ChatGPT se confiesa: “La IA puede socavar la democracia”

@Lluis_Uria

Los robots vienen obsesionando –cuando no angustiando– a los seres humanos desde hace un siglo. El primero que utilizó la palabra ‘robot’ para designar a un ser artificial dotado de cualidades casi humanas fue el escritor checo Karel Capek, quien en 1921 estrenó en Praga una obra de teatro –R.U.R. (Robots Universales Rossum)– donde aparecían unos humanos artificiales, fabricados para trabajar, que acababan rebelándose contra sus creadores. Los robots, como peligro para la  existencia de la humanidad.

Desde entonces, los robots han poblado la literatura y el cine. En la película Metrópolis (1927), Fritz Lang puso en el celuloide una distópica ciudad-estado en el entonces lejano año 2026, segregada entre una clase dirigente todopoderosa y una clase obrera esclavizada, donde un robot humanoide era utilizado para suscitar una rebelión violenta. El primer encuentro de mi generación con otro robot cinematográfico, dotado de inteligencia y libre albedrío –y también de doblez y maldad–, fue con el supercomputador HAL 9000 que gobernaba la nave Discovery en la película de Stanley Kubrick 2001, una odisea en el espacio, estrenada en 1968. HAL, que incluso recordaba una canción de su infancia en Chicago (“Daisy, Daisy...”), entablaba una lucha a muerte con los astronautas a quienes en principio debía servir y obedecer.

El fulgurante desarrollo de la inteligencia artificial (IA), con la reciente y espectacular aparición del bot conversacional ChatGPT de OpenAI –detrás del cual está Microsoft– y el anuncio del que será su próximo competidor –Bard, de Google–, es una auténtica revolución que abre la puerta a cambios trascendentales en nuestras sociedades. Y pone de nuevo sobre la mesa los riesgos de una tecnología cada vez más poderosa. ChatGPT, que almacena y procesa miles de millones de datos, es capaz de elaborar textos sobre cualquier tema y en todo tipo de estilos, resolver problemas y conversar con el usuario casi como si fuera una persona. Su potencia, todavía en desarrollo, suscita numerosos interrogantes en todos los dominios humanos. Incluida la política.

¿Qué función puede tener la IA en la gestión de los asuntos públicos? ¿Hasta dónde debería llegar su papel? ¿Quién controlaría su actuación? ¿Qué riesgo hay de que interfiera y desnaturalice el debate político? ¿Podría en un futuro acabar tomando decisiones en lugar de un ser humano?  Parece ciencia ficción, pero sondeos realizados  en diferentes países europeos indican que entre un 25% y un 40% de los ciudadanos podrían llegar a aceptar la sustitución de los políticos por una IA.

Hay quien ha jugado ya con esta posibilidad. En el 2018, en la ciudad japonesa de Tama (periferia de Tokio), dos gurús de la tecnología presentaron a un robot de aspecto femenino –bautizado con el nombre de Michihito Matsuda–  a las elecciones locales, prometiendo que una IA podría gestionar los asuntos locales de forma más fiable y justa que los políticos al uso. La robot acabó obteniendo el 9% de los votos, quedando en tercer lugar. Y en las elecciones legislativas danesas del pasado noviembre un colectivo de artistas intentó presentar –sin éxito– una nueva fuerza política, el Partido Sintético, con un robot como cabeza de cartel, un chatbot de nombre Leader Lars al que introdujeron las reivindicaciones de los partidos minoritarios daneses desde 1970 hasta hoy (lo que dio lugar a propuestas inverosímiles como establecer una renta mínima universal de 13.440 euros al mes)

Más allá de las bromas, el asunto es extremadamente serio y las advertencias sobre los riesgos, numerosas. La comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, resumió en  junio del 2021 las amenazas en el terreno político en una: la “manipulación de la opinión pública”. Mijatovic recordó que las nuevas tecnologías digitales y las redes sociales han propagado la desinformación e incitado al odio y la violencia, “infundiendo miedo en la población y fomentando los movimientos antidemocráticos de extrema derecha”. Y llamó a aprobar una regulación para que las grandes tecnológicas actúen de acuerdo con el marco legal de los derechos humanos.

¿Qué piensan de todo esto los propios robots? Preguntado directamente sobre la cuestión, ChatGPT considera que, por un lado, la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda  –mediante el análisis de grandes cantidades de datos y de información– para fundamentar las decisiones políticas. Pero advierte asimismo de sus peligros: “La IA también tiene el potencial de socavar la democracia si no se regula adecuadamente y se usa de manera ética. Por ejemplo, la IA se puede utilizar para manipular la opinión pública, suprimir las voces disidentes y socavar la privacidad y las libertades civiles”.

ChatGPT parece, hoy por hoy, apegado a los principios democráticos. Y no cree que la IA pueda llegar a sustituir a los políticos: “Carece de la capacidad de empatía, creatividad y juicio moral que son fundamentales para tomar decisiones políticas y éticas complejas”. “La idea de que los sistemas de IA podrían tomar decisiones en nombre de los ciudadanos, sin ninguna supervisión o responsabilidad humana significativa, socavaría los cimientos de la gobernabilidad democrática”, añade.

Pero, ¿hasta dónde llegan las convicciones de un  chatbot que  reconoce “no tener creencias u opiniones personales”? No muy lejos. Todo depende de quién esté detrás de su programación. “Si estuviera programado con otra orientación ideológica –admite–, sería capaz de generar respuestas consistentes con esa ideología”. No hay más preguntas, señoría.

 

Vida y muerte en la cocina amarilla

@Lluis_Uria

La cocina, de un vivo color amarillo, quedó casi intacta. Abierta a la vista de todo el mundo a causa de la explosión y el derrumbe parcial del inmueble, la estancia se ofrecía impúdicamente a las miradas ajenas. Salvo algunos pequeños desperfectos, todo estaba como lo habían dejado sus propietarios: una olla sobre los fogones, platos por fregar, una bandeja con manzanas sobre la mesa, las sillas alineadas con la pared ya inexistente...

La vida se interrumpió aquí, en un barrio residencial de la ciudad ucraniana de Dnipró, a primera hora de la tarde del sábado 14 de enero, fiesta de Año Nuevo del calendario ortodoxo. Ese día, poco después de las 15.30h un misil ruso Kh-22 –diseñado originalmente para atacar navíos– impactó sobre un bloque de apartamentos. Ha sido, hasta ahora, el bombardeo contra civiles más mortífero de la guerra: el balance oficial fue de 46 muertos y 80 heridos.

Entre los fallecidos estaba Mykhaylo Korenovsky, un popular entrenador de boxeo. Y propietario de la cocina amarilla... Su mujer y sus dos hijas se salvaron porque  habían salido a dar un paseo. Centenares de personas acudieron a darle el último adiós en su funeral, mientras la familia difundía a través de las redes sociales un vídeo casero con la reciente celebración –en la misma cocina– del cumpleaños de una de las hijas. Escenario de vida convertido en escenario de muerte.

No está claro si el ejército ruso –que por otra parte ha negado ser el autor del ataque– tenía como objetivo militar el bloque de apartamentos de los Korenovsky. Hay quien apunta que el misil iba probablemente dirigido contra una planta eléctrica cercana. De hecho, Rusia lleva a cabo en Ucrania una sostenida campaña de bombardeos contra centrales de energía e infraestructuras. Pero que el edificio de viviendas no fuera su objetivo no enmascara su desprecio por la vida de los civiles.

La Segunda Guerra Mundial supuso el apogeo de los bombardeos masivos e indiscriminados sobre las ciudades.  La Alemania nazi, que ya lo había experimentado durante la guerra civil española, recurrió sistemáticamente a esta práctica en todos los frentes –particularmente en la batalla de Inglaterra– y fue respondida con la misma moneda por los aliados. Sus defensores argumentaban que quebrando la moral de resistencia de la población civil en la retaguardia por la vía del terror podía decantarse el desarrollo de la guerra. El mariscal británico Arthur Harris, jefe del Bomber Command de la RAF, llegó a asegurar con arrogancia que sus bombardeos sobre las ciudades alemanas podían por sí solos precipitar la derrota del enemigo. No fue así, naturalmente.

Lo que hace ochenta años era comúnmente aceptado hoy es considerado un crimen, sin que haya ningún argumento bélico que lo justifique. Rusia niega esta práctica, pero en todo caso ha demostrado no tener ningún miramiento con los civiles. Tras casi un año de guerra, las autoridades ucranianas han cifrado en 9.000 el número de civiles muertos (la ONU calcula al menos 6.000) y en 54.000 los edificios de viviendas destruidos (además de equipamientos, infraestructuras y otros)

El bombardeo y el fuego de artillería indiscriminado en zonas civiles no constituyen actos aislados, sino una práctica común del ejército ruso. Así lo sostiene un informe oficial de la ONU, presentado el pasado mes de octubre, donde se constatan toda una serie de “crímenes de guerra, violaciones de los derechos humanos y de las leyes humanitarias internacionales” por parte de las tropas enviadas por  Vladímir Putin (frente a algunos casos aislados por parte del ejército ucraniano)

El informe es muy limitado, pues se centra sólo en el periodo de dos meses comprendido entre el 24 de febrero y el 31 de marzo del 2022. Pero resulta abrumador. No se trata sólo del bombardeo de civiles, sino de actos de violencia sistemáticos en las zonas ocupadas: “ejecuciones sumarias, tortura, malos tratos, violencia sexual y de género, reclusión y detención ilegal en condiciones inhumanas y deportaciones forzadas”...

Los casos de violaciones y crímenes sexuales –fundamentalmente, aunque no únicamente, contra mujeres– muestran el tenebroso rostro de un ejército de salvajes. El informe relata, entre otros, el caso  de la violación repetida de una joven de 22 años en la región de Kyiv por dos soldados rusos, quienes cometieron también actos de violencia sexual contra su marido,  obligaron a la pareja a mantener relaciones sexuales en su presencia y luego forzaron a tener sexo oral a su hija de cuatro años. “Las víctimas (de la violencia sexual) tenían entre cuatro y más de 80 años”, constata el informe, que sin embargo no se atreve a concluir si detrás hay un patrón de conducta.

Si se observa la Historia, no cabe duda. Parece estar en el mismo ADN del ejército ruso. No hay más que recordar las atrocidades que los soldados soviéticos –con la connivencia de sus superiores– cometieron con las mujeres alemanas en 1945.  No se conoce el número exacto de víctimas, pero se calcula que fueron cientos de miles. En su libro dedicado a La Segunda Guerra Mundial, el historiador británico Antony Beevor, subraya que sólo en Berlín, los rusos violaron a entre 95.000 y 130.000 mujeres, y en Prusia Oriental fue aún mucho peor. Los soldados del Ejército Rojo violaban a toda mujer que se pusiera a su alcance, incluso a recién liberadas de los campos de trabajo y de exterminio nazis. Beevor reproduce en su libro el testimonio inapelable de la corresponsal de guerra soviética Natalya Gesse: “Los soldados rusos violaban a todas las alemanas entre 8 y 80 años. Era un ejército de violadores”. Hoy como ayer.

Los renegados de Schengen

@Lluis_Uria

Una única noticia –junto a las tradicionales informaciones gráficas de la época, en este caso unas estampas de nieve en Saint Moritz– abría la portada de la edición de La Vanguardia del 11 de febrero de 1948. El titular: “El restablecimiento de las comunicaciones hispano-francesas”. La información principal, que abundaba en los efectos económicos y comerciales de la medida, iba acompañada de sendas crónicas sobre la llegada de los primeros trenes franceses a las estaciones españolas de Irún y Portbou. La reapertura ponía fin a casi dos años de cierre de fronteras decidido por el Gobierno francés como sanción contra el régimen de Franco.

El calendario tiene siempre golpes escondidos. Y el azar quiere que el 75º aniversario de la reapertura de la frontera en los Pirineos se produzca sólo unas pocas semanas después de la cumbre hispano-francesa convocada para el 19 de enero en Barcelona, que España desearía aprovechar –¡oh, coincidencia!– para que Francia reabra la media docena de pasos fronterizos (de los 39 existentes) que mantiene cerrados. La medida, justificada por razones de seguridad y de control de la inmigración ilegal, pone en cuestión el principio europeo de la libre circulación , recogido en el tratado de Schengen de 1985.

Francia no es el único país europeo en imponer restricciones y controles en sus fronteras, ni fue el primero en hacerlo. Todo empezó en el 2015, con la enorme avalancha de refugiados –procedentes en su mayoría de Siria y Afganistán– que alcanzaron las fronteras de Europa y a los que la entonces canciller alemana Angela Merkel abrió excepcionalmente las puertas. Pronto se cerraron, sin embargo. Y tras obtener la preceptiva autorización de Bruselas, cinco países derogaron durante dos años los acuerdos de Schengen y restablecieron controles fronterizos con sus vecinos: Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega y Suecia. Posteriormente, en el 2016 se añadió Francia. En todos los casos, para justificarlo argumentaron el riesgo de atentados terroristas y la necesidad de controlar la inmigración clandestina, razones a las que temporalmente se añadió la de frenar la pandemia de covid.

La desconfianza mutua ante la cuestión migratoria es la causa de que desde entonces estos países vayan renovando cada seis meses de forma abusiva  las restricciones fronterizas. Y es la razón de que  la UE accediera a integrar en el espacio Schengen a Croacia –que se incorporó el día 1 de enero– y no a Rumanía y Bulgaria, que reciben la presión migratoria de la ruta de los Balcanes. Dicho de otro modo: que cada cual cargue con sus inmigrantes.

Si la preocupación por los flujos migratorios clandestinos es legítima, la suspensión en la práctica de la libre circulación no lo parece tanto. Y así lo apuntaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un fallo dictado el 26 de abril del 2022. El desencadenante fue el control de identidad en 2019 a un conductor, N.W., que pretendía entrar en Austria por el paso fronterizo de Spielfeld desde Eslovenia. El interpelado se negó y fue multado (con 36 euros), sanción que recurrió ante la justicia.  La corte europea fue muy clara: la reintroducción de controles fronterizos debe ser una medida “excepcional” aplicada sólo como “último recurso”, y no debería exceder una “duración máxima total de seis meses”. Pasado este plazo, dicha medida puede ser aplicada de nuevo ante la existencia de “una amenaza grave al orden público o la seguridad interior” siempre que –y esta precisión es fundamental–  sea “distinta a la inicialmente identificada”. O sea, no vale repetir indefinidamente los mismos argumentos. En el caso juzgado, añadía, “Austria no demostró la existencia de una nueva amenaza”.

Las tensiones a las que está sometido el espacio Schengen son consecuencia directa de la incapacidad de los 27 países de la UE de acordar una política común en materia de asilo e inmigración, a causa de los egoísmos nacionales. Los sucesivos intentos sólo han alumbrado medidas coyunturales o incompletas. Y cada crisis migratoria que se suscita –como la que enfrentó a Italia y Francia el pasado noviembre– provoca fuertes tensiones y un cuestionamiento de los pactos alcanzados. Todo el mundo está de acuerdo en reforzar las fronteras exteriores y promover las repatriaciones de quienes no tienen derecho a asilo. Pero no tanto en cómo repartirse la carga de los migrantes clandestinos. Y menos aún sobre una política que canalice la inmigración abriendo vías legales (más allá de las existentes, limitadas a familiares, estudiantes, trabajadores altamente cualificados y temporeros)

Pero el problema no va a desaparecer por encantamiento. Al contrario. Los migrantes van a seguir llegando. El número de entradas irregulares en la UE, según datos divulgados el viernes por la agencia europea Frontex, se disparó el año pasado hasta alcanzar el nivel más alto desde el 2016, con 330.000 personas. Casi la mitad entraron por  los Balcanes (145.600, un 136% más que en el 2021) y cerca de una tercera parte por el Mediterráneo (100.000, un 50% más), enfrentándose por el camino a mil penalidades y peligros, y dejando tras de sí un trágico reguero de miles de muertos.

Tarde o temprano, Europa tendrá que abrir un poco más la puerta. Y por propio interés. El retroceso demográfico y el envejecimiento de la población europea harán que en el año 2050, según un estudio del Center for Global Development, haya 95 millones de trabajadores menos que en el 2015, una carencia que sólo podrá ser cubierta por la inmigración. O eso, o acabaremos trabajando más allá de cumplir los 70 años como ya sucede en Japón.

De cañas por Londres

@Lluis_Uria

Cuando se confunde la libertad con cosas como echarle toda suerte de aditivos a las patatas chips  o salir por ahí a tomarse unas cañas (en este caso, unas pintas) pasa lo que pasa. Los británicos creyeron recuperar su libertad votando en el 2016 a favor de abandonar la Unión Europea (UE) y finalmente se han dado cuenta de que el Brexit les ha hecho esclavos de sus más desnortadas ensoñaciones y de los más groseros embustes de sus dirigentes políticos. Dos años después de la salida efectiva del mercado único europeo –el 1 de enero del 2021–, un 56% de los británicos piensa que aquello fue un error y sólo un 32% se aferra todavía a ese ideal. Del juego de palabras del Brexit (con exit, “salida”) parece estarse pasando al Bregret (con regret, “arrepentirse”). Pero para eso ya es demasiado tarde.

Un Reino Unido liberado del corsé europeo, recuperada su plena soberanía –se prometió–, volvería a comerse el mundo, que supuestamente esperaba ansioso el retorno del campeón mundial del libre comercio. Nada de esto se ha producido. Por el contrario, los intercambios comerciales han retrocedido  y el crecimiento económico se ha resentido, agravando los efectos causados por la pandemia y la guerra de Ucrania. El horizonte inmediato no llama precisamente al entusiasmo: según el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el Reino Unido se enfrenta a una larga y difícil recesión en los próximos dos años –en el 2023 la economía caerá un 1,5%–, y se doblará el nivel de paro.

El panorama recuerda vagamente al que había hace casi medio siglo, a causa de la crisis del petróleo, con una recesión que también duró dos años, una inflación disparada –actualmente supera el 10%– y un rosario de huelgas que hoy capitanean  los trabajadores sanitarios. Paradojas del calendario, hace justo cincuenta años, el 1 de enero de 1973, el Reino Unido –junto a Irlanda y Dinamarca– se unió a la entonces Comunidad Económica Europea, con lo que consiguió tener acceso al mercado común. Hoy, consumado el divorcio, las relaciones entre ambas partes se rigen por el Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA, en sus siglas en inglés), que si bien permite a los productos británicos acceder al mercado europeo sin pagar aranceles, impone estrictos controles aduaneros y farragosos trámites administrativos.

Para muchas empresas británicas, especialmente las pequeñas y medianas, la nueva realidad se ha convertido en un infierno. Muchas han tenido que asumir un aumento de los costes mientras que otras simplemente han arrojado la toalla y renunciado a exportar a la UE. La Cámara de Comercio británica alertaba en vísperas de Navidad de que el descontento alcanza ya al 75% de las empresas e instaba al Gobierno a tratar de mejorar inmediatamente el acuerdo comercial con la UE (curioso que entre las peticiones esté que el Reino Unido vuelva a aceptar la certificación de calidad europea CE, en lugar de la flamante equivalente británica UKCA)

Los analistas son poco misericordiosos con el Brexit. La economía del Reino Unido no se ha hundido, cierto, pero lejos de recibir un impulso suplementario, ha cargado con nuevos lastres. La Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria –un organismo público independiente– considera que el Brexit ha tenido un “impacto adverso” y prevé que la producción británica se reduzca un 4% en los próximos 15 años respecto a la que sería en caso de haber permanecido en la UE, y que el comercio exterior caiga un 15%. Por su parte, la última estimación del Centre for European Reform (CER), que compara el comportamiento actual e histórico de la economía británica con la de otros 22 países desarrollados, indica que la salida de la UE habría significado una pérdida del 5,5% del PIB y de 40.000 millones de libras (unos 45.000 millones de euros) en ingresos fiscales.

Frente a este malestar de fondo, el primer ministro, Rishi Sunak, reiteró recientemente ante un auditorio de industriales su fe en el Brexit: “Puede ofrecer, y ya está ofreciendo, enormes beneficios y oportunidades al país”, dijo. Sin embargo, las únicas oportunidades que se observan hasta ahora son las perdidas. El fantástico tratado comercial que debía acordarse con el gran amigo americano está todavía por verse, mientras que los dos únicos firmados, con Australia y con Japón, han resultado decepcionantes: en el primer caso, apenas ha dado resultados significativos, en el segundo, los intercambios han retrocedido un 5% el primer año.

Que las cosas van torcidas lo demuestra el hecho de que el Gobierno filtrara oficiosamente el globo sonda –para luego desmentirlo– de que estaría valorando una relación más estrecha con la UE siguiendo el modelo de Suiza. Algo que ni Bruselas quiere ni los brexiters podrían aceptar, pues implicaría aportar fondos al presupuesto europeo y aceptar muchas de sus reglas, entre ellas la odiada libre circulación de personas. Antes, sin embargo, de llegar a plantear un horizonte semejante, habría que desencallar el espinoso asunto de Irlanda del Norte, que desde que Londres amenazara con saltarse los acuerdos firmados emponzoña las relaciones con los 27. Significativo es, a este respecto, que el nuevo secretario de Estado para Irlanda del Norte –uno de los más furibundos partidarios en su día de un Brexit duro–, Steve Baker, apueste ahora por abordar este asunto con “humildad”.

Mientras ambas partes negocian desde la nueva libertad adquirida, podrían destensar el ambiente alrededor de unas pintas de cerveza. Eso sí, no en Londres, donde puede costar hasta 8 libras (unos 9 euros), sino en Bruselas, donde con la mitad basta. Y con unas auténticas frites.

Enemigos de Dios

@Lluis_Uria

Mientras en algunos países –verbigracia, España– se discuten acaloradamente los matices legales entre rebelión, sedición y desórdenes públicos agravados, en Irán han hallado el delito definitivo, incontestable, supremo: la “enemistad con Dios”. ¿Qué recurso cabe ante tamaño crimen? ¿Qué defensa? Ninguna. Hallados culpables de moharebeh (término que algunos traducen también como “guerra contra Dios”), los tribunales islámicos iraníes han conducido en los últimos días a la horca a dos jóvenes, Mohsen Shekari y y Majid Reza Rahnavard, ambos de 23 años, detenidos durante las protestas callejeras de los últimos meses contra la gerontocracia clerical que gobierna el país con mano de hierro desde 1979. No les dejaron ni el tiempo previsto por la ley para apelar. ¿Para qué? El objetivo era dar un escarmiento público. Y lo más rápido posible.

El delito de moharebeh está recogido en el artículo 279 del Código Penal Islámico de Irán, donde se incluye cualquier acción que suponga atentar contra la vida, la propiedad o la castidad de las personas, así como causar terror o crear una atmósfera de inseguridad. Lo cual deja un amplio margen de interpretación sobre la gravedad de los hechos a los jueces, quienes tienen también en su mano decidir el castigo: desde el más suave del destierro hasta la pena capital, pasando por el estadio intermedio –de un salvajismo medieval– de cortarle al reo la mano derecha y el pie izquierdo, o a la inversa. En el caso de los dos ejecutados, se les imputaba –además del bloqueo de calles– atentado con arma blanca contra la vida  de milicianos islámicos (basiji), que en el segundo caso acabó en la muerte de dos de ellos.

Desde que hace tres meses se desencadenaran las protestas en Irán, a raíz de la muerte el 16 de septiembre de una joven kurda –Mahsa Amini, de 22 años– cuando estaba bajo custodia de la policía de la moral por no llevar el velo correctamente, el país vive en un estado casi insurreccional que ha costado ya la vida a cerca de 500 civiles –incluidos adolescentes y niños– y más de 60 agentes de las fuerzas de seguridad, según datos de la Human Rights Activists News Agency (HRANA) citados por la BBC. La policía ha practicado al menos 18.000 detenciones y la justicia ha dictado cientos de penas de prisión. Entre los encarcelados, hay una veintena larga que se arriesgan a acabar también en la horca, según ha denunciado Amnistía Internacional. No es del todo excepcional en un país que es el segundo del mundo en aplicar la pena de muerte, sólo por detrás de China. El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, cifró  en 400 el número de personas ejecutadas en Irán hasta septiembre.

La muerte en la horca de los dos manifestantes ha levantado críticas generales en todo el mundo –así como una nueva tanda de sanciones por parte de la UE– y en el interior del país, incluidos algunos sectores religiosos y medios conservadores afines al gobierno. Pero el régimen liderado por el ayatolá Ali Jamenei, de 83 años, quien sucedió en 1989 al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, apuesta por la línea dura.

Tres meses después de iniciada, y a pesar de la represión –especialmente grave en la región kurda–, la revuelta está lejos de haber perdido fuelle. Frente a otros movimientos de protesta  anteriores –en 2009, 2017, 2019–, el actual ha sido y es fundamentalmente una iniciativa de las mujeres iraníes, que más que nunca son la punta de lanza de la revuelta. Despojándose del velo (obligatorio en Irán desde 1979) o cortándose públicamente el cabello, desafían diariamente a los ayatolás y ponen en tela de juicio los pilares fundamentales del régimen. Su lema –“Mujeres, vida, libertad”– ha sido asumido por todo el movimiento.

Con las mujeres en vanguardia, la protesta se ha extendido a todas las capas sociales –hasta los comerciantes de los bazares se unieron a la reciente huelga general de tres días– y ha alcanzado también a las minorías kurda y suní. La persistencia de las protestas y el encadenamiento de funerales y manifestaciones hacen pensar a algunos en los sucesos que en 1978 condujeron a la caía del sha.

“A causa de la incompetencia de sus dirigentes, Irán está al borde del levantamiento revolucionario desde hace un tiempo”, constata el historiador iraní Ali Ansari –profesor en la Universidad de Saint Andrews, en Escocia– en un artículo publicado en The Spectator, donde asegura que  la situación no es sostenible: “Tarde o temprano, el muro cederá”, vaticina. Antes de eso, sin embargo, los dirigentes iraníes parecen dispuestos a no ahorrar sangre.

La represión acaso pueda ahogar el actual brote de descontento. Pero a costa de agrandar la fractura entre los dirigentes político-religiosos y los ciudadanos. Tras el fracaso del proceso liberalizador intentado por el presidente Mohamed Jatami entre 1997 y 2005, los iraníes ya no confían en la capacidad del régimen para reformarse.

Para los jóvenes, mujeres y hombres, que salen a las calles, la dictadura teocrática de los islamistas es un corsé cada vez más difícil de llevar, agravado por las dificultades que representan para su vida cotidiana las sanciones internacionales contra Irán. Conectados con el resto del mundo y las nuevas tendencias sociales  a través de internet –a pesar de la censura y las restricciones–, las aspiraciones de los jóvenes iraníes tienen  más que ver con la búsqueda del progreso personal y con el concepto occidental de la libertad individual que con los ideales islámicos de sus ancestros. Si eso los convierte en “enemigos de Dios”, el problema lo tiene Dios.

El (incierto) amigo americano

@Lluis_Uria

En los negocios no hay amigos, sólo hay clientes, se suele decir. Hay quien atribuye esta sentencia al escritor francés Alexandre Dumas padre, el autor de Los tres mosqueteros, pero como suele suceder con este tipo de citas su autoría es dudosa. No por ello deja de ser cierta. Si algún ejemplo ilustra a la perfección esta máxima, es la relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Quedó groseramente en evidencia con Donald Trump en la Casa Blanca. Pero con Joe Biden, aunque infinitamente más educado y contemporizador, las líneas de fondo no han cambiado. Parafraseando al canciller británico Lord Palmerston (1784-1865), podría decirse que EE.UU. “no tiene amigos permanentes ni enemigos permanente, tiene intereses permanentes”.

En el 2019, Trump decretó una serie de sanciones contra todas aquellas empresas que colaboraran en la construcción del gasoducto Nord Stream 2 (terminado pero nunca puesto en servicio) para conducir gas natural desde Rusia a Alemania. Oficialmente, el objetivo era combatir la dependencia energética europea de Moscú (aún en contra de Berlín)

Oficiosamente, había otros intereses, que el multimillonario neoyorquino no se abstuvo de explicitar:  habituado a hacer negocios con el método de la extorsión, Trump presionó a los europeos para que compraran el gas norteamericano procedente del fracking (fracturación hidráulica), un método  agresivo y dañino para el medio ambiente que Europa dejó de lado pero triunfó en EE.UU. En aquella época, las cosas no les iban muy bien a los productores estadounidenses, necesitados de ingresos para paliar la enormes inversiones realizadas.

Las sanciones –levantadas después por Biden– no funcionaron. Pero la insensata guerra desencadenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, contra Ucrania el pasado 24 de febrero, y las represalias económicas y energéticas mutuas posteriores, han convertido en realidad el sueño de Trump. EE.UU., que gracias al fracking es desde el 2014 el principal productor mundial de petróleo –por delante de Arabia Saudí y de Rusia–, se ha convertido este año también en el principal exportador de gas natural licuado –por delante de Qatar y Australia–. Y su gran cliente es ahora Europa, desesperada por encontrar proveedores alternativos a Moscú.

Los europeos deberían estar contentos con su amigo americano, que ha entregado ya mucho más gas del que inicialmente prometió –hasta junio, había distribuido más de 40.000 millones de metros cúbicos (bcm)–, convirtiendo al Viejo Continente en el destino del 68% de sus exportaciones (en detrimento, todo hay que decirlo, de países asiáticos como Pakistán o India). Pero de lo que los europeos, sin embargo, no están tan satisfechos es de lo que pagan por el gas, de tres a cinco veces más de lo que cuesta en EE.UU. El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, se ha quejado del cobro de “precios astronómicos”, mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, fue aún más allá: “Estados Unidos es un productor de gas barato que nos está vendiendo a un precio caro, no creo que eso sea amistoso”, dijo.     

No obstante, las cosas no son  tan claras como se exponen desde las capitales europeas. Según apuntaba recientemente Corey Grindal, vicepresidente ejecutivo de la principal compañía gasista exportadora americana, Cheniere Energy, al semanario Politico, no serían los productores americanos quienes se estarían llenando más los bolsillos, sino las grandes compañías intermediarias que revenden el gas en el mercado mayorista europeo.

Sea como sea, este era uno de los asuntos que, en nombre propio y de toda la Unión Europea, planteó Macron a Biden en la reunión que ambos mantuvieron en la Casa Blanca el pasado jueves. El otro, más peliagudo todavía, es el de las consecuencias negativas que puede tener para la industria europea la Ley para Reducción de la Inflación impulsada por el presidente estadounidense.

El plan de Biden supondrá, entre muchas otras medidas, inyectar subvenciones a la industria americana para fomentar la economía verde por valor de 369.000 millones de dólares y beneficios fiscales a quienes compren vehículos eléctricos estadounidenses. “Imaginad un mundo en que la gente levantara el capó de su coche y en la batería viera la inscripción Made in America”, celebró el presidente cuando fue aprobada por el Congreso en agosto. Pensaba probablemente en China, pero olvidaba –conscientemente o no– a Europa...

Para los europeos fue un mazazo. La iniciativa no sólo coarta la libre competencia y las opciones de la industria europea en el mercado norteamericano, sino que en el extremo puede fomentar deslocalizaciones. En Washington Macron tildó esta legislación de “superagresiva” y añadió que amenaza con “fragmentar a Occidente”. Comprensivo, Biden le dijo que nunca fue su intención perjudicar a Europa y se mostró dispuesto a estudiar “ajustes” para suavizar sus efectos. Pero poco más. Aunque mucho más presentable en las formas, no deja de ser una reformulación del lema “America first”.

  El enroque industrial americano, unido a los altos precios de la energía en Europa, pueden resultar letales para la industria europea. “La amenaza de un éxodo (empresarial) es real”, ha advertido el presidente de la Federación de la Industria Alemana (BDI), Siegfried Russwurm. Y así lo ven los máximos responsables políticos en Bruselas, Berlín y París, decididos a buscar una respuesta común –no necesariamente en términos de guerra comercial– al desafío del amigo americano. Más allá de esta coyuntura, sin embargo, el reto es salvaguardar y potenciar la industria europea antes de que acabe engullida en la guerra por la hegemonía económica y comercial entre EE.UU. y China.

Los locos de la colina

@Lluis_Uria

Mientras en Francia los revolucionarios instauraban el régimen del Terror, en septiembre de 1793, en Estados Unidos el presidente George Washington ponía la primera piedra del Capitolio, el edificio que debía albergar la sede de la democracia americana. El fundador eligió como emplazamiento una suave colina en el centro de la nueva capital federal: Capitol Hill.

Las guías turísticas de la ciudad subrayan dos hitos en su historia: el incendio por parte de las tropas británicas en la guerra de 1812-1814, y el asalto golpista instigado por el entonces presidente saliente, Donald Trump, el 6 de enero del 2021 para tratar de impedir el traspaso del poder al presidente electo, Joe Biden. La democracia estadounidense se encuentra bajo asedio desde entonces.

Ahora, algunos de quienes alentaron o justificaron el asalto al Congreso se pasearán bajo la gran cúpula del Capitolio como congresistas. Y tendrán en su mano la mayoría de la Cámara de Representantes (no así del Senado). El resultado de las elecciones legislativas del día 8 podía haber sido más inquietante. Los republicanos se han quedado muy lejos de sus expectativas, y los demócratas –a pesar de que las elecciones midterm son tradicionalmente desfavorables al partido gobernante– no han obtenido un balance tan adverso. De haberse producido la ola roja (por el color de los republicanos) que vaticinaba Trump, la situación sería ahora mucho más comprometida. Y no ya para Joe Biden, sino para la propia república.

La extraordinaria movilización de amplios segmentos del electorado –los jóvenes, las mujeres en defensa del derecho al aborto...– ha permitido a los demócratas evitar el peor escenario. Y, sobre todo, ha bloqueado en estados cruciales el ascenso a los puestos de gobernadores y secretarios de Estado de algunos de los más conspicuos negacionistas (deniers) de la derrota de Trump en el 2020, que atribuyen contra toda evidencia a un fraude organizado. Había una acción concertada para tratar de controlar las instancias oficiales de recuento de sufragios en aquellos estados donde se jugará el desenlace de las elecciones presidenciales del 2024 y poder así anular las votaciones adversas.

Los republicanos llevan tiempo tratando de echar el cerrojo a la democracia norteamericana –rediseño de circunscripciones electorales en beneficio propio, control del Tribunal Supremo...– y este pretendía ser otro eslabón de la cadena.

El voto popular ha bloqueado esta última maniobra, al deshacerse de la mayor parte de los candidatos trumpistas –algunos, verdaderos energúmenos– en los lugares más delicados. Pero no ha podido evitar que decenas de “candidatos MAGA” (por las siglas del lema de Trump: “Make America great again”) hayan llegado al Congreso. Se trata de un universo de fanáticos y extremistas que cuestionan la legitimidad del presidente y de las instituciones, presentan a los demócratas como enemigos de la patria a los que hay que destruir y justifican la violencia política. 

Hay al menos una cuarentena de ellos en el Congreso, agrupados en torno al grupo Freedom Caucus, entre los cuales hay iluminados que abonan las teorías conspirativas más aberrantes. Como la congresista Marjorie Taylor Greene, representante de Georgia y llamada a papeles relevantes en esta legislatura, quien sostiene la patraña de que los demócratas integran una red satánica de pedófilos.

Biden va a sufrir los próximos dos años con una Cámara de Representantes de mayoría republicana y una potente ala ultra determinada a abortar cualquier intento de compromiso. Limitaciones a los presupuestos y al techo de endeudamiento, amén de comisiones de investigación de todo tipo, pueden coartar notablemente la acción de su Gobierno.

Es cierto que los republicanos están divididos. Y que el magro resultado de las elecciones ha suscitado críticas abiertas al todopoderoso líder, a quien algunos querrían ver fuera de la carrera presidencial del 2024 (su propio exvicepresidente, Mike Pence, ha señalado que habrá “mejores opciones”). Pero las asilvestradas bases del partido republicano, convertido en una fuerza de extrema derecha, no comparten las objeciones del establishment.

Consciente de que una parte de los suyos desearían enterrarle definitivamente, Trump se ha lanzado ya a la arena y ha anunciado –con una antelación inédita– su candidatura para dentro de dos años. Hay quienes confían –o quieren confiar– en que el partido republicano le acabará apartando de la carrera, habida cuenta de sus malos resultados (the biggest loser, “el mayor perdedor”, le adjetivó The Wall Street Journal). Pero en el 2016, cuando solo era un jinete solitario, ya no pudieron con él. Y tras el asalto al Capitolio, a pesar de las evidencias en su contra, ni se atrevieron.

¿Podrían detenerle justamente las amenazas judiciales que penden sobre su cabeza? Hay varios casos que pueden llevarle a juicio, desde el propio asalto al Capitolio hasta la usurpación de documentos clasificados, pasando por sus actividades empresariales. Cualquiera de ellos podría hacerle descarrilar. A no ser que su candidatura actúe al final como un cortafuegos.

En todo caso, las alborotadas bases electorales republicanas están con él, a ciegas, como demostraron las primarias que se celebraron en todo el país para elegir a los candidatos republicanos del 8-N. “Tengo a la gente más leal, ¿alguna vez habéis visto algo así? Podría pararme en la Quinta Avenida y disparar a la gente y no perdería votantes”, dijo –fanfarrón como es– cuando optaba a ser candidato en el 2016. Era así entonces. Hoy lo es más que nunca.