Aprovechando una sentencia del Tribunal Supremo que acota la Ley del Derecho al Voto de 1965, los estados del sur de EE.UU. se han lanzado a una carrera para suprimir las circunscripciones electorales de mayoría negra.
El 8 de agosto de 1925 una multitud de cerca de 40.000
encapuchados del Ku Klux Klan –ocasionalmente, a cara descubierta– desfilaron
con sus túnicas blancas, sus capirotes y sus cruces por la avenida Pensilvania
de Washington, el corazón de la capital federal de Estados Unidos, para
demostrar su poder. La organización supremacista blanca, surgida en los estados
de Sur de las cenizas de la guerra civil para combatir –con violencia incluida–
el ejercicio de los derechos civiles por parte de los recién liberados esclavos
negros, tenía entonces entre tres y
cuatro millones de miembros y utilizaba su capacidad de influencia para
condicionar la elección de senadores y gobernadores.
El Klan perdió fuerza a partir de entonces, pero resurgió
con virulencia a mediados de los años sesenta. La organización y algunas de sus
facciones más violentas, como la de los White Knights (caballeros blancos),
volvieron a recurrir al terrorismo y los asesinatos para combatir el creciente
movimiento de la población negra,
liderada por Martin Luther King, en defensa de sus derechos.
Entre sus crímenes cobró relevancia el asesinato de tres
activistas pro derechos civiles –James Chaney, Andrew Goodman y Michael
Schwerner– la noche del 21 al 22 de junio de 1964 en el condado de Neshoba
(Misisipi), adonde se habían desplazado para animar a los afroamericanos a
registrarse como electores. El caso, que daría lugar años después a la célebre
película Arde Misisipi (Alan Parker, 1988), causó una honda conmoción. Y acabó
de convencer al presidente Lyndon B. Johnson de la necesidad de aprobar una Ley
del Derecho al Voto que garantizara su ejercicio efectivo. Fue aprobada
por el Congreso en agosto de 1965.
Los negros tenían reconocido el derecho al voto desde 1870
(Décimoquinta enmienda de la Constitución). Sin embargo, más allá de la
violencia del Ku Klux Klan y otros grupos racistas, los estados del Sur aún
mantenían sojuzgada a la población negra con las leyes de segregación racial
y obstaculizaban su participación
electoral en la práctica con toda suerte de argucias legales: pago de impuestos
electorales, obligación de pasar exámenes de alfabetización... La ley de 1965 cambió todo eso.
Un siglo después de la marcha del Ku Klux Klan por
Washington, sus ideas supremacistas y ultraderechistas vuelven a estar en boga
en Estados Unidos y muchas de las salvaguardas logradas con años de lucha y
esfuerzo están siendo desmontadas una a una. El Tribunal Supremo, controlado
por una mayoría ultraconservadora –integrada por seis de los nueve magistrados,
tres de ellos designados personalmente por Donald Trump– dio a finales de abril
el golpe de gracia a la Ley del derecho al Voto en una controvertida sentencia
donde estableció que el “enorme cambio social” vivido por EE.UU. no justifica
ya mantener ciertas medidas en defensa de las minorías. Con este fallo, a
partir de ahora solo se puede invocar la protección de la ley en el caso de que
las autoridades pretendan restringir “deliberadamente” su representación
política.
Huelga decir que la minoría progresista del Supremo disiente
de la sentencia. A juicio de la
magistrada Elena Kagan el fallo es “el último capítulo en la demolición, ahora
consumada, de la Ley del Derecho al Voto”. En su opinión, no corresponde a la
Corte, sino al poder legislativo, decidir si la ley sigue siendo necesaria o
no.
El origen de la sentencia está en una disputa sobre las
circunscripciones electorales del estado de Luisiana. Tomando como base la ley
de 1965, y con el apoyo de la
jurisprudencia histórica del Supremo, muchos estados habían dibujado
circunscripciones en las que la minoría negra fuera mayoritaria, para asegurar
de esta forma su representación. En el caso de Luisiana, donde un tercio de la
población es afroamericana, el estado pretendía crear un nuevo distrito de mayoría
negra (de tal forma que hubiera dos de un total de seis). La iniciativa fue
impugnada y es la que ahora ha anulado el Supremo, argumentando que definir un
distrito por motivos raciales es inconstitucional. Dicho y hecho, el
legislativo de Luisiana aprobó el viernes suprimir esa segunda circunscripción.
Aprovechando el precedente, otros estados sureños se disponen a suprimir también distritos
negros. El Congreso de Tennessee aprobó el día 7 la eliminación de una
circunscripción de mayoría negra en la ciudad de Memphis y la gobernadora de
Alabama ha instado a recuperar un mapa electoral de 2023 –anulado por la
justicia estatal– con el mismo objetivo. En Georgia, el gobernador ha convocado
una asamblea extraordinaria para rediseñar los distritos electorales y otro
tanto pretenden hacer en Carolina del Sur y Misisipi. “Estamos presenciando, en
tiempo real, la creación de un estado de partido único en el sur de EE.UU.”, ha
denunciado el periodista G. Elliot Morris (Strength in Numbers), especialista
en análisis electoral.
El motivo de fondo es partidista: los negros votan
mayoritariamente al partido demócrata y lo que buscan es diluir su voto en
circunscripciones mayoritariamente republicanas y blancas. Este tipo de
maniobras, consistentes en redibujar el mapa electoral para ganar
representantes en detrimento del rival, hace tiempo que se llevan a cabo en
EE.UU. Las inauguró en el siglo XIX el vicepresidente Elbridge Gerry, quien
dibujó un distrito electoral con la vaga forma de una salamandra (salamander),
de ahí que esta práctica se conozca con el nombre de gerrymandering.
Los republicanos, que temen perder la mayoría en el Congreso
en las elecciones mid-term del próximo mes de noviembre, están realizando
artimañas de este tipo allí donde pueden. A saco. Si esta deriva ya
representaba por sí misma un grave problema democrático, ahora se ha convertido
también en un problema racial.
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