahue, comandante de la 82.ª división aerotransportada de Estados Unidos- subiera al último avión y abandonara definitivamente Afganistán, el 30 de agosto de 2021, dejando el país en manos de los talibanes tras dos décadas de guerra, seis gobiernos de la Unión Europea –Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos- dirigieron una carta a la Comisión Europea en la que manifestaban su rechazo a suspender las deportaciones de ciudadanos afganos a su país. Dos semanas solamente, apenas quince días antes de la caída de Kabul y de la caótica retirada occidental, con el ejército afgano ya en plena desbandada ante la ofensiva de los islamistas, esos seis gobiernos seguían aferrándose a la ficción de que Afganistán era un “país seguro” y advertían que suspender las deportaciones era una “señal equivocada”. Así que, cinco años después, no es de extrañar que el primer contacto oficial de la UE con responsables gubernamentales del régimen talibán, este martes en Bruselas -un encuentro vergonzante, sin fotos, para el que el Gobierno belga expidió visados de solo 24 horas-, fuera para volver a hablar de deportaciones. El objetivo: coordinar la expulsión a su país de ciudadanos afganos que hayan cometido delitos graves o representen una amenaza para la seguridad en Europa. Todo muy técnico. Detrás de la iniciativa, conducida por el comisario de Interior y Migración, el democristiano Magnus Brunner, del Partido Popular Austriaco (ÖVP), y coordinada con el Gobierno de Suecia -un ejecutivo de centroderecha con apoyo parlamentario de la ultraderecha-, hay una quincena de países, a la mayoría de los cuales les da reparo hacer públicos sus nombres. Se sabe que en el encuentro participaron representantes de Bélgica y Dinamarca. Y que, por su parte, Alemania se ha organizado por su cuenta: pactó con los talibanes ya en 2024 y esta semana el gobierno del canciller Friedrich Merz ha acordado con Kabul aumentar la cadencia de expulsiones. Europa no reconoce al régimen de los talibanes y ningún país de la UE tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Kabul. La Unión como tal mantiene una delegación en la capital afgana cuya principal misión es coordinar la entrega de ayuda humanitaria a la población, que se canaliza a través de la ONU y oenegés sobre el terreno (desde 1994 la UE ha distribuido ayuda por valor de 2.000 millones de euros) Sobre el papel, esto no va a cambiar: “No vamos a reconocer al régimen, pero pienso que es importante hablar con ellos”, se justificó Brunner. Los talibanes, que no se engañan, ven aquí una puerta abierta. El portavoz del Ministerio de Exteriores afgano, Abdul Qahar Balkhi, que encabezó la delegación talibán, expresó su confianza en que este primer encuentro sirva para “ampliar todavía más el espacio de cooperación basado en el respeto mutuo y los beneficios compartidos”. Su objetivo es que Europa acepte a sus representantes en las embajadas y consulados afganos. Lindante con la paranoia, la obsesión europea por expulsar a los inmigrantes en situación irregular por encima de cualquier otra consideración política, económica o moral -ahí está la iniciativa de construir centros de internamiento y deportación para extranjeros en terceros países, entre los que algunos barajan Ruanda y Uzbekistán- ha dejado en segundo plano un asunto que hace cinco años pasaba por ser la principal preocupación de Europa: la trágica suerte de las mujeres en Afganistán. No consta que se hablara de ellas para nada en la reunión.

Un combatiente talibán monta guardia mientras mujeres esperan para recibir raciones de alimentos en Kabul Ebrahim Noroozi / Ap-LaPresse

La situación de las mujeres bajo el tiránico régimen fundamentalista de los talibanes es un espanto. La ONU lo ha calificado de “apartheid de género”. En Afganistán, las mujeres han sido proscritas de la enseñanza media y universitaria –hay 2,5 millones de niñas y jóvenes fuera del sistema educativo–, expulsadas de la mayor parte de trabajos y de la función pública, sin derecho a utilizar los baños públicos, los parques, los gimnasios, los centros deportivos y lúdicos. Y conminadas a salir de casa “solo en caso de necesidad”, tapadas y con la boca cerrada. La reciente detención de al menos 30 mujeres en la ciudad occidental de Herat por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de los talibanes, y la violencia con que se reprimieron las protestas, le valió a Kabul la condena unánime la semana pasada del Consejo de Seguridad de la ONU. “Las autoridades de facto han criminalizado la presencia de mujeres y niñas en la vida pública”, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al presentar la última evaluación de este organismo sobre la situación en Afganistán, el pasado mes de marzo en Ginebra. Aunque la población femenina es la más castigada, el informe advierte que “la vida de los afganos comunes ha empeorado drásticamente” bajo los talibanes, sometidos a un régimen represivo que recurre sistemáticamente a la tortura y las ejecuciones, y con una situación económica catastrófica: unos 21,9 millones de personas -el 45% de la población- necesitan asistencia humanitaria para sobrevivir. En este contexto, Turk aprovechó para instar a los países miembros de las Naciones Unidas a detener todas las repatriaciones forzosas de afganos, argumentando que los deportados se enfrentan a riesgos reales de persecución, tortura u otros daños graves. “Afganistán es un cementerio de derechos humanos”, advirtió. Alló, Bruselas?

Diplomacia que chirría. Si los tratos con el régimen talibán de Afganistán es objeto de divisiones y controversia, no lo es menos la actitud de la UE hacia el gobierno de Beniamin Netanyahu en Israel. La polémica ha estallado esta semana tras conocerse el viaje realizado a Tel Aviv por la comisaria para el Mediterráneo, Duvranka Suica, después de que el Gobierno israelí anunciara su decisión de romper todo contacto oficial con la Alta representante para la política exterior de la UE, Kaja Kallas, por unas afirmaciones que juzgó ofensivas (la jefa de la diplomacia europea habría calificado, en una conversación privada, de “apartheid” el trato dado por el Gobierno israelí a los palestinos). La inoportuna visita de Suica, quien -por cierto- ya protagonizó otra polémica por acudir a la constitución de la Junta de Paz para Gaza creada por Donald Trump, se enmarca en el pulso por el control de la política exterior que mantiene con Kallas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Brexit y dimisión. El décimo aniversario del referéndum del Brexit, el día 23, no podía tener conmemoración más idónea que la enésima crisis de gobierno en el Reino Unido, que desde la decisión de abandonar la UE ha visto pasar ya por Downing Street a seis primeros ministros. Desautorizado por su propio partido, el premier laborista Keir Starmer decidió dimitir después de que su principal rival interno, el alcalde de Manchester, Andy Burham, lograra el escaño en la Cámara de los Comunes que le habilitaba para desafiar al primer ministro. No ha habido mucha fiesta en el Reino Unido con motivo del décimo aniversario de la consulta. Lo cierto es que los indicadores económicos y sociales señalan que el Brexit fue un mal negocio y hoy la mayoría de los británicos lo consideran un error y votarían por volver a Europa. Starmer, contrario a reabrir el melón, era partidario no obstante de “resetear” las relaciones con Bruselas. Habrá que ver cuál será la orientación de Burnham.