El otoño de los generales

@Lluis_Uria

Michael Flynn, laureado exgeneral del ejército de Estados Unidos y fugaz consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, sin duda se considera un patriota. Todos los militares lo hacen, aunque luego algunos conviertan su amada patria en moneda de cambio y coartada de ambiciones menos honorables. Flynn, por ejemplo, firmemente comprometido en la carrera presidencial de Trump, no dudó en buscar complicidades con los rusos –¡los archienemigos de toda la vida!– durante la campaña del 2016.

A consecuencia de sus maquinaciones con el embajador ruso en Washington, tuvo que dimitir de su cargo en la Casa Blanca menos de un mes después de ser nombrado. Y acabó siendo el primer inculpado –por mentir al FBI– en el caso del Rusiagate, que investigaba la interferencia de Moscú en las elecciones norteamericanas. Su penitencia acabó este 25 de noviembre, cuando el presidente le concedió la gracia.

El exgeneral Flynn es un hombre agradecido, además de disciplinado. Así que nada más ser indultado por Trump –dispuesto a perdonar a todos los suyos de cualquier desliz, incluida su prole y él mismo si llegara el caso, antes de abandonar la Casa Blanca– salió en tromba a defender la tesis maliciosa de su jefe de que las elecciones presidenciales han sido una monstruosa manipulación de los demócratas para robarle la victoria.

Nadie, ni los agentes electorales republicanos, ni los jueces, ni el propio fiscal general y titular del Departamento de Justicia, William Barr, han visto el fraude por ninguna parte. Pero da igual. Trump se dispone a dejar el cargo con una mentira colosal que sin embargo medio país ha decidido tragarse sin pestañear.

A Michael Flynn le va la marcha –militar, por supuesto– y no se contentó con clamar al cielo y pedir la intervención de los tribunales. En un arranque de acentos ibéricos, el exgeneral pidió al presidente que suspendiera temporalmente la Constitución, decretara la ley marcial y encargara al ejército la supervisión de unas nuevas elecciones. Ya se encargarían ellos de poner las cosas en su sitio (haciendo desaparecer unos cuantos millones de votos para el  demócrata Joe Biden, se deduce)

Flynn no es un general del montón. Con rango de teniente general, dirigió la Agencia de Inteligencia de la Defensa entre el 2012 y el 2014, y antes tuvo altas responsabilidades en Afganistán e Irak. Es un hombre con formación universitaria, educado en una de las democracias más añejas del mundo. Así que, al menos, propone un golpe aparentando que guarda las formas.

No como Francisco Beca Casanova, exgeneral de División del Ejército del Aire español, quien ajeno a las sutilizas intelectuales de su homólogo norteamericano defendía en un chat de militares retirados  “fusilar a 26 millones de hijos de puta”. Para Beca, no basta con anular los votos de disidentes y traidores, hay que exterminarlos, en la mejor tradición franquista (Paul Preston consigna en su biografía de Franco la estupefacción de Hitler por la política de aniquilamiento aplicada por el caudillo)

Los alivios gástricos de un exmilitar no tendrían más trascendencia si su autor no se hubiera sumado a una carta colectiva de altos oficiales retirados de la XIX Promoción de la Academia General del Aire, dirigida al rey Felipe VI, con ataques  contra el Gobierno. Y si a ésta no se hubiera añadido un manifiesto, suscrito ya por varios centenares de exmilitares, en el que se censura al PSOE, acusándole de haberse entregado  a “comunistas, golpistas catalanes y proetarras vascos”, y alertando de que la unidad de España está “en peligro”.

Entre los impulsores del manifiesto destacan el teniente general Emilio Pérez Alamán –condecorado con la Gran Cruz del Mérito Militar–; el también teniente general Juan Antonio Álvarez Giménez –exdirector de la Academia General Militar de Zaragoza–, y el almirante  José María Treviño –ex Representante Militar de España ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea–. No poca cosa.

Toda esta agitación otoñal castrense no se explica sin el malestar transversal que lleva tiempo incubándose en amplias capas de la sociedad y que se ha acrecentado con la crisis sanitaria y económica de la Covid-19. Y no quedaría completa sin añadir el mar de fondo que se percibe también en Francia. Por más que al otro lado de los Pirineos nadie haya planteado hasta ahora suspender la Constitución, declarar la ley marcial y anular las elecciones. Y mucho menos fusilar a medio país...

En los últimos días la prensa francesa  habla con fruición del exgeneral Pierre de Villiers, antiguo jefe del Estado Mayor de los Ejércitos, que en el 2017 se marchó dando un portazo por sus diferencias con el presidente Emmanuel Macron. Desde entonces, De Villiers no para de escribir libros, con no poco éxito, y ganar adeptos, hasta el punto de que hay quienes ven en él a una suerte de general De Gaulle –o general Bonaparte– redivivo.

El exjefe del Ejército francés juega con la ambigüedad cuando se le pregunta sobre sus aspiraciones presidenciales –algunos sondeos apuntan que un 20% de los franceses podrían votarle si presenta su candidatura, algo que llegaron a proponer los chalecos amarillos– y se deja querer, mientras realiza severas admoniciones  sobre la gravedad de la situación en Francia, que ve incluso al borde de “la guerra civil”.

Podría pensarse que todo estos frufrús de  entorchados, estos cling cling de medallas, simultáneamente en Estados Unidos, España y Francia constituyen hechos aislados sin conexión entre sí. Que cada caso es diferente y responde a una realidad nacional también diferente. Sin embargo, no habría que olvidar un dato fundamental: los tres países están extremadamente tensionados por una desmedida polarización política, que está poniendo seriamente a prueba la solidez del sistema democrático y la cohesión de la sociedad. Y es justamente en momentos así cuando puede emerger la tentación de un golpe de autoridad.

Ese mar que se nos escapa

@Lluis_Uria

Sobre la arrogancia francesa se han escrito libros y estampado camisetas. Es un lugar común que casi nadie discute, ni siquiera los propios franceses (en un sondeo del Pew Research Center del 2013, ellos mismos designaban a Francia como el país más arrogante de Europa). Si hay un personaje que ha alimentado con ahínco este estereotipo, éste es Henri Guaino, ex alto funcionario y exdiputado conservador que, tras obtener un escuálido 4,5% de los votos en las elecciones locales en París en el 2017, declaró que el electorado de la circunscripción que le había dado la espalda era “para vomitar”.

Entre el 2007 y el 2012, Guaino era consejero especial –así como ideólogo y autor de la mayoría de los discursos– del presidente Nicolas Sarkozy  y uno de los principales promotores del plan de fundar una Unión del Mediterráneo. Guaino aseguraba con altivez que, estando Francia al frente, la iniciativa de integrar a los países de ambas riberas no acabaría fracasando miserablemente como el llamado Proceso de Barcelona, su precursor. La historia, sin embargo, vendría a poner las cosas en su sitio y el proyecto que Sarkozy lanzó a bombo y platillo en un solemne discurso en el palacio Marshan de Tánger (Marruecos) en octubre del 2007 acabaría encallando en las mismas aguas.

Este viernes se conmemoró con gran discreción –sólo un encuentro telemático a nivel ministerial– el 25º. aniversario del Proceso de Barcelona, nombre por el que se conoció el lanzamiento en 1995 del Partenariado Euromediterráneo (o Euromed) entre la Unión Europea y una docena de países de la ribera sur. La iniciativa, que se concretó en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, fue el fruto de un compromiso de Alemania con Francia y España para reequilibrar por el Sur la apertura de la UE al Este. 

El objetivo era abrir un foro de diálogo político, económico y cultural, y fomentar la paz, la estabilidad y la prosperidad en la zona. En aquel momento las negociaciones entre Israel y Palestina –tras los acuerdos de Oslo– parecían bien encaminadas y había esperanzas de desbloquear el conflicto que atenazaba a toda la región. El líder palestino Yasser Arafat y el entonces ministro de Exteriores israelí –y futuro primer ministro–, Ehud Barak, se erigieron en los protagonistas de la conferencia. Pero el espíritu de Barcelona duró poco. El diálogo israelo-palestino acabó naufragando en la cumbre de Camp David del 2000. Y ese foco de tensión permanente, junto al desinterés y las rivalidades, hicieron embarrancar el proceso.

La ambición de partida –se llegó a hablar de crear una zona de libre comercio en el Mediterráneo en el 2010 que nunca vio la luz– da la medida de la  decepción posterior. A partir del 2004 la nueva Política Europea de Vecindad propició los acuerdos de cooperación bilaterales, con  una liberalización comercial amputada, que excluía los ámbitos del trabajo y la agricultura (los más importantes para el Sur). Así que no es de extrañar que la cumbre del 10.º aniversario, de la que desertaron la mayoría de los líderes árabes, fuera deslucida y triste.

Y en eso llegó Sarkozy. En un viaje de Estado a Marruecos en el otoño del 2007 –con más de un centenar de periodistas de todo el mundo siguiéndole a bordo de un Airbus especial fletado por el Elíseo–, el presidente francés quiso emular a Jean Monnet y Robert Schuman, los padres fundadores de la Europa unida, y propuso poner los cimientos de una Unión del Mediterráneo integrada exclusivamente por los países ribereños. O sea, un Mediterráneo con inequívoco acento francés. (Sarkozy debería haber leído en aquel momento como un mal augurio el hecho de que su reciente divorcio excitara más a los periodistas franceses que su política exterior...)

Francia es mucha Francia –ahí hay que darle algo de razón a Henri Guaino– y en julio del 2008 logró reunir en una histórica cumbre fundacional en el Grand Palais de París a los jefes de Estado y de Gobierno de 43 países de Europa y el Mediterráneo, con las únicas excepciones del rey de Marruecos, Mohamed VI, que delegó, y el líder libio, Muamar el Gadafi. Pero  para entonces la Unión había permutado la preposición “del” por la de “por el”, una modificación nominal pero significativa que cambiaba el sentido de la nueva institución, y había dado entrada por presión de Alemania a toda la UE (lo que levantó no pocas suspicacias en la ribera sur)

 Todo aquel boato fue un bonito espejismo. Porque lo cierto es que lo nuevo se parecía mucho a lo viejo.  Lo cual quedó rubricado simbólicamente con la elección de Barcelona como sede de la secretaría general de la flamante Unión por el Mediterráneo, discretamente radicada desde entonces en el Palau de Pedralbes.

En estos doce años la UPM ha apadrinado numerosos proyectos en ámbitos tan dispares como la gestión del agua, el empleo o la enseñanza superior. Pero el grueso de la cooperación europea no pasa por aquí. Y la institución –que nunca más ha organizado una cumbre del nivel de la de París, ni siquiera en su décimo aniversario– ha quedado políticamente raquítica y al margen de los grandes problemas y conflictos de la región.

Hoy, un cuarto de siglo después del arranque del Proceso de Barcelona, el Mediterráneo está mucho peor que entonces. A los desafíos  ya existentes –el eterno conflicto israelo-palestino y la división de Chipre– se han sumado la guerra de Siria y la desintegración de Libia, efecto sísmico de las primaveras árabes; la aparición del terrorismo islamista de Al Qaeda y el Estado Islámico; la crisis migratoria, que se ha cobrado y se cobra la vida de miles de personas en el mar; la desestabilización del Líbano; las tensiones entre Europa y Turquía; la intervención creciente de potencias exteriores como Rusia y China, o la pandemia de Covid-19, que amenaza con ahondar las ya profundas desigualdades... Frente a todo esto, la modesta UPM está absolutamente inerme. Pero eso no la convierte en algo superfluo. Por el contrario, subraya la necesidad de darle auténtica ambición.

 

Un golpista en la Casa Blanca

@Lluis_Uria

No lleva tricornio, sino gorra –Make America great again–, y por ahora no empuña una pistola, sino sólo sus palos de golf. Pero la voluntad última de Donald Trump, atrincherado en  el despacho oval y negándose a reconocer su derrota electoral frente al demócrata Joe Biden, no difiere tanto de la que condujo al teniente coronel Tejero a asaltar el Congreso de los Diputados un triste 23 de febrero de 1981: dar un golpe de Estado para subvertir el orden democrático y tomar o –en el caso del presidente de Estados Unidos– retener el poder. Trump quizá no tenga los medios para poner de rodillas a la democracia americana –aunque la purga decidida estos días en el Pentágono es algo más que inquietante–, pero ese es su anhelo inequívoco. Y lo más grave es la complicidad del antaño respetable Partido Republicano, convertido en un club de hooligans de extrema derecha.

Nada en la actitud de Trump es sorprendente. Lo que pretendía hacer lo anunció, de hecho, hace ya cuatro años. En las  elecciones del 2016 ya advirtió que sólo aceptaría el resultado si ganaba. Como ganó –gracias a un sistema electoral trucado y poco democrático–, no hubo cuestión. De cara a las elecciones del pasado 3 de noviembre hizo exactamente lo mismo y mucho antes de esa fecha ya denunció un supuesto fraude masivo en favor de su rival. Constatada su derrota –insoportable para él–, Trump no ha hecho más que profundizar esta vía: desacreditando la limpieza de la elección, asegurando que él es el ganador  y que es víctima de un robo –esta semana aún sostenía que el sistema “borró 2,7 millones de votos” en su favor y “decenas de miles” se los dieron a Biden– y negándose a reconocer la victoria de su adversario.

De hecho, la Administración de Servicios Generales, el organismo encargado de certificar el resultado de la elección y de activar la transición de poder –algo que acostumbra a cumplimentar en horas– se resiste a hacerlo, por más que la victoria de Biden sea ya indiscutible: el viernes se confirmó que había ganado también en Arizona y Georgia, de modo que finalmente cuenta con 306 delegados frente a los 232 del republicano.

Pese a tal contundencia, Trump y su partido han movilizado a cientos de abogados para tratar de impugnar los resultados en aquellos estados donde las fuerzas estaban más equilibradas –hasta el momento, sin éxito ante los tribunales– e incluso activado al fiscal general, Villiam P. Barr, para que se investiguen posibles fraudes electorales a nivel federal. Todo ello sin que exista la más mínima prueba al respecto. Más bien al contrario. El jueves, en una declaración difundida por la Agencia de Ciberseguridad, dependiente del Departamento de Seguridad Interior, responsables electorales locales, estatales y federales aseguraron que no existe “ninguna evidencia” de manipulación y que esta elección “ha sido una de las más seguras de la historia”.

Poco importa. Trump y la mayoría de los republicanos –los pocos que disienten son aún  excepción– insisten en sus mentiras con el objetivo de deslegitimar las elecciones y la victoria de Biden, con la aquiescencia de millones de seguidores para quienes hace tiempo la verdad dejó de importar.

Lamentablemente, también hace tiempo que la voluntad del pueblo norteamericano ha dejado de importar. Estados Unidos, que tanto se enorgullece de su sistema democrático –y con razón–, falla miserablemente en el examen principal: la elección del presidente del país es profundamente sesgada. El sistema de elección indirecta a través de delegados –con una representación desequilibrada en favor de los estados menos poblados– lleva décadas adulterando la voluntad popular: desde 1992, los demócratas han sido los más votados en todas las elecciones presidenciales salvo en una –la del 2004– y, sin embargo, en los últimos veinte años los republicanos han disfrutado de tres mandatos en la Casa Blanca, o sea, han gobernado doce, más de la mitad.

George W. Bush alcanzó la presidencia en las disputadas elecciones del 2000 pese a obtener 600.000 votos menos que Al Gore –lo que le permitió repetir en el 2004, esta vez sí, ganando en buena lid– y Donald Trump fue declarado vencedor en el 2016 aún quedando casi tres millones de votos por detrás de Hillary Clinton.  Para el politólogo de la Universidad de Harvard Steven Levistky,  muy crítico con el sistema, éste debería ser reformado, por más que el partido republicano –el gran beneficiado– nunca lo permitirá. En una entrevista en la BBC, ofreció una dura conclusión: “No es una democracia cuando un partido gana sistemáticamente el voto popular y pierde el poder”.

Con el recuento finalizado, en estas elecciones Trump ha recibido una enormidad de votos, casi 72,8 millones, algo nunca visto antes. Pero Joe Biden ha logrado todavía más, 78,2 millones, un récord histórico, y aventaja al presidente en más de cinco millones de sufragios. No es un puñado de papeletas. Cualquier intento  de apartarle de la presidencia sería lo más parecido a un golpe de Estado. “Lo que hemos visto del presidente esta última semana se parece mucho a las tácticas de un líder autoritario”, alertó al respecto el presidente de la Freedom House, Michael Abramowitz, en  el diario The New York Times.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró días atrás con gran desparpajo que habrá una “transición suave a una segunda administración Trump”. Podría resultar patético, si no fuera alarmante. Sobre todo después de que Trump haya destituido al secretario de Defensa, Mark T. Esper –quien se negó a movilizar al ejército frente a las protestas del Black Lives Matter–, y lo haya reemplazado por el general retirado Antohny Tata, un extremista, además de ex comentarista conspiranoico de la Fox. Hay quien cree –o quiere creer– que todos estos humos bajarán. Y que un hombre que a la mínima que tiene un rato libre se va a jugar al golf no parece estar dedicándose a urdir un complot contra la democracia americana. Habrá que verlo.

El voto de los ‘hillbillies’

@Lluis_Uria

“Todo tiene un límite, hasta en la política”, argumenta el tío Jed para frenar a la abuela de la familia Clampett cuando se dirige, escopeta en mano, contra su rival para ser elegida reina de los mapaches.

La escena pertenece a una serie de televisión de humor rústico emitida por la CBS  que hizo furor en los años 60 en Estados Unidos. The Beverly Hillbillies –que en España se retituló Los nuevos ricos– presentaba las peripecias de una familia, blanca y pobre, del medio Oeste que se trasladaba a California tras hacerse rica por el hallazgo de petróleo en sus tierras, y retrataba de forma hilarante el contraste entre las costumbres agrestes de los protagonistas y la sofisticación de Beverly Hills.

La serie era simpática y los personajes, entrañables. Pero el término hillbily no lo es. Es más bien despectivo. Alude a la población blanca trabajadora, pobre e inculta, de hábitos rudos y un tanto pendencieros, que se asienta en el eje de la cordillera de los Apalaches y que buscó la prosperidad en las grandes industrias –hoy cerradas– del llamado cinturón del óxido. Esta América maltratada y olvidada es la que en el 2016 dio el triunfo –ayudada por un sistema electoral sesgado– a Donald Trump.

La elección del nuevo inquilino de la Casa Blanca –que Trump amenazaba con impugnar por fraude sin ninguna prueba en pleno recuento– ha vuelto a jugarse en gran medida en tres estados de ese cinturón industrial en declive: Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde estaban en disputa 36 votos electorales, fundamentales –dado el equilibrio de fuerzas entre Trump y el demócrata Joe Biden– para obtener los 270 delegados necesarios sobre 538 para hacerse con la presidencia del país. Joe Biden ha conseguido ya recuperar para los demócratas Michigan y Wisconsin por unas decenas de miles de votos.

J.D. Vance, un empresario de Silicon Valley que consiguió salir del medio de pobreza y marginación social en el que nació, en el estado de Ohio, escribió en el 2016 una suerte de biografía familiar –Hillbily, una elegía rural (Deusto)– profundamente esclarecedora sobre el sustrato que compone la base electoral de Trump. Vance retrata, con amor, una América rural y postindustrial donde “la pobreza es una tradición familiar”, ideológica y religiosamente conservadora, rudimentariamente patriota, alérgica a los extraños y forasteros, desconfiada hacia las élites, integrada por trabajadores sin estudios castigados por la desindustrialización y el paro, llena de familias disfuncionales y diezmadas por la pandemia de los opiáceos, inclinada a hablar sin tapujos y pronta a llegar a las manos (o las armas) por cualquier litigio, profundamente pesimista y resentida, y con una irrefrenable “disposición a culpar a todos los demás excepto a uno mismo” de sus males.

Esta es la América de Trump. La América cuyos más bajos sentimientos se ha dedicado a excitar con ahínco el todavía presidente de Estados Unidos, haciéndose pasar por uno de ellos cuando en realidad es un rico heredero –ni siquiera un hombre de negocios hecho a sí mismo– de Nueva York.

Joe Biden está camino de llevarse la victoria en las elecciones. Pero en cualquiera de los casos y sea cual se el desenlace, Trump ha demostrado conservar un amplio apoyo en todo el país, fundamentalmente en el centro y en el sur.

Cuatro años después de acceder a la Casa Blanca, a pesar de todos los pesares, a pesar de sus mentiras colosales, a pesar de su nefasta gestión de la pandemia de Covid-19 y de la crisis económica, a pesar de su ostentosa ignorancia, su lenguaje ofensivo, su bravuconería y su agresividad –o quizá justamente por ello–, la América profunda, la América de los hillbillies, sigue entregada a Trump. Quien, a diferencia del tío Jed, no cree que haya límites para nada.

La mano que empuña el cuchillo

@Lluis_Uria

Contaba Marco Polo en su Libro de las Maravillas que en la fortaleza del Alamut, al norte del actual Irán, un líder religioso conocido como el Viejo de la Montaña drogaba a sus seguidores y les mostraba un anticipo de los placeres del paraíso –hermosos jardines, bellas mujeres– antes de enviarlos a jugarse la vida en misiones suicidas. El viajero italiano se hacía eco aquí de viejas leyendas de lo que se conoció como la secta de los asesinos, objeto de antiguas fábulas y modernos videojuegos.

Entre los siglos XI y XII, una secta chií de la corriente del ismailismo, los nizaríes, practicó  la resistencia violenta contra el sultanato turco de la dinastía selyúcida, que se había extendido por gran parte de Oriente Medio. Sus dirigentes levantaron una red de castillos difícilmente accesibles en las montañas –el más importante, el del Alamut– y se dedicaron a hostigar al régimen suní a través de asesinatos selectivos.

Durante años, según explica el orientalista Bernard Lewis en su libro El Oriente Proximo, “los grandes maestros de la secta mandaron a una banda de seguidores devotos y fanáticos a realizar una campaña de terror”, que se concretó en “una serie de crímenes espantosos de destacados hombres de Estado y generales del islam”. Entre sus víctimas sobresalió el gran visir Nizam al Mulk, acuchillado en 1092 mientras viajaba de Isfahán a Bagdad. Terrorismo avant la lettre.

Los miembros de esta suerte de comandos chiíes medievales, cuyo instrumento principal era la daga, acabaron siendo conocidos despectivamente en árabe como haššašin –lo que según algunas versiones aludiría a su hábito de consumir cannabis–. La palabra derivaría después en numerosas lenguas en la moderna acepción de “asesino”: el que mata a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa.

Entre los antiguos nizaríes y los yihadistas que diez siglos después siembran la muerte cuchillo en mano –como en Francia estas últimas semanas– hay  un indudable vínculo. Es el mismo fanatismo, los mismos métodos. Y también el mismo objetivo: desestabilizar al poder establecido mediante el terror con el objetivo  –más o menos quimérico– de derribarlo. En el caso de los ataques yihadistas en los países europeos, los islamistas buscan imponer su agenda política a base de ahondar la fractura –y azuzar el enfrentamiento– con las poblaciones de confesión musulmana.

El pasado 25 de septiembre, un joven pakistaní que había llegado a Francia tres años antes simulando ser menor de edad, Zaheer Hassan Mahmoud, atacó e hirió de gravedad con un cuchillo de carnicero a dos periodistas que se encontraban fumando a las puertas de la antigua sede parisina del semanario satírico Charlie Hebdo –objeto de un bárbaro atentado en el 2015 en que murieron 12 personas– por haber vuelto a publicar caricaturas de Mahoma (equivocándose de lugar). El 16 de octubre, un joven refugiado ruso de origen checheno, Abdoullakh Abouyezidovitch Anzorov, decapitó salvajemente con un cuchillo a un profesor de secundaria de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty, por haber osado suscitar en clase un debate sobre las caricaturas de Charlie Hebdo y la libertad de expresión. Y el jueves 29 otro joven tunecino, Ibrahim Issaoui, llegado en una patera a la isla italiana de Lampedusa hace apenas mes y medio, asesinó con un  cuchillo a tres personas en la basílica de Notre-Dame-de-l’Assomption, en Niza, por el mero hecho de ser cristianas.

Probablemente, encontraríamos muchas similitudes en la trayectoria vital de estos tres jóvenes desarraigados. Y podríamos llegar a comprender el mecanismo por el cual cayeron en la telaraña del fanatismo religioso. Pero no es eso lo esencial. A fin de cuentas no son más que peones, como los asesinos nizaríes. Ellos empuñan el cuchillo, pero otros dirigen su brazo.

El caso del profesor Samuel Paty es ilustrativo. El asesino, previamente dopado por una violenta propaganda islamista a través de internet y con contactos en Siria –adonde llamó por teléfono antes de ser muerto por la policía–, no llegó hasta su víctima por casualidad. Previamente, el padre de una alumna del instituto, escoltado por un conocido islamista, había lanzado una virulenta campaña de acoso contra el profesor en las redes sociales, de la que se hicieron eco en foros y mezquitas. Fue su sentencia de muerte. El ejecutor, un chaval de 18 años, fue sólo el último eslabón.

Los Anzorov que hay, ha habido y habrá, constituyen un grave problema. Pero atacar los tentáculos del monstruo no es suficiente. Ciertamente, es fundamental abordar las condiciones sociales que hacen posible el caldo de cultivo del islamismo radical entre la población musulmana europea. Pero hay otro frente primordial: hay que combatir sin complejos el islamismo, una ideología totalitaria –más política que religiosa, aunque utilice el islam como estandarte– que  de forma organizada intenta acabar con la democracia para imponer un régimen teocrático autoritario y represivo.  Paty representaba la libertad y la razón. Por eso le asesinaron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido asumirlo sin medias tintas  y el pasado mes de septiembre presentó un proyecto de ley contra el separatismo islamista con medidas que pretenden acabar con los intentos de imponer reglas islámicas por encima de las leyes republicanas, sobre todo en la enseñanza, así como frenar la injerencia extranjera en los centros de culto. Por eso está siendo objeto de furibundos ataques en el mundo islámico y por eso Francia se ha convertido de nuevo en escenario de una ofensiva terrorista. El primer paso, tras el asesinato del profesor Paty, ha sido la clausura de una mezquita y de varias asociaciones islamistas...

Lo que está claro, como apuntaba  días atrás en Le Monde el profesor Gilles Kepel, es que la política actual, centrada en la lucha antiterrorista, ya no  basta para combatir el fenómeno. Hay que ir más allá. Hay que asaltar el castillo del Alamut.

Una ‘sirvienta’ en el Supremo

@Lluis_Uria

Perdido en un pequeño pueblo en las montañas de Auvernia, en el corazón de Francia, se levanta un viejo caserón de piedra edificado en la primera mitad del siglo XVII. En su jardín, rodeado de un grueso muro, se alza una haya plantada por un ancestro de los propietarios en 1793, año en que los revolucionarios dieron el paso dramático y decisivo de ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina. El lugar, convertido en ocasional casa de huéspedes, transpira los ideales de la libertad y la razón.

Cada día, al atardecer, el matrimonio anfitrión invita a los huéspedes a tomar un aperitivo en el jardín y a cenar todos juntos en la gran mesa familiar, mientras se charla y discute sobre todo lo imaginable. Uno tarda muy poco en apreciar la inteligencia y cultura de sus interlocutores, y un poco más en enterarse –gracias a la confidencia de un cliente fijo– de que el marido es en realidad un alto cargo del Consejo de Europa (además de hostelero a tiempo parcial durante el verano)

Estamos en 2018 y la conversación acaba dirigiéndose inevitablemente al conflicto catalán –que todos los presentes siguen con interés– y al papel protagonista que la incuria política ha acabado dejando a la justicia. En ese momento, la vista del 1-O ni siquiera ha empezado en el Tribunal Supremo y uno se atreve a especular sobre la interpretación que los jueces pueden hacer sobre los delitos de rebelión y sedición... Como un resorte interviene entonces la hija mayor del matrimonio, magistrada, amable pero tajante:

–Los jueces no interpretan la ley, la aplican.

No es una opinión, es una sentencia.

Sin embargo, interpretar la ley y evaluar su ajuste a los hechos juzgados es lo que hace habitualmente la justicia. Con enorme disparidad de opiniones, por otra parte, como se puede constatar en los votos disonantes de los jueces en el seno de los tribunales y entre las diferentes instancias. Si la interpretación –y aplicación– de la ley fuera unívoca, si la subjetividad e incluso ideología de los jueces no tuviera ningún peso, no tendrían tampoco ningún sentido las batallas políticas para la renovación del Consejo del Poder Judicial en España y del Tribunal Supremo en Estados Unidos.

Esta semana el Senado norteamericano ha examinado a la juez Amy Coney Barrett, candidata del presidente Donald Trump para cubrir la vacante dejada en el Supremo  por la muerte de la carismática Ruth Bader Ginsburg el pasado 18 de septiembre. Una católica conservadora para sustituir a una feminista liberal. El sistema estadounidense es muy particular: en la medida en que los nueve miembros del Tribunal Supremo son cargos vitalicios, cualquier relevo –sobre todo si se incorporan jueces jóvenes, como Barrett, que tiene 48 años– puede alterar el equilibrio ideológico del tribunal durante décadas. La probable confirmación de Barrett lo decantaría del lado conservador desproporcionadamente por 6 a 3. De ahí la batalla política.

Hay que decir que los republicanos, temerosos de perder la Casa Blanca y el Senado en las elecciones del próximo 3 de noviembre –como vaticinan las encuestas–, han acelerado el trámite de la nominación de Barrett, en un obsceno ejercicio de doble moral: en el 2016 la mayoría republicana en el Senado bloqueó la nominación de un candidato de Barack Obama al Supremo alegando que faltaban nueve meses para las elecciones y era impropio avanzarse a las urnas. Ahora, con un plazo de seis semanas, los mismos protagonistas –en particular el líder de la mayoría conservadora, Mitch McConnell–, defienden lo contrario sin sonrojarse. (Lo que confirma que el obstruccionismo institucional cuando se trata de garantizarse tribunales afines es una práctica que no distingue fronteras)

En su examen ante el Senado, la juez Barrett ha asegurado esta semana que no llega al tribunal con apriorismos sobre ningún asunto –los demócratas le han inquirido principalmente sobre el aborto y la reforma sanitaria, el Obamacare–, que no ha adquirido ningún compromiso con nadie y que su fe católica y sus ideas políticas no influirán para nada en sus decisiones. Sea...

Pero tampoco es un lienzo en blanco (nadie lo es). Barrett parte ya de unas doctrinas jurídicas que determinan el modo de abordar los asuntos. La juez, que actualmente ejerce en el Tribunal de Apelación del 7º circuito en Chicago, pertenece a las corrientes textualista y originalista, que defienden una lectura textual de la Constitución de acuerdo con lo que se supone que era la intención de quienes la redactaron en aquel momento (siglo XVIII). Frente a esta, hay otra corriente que defiende que el texto debe interpretarse desde las condiciones de hoy en día. ¿Los jueces sólo aplican la ley? Es evidente que no.

Y, no nos engañemos, de la misma manera que la ideología de Ginsburg contribuyó a orientar los pronunciamientos del Supremo en favor de los derechos de las mujeres, la de su sucesora puede impulsar un sesgo contrario. Casada con un abogado y exfiscal del distrito en Indiana, y madre de siete hijos –uno de ellos con síndrome de Down y otros dos, adoptados en Haití–,  Barrett ha demostrado ser una jurista de prestigio, una mujer más que capaz con una carrera profesional propia.

Pero tiene la visión de la vida que tiene: la candidata de Trump mantiene vínculos con una organización cristiana llamada People of Praise, que junto al objetivo de crear una comunidad de base que comparte su fe y se ayuda mutuamente, predica una idea de la mujer supeditada al hombre. “La mujer está llamada a someterse a su marido, no como esclava sino como compañera”, escribió uno de sus fundadores, Kevin Ranaghan. La juez Barrett, según el Washington Post, figuraba en esta comunidad como una de las “mujeres líderes”, apelación que fue adoptada apresuradamente en el 2017  para evitar toda connotación negativa con la serie de televisión El cuento de la criada. Antes, eran conocidas justamente como handmaids. Esto es, sirvientas.

 

La sombra de Solimán el Magnífico

 

@Lluis_Uria

 Señor de los señores de este mundo, Rey de reyes, Emperador de Oriente y Occidente, Príncipe y señor de la más feliz constelación, Sultán de los otomanos, Diputado de Alá en la Tierra, Poseedor de los cuellos de los hombres, Refugio de todas las personas en todo el mundo... Los títulos otorgados a Solimán el Magnífico –en Oriente, El Legislador–, el mítico sultán que condujo a su apogeo el imperio otomano en el siglo XVI, llegan a aturdir. Y dan una idea de la grandeza que le reconocieron sus contemporáneos europeos, seducidos por la magnificencia de la Sublime Puerta. Hace justo 500 años –el aniversario se cumplió el pasado miércoles–, Solimán cruzó el Bósforo  en una embarcación dorada con 36 remeros para ser proclamado sultán. A su muerte, 46 años después de su ascensión al trono, el imperio se extendía desde Oriente Medio y el norte de África –Siria, Líbano, Israel, Palestina, Irak, parte de Arabia, Egipto, Libia, Túnez y Argelia– hasta Europa –Bulgaria, Grecia, Hungría, Rumanía y los Balcanes–, habiendo llegado a las mismas puertas de Viena, que se le resistió por dos veces.

(Obsérvese que el otomano, el mayor y más contemporáneo imperio islámico, nunca ha sido reivindicado por los modernos yihadistas. El saudí Ossama Bin Laden, fundador de Al Qaeda, y el iraquí Abu Bakr al Bagdadi, del Estado Islámico, siempre expresaron su voluntad de reconquistar Al Ándalus, lo que tiene más que ver con el imperialismo árabe que con el proselitismo religioso)

Todas las posesiones de Solimán el Magnífico se perdieron tras la hecatombe de la Primera Guerra Mundial, que supuso el fin de los grandes imperios continentales y redujo el territorio de Turquía a poco más que la península de Anatolia. Las nuevas fronteras quedaron definitivamente dibujadas en el tratado de Lausana de 1923, un documento que casi un siglo después  el régimen islamo-nacionalista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, percibe como un corsé que hay que hacer saltar.

El creciente intervencionismo militar de Ankara en los conflictos de la región –Siria, Irak, Libia, al que podría añadirse ahora Nagorno-Karabaj– y la tensión que desde este verano se ha instalado en  el Mediterráneo Oriental a causa de la presión turca en la disputa por la soberanía de las aguas territoriales –y de los yacimientos de gas que se encuentran a gran profundidad– podrían evocar de algún modo los tiempos del expansionismo otomano de Solimán el Magnífico y sus antecesores. Nadie piensa, obviamente, que Erdogan sueñe con reconstituir el viejo y glorioso imperio. Pero sin duda se trata de algo más que de un modo de consolidar su poder interno agitando el nacionalismo turco (aunque también lo sea). Turquía busca sobre todo reafirmarse como potencia regional, en lo que constituye una apuesta geoestratégica de primer orden. Y, desde luego, no quiere quedarse fuera en el reparto del pastel gasístico en unas aguas de las que se considera injustamente despojada.

El tratado de Lausana de 1923 dejó a Turquía sin la posesión de las islas del Dodecaneso –situadas frente a sus costas y actualmente en manos de Grecia– y de la isla de Chipre, lo que desde entonces ha sido un constante objeto de fricción. La aparición en los últimos años de nuevos yacimientos de gas natural en la zona –Israel (2010), Chipre (2011), Egipto (2015)– no ha hecho sino profundizar el sentimiento de agravio de Turquía, donde se ha revitalizado el concepto de la patria azul, que no significa otra cosa que la voluntad de expandir sus amputados derechos marítimos.

Para Ankara, el acuerdo de creación del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental –con la participación de Egipto, Jordania, Palestina, Israel, Chipre, Grecia e Italia, a quienes se ha querido añadir después Francia,  así como la UE y Estados Unidos en tanto que observadores– en enero del 2019, marginando a Turquía, fue casi como una declaración de guerra. Los integrantes del Foro se proponen explotar de forma concertada los recursos energéticos de la zona, donde ya están actuando grandes compañías occidentales (la italiana ENI, la francesa Total y la americana ExxonMobil), y utilizar a Egipto como vía de exportación del gas.

Esto precipitó la escalada. Erdogan respondió en noviembre con un acuerdo de reparto de aguas territoriales con la lejana Libia a cambio del apoyo militar turco –que ha resultado decisivo– al gobierno de Trípoli, ignorando olímpicamente la existencia de las islas griegas –entre ellas, Creta–. Era una forma, jurídicamente más que discutible, de meterse a la fuerza en el terreno de juego. A la vista de esta maniobra, Grecia hizo lo mismo y el pasado 6 de agosto firmó un acuerdo de demarcación marítima parecido con Egipto. Sólo cuatro días después, Ankara envió a las cercanías de la isla griega de Kastelorizo un barco de prospección –el Oruç-Reis– con escolta militar que desató la tensión: Grecia puso a sus fuerzas armadas en estado de alerta y Francia envió a la zona buques de guerra, mientras la UE amenazaba con sanciones. Desde entonces, Ankara se dice dispuesta al diálogo, pero las espadas siguen en alto.

La diplomacia militarizada de Turquía y sus prácticas coercitivas –disruptivas, las llaman también– han suscitado inquietud, cuando no irritación, en Europa y en Oriente Medio. Turquía no es tan potente como para imponerse por la fuerza. Pero como subrayaba recientemente en un artículo del think tank German Marshall Fund el politólogo turco Saban Kardas, ha demostrado suficiente capacidad para cambiar el curso de los acontecimientos “aunque sea a base de  bloquear los movimientos de sus adversarios o alterar sus cálculos”. El mensaje de Erdogan es evidente: si no se cuenta con Turquía, todo será mucho más difícil para todos. El problema es que, en esta zona del mundo, la diplomacia guerrera tiene un enorme riesgo.