La amenaza del dragón

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Europa busca cómo proteger su industria del masivo desembarco de productos de alta gama ‘Made in China’

Pekín parece hoy el centro del mundo. En los últimos meses no hay dirigente internacional que se precie que no haya viajado a la capital del antiguo Imperio del Medio a reunirse con el emperador comunista, Xi Jinping. Los últimos en pasar por allí, con escasos días de diferencia, han sido los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin. Pero no han sido los únicos. Previamente los europeos protagonizaron un auténtico desfile: el francés Emmanuel Macron pasó por allí en diciembre, el británico Keir Starmer en enero, el alemán Friedrich Merz en febrero, el español Pedro Sánchez en abril…

Las guerras comerciales desatadas por EE.UU. el año pasado y la desestabilización del comercio mundial inducida por los conflictos bélicos explican en parte esta fiebre por buscar un arreglo con el gigante asiático, convertido tanto en una oportunidad como en una amenaza. La constatación de que, ante el aumento de los aranceles norteamericanos, los chinos han empezado a desviar su sobreproducción industrial hacia Europa ha disparado todas las alarmas, poniendo en evidencia la necesidad urgente -largo tiempo sentida, por otra parte- de reequilibrar las relaciones comerciales bilaterales. Otra cosa es que cada cual acuda a Pekín con su propia agenda y sus propios intereses.

La apuesta de Pedro Sánchez por captar inversiones chinas en España, por ejemplo, ha sido vista con suspicacia en otros países europeos y en Bruselas. Pekín parece decidido a aprovechar la oportunidad para externalizar en el sur de Europa, y particularmente en España, parte de su producción de automóviles con el fin de evitar los aranceles comunitarios. Las compañías chinas están multiplicando sus proyectos en suelo europeo: los de Chery (en la antigua factoría de Nisssan en Barcelona), Leapmotor (en Zaragoza y Madrid, a través de un acuerdo con Stellantis, que también ha pactado con la china Dongfeng hacer lo mismo en la ciudad francesa de Rennes) y SAIC (Galicia), o del fabricante de baterías CATL (Zaragoza), son los más avanzados, pero también están buscando emplazamientos otros fabricantes como BYD, Changan o Geely.

El problema de estas inversiones es que aportan poco valor añadido y crean empleo de baja calidad, ya que se trata únicamente de plantas de ensamblaje (los coches son enviados por piezas desde China) y no dan trabajo a las empresas de componentes locales. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, es muy crítico al respecto: “El modelo que vemos a menudo en España no es un buen modelo, no da crecimiento a nuestras empresas en términos de producción”. A su juicio, Europa ha de poner condiciones mucho más exigentes a las empresas chinas.

Este es uno de los aspectos que pretende regular la futura Ley de Aceleración Industrial -Industrial Acceleration Act (IAA)- de la UE, con medidas para proteger e impulsar la competitividad de la industria europea mientras contribuye a los objetivos de descarbonización. El propósito, de cara al horizonte de 2035, es que la industria recupere el peso que había tenido antaño en la economía (del 14% del PIB actual al 20%) y genere 150.000 puestos de trabajo en los sectores clave.

 A estos efectos, los sectores prioritarios, considerados estratégicos, son las industrias intensivas en energía (acero, cemento, química), las tecnologías limpias (baterías, solar, eólica) y el automóvil. También son aquellos donde la competencia china está siendo más feroz. Presentado por la Comisión el pasado mes de marzo, el proyecto debe ser objeto el 29 de mayo de un gran debate, previo al Consejo Europeo de junio.

Una primera línea de acción es proporcionar ayudas e incentivos públicos a las industrias europeas, entre las que se incluye la adopción del principio de la “preferencia europea” en la adjudicación de contratos de las Administraciones (Buy European). La otra pone el acento en el control de las inversiones extranjeras que superen los 100 millones de euros, a las que se quiere imponer nuevas obligaciones: creación de sociedades conjuntas donde las empresas foráneas no superen el 49% del capital, contratación de trabajadores locales en al menos la mitad de los empleos, compra de componentes europeos y transferencia de tecnología.

Mientras las empresas chinas tratan de acelerar su implantación en Europa antes de que se apliquen las nuevas restricciones, Pekín ya ha expresado formalmente su queja, alegando que se trata de una legislación “discriminatoria” que vulnera las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y amenazando con represalias. Lo cierto es que algunas de estas exigencias no son más que una réplica de las que imponía China a las empresas occidentales que pretendían invertir en el país y acceder a su mercado: creación de joint ventures con empresas locales, contratación y formación de personal chino, transferencia de tecnología… “Lo hicieron con Francia con las centrales nucleares y ahora son ellos los que exportan energía nuclear por el mundo. No veo por qué no haríamos nosotros lo mismo”, sostiene Séjourné.

La política de grandes reformas económicas impulsada por Deng Xiaoping a partir del final de la década de los 70 y principios de los 80, la apertura a las inversiones extranjeras y la entrada en la OMC en 2001 están en el origen del espectacular despegue de China, que se ha convertido en la segunda economía mundial y aspira a disputar el primer puesto a EE.UU. Tras empezar fabricando masivamente productos de consumo baratos, de baja calidad y poco valor añadido, China está hoy en la vanguardia de los avances tecnológicos y exporta coches eléctricos, baterías, paneles solares y trenes de alta velocidad. Si el primer boom industrial chino tuvo ya severos efectos sobre la industria europea -en forma de deslocalizaciones-, el actual amenaza con ser una pesadilla

En 2024 el comercio de bienes y servicios entre la UE y China superó los 845.000 millones de euros, lo que representa el 29,6% del comercio y el 34,4% del PIB mundiales, según datos del Banco Central Europeo (BCE). La UE es el primer socio comercial de China y China es el tercero de la UE. Esta relación, sin embargo, está marcada por un creciente desequilibrio: Europa tiene un déficit comercial de más de 300.000 millones. En cuanto a las inversiones, si bien es cierto que el valor de las inversiones consolidadas de la UE en el país asiático es cuatro veces superior que a la inversa -son años de ventaja-, actualmente el flujo tiene a equilibrarse: si las inversiones europeas en 2024 fueron de 10.100 millones, las chinas alcanzaron ya 9.400 millones.

Todo esto no ha pasado sin perjuicio para Europa. Un informe de hace un año del mismo BCE indica que las exportaciones chinas a la zona euro, que aumentaron significativamente a partir del 2001 y se estabilizaron después durante una década (2010-2020), se dispararon tras la pandemia y hoy representan ya el 15,6% del total de las importaciones europeas de bienes (datos de 2024). El mayor aumento se ha producido en los sectores de la automoción (150%) y los productos químicos (140%), que emplean a 29 millones de trabajadores, y su impacto sobre el empleo ha sido notable: con un descenso de la demanda de mano de obra del 55% y del 95% respectivamente. Por el camino se han perdido al menos 240.000 puestos de trabajo.

Pero si dañino es lo que ha pasado, más lo puede ser lo que está por venir. En Francia, el Alto Comisariado para la Estrategia y el Plan describió publicó en febrero otro informe donde pintaba la situación de forma dramática y alertaba de que el “rodillo compresor” chino amenaza con aplastar a la industria europea. El salto tecnológico y la mejora de la calidad de los productos chinos, junto a unos costes notablemente más bajos -entre un 30% y 40%-, merced a las subvenciones públicas y la devaluación del yuan, representan una trampa mortal para la industria europea, tanto en los mercados exteriores como en el mercado interior. “Estamos viviendo la segunda ola de una competencia sin precedentes, que se ha acelerado drásticamente desde la covid, cuando los más ingenuos de entre nosotros pensaban que la epidemia debilitaría a China”, destacaba en la introducción el alto comisario, Clément Beaune, quien concluía: “La amenaza es generalizada, sistémica”.

Para frenar esta ola, Bruselas propone adoptar medidas drásticas. Pero no todos los gobiernos de la UE -¡faltaría más!- lo ven de la misma forma. Francia, con una larga tradición de intervención pública en la economía, encabeza el grupo de países que presionan para actuar sin timidez, haciendo valer la importancia que para China tiene el mercado europeo. Otros, con Alemania a la cabeza, son mucho más tibios, preocupados como están por las posibles represalias comerciales de Pekín.

El canciller alemán, Friedrich Merz, no parece ver el problema tanto en China como en la propia Europa. Así lo trasladó, a su regreso de Pekín, a un auditorio de simpatizantes  de la CDU en Volkmarsen (alguno de los cuales  la grabó y difundió por las redes sociales). “Sencillamente, ya no somos lo suficientemente productivos. Cada persona puede decir: 'Ya trabajo bastante'. Y puede que sea cierto. Pero cuando uno viene de China, señoras y señores, ve las cosas con mayor claridad. Con un equilibrio entre la vida laboral y personal y una semana laboral de cuatro días, no se puede mantener la prosperidad a largo plazo en nuestro país. Simplemente tendremos que esforzarnos un poco más”, dijo.

Los expertos, sin embargo, no creen que la mejora de la productividad europea sea suficiente para frenar la avalancha que se viene encima. Un reciente estudio del Centro para la Reforma Europea (CER) y el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), titulado gráficamente “Impacto de China 2.0: El coste de la complacencia alemana”, advierte que el modelo de crecimiento de China representa una amenaza directa especialmente para la industria alemana, ya que golpea directamente a su núcleo -automóviles, maquinaria, productos químicos, aeronaves y tecnologías limpias-, y aconseja a Berlín que apoye las propuestas de mayores salvaguardias e instrumentos de defensa comercial de la UE.

Uno de los autores del informe, el economista Sander Tordoir, subraya que “Alemania se enfrenta a una disyuntiva estratégica de cara a los debates clave de la UE este verano: o bien respaldar unas defensas comerciales y una política industrial europeas más sólidas, o bien prepararse para absorber los costes sociales y económicos del declive industrial”. Por el momento, Berlín parece inclinarse por lo segundo.

 

El acuerdo con EE.UU., desbloqueado. Tras muchos tiras y aflojas, los representantes del Parlamento Europeo y de los 27 llegaron a un acuerdo para desbloquear la tramitación del trato comercial con Estados Unidos, alcanzado el verano pasado en la localidad escocesa de Turnberry, que a partir de ahora podrá seguir su camino para ser ratificado antes de que expire el plazo límite -el 4 de julio- impuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, bajo la amenaza de una nueva guerra comercial. El trato, desequilibrado desde el principio, impone a los productos europeos exportados a EE.UU. un arancel estándar del 15%, mientras que los productos norteamericanos enviados a Europa tendrán un 0%.

Esta falta de equidad y, sobre todo, las continuas amenazas de Trump hicieron que los parlamentarios presionaran para añadir al texto varias cláusulas de salvaguarda. Aunque al final no se han incluidos todas, o en toda su extensión, sí se ha aprobado una cláusula de caducidad -finales del año 2028, lo que obligaría a renegociar el trato en caso de falta de acuerdo para prorrogarlo- y otra de suspensión, que habilita a la Comisión Europea a suspender la aplicación del acuerdo si la otra parte incumple sus compromisos. Está por ver que Washington aprecie estos cambios.