Cómplices del golpe

@Lluis_Uria

Donald Trump es culpable de sedición. Como mínimo. Su grave responsabilidad en la instigación del asalto al Capitolio le valdría en España, por lo bajo, 13 años de cárcel, atendiendo a la línea del Tribunal Supremo. Está por ver qué pensará la justicia norteamericana. Pero Trump no es el único culpable, no está solo. Su fallido golpe de mano del Día de Reyes contra los representantes de la soberanía popular –con el objetivo de abortar la oficialización de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos– contaba con numerosos cómplices dentro mismo del Congreso.

Es el fruto de la degeneración de una buena parte del partido republicano, que en estos años ha sido modelado por Trump a su imagen y semejanza, hasta convertirlo en un grupo de hooligans de extrema derecha con inclinaciones autoritarias.

Minutos antes de que las hordas trumpistas asaltaran el Capitolio, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, intervino para rechazar las objeciones presentadas por un grupo de sus correligionarios contra los resultados en varios estados en los que Biden fue dado ganador. “Los votantes, los tribunales, los estados, han hablado. Si anulamos (el resultado del voto), dañaremos nuestra república para siempre”, advirtió.

¡A buenas horas! Porque McConnell, un cínico que ha convertido la Cámara Alta en una trinchera sectaria, estuvo hasta el último momento alimentando con medias palabras las mentiras de Trump de que la victoria del candidato demócrata se debió a un pucherazo masivo.

McConnell, de 78 años, es un gato viejo, dispuesto a cambiar de chaqueta cuando haga falta. Pero es también un político prácticamente amortizado, después de que la victoria demócrata en las elecciones senatoriales parciales de Georgia haya arrebatado a los republicanos el control de la Cámara alta.

El hombre al que hay que prestar atención es Ted Cruz, el senador de Texas que ha liderado desde el Congreso la contestación a los resultados electorales y ha orquestado las maniobras que buscaban obstaculizar la certificación oficial de la victoria de Biden y deslegitimar su presidencia alimentando las acusaciones de fraude.

Cruz es el cabecilla de un nutrido grupo de republicanos dispuestos a seguir la estrategia destructora de Trump sin miramientos. En la madrugada de ayer, una vez desalojado el Capitolio y devuelta la tranquilidad a las calles de Washington, la Cámara de Representantes y el Senado votaron la validación de Biden y rechazaron las objeciones a los resultados de Arizona y Pensilvania. Pero la contestación no fue menor. Algunos congresistas cambiaron su voto a la vista de la gravedad de la situación. Pero 145 republicanos (138 representantes y 7 senadores) se encastillaron en la denuncia del supuesto fraude. ¡Nada menos que 145! El Great Old Party está gangrenado hasta el tuétano.

La trayectoria de Ted Cruz –ex candidato a las elecciones presidenciales en las primarias del 2016, en las que se enfrentó a Trump– es ilustrativa de la deriva del partido republicano. Nacido hace 50 años en Canadá, de padre cubano y madre estadounidense, el senador de Texas ha estado siempre situado en el ala más derechista de la formación. Anti aborto, anti matrimonio homosexual, pro armas, furibundo anti Obama… es un jurista reconocido que participó en la acusación contra Bill Clinton por el caso Lewinsky en 1998 y en el equipo de George W. Bush que disputó en el Supremo los polémicos resultados electorales en Florida que hurtaron la presidencia a Al Gore en el 2000.

En el 2016 fue uno de los aspirantes republicanos que más guerra dio a Donald Trump en la disputa por la nominación como candidato a la Casa Blanca. De hecho, ganó en nueve estados y fue el segundo en la obtención de delegados para la convención republicana.

Cruz, que pasaba por ser un conservador serio frente a un candidato tarambana, tuvo gruesos cruces de insultos con el futuro presidente. Mientras Trump le llamaba “Ted el mentiroso” o “pequeño bebé”, sugería que su progenitor tuvo algo que ver con el asesinato de Kennedy (“Su padre estuvo con Lee Harvey Oswald antes de que le disparara”) y le amenazaba con hablar sobre su esposa, Cruz le respondía llamándole “cobarde llorón”, “mentiroso patológico”, “hombre completamente amoral” y “un narcisista a un nivel que no creo que este país haya visto nunca”.

Cuatro años después,  Ted Cruz es el más trumpista entre los trumpistas. Su transmutación ha sido la del partido republicano, abocado ahora a una guerra entre sus dos almas. Ayer, tras la accidentada sesión del Congreso, Cruz defendió haber “hecho lo correcto”. Toda una declaración de intenciones.

La maldición de Dayton

Los acuerdos para poner fin a la guerra de Bosnia, en 1995, han dejado un Estado fallido, ineficaz y corrupto, dominado por los nacionalistas de las tres etnias

@Lluis_Uria

En el puente de Vrbanja empezó la tragedia de Sarajevo. El 5 de abril de 1992, milicianos serbobosnios opuestos a la secesión de Bosnia-Herzegovina de Yugoslavia dispararon contra una manifestación en favor de la paz y acabaron con la vida de dos mujeres, Suada Dilverovic y Olga Sucic. El relato oficial las designa como las primeras víctimas de la guerra de Bosnia (1992-1995), que costó  100.000 vidas y desplazó a dos millones de personas más. Hoy el puente lleva su nombre en una placa, aunque también es conocido como el Puente de Romeo y Julieta porque en este mismo lugar cayeron el 19 de mayo de 1993 una pareja de novios interétnica: Admira Ismic (bosniaca musulmana) y  Bosko Brkic (serbobosnio)

El puente forma parte de los tours turísticos de la ciudad vinculados a la guerra, junto a la Biblioteca Nacional –reducida a cenizas por los bombardeos serbios y hoy reconstruida–, un fragmento del túnel que se abrió para poder llevar suministros a la ciudad sitiada y la antaño peligrosa avenida de los francotiradores, donde se levanta en primera línea el hotel Holiday Inn, cuartel general de periodistas durante el asedio. Renovado en el 2017, el rebautizado Hotel Holiday conserva su perfil y su característico color amarillo, pero poco más. Obtener una habitación apenas cuesta  hoy –consecuencia de la pandemia y el hundimiento del turismo– 57 euros la noche. Durante la guerra se pagaba casi a precio de oro.

En marzo de 1996, una delegación de políticos y periodistas catalanes encabezada por el entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, viajó a Sarajevo para abrir una línea de apoyo a la capital bosnia y se alojó aquí. La fachada principal del hotel presentaba numerosos impactos de proyectiles y las habitaciones de ese lado era impracticables. En los pasillos había huellas de explosiones, con paredes tiznadas y boquetes que dejaban a la vista la armadura de hierro de los muros. Las habitaciones laterales eran seguras pero escuetas. Ninguna tenía cristales en las ventanas –sólo los plásticos suministrados por la ONU–, pero había agua caliente, un lujo reciente.

Hacía cuatro meses que las tres comunidades enfrentadas en la guerra civil de Bosnia –serbios ortodoxos, croatas católicos y bosniacos musulmanes– habían sellado los acuerdos de paz de Dayton (Ohio), negociados durante veintiún días en la base aérea norteamericana de Wright-Patterson. La ciudad había empezado a respirar, pero en sus calles la guerra seguía muy presente. Numerosos edificios estaban destruidos o dañados, y la presencia de los vehículos blindados de la OTAN, así como de grandes contenedores en los cruces –para proteger a los viandantes de los francotiradores–, recordaban que la seguridad era todavía un concepto frágil. La destrucción de Sarajevo era visiblemente física, pero también y sobre todo moral. La antigua ciudad cosmopolita, abierta y multiétnica había sucumbido –al igual que el conjunto del país– ante la furia nacionalista.

Los acuerdos de Dayton fueron firmados por los presidentes de Bosnia, Serbia y Croacia –sus dos peligrosos vecinos, padrinos de sus respectivas milicias– el 14 de diciembre de 1995 en el palacio del Elíseo, en París, con la presencia de los máximos dirigentes mundiales. Han pasado 25 años y el balance no puede ser más desolador. El pacto estableció la creación de un Estado con dos entidades –una república serbia y una federación croato-musulmana, a su vez dividida en dos entes autónomos–, tres nacionalidades y una presidencia tripartita rotatoria. Era la manera de garantizar que ninguno de los tres campos podría imponerse a los demás. Pero a la vez consolidó la división. Dayton puso fin a la efusión de sangre y a la limpieza étnica, pero a costa de profundizar la fractura entre comunidades  y reforzar el dominio de los nacionalistas. Bosnia es un Estado fallido, ineficaz y corrupto que ha perpetuado el inmovilismo y el estancamiento. Muchos jóvenes no ven otra salida que el éxodo: antes de la guerra, el país tenía 4,5 millones de habitantes, ahora apenas pasa de 3.

“Durante mucho tiempo, muchos líderes bosnios han visto la paz como la continuación de la guerra por otros medios. Pese a  los masivos esfuerzos internacionales, las fuerzas de la desintegración han continuado  haciéndose sentir en toda la región”, ha constatado un cuarto de siglo después el ex primer ministro sueco Carl Bildt, antiguo enviado especial a la ex Yugoslavia y copresidente de la conferencia de Dayton.  Las posiciones están tan enquistadas que todo intento de romper el actual statu quo podría despertar de nuevo la violencia.

En este paisaje de desolación hay, con todo, algunos destellos de cambio. En las elecciones locales del 15 de noviembre, una alianza de partidos de la oposición ganó en Sarajevo, cuyo próximo alcalde será un veterano socialdemócrata serbobosnio, Bogic Bogicevic, uno de los pocos que se opuso a la idea de la Gran Serbia y que se quedó en la ciudad durante el sitio. Su elección es un símbolo de que la convivencia aún es posible. En Mostar, la otra gran ciudad dividida –entre croatas y musulmanes–, las elecciones del pasado domingo, las primeras en 12 años, confirmaron la hegemonía de las fuerzas nacionalistas de unos y otros, pero dieron entrada con el 11% de los votos a una fuerza multiétnica: Nasa Stranka (Nuestro Partido)

En 1996, en el viaje de regreso hacia la costa adriática, la delegación catalana  se detuvo en Mostar para visitar al contingente militar español que, integrado por 1.800 soldados, velaba por el mantenimiento del alto el fuego e intentaba reconstruir los puentes entre ambas comunidades: el físico, sobre el río Neretva –más fácil–, y el moral. Las tropas españolas tenían su cuartel general en un abandonado concesionario de Volkswagen y la moneda de curso legal en la cantina era el marco alemán. A veces, los pequeños detalles anuncian los grandes cambios. Y allí, sobre las cenizas de la guerra de los Balcanes una nueva Europa alemana estaba naciendo.

El otoño de los generales

@Lluis_Uria

Michael Flynn, laureado exgeneral del ejército de Estados Unidos y fugaz consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, sin duda se considera un patriota. Todos los militares lo hacen, aunque luego algunos conviertan su amada patria en moneda de cambio y coartada de ambiciones menos honorables. Flynn, por ejemplo, firmemente comprometido en la carrera presidencial de Trump, no dudó en buscar complicidades con los rusos –¡los archienemigos de toda la vida!– durante la campaña del 2016.

A consecuencia de sus maquinaciones con el embajador ruso en Washington, tuvo que dimitir de su cargo en la Casa Blanca menos de un mes después de ser nombrado. Y acabó siendo el primer inculpado –por mentir al FBI– en el caso del Rusiagate, que investigaba la interferencia de Moscú en las elecciones norteamericanas. Su penitencia acabó este 25 de noviembre, cuando el presidente le concedió la gracia.

El exgeneral Flynn es un hombre agradecido, además de disciplinado. Así que nada más ser indultado por Trump –dispuesto a perdonar a todos los suyos de cualquier desliz, incluida su prole y él mismo si llegara el caso, antes de abandonar la Casa Blanca– salió en tromba a defender la tesis maliciosa de su jefe de que las elecciones presidenciales han sido una monstruosa manipulación de los demócratas para robarle la victoria.

Nadie, ni los agentes electorales republicanos, ni los jueces, ni el propio fiscal general y titular del Departamento de Justicia, William Barr, han visto el fraude por ninguna parte. Pero da igual. Trump se dispone a dejar el cargo con una mentira colosal que sin embargo medio país ha decidido tragarse sin pestañear.

A Michael Flynn le va la marcha –militar, por supuesto– y no se contentó con clamar al cielo y pedir la intervención de los tribunales. En un arranque de acentos ibéricos, el exgeneral pidió al presidente que suspendiera temporalmente la Constitución, decretara la ley marcial y encargara al ejército la supervisión de unas nuevas elecciones. Ya se encargarían ellos de poner las cosas en su sitio (haciendo desaparecer unos cuantos millones de votos para el  demócrata Joe Biden, se deduce)

Flynn no es un general del montón. Con rango de teniente general, dirigió la Agencia de Inteligencia de la Defensa entre el 2012 y el 2014, y antes tuvo altas responsabilidades en Afganistán e Irak. Es un hombre con formación universitaria, educado en una de las democracias más añejas del mundo. Así que, al menos, propone un golpe aparentando que guarda las formas.

No como Francisco Beca Casanova, exgeneral de División del Ejército del Aire español, quien ajeno a las sutilizas intelectuales de su homólogo norteamericano defendía en un chat de militares retirados  “fusilar a 26 millones de hijos de puta”. Para Beca, no basta con anular los votos de disidentes y traidores, hay que exterminarlos, en la mejor tradición franquista (Paul Preston consigna en su biografía de Franco la estupefacción de Hitler por la política de aniquilamiento aplicada por el caudillo)

Los alivios gástricos de un exmilitar no tendrían más trascendencia si su autor no se hubiera sumado a una carta colectiva de altos oficiales retirados de la XIX Promoción de la Academia General del Aire, dirigida al rey Felipe VI, con ataques  contra el Gobierno. Y si a ésta no se hubiera añadido un manifiesto, suscrito ya por varios centenares de exmilitares, en el que se censura al PSOE, acusándole de haberse entregado  a “comunistas, golpistas catalanes y proetarras vascos”, y alertando de que la unidad de España está “en peligro”.

Entre los impulsores del manifiesto destacan el teniente general Emilio Pérez Alamán –condecorado con la Gran Cruz del Mérito Militar–; el también teniente general Juan Antonio Álvarez Giménez –exdirector de la Academia General Militar de Zaragoza–, y el almirante  José María Treviño –ex Representante Militar de España ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea–. No poca cosa.

Toda esta agitación otoñal castrense no se explica sin el malestar transversal que lleva tiempo incubándose en amplias capas de la sociedad y que se ha acrecentado con la crisis sanitaria y económica de la Covid-19. Y no quedaría completa sin añadir el mar de fondo que se percibe también en Francia. Por más que al otro lado de los Pirineos nadie haya planteado hasta ahora suspender la Constitución, declarar la ley marcial y anular las elecciones. Y mucho menos fusilar a medio país...

En los últimos días la prensa francesa  habla con fruición del exgeneral Pierre de Villiers, antiguo jefe del Estado Mayor de los Ejércitos, que en el 2017 se marchó dando un portazo por sus diferencias con el presidente Emmanuel Macron. Desde entonces, De Villiers no para de escribir libros, con no poco éxito, y ganar adeptos, hasta el punto de que hay quienes ven en él a una suerte de general De Gaulle –o general Bonaparte– redivivo.

El exjefe del Ejército francés juega con la ambigüedad cuando se le pregunta sobre sus aspiraciones presidenciales –algunos sondeos apuntan que un 20% de los franceses podrían votarle si presenta su candidatura, algo que llegaron a proponer los chalecos amarillos– y se deja querer, mientras realiza severas admoniciones  sobre la gravedad de la situación en Francia, que ve incluso al borde de “la guerra civil”.

Podría pensarse que todo estos frufrús de  entorchados, estos cling cling de medallas, simultáneamente en Estados Unidos, España y Francia constituyen hechos aislados sin conexión entre sí. Que cada caso es diferente y responde a una realidad nacional también diferente. Sin embargo, no habría que olvidar un dato fundamental: los tres países están extremadamente tensionados por una desmedida polarización política, que está poniendo seriamente a prueba la solidez del sistema democrático y la cohesión de la sociedad. Y es justamente en momentos así cuando puede emerger la tentación de un golpe de autoridad.

Ese mar que se nos escapa

@Lluis_Uria

Sobre la arrogancia francesa se han escrito libros y estampado camisetas. Es un lugar común que casi nadie discute, ni siquiera los propios franceses (en un sondeo del Pew Research Center del 2013, ellos mismos designaban a Francia como el país más arrogante de Europa). Si hay un personaje que ha alimentado con ahínco este estereotipo, éste es Henri Guaino, ex alto funcionario y exdiputado conservador que, tras obtener un escuálido 4,5% de los votos en las elecciones locales en París en el 2017, declaró que el electorado de la circunscripción que le había dado la espalda era “para vomitar”.

Entre el 2007 y el 2012, Guaino era consejero especial –así como ideólogo y autor de la mayoría de los discursos– del presidente Nicolas Sarkozy  y uno de los principales promotores del plan de fundar una Unión del Mediterráneo. Guaino aseguraba con altivez que, estando Francia al frente, la iniciativa de integrar a los países de ambas riberas no acabaría fracasando miserablemente como el llamado Proceso de Barcelona, su precursor. La historia, sin embargo, vendría a poner las cosas en su sitio y el proyecto que Sarkozy lanzó a bombo y platillo en un solemne discurso en el palacio Marshan de Tánger (Marruecos) en octubre del 2007 acabaría encallando en las mismas aguas.

Este viernes se conmemoró con gran discreción –sólo un encuentro telemático a nivel ministerial– el 25º. aniversario del Proceso de Barcelona, nombre por el que se conoció el lanzamiento en 1995 del Partenariado Euromediterráneo (o Euromed) entre la Unión Europea y una docena de países de la ribera sur. La iniciativa, que se concretó en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, fue el fruto de un compromiso de Alemania con Francia y España para reequilibrar por el Sur la apertura de la UE al Este. 

El objetivo era abrir un foro de diálogo político, económico y cultural, y fomentar la paz, la estabilidad y la prosperidad en la zona. En aquel momento las negociaciones entre Israel y Palestina –tras los acuerdos de Oslo– parecían bien encaminadas y había esperanzas de desbloquear el conflicto que atenazaba a toda la región. El líder palestino Yasser Arafat y el entonces ministro de Exteriores israelí –y futuro primer ministro–, Ehud Barak, se erigieron en los protagonistas de la conferencia. Pero el espíritu de Barcelona duró poco. El diálogo israelo-palestino acabó naufragando en la cumbre de Camp David del 2000. Y ese foco de tensión permanente, junto al desinterés y las rivalidades, hicieron embarrancar el proceso.

La ambición de partida –se llegó a hablar de crear una zona de libre comercio en el Mediterráneo en el 2010 que nunca vio la luz– da la medida de la  decepción posterior. A partir del 2004 la nueva Política Europea de Vecindad propició los acuerdos de cooperación bilaterales, con  una liberalización comercial amputada, que excluía los ámbitos del trabajo y la agricultura (los más importantes para el Sur). Así que no es de extrañar que la cumbre del 10.º aniversario, de la que desertaron la mayoría de los líderes árabes, fuera deslucida y triste.

Y en eso llegó Sarkozy. En un viaje de Estado a Marruecos en el otoño del 2007 –con más de un centenar de periodistas de todo el mundo siguiéndole a bordo de un Airbus especial fletado por el Elíseo–, el presidente francés quiso emular a Jean Monnet y Robert Schuman, los padres fundadores de la Europa unida, y propuso poner los cimientos de una Unión del Mediterráneo integrada exclusivamente por los países ribereños. O sea, un Mediterráneo con inequívoco acento francés. (Sarkozy debería haber leído en aquel momento como un mal augurio el hecho de que su reciente divorcio excitara más a los periodistas franceses que su política exterior...)

Francia es mucha Francia –ahí hay que darle algo de razón a Henri Guaino– y en julio del 2008 logró reunir en una histórica cumbre fundacional en el Grand Palais de París a los jefes de Estado y de Gobierno de 43 países de Europa y el Mediterráneo, con las únicas excepciones del rey de Marruecos, Mohamed VI, que delegó, y el líder libio, Muamar el Gadafi. Pero  para entonces la Unión había permutado la preposición “del” por la de “por el”, una modificación nominal pero significativa que cambiaba el sentido de la nueva institución, y había dado entrada por presión de Alemania a toda la UE (lo que levantó no pocas suspicacias en la ribera sur)

 Todo aquel boato fue un bonito espejismo. Porque lo cierto es que lo nuevo se parecía mucho a lo viejo.  Lo cual quedó rubricado simbólicamente con la elección de Barcelona como sede de la secretaría general de la flamante Unión por el Mediterráneo, discretamente radicada desde entonces en el Palau de Pedralbes.

En estos doce años la UPM ha apadrinado numerosos proyectos en ámbitos tan dispares como la gestión del agua, el empleo o la enseñanza superior. Pero el grueso de la cooperación europea no pasa por aquí. Y la institución –que nunca más ha organizado una cumbre del nivel de la de París, ni siquiera en su décimo aniversario– ha quedado políticamente raquítica y al margen de los grandes problemas y conflictos de la región.

Hoy, un cuarto de siglo después del arranque del Proceso de Barcelona, el Mediterráneo está mucho peor que entonces. A los desafíos  ya existentes –el eterno conflicto israelo-palestino y la división de Chipre– se han sumado la guerra de Siria y la desintegración de Libia, efecto sísmico de las primaveras árabes; la aparición del terrorismo islamista de Al Qaeda y el Estado Islámico; la crisis migratoria, que se ha cobrado y se cobra la vida de miles de personas en el mar; la desestabilización del Líbano; las tensiones entre Europa y Turquía; la intervención creciente de potencias exteriores como Rusia y China, o la pandemia de Covid-19, que amenaza con ahondar las ya profundas desigualdades... Frente a todo esto, la modesta UPM está absolutamente inerme. Pero eso no la convierte en algo superfluo. Por el contrario, subraya la necesidad de darle auténtica ambición.

 

Un golpista en la Casa Blanca

@Lluis_Uria

No lleva tricornio, sino gorra –Make America great again–, y por ahora no empuña una pistola, sino sólo sus palos de golf. Pero la voluntad última de Donald Trump, atrincherado en  el despacho oval y negándose a reconocer su derrota electoral frente al demócrata Joe Biden, no difiere tanto de la que condujo al teniente coronel Tejero a asaltar el Congreso de los Diputados un triste 23 de febrero de 1981: dar un golpe de Estado para subvertir el orden democrático y tomar o –en el caso del presidente de Estados Unidos– retener el poder. Trump quizá no tenga los medios para poner de rodillas a la democracia americana –aunque la purga decidida estos días en el Pentágono es algo más que inquietante–, pero ese es su anhelo inequívoco. Y lo más grave es la complicidad del antaño respetable Partido Republicano, convertido en un club de hooligans de extrema derecha.

Nada en la actitud de Trump es sorprendente. Lo que pretendía hacer lo anunció, de hecho, hace ya cuatro años. En las  elecciones del 2016 ya advirtió que sólo aceptaría el resultado si ganaba. Como ganó –gracias a un sistema electoral trucado y poco democrático–, no hubo cuestión. De cara a las elecciones del pasado 3 de noviembre hizo exactamente lo mismo y mucho antes de esa fecha ya denunció un supuesto fraude masivo en favor de su rival. Constatada su derrota –insoportable para él–, Trump no ha hecho más que profundizar esta vía: desacreditando la limpieza de la elección, asegurando que él es el ganador  y que es víctima de un robo –esta semana aún sostenía que el sistema “borró 2,7 millones de votos” en su favor y “decenas de miles” se los dieron a Biden– y negándose a reconocer la victoria de su adversario.

De hecho, la Administración de Servicios Generales, el organismo encargado de certificar el resultado de la elección y de activar la transición de poder –algo que acostumbra a cumplimentar en horas– se resiste a hacerlo, por más que la victoria de Biden sea ya indiscutible: el viernes se confirmó que había ganado también en Arizona y Georgia, de modo que finalmente cuenta con 306 delegados frente a los 232 del republicano.

Pese a tal contundencia, Trump y su partido han movilizado a cientos de abogados para tratar de impugnar los resultados en aquellos estados donde las fuerzas estaban más equilibradas –hasta el momento, sin éxito ante los tribunales– e incluso activado al fiscal general, Villiam P. Barr, para que se investiguen posibles fraudes electorales a nivel federal. Todo ello sin que exista la más mínima prueba al respecto. Más bien al contrario. El jueves, en una declaración difundida por la Agencia de Ciberseguridad, dependiente del Departamento de Seguridad Interior, responsables electorales locales, estatales y federales aseguraron que no existe “ninguna evidencia” de manipulación y que esta elección “ha sido una de las más seguras de la historia”.

Poco importa. Trump y la mayoría de los republicanos –los pocos que disienten son aún  excepción– insisten en sus mentiras con el objetivo de deslegitimar las elecciones y la victoria de Biden, con la aquiescencia de millones de seguidores para quienes hace tiempo la verdad dejó de importar.

Lamentablemente, también hace tiempo que la voluntad del pueblo norteamericano ha dejado de importar. Estados Unidos, que tanto se enorgullece de su sistema democrático –y con razón–, falla miserablemente en el examen principal: la elección del presidente del país es profundamente sesgada. El sistema de elección indirecta a través de delegados –con una representación desequilibrada en favor de los estados menos poblados– lleva décadas adulterando la voluntad popular: desde 1992, los demócratas han sido los más votados en todas las elecciones presidenciales salvo en una –la del 2004– y, sin embargo, en los últimos veinte años los republicanos han disfrutado de tres mandatos en la Casa Blanca, o sea, han gobernado doce, más de la mitad.

George W. Bush alcanzó la presidencia en las disputadas elecciones del 2000 pese a obtener 600.000 votos menos que Al Gore –lo que le permitió repetir en el 2004, esta vez sí, ganando en buena lid– y Donald Trump fue declarado vencedor en el 2016 aún quedando casi tres millones de votos por detrás de Hillary Clinton.  Para el politólogo de la Universidad de Harvard Steven Levistky,  muy crítico con el sistema, éste debería ser reformado, por más que el partido republicano –el gran beneficiado– nunca lo permitirá. En una entrevista en la BBC, ofreció una dura conclusión: “No es una democracia cuando un partido gana sistemáticamente el voto popular y pierde el poder”.

Con el recuento finalizado, en estas elecciones Trump ha recibido una enormidad de votos, casi 72,8 millones, algo nunca visto antes. Pero Joe Biden ha logrado todavía más, 78,2 millones, un récord histórico, y aventaja al presidente en más de cinco millones de sufragios. No es un puñado de papeletas. Cualquier intento  de apartarle de la presidencia sería lo más parecido a un golpe de Estado. “Lo que hemos visto del presidente esta última semana se parece mucho a las tácticas de un líder autoritario”, alertó al respecto el presidente de la Freedom House, Michael Abramowitz, en  el diario The New York Times.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró días atrás con gran desparpajo que habrá una “transición suave a una segunda administración Trump”. Podría resultar patético, si no fuera alarmante. Sobre todo después de que Trump haya destituido al secretario de Defensa, Mark T. Esper –quien se negó a movilizar al ejército frente a las protestas del Black Lives Matter–, y lo haya reemplazado por el general retirado Antohny Tata, un extremista, además de ex comentarista conspiranoico de la Fox. Hay quien cree –o quiere creer– que todos estos humos bajarán. Y que un hombre que a la mínima que tiene un rato libre se va a jugar al golf no parece estar dedicándose a urdir un complot contra la democracia americana. Habrá que verlo.

El voto de los ‘hillbillies’

@Lluis_Uria

“Todo tiene un límite, hasta en la política”, argumenta el tío Jed para frenar a la abuela de la familia Clampett cuando se dirige, escopeta en mano, contra su rival para ser elegida reina de los mapaches.

La escena pertenece a una serie de televisión de humor rústico emitida por la CBS  que hizo furor en los años 60 en Estados Unidos. The Beverly Hillbillies –que en España se retituló Los nuevos ricos– presentaba las peripecias de una familia, blanca y pobre, del medio Oeste que se trasladaba a California tras hacerse rica por el hallazgo de petróleo en sus tierras, y retrataba de forma hilarante el contraste entre las costumbres agrestes de los protagonistas y la sofisticación de Beverly Hills.

La serie era simpática y los personajes, entrañables. Pero el término hillbily no lo es. Es más bien despectivo. Alude a la población blanca trabajadora, pobre e inculta, de hábitos rudos y un tanto pendencieros, que se asienta en el eje de la cordillera de los Apalaches y que buscó la prosperidad en las grandes industrias –hoy cerradas– del llamado cinturón del óxido. Esta América maltratada y olvidada es la que en el 2016 dio el triunfo –ayudada por un sistema electoral sesgado– a Donald Trump.

La elección del nuevo inquilino de la Casa Blanca –que Trump amenazaba con impugnar por fraude sin ninguna prueba en pleno recuento– ha vuelto a jugarse en gran medida en tres estados de ese cinturón industrial en declive: Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde estaban en disputa 36 votos electorales, fundamentales –dado el equilibrio de fuerzas entre Trump y el demócrata Joe Biden– para obtener los 270 delegados necesarios sobre 538 para hacerse con la presidencia del país. Joe Biden ha conseguido ya recuperar para los demócratas Michigan y Wisconsin por unas decenas de miles de votos.

J.D. Vance, un empresario de Silicon Valley que consiguió salir del medio de pobreza y marginación social en el que nació, en el estado de Ohio, escribió en el 2016 una suerte de biografía familiar –Hillbily, una elegía rural (Deusto)– profundamente esclarecedora sobre el sustrato que compone la base electoral de Trump. Vance retrata, con amor, una América rural y postindustrial donde “la pobreza es una tradición familiar”, ideológica y religiosamente conservadora, rudimentariamente patriota, alérgica a los extraños y forasteros, desconfiada hacia las élites, integrada por trabajadores sin estudios castigados por la desindustrialización y el paro, llena de familias disfuncionales y diezmadas por la pandemia de los opiáceos, inclinada a hablar sin tapujos y pronta a llegar a las manos (o las armas) por cualquier litigio, profundamente pesimista y resentida, y con una irrefrenable “disposición a culpar a todos los demás excepto a uno mismo” de sus males.

Esta es la América de Trump. La América cuyos más bajos sentimientos se ha dedicado a excitar con ahínco el todavía presidente de Estados Unidos, haciéndose pasar por uno de ellos cuando en realidad es un rico heredero –ni siquiera un hombre de negocios hecho a sí mismo– de Nueva York.

Joe Biden está camino de llevarse la victoria en las elecciones. Pero en cualquiera de los casos y sea cual se el desenlace, Trump ha demostrado conservar un amplio apoyo en todo el país, fundamentalmente en el centro y en el sur.

Cuatro años después de acceder a la Casa Blanca, a pesar de todos los pesares, a pesar de sus mentiras colosales, a pesar de su nefasta gestión de la pandemia de Covid-19 y de la crisis económica, a pesar de su ostentosa ignorancia, su lenguaje ofensivo, su bravuconería y su agresividad –o quizá justamente por ello–, la América profunda, la América de los hillbillies, sigue entregada a Trump. Quien, a diferencia del tío Jed, no cree que haya límites para nada.

La mano que empuña el cuchillo

@Lluis_Uria

Contaba Marco Polo en su Libro de las Maravillas que en la fortaleza del Alamut, al norte del actual Irán, un líder religioso conocido como el Viejo de la Montaña drogaba a sus seguidores y les mostraba un anticipo de los placeres del paraíso –hermosos jardines, bellas mujeres– antes de enviarlos a jugarse la vida en misiones suicidas. El viajero italiano se hacía eco aquí de viejas leyendas de lo que se conoció como la secta de los asesinos, objeto de antiguas fábulas y modernos videojuegos.

Entre los siglos XI y XII, una secta chií de la corriente del ismailismo, los nizaríes, practicó  la resistencia violenta contra el sultanato turco de la dinastía selyúcida, que se había extendido por gran parte de Oriente Medio. Sus dirigentes levantaron una red de castillos difícilmente accesibles en las montañas –el más importante, el del Alamut– y se dedicaron a hostigar al régimen suní a través de asesinatos selectivos.

Durante años, según explica el orientalista Bernard Lewis en su libro El Oriente Proximo, “los grandes maestros de la secta mandaron a una banda de seguidores devotos y fanáticos a realizar una campaña de terror”, que se concretó en “una serie de crímenes espantosos de destacados hombres de Estado y generales del islam”. Entre sus víctimas sobresalió el gran visir Nizam al Mulk, acuchillado en 1092 mientras viajaba de Isfahán a Bagdad. Terrorismo avant la lettre.

Los miembros de esta suerte de comandos chiíes medievales, cuyo instrumento principal era la daga, acabaron siendo conocidos despectivamente en árabe como haššašin –lo que según algunas versiones aludiría a su hábito de consumir cannabis–. La palabra derivaría después en numerosas lenguas en la moderna acepción de “asesino”: el que mata a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa.

Entre los antiguos nizaríes y los yihadistas que diez siglos después siembran la muerte cuchillo en mano –como en Francia estas últimas semanas– hay  un indudable vínculo. Es el mismo fanatismo, los mismos métodos. Y también el mismo objetivo: desestabilizar al poder establecido mediante el terror con el objetivo  –más o menos quimérico– de derribarlo. En el caso de los ataques yihadistas en los países europeos, los islamistas buscan imponer su agenda política a base de ahondar la fractura –y azuzar el enfrentamiento– con las poblaciones de confesión musulmana.

El pasado 25 de septiembre, un joven pakistaní que había llegado a Francia tres años antes simulando ser menor de edad, Zaheer Hassan Mahmoud, atacó e hirió de gravedad con un cuchillo de carnicero a dos periodistas que se encontraban fumando a las puertas de la antigua sede parisina del semanario satírico Charlie Hebdo –objeto de un bárbaro atentado en el 2015 en que murieron 12 personas– por haber vuelto a publicar caricaturas de Mahoma (equivocándose de lugar). El 16 de octubre, un joven refugiado ruso de origen checheno, Abdoullakh Abouyezidovitch Anzorov, decapitó salvajemente con un cuchillo a un profesor de secundaria de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty, por haber osado suscitar en clase un debate sobre las caricaturas de Charlie Hebdo y la libertad de expresión. Y el jueves 29 otro joven tunecino, Ibrahim Issaoui, llegado en una patera a la isla italiana de Lampedusa hace apenas mes y medio, asesinó con un  cuchillo a tres personas en la basílica de Notre-Dame-de-l’Assomption, en Niza, por el mero hecho de ser cristianas.

Probablemente, encontraríamos muchas similitudes en la trayectoria vital de estos tres jóvenes desarraigados. Y podríamos llegar a comprender el mecanismo por el cual cayeron en la telaraña del fanatismo religioso. Pero no es eso lo esencial. A fin de cuentas no son más que peones, como los asesinos nizaríes. Ellos empuñan el cuchillo, pero otros dirigen su brazo.

El caso del profesor Samuel Paty es ilustrativo. El asesino, previamente dopado por una violenta propaganda islamista a través de internet y con contactos en Siria –adonde llamó por teléfono antes de ser muerto por la policía–, no llegó hasta su víctima por casualidad. Previamente, el padre de una alumna del instituto, escoltado por un conocido islamista, había lanzado una virulenta campaña de acoso contra el profesor en las redes sociales, de la que se hicieron eco en foros y mezquitas. Fue su sentencia de muerte. El ejecutor, un chaval de 18 años, fue sólo el último eslabón.

Los Anzorov que hay, ha habido y habrá, constituyen un grave problema. Pero atacar los tentáculos del monstruo no es suficiente. Ciertamente, es fundamental abordar las condiciones sociales que hacen posible el caldo de cultivo del islamismo radical entre la población musulmana europea. Pero hay otro frente primordial: hay que combatir sin complejos el islamismo, una ideología totalitaria –más política que religiosa, aunque utilice el islam como estandarte– que  de forma organizada intenta acabar con la democracia para imponer un régimen teocrático autoritario y represivo.  Paty representaba la libertad y la razón. Por eso le asesinaron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido asumirlo sin medias tintas  y el pasado mes de septiembre presentó un proyecto de ley contra el separatismo islamista con medidas que pretenden acabar con los intentos de imponer reglas islámicas por encima de las leyes republicanas, sobre todo en la enseñanza, así como frenar la injerencia extranjera en los centros de culto. Por eso está siendo objeto de furibundos ataques en el mundo islámico y por eso Francia se ha convertido de nuevo en escenario de una ofensiva terrorista. El primer paso, tras el asesinato del profesor Paty, ha sido la clausura de una mezquita y de varias asociaciones islamistas...

Lo que está claro, como apuntaba  días atrás en Le Monde el profesor Gilles Kepel, es que la política actual, centrada en la lucha antiterrorista, ya no  basta para combatir el fenómeno. Hay que ir más allá. Hay que asaltar el castillo del Alamut.