La UE abre
la vía para deportar a los inmigrantes irregulares a centros de retención en terceros
países
En la
llanura del Rossellón, 50 kilómetros al norte de la frontera francoespañola, se
levanta sobre una tierra reseca y ventosa el campo de Rivesaltes. Reconvertido
en Memorial en 2015 y objeto de una reciente remodelación, todavía son visibles los
barracones del antiguo campo de internamiento que funcionó aquí entre 1941 y
1964. Los refugiados españoles que huyeron en 1939 de las tropas franquistas
fueron los primeros en ser recluidos en Rivestaltes, un presunto “centro de
acogida” que era lo más parecido a un campo de concentración, rodeado de
alambradas y vigilado por el ejército francés. Las condiciones eran precarias,
pero en los improvisados campos de las playas de Argelès todavía era peor.
Aunque la política de internamiento de “extranjeros indeseables” empezó ya en
los años treinta, fue el régimen autoritario y pronazi de Vichy quien, a partir
de 1940, le dio verdadero impulso
Dos
centenares de campos de internamiento fueron levantados en esa época en
Francia. Por el de Rivesaltes pasarían entre 15.000 y 20.000 españoles, a los
que se sumarían judíos extranjeros que habían buscado inútilmente refugio en
Francia -y que después serían entregados a la Alemania nazi y enviados al campo
de exterminio de Auschwitz- y gitanos franceses. Una vez finalizada la Segunda
Guerra Mundial, sería lugar de internamiento de prisioneros de guerra alemanes,
antes de pasar a convertirse en centro penitenciario para activistas del Frente
Nacional de Liberación (FNL) argelino y acabar -tras la independencia de
Argelia- como punto de acogida transitorio de los refugiados argelinos que
habían colaborado con el ejército francés (harkis) y lograron huir del
país… Como un eco lejano de su pasado, entre 1986 y 2007 resucitó como centro
de retención para extranjeros pendientes de expulsión.
La
creación de campos de internamiento de extranjeros es una pasión europea. Los
ha habido de todos tipos y en todas partes. Y, a pesar del lastre moral que
representa la negra historia del siglo XX, en este segundo cuarto del siglo XXI
vuelven a ser tendencia. El Consejo Europeo y la Eurocámara han dado luz verde
esta semana -paso previo a su ratificación definitiva- al nuevo reglamento
europeo sobre el retorno de inmigrantes irregulares, que da cobertura legal a
la construcción de centros de internamiento y deportación en terceros países.
Idea “innovadora” -por utilizar la jerga comunitaria-, el establecimiento de
centros de retención de extranjeros en países de fuera de la UE sigue el modelo
aplicado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder del
posfascista Hermanos de Italia, que ha conseguido normalizar en Europa algunas
de las ideas de la extrema derecha en materia de política migratoria.
En 2024,
tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Tirana, Italia abrió dos centros de
detención de inmigrantes en las poblaciones albanesas de Gjäder y Shëngjin, en
la costa adriática. El objetivo era -y es- conducir a los inmigrantes
rescatados en alta mar a estos centros, donde deben ser analizadas sus
peticiones de asilo y, en caso de ser rechazadas, ser deportarlos a sus países
de origen. Sin pisar suelo italiano.
Los dos
centros están en funcionamiento, pero hasta el momento han pasado bien pocos
inmigrantes por allí a causa de las trabas puestas por la justicia italiana.
Esto no parece haber arredrado, sin embargo, a los potenciales imitadores en el
seno de la UE. Bruselas no va a impulsar por sí misma el proyecto, pero un
grupo de cinco países comunitarios están explorando conjuntamente esta vía y
sondeando los posibles destinos. Liderado por los Países Bajos, en el grupo
están también Alemania, Austria, Dinamarca y Grecia. Con el nuevo reglamento en
la mano, los extranjeros internados podrían permanecer detenidos hasta dos
años.
Las
autoridades comunitarias juran y perjuran que los derechos de los inmigrantes
quedarán salvaguardados y que los nuevos centros cumplirán la legislación
europea pese a estar ubicados en el extranjero. Pero las oenegés no lo ven en
absoluto tan claro. Y, de hecho, el ejemplo de Italia muestra que hay no pocas
zonas de sombra.
Un primer
punto de debate -y que ha suscitado ya objeciones judiciales- es el destino de
los expulsados. Teóricamente, solo podrán ser repatriados los inmigrantes cuyo
país de origen pueda considerarse “seguro” desde el punto de vista del respeto
a los derechos humanos. ¿Lo es Afganistán, por ejemplo, con cuyo gobierno está
en tratos Bruselas para facilitar las expulsiones? La Justicia italiana expresó
serias dudas sobre la lista de “países seguros” elaborada por el gobierno
Meloni y lo remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien
en agosto del año pasado consideró que contravenía el derecho comunitario. En
su sentencia, el tribunal estableció que los solicitantes de asilo deberían
tener derecho a impugnar la condición de “seguro” de su país en su caso
personal.
La lista de “países seguros” incluida en el Pacto Europeo de Asilo y Migración,
aprobada por el Parlamento Europeo el pasado febrero, resulta de entrada
bastante escueta: Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez,
además de aquellos países candidatos a la adhesión a la UE. El segundo punto de
debate es el procedimiento mismo de internamiento y expulsión, así como sus
garantías.
El TJUE, a
petición del Tribunal de Apelación de Roma, debe pronunciarse también sobre la
legalidad de los centros externos y todo indica que podría validarlo con
algunas salvaguardas. Así se deduce del reciente pronunciamiento del abogado
general -en este caso, Nicholas Emiliou-, cuyos criterios acostumbran a ser
seguidos en gran media por el tribunal. En su dictamen del pasado 23 de abril,
Emiliou consideró que la apertura de centros de internamiento de inmigrantes en
situación irregular y solicitantes de asilo en terceros países es perfectamente
legal, siempre que están sometidos a la jurisdicción europea y cumplan con la
legislación comunitaria. En particular, el derecho de los confinados a tener
asesoramiento jurídico y asistencia lingüística, a mantener contacto con la
familia y a acceder a la tutela efectiva de la Justicia.
El objetivo europeo es aumentar sensiblemente la proporción de expulsiones -que
en la actualidad apenas sobrepasan el 28% de todas las dictadas- pero está por
ver que los centros extraterritoriales vayan a resultar el bálsamo de
Fierabrás.
De
momento, la afluencia irregular de inmigrantes parece estar experimentando
cierta inflexión. Los últimos datos de la agencia europea de fronteras,
Frontex, correspondientes al primer cuatrimestre de este año, constatan que las
llegadas irregulares a la UE -un total de 28.500- se redujeron un 40% respecto
al mismo periodo del año pasado, y que la mayor caída, un 78%, se produjo en la
ruta de África Occidental (esto es, las Canarias), lo que se atribuye en gran parte
a las medidas adoptadas por Gambia, Mauritania y Senegal de acuerdo con España
y la UE. Todas las rutas bajan en mayor o menor medida salvo una, la del
Mediterráneo Occidental (sur de la Península Ibérica), que ha subido un 50%,
alimentada básicamente desde Argelia. Al final, esto es como un globo: si se
presiona en un lado, el aire se desplaza a otro.
La
inmigración irregular constituye hoy una de las principales preocupaciones de
los europeos, por detrás de las cuestiones de seguridad y defensa, y de la
situación económica. En el Eurobarómetro de la primavera de 2026, la
inmigración era citada como primer problema por un 16% de los encuestados, lo
que representa un ligero retroceso respecto a la anterior encuesta (20%). Por
en medio ha llegado la guerra en Oriente Medio, los problemas de suministro de
energía y el aumento de precios… Sea como fuere, cuesta discernir hasta qué
punto este estado de opinión está contaminado por el discurso tremendista de la
extrema derecha, que presenta la inmigración extranjera como una amenaza
existencial, amplificado hoy por la derecha tradicional.
El
enrarecido ambiente actual evoca de alguna manera los tiempos de los
“extranjeros indeseables” de los años treinta y cuarenta del siglo pasado.
Mientras los ultras convocan cumbres para tratar de impulsar sus planes a favor
de lo que eufemísticamente han bautizado como “remigración” (esto es, una
deportación masiva de ciudadanos de nacionalidad o de origen extranjero) y los
gobiernos de la UE planean centros de internamiento para gestionar la expulsión
de inmigrantes irregulares, Europa ha empezado a perder de vista -si no lo ha
hecho ya- que estamos hablamos de personas. Y que los inmigrantes de hoy están
haciendo lo que hicieron antes nuestros padres y abuelos.
Tras la
sangría de la Segunda Guerra Mundial, Europa, necesitada de mano de obra, se
lanzó a reclutar trabajadores foráneos. Países como Alemania y Francia pusieron
en marcha programas oficiales para fomentar la inmigración, como los españoles
sabemos muy bien (¡Vente para Alemania, Pepe!), creyendo -o queriendo
creer- que después regresaría a sus hogares. Algunos lo hicieron, pero muchos
otro no. En su magnífico retrato histórico del continente, Europa, una
historia personal, el historiador y periodista británico Timothy Garton Ash,
recoge una lúcida observación que sobre este fenómeno hizo el escritor suizo
Max Frisch en 1965: “Pedimos mano de obra y llegaron seres humanos”. El papa
León XIV, que hoy inicia una vista oficial a España, viajará la semana que
viene a las islas Canarias y mantendrá un encuentro con inmigrantes para recordarnos
esta verdad esencial.
De
ampliación en ampliación.
La Unión Europea, a pesar de todas las dificultades y de sus divisiones
internas, sigue teniendo una poderosa fuerza de atracción y no son pocos los
países que aspiran o se plantean adherirse al club (una corriente que alcanza
incluso al Reino Unido, donde cada vez más británicos piensan que el Brexit fue
un error, pese a lo cual un retorno es hoy por hoy impensable). Uno de los
países existencialmente más interesados en incorporarse a la UE es Ucrania, que
lleva más de cuatro años resistiendo a la invasión rusa. Formalmente invitada a
adherirse al club, el inicio de las negociaciones había estado bloqueado hasta
ahora por el veto de la Hungría de Viktor Orbán. Ya no. El nuevo primer
ministro húngaro, Péter Magyar, lo ha levantado esta semana, después de haber
alcanzado un acuerdo con Kyiv sobre los derechos lingüísticos, educativos,
culturales y políticos de la minoría húngara en Ucrania, integrada por unas 100.000
personas, lo que era objeto de tensión entre ambos países.
Ucrania,
cuyo proceso de integración empezará ahora, desearía verlo culminado en 2027,
pero por rápido que implante las reformas necesarias es difícil que eso se
produzca, habida cuenta de los plazos habituales. De ahí que el canciller de
Alemania, Friedrich Merz, propusiera que Ucrania se convirtiera mientras tanto
en una especie de “miembro asociado”, con voz pero sin voto. La idea ha
derivado en una propuesta conjunta de Berlín y París para que los países
candidatos a la adhesión puedan irse integrando “gradualmente”, por capítulos,
en función de los avances en la negociación. Así lo planteó ayer el presidente
francés, Emmanuel Macron, en la cumbre que reunió a los mandatarios de la UE
con sus homólogos de los países de los Balcanes Occidentales candidatos al
ingreso: Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte Montenegro y
Serbia. Albaneses y montenegrinos son los más avanzados.
Lejos de allí,
en las heladas aguas del Norte, Islandia se debate sobre si volver a intentar
integrarse en la UE. Tras pedirlo formalmente en 2009 e iniciar las
negociaciones al año siguiente, en 2013 decidió suspenderlas y en 2015 retiró
oficialmente su candidatura. La integración en Europa mantiene fuertemente
divididos a los apenas 400.000 habitantes de la isla, pero el Gobierno de la
socialdemócrata Kristrún Frostadóttir ha decidido convocar un referéndum el
próximo 29 de agosto para decidir si se retoman las negociaciones. El voraz
apetito demostrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la
isla ártica de Groenlandia disparó todas las alarmas en Reikiavik y despertó de
nuevo el interés por buscar refugio atándose al continente.
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