lunes, 31 de mayo de 2021

América ha vuelto... pero ¿a dónde?


@Lluis_Uria

Donald Trump no leía, le aburría soberanamente. Los informes que regularmente llegaban a su mesa agonizaban sin que el entonces presidente de Estados Unidos lograra vencer su fastidio. Sus colaboradores sabían que tenían sólo unos pocos segundos para abordar un tema y lograr captar su atención, tras lo cual pasaba indefectiblemente a otra cosa. Su principal guía en el proceso de toma de decisiones era su propia intuición. Joe Biden es completamente diferente. Su reverso, incluso. El nuevo inquilino de la Casa Blanca, según han confirmado diversas fuentes a The New York Times, lo quiere saber todo, absolutamente todo. Y esta “obsesión por los detalles” exige –y consume– horas y horas de reuniones para tomar una decisión.

¿Será por eso que Biden tardó tanto tiempo en reaccionar ante la escalada de violencia en Gaza? ¿O era simplemente que el conflicto israelo-palestino estaba fuera de su radar? Cuando por fin se decidió a intervenir, presionando al primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu, para que pactara una tregua con la organización palestina Hamas, tampoco logró gran cosa. Netanyahu se hizo el remolón hasta que sus generales le aseguraron haber alcanzado sus objetivos militares.

¿Acaso Estados Unidos ha dejado de ser el que era? En cierta medida, sí. Los cuatro años de Trump en la Casa Blanca, con su política proteccionista y aislacionista, su renuncia a seguir ejerciendo el liderazgo mundial, dejaron un enorme vacío. De hecho, nadie ha sido capaz de llenarlo. Pero la inhibición de Washington hizo que el resto del mundo empezara a espabilarse por su cuenta. “América ha vuelto”, proclamó Biden el 4 de febrero en un discurso en el Departamento de Estado. Sí, ha vuelto, pero el mundo ya no es el mismo.

El caso palestino es ejemplar. EE.UU. siempre ha sido el más sólido aliado de Israel. Pero tradicionalmente había tratado además de mantener una apariencia de relativo equilibrio que le permitía hacer un trabajo de mediación. Con su descarado respaldo a la línea dura de Netanyahu, Trump arruinó por completo este papel.

El problema, sin embargo, viene de más atrás. La deriva de Trump fue la puntilla a una errática y desastrosa intervención en Oriente Medio en las dos últimas décadas (fracaso en Irak, inhibición en Siria) que ha erosionado la preeminencia de EE.UU. y ha permitido la entrada con fuerza de nuevos actores, como Rusia y Turquía.

Enfrentado de nuevo al eterno conflicto israelo-palestino, Biden se ha encontrado no sólo con que la voz de Washington es menos audible en la región, sino que incluso Israel –que cada vez está menos necesitado de la ayuda económica y militar norteamericana– se permite el lujo de mirar hacia otro lado y ponerse a silbar.

Para completar el panorama, China ha osado por primera vez meterse en este terreno y tratar de segarle la hierba bajo los pies. Todo el aparato diplomático y de propaganda de Pekín –según ha seguido Étienne Soula, investigador del German Marshall Fund– se ha dedicado con ahínco a “acusar a Estados Unidos de alimentar el conflicto” y a “presentar al Gobierno chino como un líder global alternativo, más imparcial”. Una señal inequívoca, para Michael Singh, director del Washington Institute for Near East Policy, de que “la competencia entre las dos grandes potencias se está librando en más regiones del mundo”.

América ha vuelto, sí. Y los primeros pasos de Biden en el concierto internacional han consistido en deshacer los nudos dejados por su antecesor, retomando la vía del multilateralismo: regreso al Acuerdo de París sobre el clima y a la OMS, intento de recuperar el abandonado pacto nuclear con Irán, restablecimiento de la sintonía con los aliados occidentales, prórroga del tratado de reducción de armas estratégicas New Start con Rusia... Pero aún no ha tomado iniciativas realmente nuevas.

Respecto a China, considerada definitivamente como el gran adversario, el presidente de EE.UU. mantiene básicamente la misma línea de Trump, en un eco de guerra fría que el ex secretario general de la OTAN Javier Solana consideró recientemente en La Vanguardia un “disparate”.

En todo caso, la China de hoy ya no es la de antes. Su economía se ha multiplicado, pasando de representar el 9% del PIB mundial cuando Barack Obama –y el propio Biden como vicepresidente– accedieron a la Casa Blanca en el 2008 al 16% de la actualidad, mientras EE.UU. ha bajado al 24%. La acción exterior de Pekín  se despliega ya activamente por todos los continentes –incluida América Latina, el patio trasero de EE.UU.– con una notable asertividad, por decirlo suavemente, aprovechando el vacío dejado por Washington. Y su rápida y tajante gestión de la covid, unida a su diplomacia de las vacunas –mientras los norteamericanos se hundían en el caos y renunciaban a tomar el timón de la lucha mundial contra la pandemia–,  no ha hecho más que realzar su estatura de potencia.

El paréntesis de Trump ha tenido también un efecto en Europa, donde ha acabado calando la idea de que no se puede confiar eternamente en Estados Unidos y que cada cual ha de sacarse las castañas del fuego, empezando por la defensa, pero no únicamente. Porque...  ¿quién asegura que el paréntesis no vaya a ser Biden? La sociedad norteamericana está enormemente dividida y polarizada –como puso de manifiesto el vergonzoso e impensable asalto al Capitolio– y el Partido Republicano se ha echado definitivamente al monte de la mano de Trump, con lo que nada es descartable. Los europeos han empezado a asumir que han de actuar de forma más autónoma y convertir a la UE en la potencia global que políticamente no ha acabado de emerger. De ahí que no atendieran a la opinión americana para firmar con China un ambicioso plan de inversiones (ahora congelado) que irritó sobremanera a Washington.

América ha vuelto, sí. Pero mientras estaba fuera, el mundo no ha esperado.


lunes, 17 de mayo de 2021

Una lejana primavera en Tel Aviv


@Lluis_Uria

En la primavera del 2005 no caían bombas sobre Tel Aviv. El tiempo era agradable, cálido. Y el horizonte que se abría  entonces en el eterno conflicto entre israelíes y palestinos, después del trágico fracaso de las conversaciones de paz de Camp David cinco años atrás, parecía proyectar una nueva luz. El primer ministro israelí del momento y líder del Likud, el exgeneral Ariel Sharon –héroe militar para los israelíes, criminal de guerra para los palestinos–, se disponía a llevar a cabo la retirada unilateral del territorio ocupado de la franja de Gaza, lo que conllevaría en los meses siguientes la evacuación de una veintena de asentamientos judíos.

“Después vendrá Cisjordania”, vaticinaba por aquellos días un amigo judío, veterano periodista y gran conocedor de la política de Oriente Medio, junto a unas cervezas en una terraza de Tel Aviv. Los huérfanos de Yitzhak Rabin sentían un contenido optimismo. Sharon, el general que había combatido en el Sinaí en la guerra de los Seis Días en  1967 y en la de Yom Kippur en 1973, ya había sido capaz en 1982 de devolver como ministro de Defensa este territorio a Egipto, desalojando manu militari a los colonos que se resistieron. Ahora le tocaba a Gaza. Y luego...

No hubo un luego. En  enero del 2006 un derrame cerebral dejó a Sharon en coma irreversible, hasta su muerte en el 2014. Nunca sabremos lo que hubiera pasado de haber seguido al frente del Gobierno israelí, hasta dónde hubiera llegado. Pero lo que sí sabemos es lo que ha pasado. Y tiene muy poco que ver con las esperanzas de aquella primavera en Tel Aviv.

El detonante del actual estallido de violencia entre palestinos e israelíes  tiene relativa importancia. Amenaza de expulsión de familias palestinas en Jerusalén Este, marchas antiárabes de ultranacionalistas judíos, actuación policial en Al Aqsa... Siempre son pequeñas chispas las que prenden la pólvora. Y había mucha.

Que la situación haya sido aprovechada para sus fines políticos, de forma oportunista y criminal, por la organización palestina Hamas –con ataques indiscriminados con cohetes sobre la población civil en Israel, a sabiendas de las represalias militares que iban a sufrir de paso los propios palestinos de Gaza, su feudo– no es ninguna sorpresa. En todo caso, lo es su magnitud.

Pero el problema de fondo es otro y lleva incubándose desde hace mucho tiempo. Los choques sectarios que, por primera vez, están enfrentando en el interior mismo de Israel a judíos y árabes israelíes –que constituyen el 21% de la población– muestran la gravedad del mal. A la vista de la fractura que se está abriendo en el país, donde se han producido linchamientos de una parte y de otra,  sería necio despachar alegremente la crisis reduciéndola a una mera maniobra artera de Hamas.

Los palestinos de los territorios ocupados, privados de sus derechos elementales, habitantes de un país inexistente y sin futuro, viven un presente sin esperanza. Y eso siempre acaba por explotar. Algunos quisieron creer que el problema había desaparecido por arte de birlibirloque con el acercamiento entre Israel y los países árabes, estimulado por su común preocupación por Irán. Pero la realidad es tozuda.

Hace tiempo que nadie busca de verdad una solución al conflicto. Desde la espantada palestina del 2000 en Camp David –donde Arafat perdió dramáticamente su gran oportunidad–  nada se ha avanzado. Por incapacidad, por indiferencia, por lasitud. También por interés... Hay quienes, en lugar de la paz, prefieren buscar la victoria. Otros, el cuanto peor, mejor.

Nadie sabe si Ariel Sharon hubiera llegado a forzar la retirada israelí de Cisjordania, despejando el camino a la tan repetida –y prácticamente abandonada– idea de la creación de dos estados, histórica piedra angular de la solución al conflicto israelo-palestino. Lo que sí se sabe es que el primer ministro Beniamin Netanyahu –actualmente en funciones y pendiente de un juicio por corrupción– ha seguido el camino contrario. Al frente del gobierno israelí desde el 2009, el líder conservador no sólo no tenía intención de retirarse de Cisjordania, sino que ha alentado la colonización –el número de colonos ha alcanzado bajo su mandato los 700.000– y preparado su anexión.

El proceso culminó en el 2020 con la presentación del presunto plan de paz urdido con el entonces presidente Donald Trump, con el que Estados Unidos avalaba  la anexión por Israel del Valle del Jordán, la absorción de todo Jerusalén y la amputación en múltiples trozos –los correspondientes a 120 colonias judías– del territorio palestino de Cisjordania, convertido de este modo en un imposible queso de gruyère. ¿Dos estados? ¿En serio? ¿Dónde?

Trump presentó su  plan como el “acuerdo del siglo”, un calificativo tan pomposo y fatuo como él mismo. Pero más que un acuerdo, para los palestinos era un trágala: además de las anexiones territoriales, se sometía al nuevo Estado a una férrea tutela por parte de Israel, se le negaba la cocapitalidad de Jerusalén y el retorno de refugiados, e incluso se abría la posibilidad de “reasignar” una parte de la población árabe israelí a Cisjordania. A cambio, el millonario neoyorquino devenido inquilino temporal de la Casa Blanca creía que bastaría la promesa de 50.000 millones de dólares. 

Lo de la “reasignación” constituyó un serio aviso. Tratados como ciudadanos de segunda, los árabes israelíes han visto en los últimos años cómo la derecha gobernante, aliada con los partidos religiosos, consagraba legalmente a Israel como un Estado étnico judío y les situaba en la práctica como una comunidad ajena. Lo cual abre la vía a su eventual expulsión del país (algo que desearía un 48% de sus conciudadanos judíos, según un sondeo del Pew Research)

“El plan anunciado es una carta de odio de 180 páginas de los americanos (y por extensión de los israelíes) a los palestinos”,  concluyó crudamente el exnegociador y diplomático israelí Daniel Levy, según recogió The Washintgon Post.  Naturalmente, los palestinos lo rechazaron de plano.

La iniciativa de Trump desembocó en septiembre pasado en la normalización de las relaciones de Israel con dos monarquías del golfo, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, a quienes se añadirían después Marruecos y Sudán.  Nuevamente, la grandilocuencia nominal –los Acuerdos de Abraham, se les llamó– escondía su modestia. Y estaban muy lejos de desactivar el conflicto israelo-palestino, tal como se ha puesto ahora dramáticamente de manifiesto.

El pasado 26 de abril, en una carta abierta, tres antiguos miembros del Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel –los ex generales Nitzan Alon, Avi Mizrah y Gadi Shamni– alertaban de que israelíes y palestinos se encontraban en “vía de colisión” y pedían la intervención de Estados Unidos para estabilizar la situación. Los tres generales, integrantes de la red Comandantes para la Seguridad de Israel –que agrupa a antiguos altos mandos del Ejército, el Shin Bet, el Mossad y la Policía– apuntaban que, además de los enfrentamientos en Jerusalén Este y la actuación de Hamas, entre los detonantes de esta crisis estaban también la situación humanitaria en la franja de Gaza, la anexión de facto de Cisjordania y la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos. Y abogaban por reactivar el plan de los dos estados con un mínimo de generosidad, entendiendo que el palestino debería ser “viable y territorialmente contiguo”.

Las cosas, evidentemente, no van por ahí, sino en sentido contrario. Todo lo que se ha hecho en los últimos años va en la línea de consolidar el actual statu quo, convirtiendo la ocupación en permanente y perpetuando el sometimiento de los palestinos. Recientemente, la organización Human Rights Watch hizo rasgarse muchas vestiduras al calificar esta situación de apartheid. Pero no eran los primeros: el 12 de enero, la oenegé judía B’Tselem utilizó la misma palabra en un informe donde denunciaba el objetivo del gobierno de Israel de “cimentar la supremacía judía” desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo.

En la primavera del 2005 en Tel Aviv, un diplomático israelí defendía en privado ante un café el establecimiento de un Estado palestino viable y el reconocimiento de plenos derechos a los ciudadanos árabes israelíes. “Deberían poder servir en el ejército, ha sido un error no hacerlo así”, decía. Han pasado dieciséis años de esta conversación. Y por en medio, un abismo.


lunes, 3 de mayo de 2021

Adorado monstruo

@Lluis_Uria


Les propongo un ejercicio. Sitúense, ni que sea virtualmente, en la terraza panorámica del Arco de Triunfo de París y miren alrededor con un mapa en la mano. El monumento, uno de los más visitados de la capital francesa, fue mandado construir por Napoleón Bonaparte al estilo de los de la antigua Roma para conmemorar su victoria sobre las tropas de Austria y Rusia en la batalla de Austerlitz, en diciembre de 1805. Su imponente figura irradia el  entorno.

La gran plaza de L’Étoile está rodeada por una decena de calles y avenidas dedicadas a personajes o acontecimientos de los años gloriosos del emperador francés: desde las también victoriosas batallas de Iéna (contra Prusia en 1806), Friedland (Rusia en 1807) y Wagram (Austria en 1809) hasta el –engañoso– tratado de paz de Tilsitt firmado con el zar cinco años antes de que Napoleón se aventurara en 1812 en la fracasada invasión de Rusia (Adolf Hitler haría una maniobra similar más de un siglo después, para acabar en el mismo desastre) La retícula se completa con las vías dedicadas a algunos de sus generales y mariscales (Carnot, Kléber, Lauriston) y culmina en la gran avenida que da continuidad a los Campos Elíseos hacia el oeste y que honra a la Grande Armée, el ejército de un millón de hombres enviado contra Moscú.

¿Alguien se imagina un festival similar en el nomenclátor de Berlín con las hazañas bélicas de la Wehrmacht entre 1939 y 1945? Cierto, Napoleón no es Hitler (quien, todo hay que decir, le admiraba devotamente). Hay una diferencia fundamental: el emperador francés nunca llevó a cabo un programa de exterminio como el perpetrado por el líder nazi contra los judíos. Por lo demás, fue un dictador tiránico que persiguió toda disidencia interior y anegó en sangre las tierras de Europa.

Hay que admitir que el genio político y militar de Napoleón, su programa modernizador y su sueño de una Europa unida –eso sí, con acento francés– hacen de él una figura fascinante. Pero su desprecio manifiesto de la vida humana no le aleja tanto del Führer. “Vos no sois soldado y no sabéis lo que pasa en el interior del alma de un soldado”, le espetó Napoleón al canciller austriaco Metternich en la célebre entrevista que ambos mantuvieron el 26 de junio de 1813 en Dresde y que acabó sellando el destino del emperador francés. “Yo he crecido en los campos de batalla –prosiguió– y a un hombre como yo le preocupa poco la vida de un millón de hombres”. No sólo lo dijo. Lo demostró sobradamente.

Visto en toda Europa como un monstruo sanguinario y un déspota, en Francia sigue siendo idolatrado. Su estatua se yergue orgullosa en el patio de honor de Los Inválidos, donde el Estado francés realiza sus máximos honores nacionales, y su tumba bajo la enorme cúpula –un sarcófago de cuarcita roja, con cinco ataúdes en su interior– no es comparable a la de ningún otro rey o estadista de la historia de Francia.

Doscientos años después de su muerte en el exilio de la isla de Santa Elena, el 5 de mayo de 1821, Napoleón sigue siendo uno de los grandes referentes del imaginario nacional francés (lo que no deja de ser curioso habida cuenta de que, nacido en Córcega –que llevaba apenas treinta años bajo dominio francés–, siempre habló con acento extranjero) No se trata sólo de épica. Muchas de las instituciones francesas actuales –el código civil, las prefecturas, las grandes escuelas, el bachillerato, la orden de la Legión de Honor– llevan su sello.

París está marcada por su legado. El callejero está repleto de referencias y en el subsuelo una cincuentena de estaciones de metro llevan  nombres vinculados a las gestas napoleónicas. Sin embargo, no hay ninguna avenida dedicada a Napoleón I, como si una súbita vergüenza hubiera impedido honrar al enterrador de la República. En su lugar, una modesta calle del distrito VI rinde homenaje a Bonaparte, el general...

Toda la paradoja del personaje –consagrada en la Constitución de 1804 con la fórmula: “El gobierno de la República es confiado a un emperador”– se resume en este desdoblamiento entre Bonaparte y Napoleón, entre el revolucionario y el dictador, entre el héroe y el verdugo. De ahí que pueda concitar a la vez la admiración tanto a  derecha –Grandeur obliga– como a izquierda. Y que su figura genere también una  notable incomodidad.

General celebrado y admirado, Bonaparte salvó la Revolución, amenazada de muerte por su propia orgía de represión y violencia interior, restaurando la ley y el orden. Aunque a costa de imponer un régimen dictatorial. Y la liberó de la amenaza exterior venciendo en el campo de batalla a las grandes monarquías europeas que se habían conjurado para ponerle fin. Pero arrastrando a Francia –fruto de su megalómana ambición– a una desastrosa campaña de conquistas.

Napoleón prometía a los pueblos de Europa la liberación: la destrucción del Antiguo Régimen y los privilegios de la nobleza, la instauración de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (implantó el código civil allí por donde pasó)... Pero lo que, de entrada, se encontraron fue el reclutamiento obligatorio de decenas de miles de jóvenes para nutrir las filas del ejército imperial, la crisis económica derivada del bloqueo comercial continental impuesto para doblegar a Inglaterra, exacciones fiscales, represión y muerte. La brutalidad de la ocupación despertó reacciones nacionalistas antifrancesas por toda Europa –particularmente en Alemania– y guerras crueles como la de España (1808-1814, hoy es justamente el aniversario del levantamiento de Madrid contra el invasor), en la que murieron entre medio millón y un millón de personas y que significó la primera gran derrota militar y política del emperador.

En los últimos años en Francia se ha cuestionado la figura de Napoleón por su decisión de restablecer  la esclavitud en las colonias de ultramar, como si ese fuera su único gran pecado. De la muerte que sembró por Europa, apenas ni una palabra.


domingo, 18 de abril de 2021

Al pie del muro


@Lluis_Uria

Hubo un tiempo, no muy lejano, en que podía atravesarse Europa y grandes zonas del mundo sin pasaporte.  Nadie pedía papeles ni identificación alguna en las fronteras, que podían franquearse con relativa libertad. Así fue durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, hasta que la Primera Guerra Mundial empujó a los países a atrincherarse en los límites de su territorio. Europa recuperó aquella libertad –de puertas adentro– con la UE (por más que el espíritu y la letra del espacio Schengen de libre circulación estén regularmente sometidos a un fuerte estrés) Pero en el conjunto del mundo las fronteras siguen en pie y los muros y alambradas son hoy más numerosos que nunca.

Mucho se llegó a criticar a Donald Trump por su emperramiento en cerrar con un muro la frontera entre Estados Unidos y México –una obra, parada ahora por Joe Biden, que inició en 1994 el demócrata Bill Clinton–, pero obstáculos parecidos se encuentran también en las fronteras exteriores de Europa: en España con Marruecos (Ceuta y Melilla), en Hungría con Serbia, en Bulgaria y Grecia con Turquía, y hasta en Francia con el Reino Unido, donde un muro de cuatro metros de alto trata de impedir en Calais que los migrantes se cuelen en los ferris que cruzan el canal de la Mancha.

Desde la caída en 1989 del muro de Berlín –una construcción levantada por el régimen comunista de Alemania del Este no tanto para impedir entrar como salir–, Europa ha construido unos 1.000 kilómetros de muros en sus fronteras exteriores, según datos de Robin Niblett, director del think tank británico Chatham House. Una cifra llamativa, si se tiene en cuenta que el famoso muro de México tenía en el 2016, cuando Trump llegó a la Casa Blanca, 1.050 km y que desde entonces sólo se han añadido unas decenas de kilómetros más (la mayor parte de los casi 700 km realizados han sido sustituciones de tramos ya existentes)

Muros y alambradas han proliferado por doquier. Niblett calcula que de los 15 muros que había al final de la guerra fría se ha pasado en la actualidad a unos 70. Una cifra en la que coincide la canadiense Elisabeth Wallet, de la Universidad de Quebec en Montréal, quien en una entrevista con Le Monde añadía que los muros existentes o previstos en el mundo cierran 40.000 kilómetros de fronteras, una longitud equivalente a la circunferencia de la Tierra.

La construcción de defensas no es algo nuevo en la Historia. Las ciudades se fortificaban y lo mismo sucedía también con las fronteras: desde la Gran Muralla china –levantada entre los siglos V a.C. y XVI para protegerse de las invasiones procedentes de Mongolia–  hasta el Muro de Adriano –mandado construir por el emperador romano en el siglo II para contener a las tribus de lo que hoy es Escocia–, los ejemplos se remontan a la Antigüedad. Pero las estructuras de este tipo tenían esencialmente una finalidad militar.

Todavía sigue habiendo barreras defensivas. Y también de otros tipos: hay muros heredados de la guerra fría –entre las dos Coreas–, muros que pretenden reforzar la seguridad y de paso afianzar un territorio –Israel en Cisjordania, Marruecos en el Sahara Occidental–, muros que separan a comunidades enfrentadas –protestantes y católicos en Irlanda del Norte–. Pero hoy la mayoría de los muros lo que pretenden es frenar una inmigración masiva extranjera. Ni que sea para guardar las apariencias.

Los expertos coinciden en  constatar que la eficacia material de los muros es cierta, pero relativa: pueden conseguir rebajar la presión, pero no impedir completamente los flujos migratorios. Pero tienen también una función política: ofrecen protección, o la sensación de tenerla. En una charla en Chatham House, la politóloga Gitika Bhardwaj sostenía que la promesa de Trump sobre el muro era sobre todo “el símbolo de la determinación de su gobierno de proteger a los americanos”. “Era principalmente un ejercicio de teatro político”, añadía.

Protección y soberanía son valores que se cotizan al alza en estos tiempos de globalización.“Se decía que la globalización pondría fin a las fronteras, pero aunque su sentido ha cambiado, siguen siendo centrales”, opina Pascal Boniface, director del Instituto  de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS), para quien “la frontera es una marca de soberanía pero también de protección”. Y los muros son el emblema máximo.

Ni el muro ni la retórica de Trump –dirigida sobre todo al consumo interno– detuvieron el flujo migratorio desde el sur, aunque probablemente lo atenuaron. La llegada de Joe Biden, cuya política migratoria pretende ser más humana pero no esencialmente distinta de la de su antecesor, ha suscitado un efecto llamada y ha incrementado notablemente el alud de inmigrantes en la frontera, en lo que constituye –pandemia de covid aparte– la primera crisis política de importancia del nuevo gobierno norteamericano. Pero Biden está lejos de haber abierto las puertas.

Los miles de inmigrantes clandestinos capturados cotidianamente por la guardia fronteriza son expulsados en su mayoría a México. El único cambio es que ahora EE.UU. se queda con los menores no acompañados, de los que han llegado unos 19.000 en el último mes. La presión es tan alta –más de 172.00 inmigrantes interceptados en unas pocas semanas– que la nueva administración norteamericana ha buscado acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que frenen a los migrantes en sus respectivas fronteras, a la vez que aprobaba un paquete extra de ayuda de 4.000 millones de dólares. Un esfuerzo necesario pero insuficiente.

El último informe de  la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),   del 2020, constataba que el número de migrantes internacionales no ha cesado de aumentar en las últimas décadas, de los 84 millones de 1970 a casi 272 millones en el 2019 (con EE.UU. como principal país de destino) Y nada indica que esta tendencia vaya a cambiar. Con  muros o sin muros.


lunes, 5 de abril de 2021

El legado del electricista


@Lluis_Uria

Hace unos días, Lech Walesa se despidió. “Como no sé cuándo volveremos a vernos, ni si volveremos a vernos, me gustaría decir que todo lo hice por servir bien a la nación. Hasta la próxima, si el destino me permite seguir en esta Tierra un poco más. Si no, rezad por mí”. Primer presidente de la Polonia democrática (1990-1995) y Premio Nobel de la Paz, ex líder y fundador de Solidarnosc (Solidaridad) –primer sindicato independiente del bloque soviético– e icono de la lucha contra el régimen comunista, el mítico electricista de los Astilleros Lenin de Gdansk se disponía a ingresar en el hospital para una intervención de corazón y colgó un vídeo de adiós en las redes sociales. La despedida se demostró precipitada. La operación acabó bien. Y si la salud se lo permite, a sus 77 años, promete seguir hostigando la deriva autoritaria del actual gobierno nacionalista e iliberal de su país.

Lech Walesa es, como cualquier otro, un hombre contradictorio, con sus zonas de luz y de sombra. Su etapa como presidente, y también como líder sindical,  tienen sus críticos. Pero casi nadie discute el enorme valor de su liderazgo en el movimiento que condujo al derrumbe de la dictadura comunista. La caída del Muro de Berlín en 1989 no se entiende sin la precursora revuelta obrera polaca de 1980 en la antigua Danzig alemana, a orillas del Báltico. Ni sin el apoyo de la Iglesia católica y muy en particular del papa Juan Pablo II, con quien Walesa, un fervoroso creyente, estableció un fuerte vínculo.

En los últimos años, el partido político dominante en Polonia, el nacionalista ultraconservador Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczynski –un antiguo aliado de Walesa convertido hoy en su principal enemigo–, se ha empeñado en reescribir la Historia y minimizar el papel del sindicalista en el movimiento de 1980, mientras intenta presentarle como un traidor que habría colaborado con la policía secreta comunista.

Es cierto que Walesa figuraba como informante, bajo el nombre clave de Bolek, en documentos oficiales hallados en casa del desaparecido general Czeslaw Kiszczak, antiguo ministro del Interior del régimen. Walesa habría sido captado –u obligado a firmar como colaborador– en 1970, tras ser detenido junto a otros miembros del comité de huelga durante la revuelta de los astilleros de Gdansk de ese año –en que murieron medio centenar de obreros por la represión policial–, y habría prestado supuestamente sus servicios hasta 1976. Él asegura que nunca llegó a actuar como confidente y que jamás cobró por ello. De hecho en el 2000 fue oficialmente exonerado por el Tribunal de Verificación de Varsovia.

En cualquier caso, lo que sí está probado es que en los años setenta Walesa participó activamente en el movimiento sindical clandestino –lo que le valió varios despidos como represalia– hasta culminar en la gran huelga de agosto de 1980 en la que participaron 17.000 trabajadores y que forzó al régimen a ceder ante reivindicaciones que excedían las meramente laborales: el protocolo firmado con el Gobierno reconocía la libertad de expresión y de sindicación, así como el derecho de huelga. De ahí nacería  Solidarnosc, que en menos de un año captaría a 10 millones de afiliados.

Como es conocido, esa primera y breve apertura acabó abruptamente con la declaración de la ley marcial por el general Wojciech Jaruzelski, a la sazón ministro de Defensa, que asumió el poder, ilegalizó el sindicato y detuvo a sus dirigentes. El golpe de Estado –¿acción desesperada o maniobra para evitar una intervención rusa?– no hizo más que retrasar lo inevitable. La llegada del reformista Mijaíl Gorbachov al poder en la URSS en 1985 impulsó la reapertura del régimen y en 1989 se celebraron unas elecciones semidemocráticas que dieron entrada en el Parlamento a la oposición. Jaruzelski nombró entonces primer ministro, al frente de un gobierno de coalición, a un consejero de Walesa.

El electricista de Gdansk fue elegido presidente de Polonia al año siguiente, en las primeras elecciones democráticas. Pero sólo duró un mandato. Y no fue poco discutido. En diciembre de 1995 concurrió a la reelección y salió trasquilado.

Defraudado y sin otros medios de vida, el 2 de abril de 1996 –el viernes se cumplieron 25 años del evento, según  los recordatorios de efemérides– se reincorporó a su antiguo puesto de trabajo en los astilleros, para pasmo de propios y extraños. (No hay muchos casos así, pero no es el único: en 1989, quien fuera secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, regresó a trabajar en la mina de Rioturbio, en Mieres, tras dejar el partido y la política) De todos modos, el nuevo Walesa duró poco como electricista: a las pocas semanas, el Parlamento aprobó una ley que reconocía el derecho de los ex presidentes a una pensión del Estado y lo dejó.

Su último intento de  tratar de recuperar la presidencia, en el 2000, se saldó con un fracaso estrepitoso (1% de los votos) y Walesa decidió abandonar finalmente la política. Desde entonces, sin embargo, ha utilizado su nombre y su prestigio para criticar el autoritarismo y antieuropeísmo del Gobierno nacionalista, a quien la nueva dirección de Solidarnosc parece haberse rendido.

Los astilleros de Gdansk fueron privatizados y, aunque se libraron del cierre –lo que no sucedió con otras viejas industrias europeas–, hoy sólo emplean a 2.000 trabajadores. Pero Gdansk ha seguido fiel a su alma rebelde. Junto a otras ciudades del país, donde la oposición se ha hecho fuerte, encabeza la resistencia a los ultraconservadores. Antes de ser asesinado por un ultra en el 2019, el carismático alcalde Pawel Adamowicz había convertido a la ciudad en referente de una sociedad abierta, tolerante y multicultural, reconocida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia como símbolo de la lucha por las libertades cívicas. Sus sucesores han mantenido la misma línea. Lech Walesa  ha empezado a apagarse, pero el espíritu de los obreros de Gdansk sigue vivo.

 

lunes, 22 de marzo de 2021

Votos tirados a la papelera


@Lluis_Uria

¿Cuánto vale un voto? ¿Tienen el mismo peso todas y cada una de las papeletas contadas en la noche electoral? En teoría, sí. Todas las constituciones de los países democráticos así lo proclaman. Un hombre (o una mujer), un voto: el sufragio universal como máxima expresión de la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de elegir a sus representantes políticos y determinar la orientación del gobierno. Es el fundamento mismo de la democracia. Y, sin embargo, en la práctica raramente se produce. Muchos votos, miles de ellos –millones incluso–, acaban no valiendo para nada. Meterlos en la urna es prácticamente como tirarlos a la papelera.

La democracia no es un sistema perfecto (mal que les pese a los buscadores de ideales absolutos) ni se reduce tampoco al momento de votar en una urna. Pero el voto es sin duda uno de sus pilares y lo menos que cabe decir es que los sistemas electorales vigentes son todo menos neutros. Todos están, en mayor o menor medida, sesgados.

En Estados Unidos y Francia se está abriendo paso ahora el debate sobre la necesidad de reformar el sistema electoral. En ambos casos, al igual que en el Reino Unido, donde se planteó lo mismo tras las elecciones del 2019, algunos sectores cuestionan la justicia del sistema mayoritario, que aplasta a las minorías, y abogan por implantar total o parcialmente el sistema proporcional. Es un debate recurrente, una vieja aspiración, que choca con el inmovilismo interesado de los grandes partidos.

En España, donde existe un sistema proporcional corregido, el problema radica más en la organización de las circunscripciones electorales: el voto de un barcelonés o un madrileño, por ejemplo, vale mucho menos que el de un leridano o un vallisoletano, cuya representación en el Congreso es desproporcionadamente superior al que les correspondería por población. La ley electoral vigente, aprobada durante la transición, prima la representación  parlamentaria de las zonas rurales –de tendencia tradicionalmente más conservadora– sobre las áreas urbanas, más a la izquierda.

No se trata de una particularidad hispana. Sucede en muchos otros países. En Estados Unidos es conocido el papel determinante que tienen un puñado de pequeños estados de la América profunda. Los defensores del sistema alegan que es necesario para evitar que vastos territorios de un país queden silenciados por el peso demográfico de las grandes áreas urbanas. Sea. El problema viene cuando son las minorías territoriales las que acaban acallando a las mayorías y alterando el sentido del voto de los ciudadanos.  Sucedió en Catalunya en el 1999, cuando el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, ganó las elecciones pero obtuvo menos escaños que el segundo. O en el 2016, cuando Hillary Clinton sacó tres millones de votos de ventaja a Donald Trump en la carrera a la Casa Blanca... Para perderla.

En EE.UU. es conocido el peso excesivo que algunos estados tienen en la elección presidencial (que es indirecta, a través de delegados) Pero la situación afecta también a las legislativas: ha permitido a los republicanos encastillarse en las últimas décadas en el Senado y sólo por un pelo –quedaron empatados a 50 escaños– los demócratas han conseguido ahora una precaria mayoría (gracias al  voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris)

La situación política actual ha hecho que hayan empezado a alzarse voces contra el vigente sistema mayoritario, con circunscripciones hechas a medida,  que consolida la existencia de dos únicos grandes partidos y no refleja adecuadamente las sensibilidades del electorado. Y que está en la base de la enorme polarización política que divide al país. Un sistema multipartidista favorecería, argumentan, la negociación y el consenso. “Los incentivos para el compromiso o la cooperación con los rivales políticos no existen en un sistema de dos partidos en que el ganador se lo lleva todo”, sostiene  el politólogo Noam Gidron, citado por el Washington Post. El 62% de los norteamericanos desearían la emergencia de un tercer partido –según un sondeo de Gallup–. Pero no así el establishment...

También en el Reino Unido, donde sólo se elige un diputado por distrito, el que gana se lo lleva todo. Es el sistema del first-past-the-post. De haber un sistema proporcional, según una proyección realizada en el 2019 por la Electoral Reform Society, emergería con más fuerza el tercer partido –en este caso, el Liberal Demócrata– y Boris Johnson no tendría mayoría absoluta.

Tampoco Emmanuel Macron en Francia... El presidente francés prometió en la campaña del 2017 introducir “una dosis” de proporcionalidad en las elecciones a la Asamblea Nacional, con el fin de corregir lo que su socio centrista François Bayrou califica de “brutalidad” electoral. Pero al final, y a pesar de las presiones de las últimas semanas, el Gobierno sigue dando largas...

El sistema electoral francés, mayoritario a dos vueltas, con 577 circunscripciones en las que se elige un solo diputado, beneficia claramente a los grandes partidos. Instaurado por la Constitución de 1958,  es uno de los signos distintivos de la V República fundada por Charles de Gaulle, que quiso huir como de la peste de la inestabilidad política de la IV República. Aquí, el partido ganador tiene siempre asegurada la mayoría absoluta y los gobiernos son estables, sin duda. Pero a costa de falsear la representación política. La desproporción es enorme: en el 2017, con 6,4 millones de votos (el 28,2%), el partido de Macron se hizo con 308 diputados. El FN de Marine Le Pen, que obtuvo casi la mitad (2,9 millones de sufragios, el 13,2%), se quedó con ocho.

Cabría preguntarse hasta qué punto la polarización política y la tendencia a dirimir las diferencias de forma violenta –asalto al Capitolio, chalecos amarillos...– es o no ajena a este déficit democrático.


lunes, 8 de marzo de 2021

París vuelve a sangrar


@Lluis_Uria


Ascender por las empinadas calles de Montmartre hacia lo alto de la colina, La Butte, es un deber inexcusable de cualquier visitante de París. La vista sobre la ciudad es impagable, sobre todo a la puesta del sol. En la cima se yergue la basílica del Sacré-Coeur, un edificio extraño, de estilo vagamente bizantino, que los turistas recorren ignorantes, en general, del pasado de violencia que esconden sus muros blancos.

El templo, visible desde toda la ciudad, se ha acabado convirtiendo en un icono de postal de París, un monumento más. Pero lo cierto es que su significado no es en absoluto neutro: una ley acordó erigirlo en 1873 como un gesto para “expiar los crímenes” de los revolucionarios de La Comuna.

Han pasado 150 años desde el levantamiento de los communards, en 1871, y la herida todavía sangra. La proximidad del aniversario, el 18 de marzo, ha vuelto a despertar los viejos demonios y revelado las fracturas ideológicas que siglo y medio después todavía dividen a los franceses.

Los primeros movimientos de incomodidad se produjeron en octubre pasado, cuando una comisión especial acordó –con el aval del Ayuntamiento de París, gobernado por la socialista Anne Hidalgo– iniciar los trámites para clasificar el Sacré-Coeur como monumento histórico. Un sector de la izquierda se sintió ultrajado y consideró la iniciativa un “insulto” a los 20.000 communards muertos por la represión. Para templar los ánimos, y conmemorar en paz el 150 aniversario de la Comuna, la alcaldía decidió aplazar el debate al año 2022.

La maniobra apaciguó a la izquierda, pero la organización de los actos de conmemoración ha sublevado a la derecha, que ha acusado a Hidalgo de pretender glorificar un “triste momento de guerra civil” y transformar a unos asesinos en héroes. Ciento cincuenta años después, Francia es todavía incapaz de ofrecer una memoria común sobre los sucesos que se desarrollaron en París entre marzo y mayo de 1871. Hay dos mitos enfrentados. Y ahí siguen.

Para entender la efervescencia que se vivía en la capital francesa en aquellos momentos hay que tratar de imaginar lo que la ciudad había sufrido a causa del aventurerismo bélico de Napoleón III, que el 19 de julio de 1870 había declarado la guerra a Prusia por una disputa sobre la sucesión al trono de España. El emperador francés pagó cara su imprudencia y sólo seis semanas después, el 2 de septiembre, cayó prisionero de las tropas prusianas en la desastrosa batalla de Sedán. Pero Francia no capituló.

Los ejércitos alemanes sometieron entonces a París a un duro asedio, coronado por un bombardeo de tres semanas, hasta que la ciudad se rindió definitivamente el 28 de enero. Hambrientos, los parisinos se vieron obligados a comer todo lo que se movía –en Les Halles se vendía carne de perro y de rata– y los más desesperados hacían caldo con los huesos de cadáveres desenterrados... Para añadir humillación, el káiser Guillermo I se proclamó emperador de Alemania en el palacio de Versalles.

El resentimiento popular no tardó en dirigirse hacia el Gobierno provisional, en manos conservadoras. Y bastó una chispa –el intento gubernamental de incautarse de 200 cañones apostados en La Butte de Montmartre y en manos de la Guardia Nacional (una milicia ciudadana)– para desencadenar la sublevación. Una multitud ebria de ira, apoyada por los guardias, se enfrentó a los militares y abortó el intento, matando a dos generales. El ejército se retiró a Versalles para reorganizarse y los rebeldes se hicieron con el poder en la capital. Diez días después,  el 28, fue proclamada La Comuna, que izó la bandera roja.

Si la guerra de 1870-1871 fue el primer conflicto directo entre Francia y Alemania (suponiendo que no merecieran ese rango las guerras napoleónicas de principios de siglo), el levantamiento de la Comuna fue visto por Karl Marx como la primera insurrección proletaria de la historia. Lo fuera o no –hay quien considera que fue más bien la última revolución decimonónica–, constituyó en todo caso un intento de instaurar una república social.

En apenas diez semanas, los communards aprobaron numerosos decretos con iniciativas de muy diversa índole:  separación de Iglesia y Estado, gratuidad de la educación pública, suspensión del pago de los alquileres,  jornada laboral de 10 horas, prohibición del trabajo nocturno en las panaderías, creación de cooperativas de trabajadores, reconocimiento de las uniones libres, prohibición de la prostitución...

Las mujeres tuvieron un papel de primera línea en el movimiento y en la lucha, y una de ellas se acabó convirtiendo en un icono: la enseñante y escritora anarquista Louise Michel –apodada, a saber por qué fantasma masculino, la Virgen Roja–, que acabó deportada a un penal de Nueva Caledonia. Hoy tiene dedicada una plaza a los pies del Sacré-Coeur.

Los communards desperdiciaron la oportunidad de atacar a las tropas acantonadas en Versalles cuando aún disponían de la ventaja inicial. Cuando lo hicieron, tuvieron que batirse en retirada. Y cuando quisieron darse cuenta –distraídos en medio de grandes festejos– el ejército atacó la capital. Entre el 21 y el 28 de mayo, la semana sangrienta, se combatió calle a calle. Progresivamente acorralados, los revolucionarios ejecutaron a 47 rehenes –entre ellos, el arzobispo de París– y asesinaron a un grupo de dominicos y jesuitas, e incendiaron los grandes edificios de la ciudad (el palacio Real, los palacios de las Tullerías y de Orsay, el Hôtel de Ville, el palacio de Justicia...) En su avance, las tropas gubernamentales no tuvieron piedad. Los combatientes fueron fusilados sobre la marcha, las calles se llenaron de cadáveres.

Los últimos resistentes fueron ejecutados contra un muro del cementerio de Père Lachaise, junto al cual se alinean hoy las tumbas de históricos dirigentes comunistas. Lugar de peregrinación de la izquierda, cada primavera una Francia rinde homenaje a los communards colocando flores junto al muro. La otra mira al Sacré-Coeur.