La mano que controla el grifo

@Lluis_Uria

Eran las 14.46h del 11 de marzo del 2011 cuando se pararon los relojes. Un violento terremoto de magnitud 9 sacudió Japón y un devastador tsunami arrasó la costa oriental de la isla de Honshu, causando 18.000 muertos. El océano se tragó materialmente la central nuclear de Fukushima, dejándola sin suministro eléctrico e inutilizando los sistemas de refrigeración, lo que provocó la fusión total o parcial de tres de sus seis reactores y una fuga incontrolada de radiactividad. Incomprensiblemente, la central no estaba preparada para tal eventualidad semejante. Unas 165.000 personas tuvieron que ser evacuadas en un radio de 20 kilómetros. Muchas de ellas aún no han podido regresar.

El accidente nuclear de Fukushima, el más grave de la Historia desde el de Chernóbil en 1986, provocó una conmoción mundial. Y llevó a numerosos países a decidir el abandono  de la energía nuclear. El principal de ellos fue Alemania. La canciller Angela Merkel tomó personalmente la decisión. En aquel momento había 17 centrales atómicas en funcionamiento en el país. Actualmente hay seis, y a finales del año que viene no quedará ninguna. A cambio, Alemania se ha visto obligada a quemar carbón a destajo –del que procede aún el 25% de su electricidad–, lo que le convierte en el primer país europeo emisor de CO2 a la atmósfera (823 millones de toneladas)

Pero eso tiene un límite si se quieren cumplir los compromisos contra el cambio climático. Así que Alemania, a la espera de que las energías renovables desplieguen todo su potencial, decidió hace tiempo apostar por el gas natural como energía de transición. Lo cual explica –más allá de la implicación personal del excanciller Gerhard Schröder (a quien una enorme puerta giratoria abierta por su amigo Vladímir Putin colocó en el conglomerado energético ruso)– el gran interés de Berlín por  doblar el suministro de gas procedente de Rusia por el Báltico a través del polémico gasoducto Nord Stream 2 (ya acabado y sólo pendiente del trámite de certificación, temporalmente suspendido por la agencia reguladora)

Al otro lado del Rhin, el panorama es radicalmente opuesto. Francia, el principal socio y aliado de Alemania en la UE, es una de las grandes potencias nucleares del mundo: con 56 reactores en funcionamiento, sólo le adelanta Estados Unidos. El 70% de su electricidad viene de ahí, así que no es extraño que emita a la atmósfera la mitad de CO2 que su vecino (424 millones de toneladas) Tras el desastre de Fukushima, la idea de ir reduciendo –moderadamente– el parque nuclear también acabó por imponerse. Pero el presidente actual, Emmanuel Macron, ha decidido dar un giro drástico y potenciar –en aras de la lucha contra el calentamiento del planeta– la construcción de nuevos reactores nucleares para sustituir a los actuales (a los que les quedan unos veinte años de vida). El programa, aún no concretado, incluye tanto minirreactores como grandes reactores de tercera generación EPR, pero será sin duda enormemente costoso.

Hay que partir de esta divergencia fundamental para comprender que Berlín y París hayan llegado a enfrentarse abiertamente –algo absolutamente infrecuente– en las últimas semanas por este asunto. Alemania, con el apoyo de cuatro países –Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Portugal–, aboga por que el gas sea reconocido por Bruselas como energía de transición y rechaza la pretensión de una decena de países encabezados por Francia –a la que siguen Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumanía– de que la energía nuclear tenga este mismo reconocimiento. El objeto de disputa no es otro que el derecho a acceder a financiación europea, un tema fundamental dado el volumen de inversiones necesario.

La existencia de estos dos bloques revela hasta qué punto lo que está también en juego, más allá de las implicaciones medioambientales, es la independencia energética de Europa, cada vez más en entredicho. Los aliados de Francia, la mayoría pertenecientes al antiguo bloque comunista, quieren desprenderse de la tenaza rusa. La controversia que ha rodeado la construcción del Nord Stream 2 es, en este sentido, ejemplar. Estados Unidos es contrario a este proyecto por entender que aumenta la dependencia europea de Rusia y  coloca a Moscú en posición de fuerza para utilizar el suministro de gas como arma política.

Bajo la presidencia de Donald Trump, EE.UU. llegó a boicotear el Nord Stream 2  con una batería de  sanciones (aunque aquí había también otro interés: que  Europa comprara el  gas de esquisto estadounidense, más caro). Pero ya inevitablemente acabada la obra, Joe Biden decidió levantar las sanciones a cambio de inconcretos compromisos por parte de Alemania.  Países de la antigua órbita soviética como Polonia y Ucrania –por donde circula ahora parte del gas ruso hacia Europa y cuyo contrato termina en el 2024– pusieron el grito en el cielo.

Lo cierto es que Europa es muy dependiente del exterior en materia de energía: un 60% de su consumo energético proviene de las importaciones, sobre todo en materia de petróleo y gas natural. Y esta dependencia va al alza. La situación es tanto más preocupante cuanto que el suministro está concentrado en  un puñado de proveedores, particularmente Rusia, de donde procede el 40% del gas, el 30% del petróleo y el 42% del carbón.

El debate sobre la energía nuclear supera, de largo, el ámbito estricto del problema del cambio climático (por grave, urgente y fundamental que este sea) Cuando el general De Gaulle decidió en los años cincuenta del siglo pasado lanzar el programa nuclear francés –tanto militar como civil– su objetivo era garantizar ante todo la soberanía e independencia de Francia. Una dimensión estratégica que Europa no debería en absoluto marginar.

La amenaza polaca

@Lluis_Uria

Cuando se dice, se hace a media voz y generalmente en privado (salvo los franceses), pero de forma clara: la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido, en el fondo, una bendición. Con los británicos dentro, la UE estaba irremisiblemente condenada a la parálisis y la construcción europea, al estancamiento definitivo, argumentan quienes ven en el Brexit una oportunidad. La extraordinaria movilización de la UE frente a la crisis de la pandemia –distribuyendo miles de millones de euros en ayudas directas y aceptando por primera vez la emisión de deuda común– habría sido inimaginable con Londres en la mesa.

Es cierto que el divorcio ha provocado, y seguirá provocando, conflictos. Ahí esta la disparatada pelea por la concesión de unas decenas de licencias de pesca en la zona de las islas anglonormandas –la llamada guerra de las vieiras– o el más grave y  más difícil problema de la frontera de Irlanda del Norte, que pone en peligro los Acuerdos de Paz del Viernes Santo.

Pero más allá de estos desencuentros, la salida británica ha tenido hasta el momento un impacto menor sobre la UE. Los efectos negativos se concentran más bien al otro lado del canal de La Mancha. Y no se trata sólo de las consecuencias a corto plazo que se han visto en las últimas semanas, como la falta de camioneros para distribuir carburantes y otros productos básicos. Un informe de finales de octubre de la Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en sus siglas en inglés) vaticina que el Brexit reducirá a largo plazo el PIB del país –esto es, su riqueza– en un 4%, el doble que la crisis de la covid.

El gobierno de Boris Johnson ha tratado de atribuir todos los problemas a la pandemia, pero los británicos –o al menos una parte de ellos– no se engañan: según un sondeo de Opinium Research, el 44% cree que el Brexit ha tenido efectos negativos en la economía (y sólo un 25% los considera buenos)

Si en algún momento, la UE se enfrentó al vértigo de una posible cadena de renuncias siguiendo el ejemplo de Londres, pronto se vio que el riesgo no era tal. Por el contrario, hoy por hoy, el principal problema al que se enfrenta la Unión, hasta el punto de poner en riesgo su existencia, es el de los países que lejos de querer marcharse pretenden quedarse y sabotear la construcción europea desde dentro.

No deja de ser una paradoja que el artículo 50 de los tratados europeos –que prevé y facilita la salida unilateral de un país de la UE–, utilizado por primera y única vez por el Reino Unido, fuera introducido pensando más bien en los diez países que se incorporaron en el año 2004, la mayoría de ellos antiguos satélites soviéticos del centro y el este de Europa.

Algunos de estos países, con Polonia y Hungría a la cabeza, han entrado desde hace unos años en una deriva alarmante, con gobiernos nacional-populistas ultraconservadores de vocación autocrática, que ponen en cuestión los principios democráticos comunes y desafían abiertamente las reglas europeas. Sin embargo, a diferencia de los británicos, y a pesar de tener objeciones fundamentales hacia el proyecto europeo, no tienen la menor intención de activar el artículo 50. No les gusta esta Europa ni comparten el sueño de sus fundadores.  ¿Pero irse? Ni hablar.

El pulso de Bruselas con Varsovia y Budapest, en gran medida por los ataques a  la independencia del poder judicial, ha llegado a su punto culminante con la decisión del Tribunal Constitucional polaco –incitado por el Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS), que previamente colocó a jueces afines– de declarar la primacía de la legislación nacional sobre el derecho europeo y de la jurisdicción polaca sobre los fallos del Tribunal de Justicia de la UE. El desafío es total, definitivo. Y abre una crisis de una gravedad sin precedentes. Mucho peor que el Brexit. Porque dinamita los propios cimientos de la Unión.

El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, ha dicho que los países que se saltan las reglas comunes “no tienen cabida en la UE” y se colocan ellos mismos “en la puerta de salida”. Pero es sólo retórica. La realidad es que, si bien la UE facilita la salida a quien quiera irse, no hay ningún artículo en los tratados que permita expulsar a los díscolos. Lo máximo que se puede hacer es retirarles los fondos y en última instancia el derecho de voto (lo que no es fácil, porque requiere la unanimidad del resto)

Pero Polonia no piensa irse.  De entrada, la mayoría de la opinión pública es proeuropea. Y además es uno de los países más favorecidos por los fondos comunitarios: debe recibir 36.000 millones de euros del plan covid, más otros 121.000 millones de ayudas de aquí al 2027. Un pastel demasiado goloso... “Las espantosas dificultades económicas, políticas y jurídicas que se derivarían (de un Polexit) serían también un suicidio para el PiS, que ha hecho de la absorción de fondos europeos un pilar de su programa”, constataba el semanario conservador polaco Nowa Konfederacja. Como ha titulado The Economist, “Polonia es un problema para la UE precisamente porque no se va a marchar”.

Europa se juega su futuro en este envite. Si Polonia impone sus tesis, más países seguirán. Hungría –y otros euroescépticos del grupo de Visegrado– serán los primeros en apuntarse. Pero puede haber más. Y de los grandes. Quizá lo más perturbador del caso polaco sea su efecto en Francia. Al margen de la extrema derecha –se llame Le Pen o Zemmour– y de la extrema izquierda –con un Mélenchon muy próximo en el discurso soberanista–, la idea de que la soberanía nacional debe primar sobre el derecho europeo va ganando terreno entre la derecha republicana. Será demagogia preelectoral, que lo es –las presidenciales serán dentro de seis meses–, pero cuando cede ante ella el mismísimo Michel Barnier, ex comisario europeo y ex negociador del Brexit en nombre de la UE, hay de qué preocuparse.El sueño europeo puede estar el borde de su ruina. 

Lo que hay detrás del calamar

@Lluis_Uria

¿Hasta dónde estaríamos  dispuestos a llegar cada uno de nosotros para conseguir 33 millones de euros? ¿A arriesgar la vida? ¿A matar? Este es el dilema fundamental que plantea la exitosa serie surcoreana El juego del calamar, que ha roto todos los récords de la historia de Netflix y se ha convertido en un fenómeno mundial. De fondo, la serie dibuja una crítica feroz a la desigual y ultracompetitiva sociedad de Corea del Sur, a la que los desesperanzados jóvenes surcoreanos aluden desde hace unos años como Hell Joseon. Algo así como el infierno en la Tierra.

Los protagonistas de El juego del calamar –al igual que los del celebrado film surcoreano Parásitos, ganador del Oscar a la mejor película del 2019– son una banda de perdedores. Gente que vive en el filo de la exclusión social, ahogados por los préstamos y perseguidos por los acreedores. “Todos los que os encontráis aquí vivís al límite, con deudas que no podéis saldar”, les recuerdan los organizadores del sangriento juego a los participantes. El protagonista principal, interpretado por el actor Lee Jung-jae, es un antiguo trabajador de una factoría de automóviles en paro y alcoholizado, un padre divorciado que vive con su madre, a la que sablea para gastar penosamente el dinero apostando en las carreras de caballos en busca de un improbable golpe de suerte.

El planteamiento de la serie es simple: una misteriosa organización capta a varios centenares de desdichados para participar en un juego clandestino cuyo premio final es de 45.600 millones de wones (33 millones de euros). Los 456 participantes deben superar seis juegos infantiles tradicionales (el escondite inglés es el primero) y quienes no lo logran, van siendo eliminados. Lo que, de acuerdo con las particulares reglas del juego, quiere decir inmisericordemente asesinados. En la televisión surcoreana abundan los programas de televisión con concursos parecidos –como el popularísimo Running Man–, aunque en estos casos los castigos son sólo pequeñas humillaciones.

Más allá de las peripecias de los protagonistas, enfrentados a profundas elecciones morales, la serie refleja algunos de los graves problemas de fondo de la sociedad surcoreana. El primero de ellos, el descomunal endeudamiento de las familias, muchas de las cuales acaban cayendo en manos de prestamistas. La deuda de los hogares surcoreanos es una de las mayores del mundo: de 1,3 billones de euros, representa más del 100% del PIB (la media de los países del G-20 es del 69,5%). La mayor parte procede de hipotecas y créditos al consumo. La franja de edad en mayor dificultad, según un informe del Banco Central de Corea, es la de los jóvenes menores de 30 años, cuyos préstamos  representan el 270% de sus ingresos anuales. El montante sube año tras año y constituye, según los expertos, el mayor riesgo sistémico para la economía del país.

Es también el origen de un auténtico drama humano. Los surcoreanos se endeudan para comprar una vivienda, pero también –y mucho– para pagar la educación de sus hijos, única vía para ascender socialmente en una cultura extremadamente exigente: el negocio de las clases extraescolares mueve al año  16.000 millones de euros. La presión sobre niños y adolescentes es brutal. Cada año, miles de jóvenes acuden, como si fueran al cadalso, al crucial examen de ingreso en la universidad –conocido como suneung–, cuyo resultado puede marcar el rumbo de la vida.

El reverso del milagro surcoreano, que  a partir de los años 60 convirtió un país agrícola en un gigante industrial –con grandes conglomerados empresariales  como Samsung, LG o Hyundai, los llamados chaebol–, es una sociedad enferma de desigualdad donde el sentimiento de frustración  carcome sobre todo a los jóvenes. Y entre ellos, especialmente a las mujeres, doblemente castigadas por una tradición patriarcal y sexista que las discrimina.

Dos datos ilustran la falta de confianza en el futuro (y la escasez de recursos para formar una familia): el número de matrimonios –4,7 por 1.000 habitantes– es hoy el más bajo desde los años 70 del siglo pasado y la natalidad está materialmente hundida: 0,92 hijos por mujer. El elevado consumo de alcohol –superior al de Rusia– es otro síntoma de la descomposición social. Grandes aficionados al soju, un popular destilado que normalmente tiene 20º, los surcoreanos consumen 13,7 copas a la semana.

Pero si hay un problema que quita el sueño es el elevadísimo índice de suicidios –cerca de 30 por 100.000 habitantes, el mayor de la OCDE–, que desde el 2007 se ha convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes. Los últimos años han batido tristes récords en este terreno (en el 2020, el año de la pandemia, aumentaron un 36%). La plaga es tal que el ayuntamiento de Seúl ha desplegado un sistema de control por videocámaras y un programa de inteligencia artificial para monitorizar y detectar actitudes suicidas en los 27 puentes de la ciudad. El principal de ellos, el Mapo, que atraviesa el río Han, es conocido como el puente de la muerte.

En una de las escenas de El Juego del calamar, uno de los participantes que ha abandonado la competición se encuentra con otro por la calle y comparten lo poco que tienen: una botella de soju y un paquete de ramyeon (un plato de fideos parecido al ramen japonés). El de más edad le dice al otro: “He decidido volver. Después de salir me he dado cuenta de que la vida de aquí fuera es una tortura aún peor”.

Con el aliento de Trump en el cogote

@Lluis_Uria

Apenas han pasado nueve meses desde que Donald Trump abandonó –a regañadientes– la Casa Blanca y Joe Biden se hizo con la presidencia de Estados Unidos. Parece una eternidad. Acostumbrados a los sobresaltos cotidianos, la nueva normalidad que emana de Washington ha actuado como un lenitivo que parece haber multiplicado la elasticidad del tiempo. Pero nueve meses son un suspiro y han bastado para que la opinión pública haya dado la vuelta. Olvidados ya el vértigo y la ansiedad –o quizá añorándolos–, el 51% de los norteamericanos considera hoy que Trump fue mejor presidente de lo que lo es Biden. Así lo constata un  sondeo de Harvard CAPS/Harris para el periódico político The Hill.

Una proporción de 51% a 49% no representa una mayoría abrumadora, confirma más bien el enquistamiento de la fractura política y cultural que divide al país. Pero el resultado sí es indicativo de la rápida erosión que ha sufrido Joe Biden. Otros sondeos confirman el suspenso de los ciudadanos a la gestión del presidente demócrata –con una aprobación de entre el 43% y el 46%– y dan ventaja a los republicanos si hubiera elecciones hoy.

¿Qué ha podido pasar para que las cosas se le hayan torcido tan pronto? La respuesta tiene un nombre: Afganistán. La retirada total de las tropas estadounidenses del país asiático, después de veinte años de guerra, era algo deseado por la opinión pública norteamericana. Pero el caos de la evacuación –con la imagen de ese avión al que se agarraban desesperadamente decenas de afganos tratando de huir–, unido al vertiginoso desmoronamiento del ejército y el gobierno de Kabul, y el retorno al poder de los talibanes, ha representado un duro golpe. La popularidad de Biden empezó a caer justo en ese momento, a mediados de verano.

Afganistán ha sido el primer gran tropiezo de Biden en política exterior (aunque gran culpa del desenlace final la tuvo Trump al pactar la retirada con los talibanes a espaldas del gobierno afgano). En todo caso, ha sido con Biden que EE.UU. se ha ido de Afganistán desentendiéndose de todo, ninguneando a sus aliados y ofreciendo ante el mundo la penosa imagen de una superpotencia de poco fiar.

Trump menospreciaba a los europeos y a la OTAN. Biden no lo hace. Pero el resultado no difiere mucho. El comportamiento demostrado en Afganistán volvió a percibirse en la preparación a hurtadillas del acuerdo de defensa tripartito con Australia y el Reino Unido (Aukus), cuyo principal fruto ha sido la venta a Canberra de submarinos de propulsión nuclear, que arruinó un contrato previo de submarinos convencionales firmado con Francia. El ambiente entre Washington y París no había sido tan gélido desde la guerra de Irak del 2003, que Chirac se negó a secundar. La iniciativa, que confirma el desplazamiento del centro de gravedad de la política exterior hacia la región Indo-Pacífico –ya iniciada con Obama– agrava el clima de guerra fría con China y alimenta el riesgo de proliferación nuclear.

Tras llegar a la Casa Blanca, Biden tomó importantes decisiones en materia de política exterior, para corregir a su predecesor: regreso de EE.UU. al Acuerdo del Clima de París, intento de resucitar el acuerdo nuclear con Irán... Señales de un retorno al multilateralismo que apenas ocultan el hecho de que Washington sigue moviéndose ante todo por sus propios intereses. America first con otro talante.

De puertas adentro, Biden tampoco ha conseguido hasta ahora coronar con éxito el otro gran reto que tiene ante sí: frenar la pandemia de covid, de la que han muerto más de 700.000 norteamericanos (más que en la gripe española de 1918) Biden, que se multiplica estos días dando mítines aquí y allá,  ha chocado con una fuerte resistencia a vacunarse en los sectores conservadores –con la complicidad criminal de algunos estados republicanos del sur–, de modo que el nivel de inmunización total de la población sólo alcanza el 65%.

Todas estas dificultades iniciales pueden marcar su presidencia o, por el contrario, quedar como una anécdota si supera el obstáculo mayor. El momento de la verdad llega ahora. El presidente estadounidense se juega su legado con la presentación de un ambicioso plan de gasto público de 3,5 billones de dólares –con importantes medidas en materia económica, fiscal, social, educativa y climática– y un programa de inversión en infraestructuras de 1 billón, con los que busca cambiar la faz de EE.UU., revitalizando la economía y reduciendo las desigualdades. Una intervención ingente del gobierno federal que algunos han comparado con el new deal de Roosevelt en los años treinta y que, de triunfar, representaría el entierro de la doctrina ultraliberal del reaganismo.

Biden no tiene mucho margen. La mayoría demócrata en el Congreso es muy frágil –en el Senado, depende del voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris– y podría perderla fácilmente en las elecciones legislativas mid-term del año que viene. Así que es ahora o nunca. Sin embargo, el proyecto está bloqueado por la pertinaz disidencia de dos senadores demócratas, Joe Manchin y Kyrsten Sinema, cuyos argumentos en favor de la frugalidad presupuestaria disimulan mal otros intereses menos confesables. Para salvar su plan, Biden puede verse forzado a rebajarlo. ¿Hasta el punto de desnaturalizarlo? Ahí radica el mayor riesgo.

Mientras tanto, los seguidores de Donald Trump, incluidos algunos exdisidentes de renombre –como el ex vicepresidente Mike Pence–, empiezan a alinearse ya de cara a las elecciones del 2024.

El hombre de Cromañón y el Elíseo

@Lluis_Uria

"La feminización del hombre es una catástrofe. Hay que recuperar la virilidad. Por negarla, estamos creando generaciones de impotentes y de homosexuales, y se están masificando los divorcios”. La primera vez que oí hablar a Éric Zemmour fue en el otoño del 2006. Acababa de publicar su libro El primer sexo, un panfleto antifeminista y provocador –una suerte de respuesta dilatada en el tiempo al segundo sexo de Simone de Beauvoir–, en el que defendía la figura tradicional masculina, el hombre fuerte y viril. En plena promoción, su voz y su imagen se multiplicaban por radio y televisión.

Hasta ese momento, Zemmour era un periodista político puro. Cronista del diario conservador Le Figaro, había escrito un par de libros sin gran eco sobre dos figuras políticas de la derecha francesa, Jacques Chirac y Édouard Balladur, y poco más. La publicación de El primer sexo fue su destape. Quince años después, convertido ya en un auténtico monstruo mediático, Éric Zemmour se ha erigido en el estandarte de la ultraderecha más radical y amenaza con hacer saltar el tablero político presentándose como candidato al Elíseo en las elecciones presidenciales del año que viene. Un sondeo de Harris Interactive le da una expectativa de voto, aún sin haberse lanzado a la arena, del 11%.

Pequeño, delgado, de orejas grandes y nariz afilada –una imagen un tanto alejada del prototipo de una estrella catódica–, el Zemmour del año 2006 irradiaba ya sin embargo en la pantalla las cualidades que le habrían de lanzar al firmamento televisivo. Inteligente, culto, brillante, incisivo, irónico, provocador, el periodista se reveló un orador y un polemista de talla. Zemmour entró a partir de entonces en el carrusel de las tertulias y su cotización acabó subiendo como la espuma. Su último programa en antena –ahora temporalmente suspendido por condicionantes electorales–, en CNews, congregaba a 900.000 telespectadores diarios.

Declaradamente “reaccionario” –como él mismo se ha definido, asimilándolo a ser antisistema–, Zemmour ha ido construyendo con los años un discurso radical contra la inmigración extranjera y el islam de una manera que la ultraderecha tradicional hace tiempo que ha abandonado en su afán de hacerse presentable.

Para Zemmour, más xenófobo que racista, la única manera posible de ser francés es a través de la asimilación, la asunción total y absoluta de los valores y referentes culturales de los franceses de souche (de pura cepa) Nacido en el seno de una familia judía procedente de Argelia, él mismo se ha aplicado la receta. Y exhibe con fiereza la fe del converso: “El racista jerarquiza a los individuos en función de su raza; el francés piensa que cualquier extranjero, sean cuales sean su origen, su raza o su religión, puede acceder al nirvana de la civilización francesa. Actitud una pizca arrogante, xenófoba incluso, pero en ningún caso racista”.

Éric Zemmour es uno de los grandes publicistas de la tesis conspiracionista  del “gran reemplazo”, según la cual habría en marcha una gran operación para sustituir a la población blanca europea –a través de la inmigración masiva y el crecimiento demográfico– por población árabe y africana de confesión islámica. “El hijab y la chilaba son los uniformes de un ejército de ocupación”, dice. Para combatir esta “guerra de exterminio del hombre blanco heterosexual católico”, ha llegado a proponer la “reemigración” de cinco millones de musulmanes residentes o nacidos en Francia hacia sus países de origen –propios o de sus ancestros–, algo muy parecido a la deportación (palabra que evitó pronunciar, librándose así de una condena judicial) Mientras tanto, defiende prohibir que se ponga a los niños nombres de pila extranjeros, como Mohamed o Ali.

Sus diatribas le han valido numerosas denuncias y, hasta el momento, dos condenas: en el 2011 por incitación a la discriminación racial –por haber dicho que “la mayor parte de los traficantes son negros y árabes”– y otra en el 2018 por incitación al odio contra los musulmanes –a quienes atribuyó simpatía por los yihadistas–.

Zemmour se ha lanzado ahora a una amplia campaña de promoción por todo el país de su último libro, Francia no ha dicho su última palabra (esta vez autoeditado, después de que su editorial, Albin Michel, le haya dado la espalda), que más parece un manifiesto electoral que otra cosa. El periodista mantiene la ambigüedad sobre su candidatura, aunque hay una plataforma –la asociación Amigos de Éric Zemmour– que ya va preparando el terreno y buscando los 500 padrinazgos (de cargos electos) que necesita para presentarse. Sus pasos son tan descarados que el Consejo Superior Audiovisual obligó a las televisiones a incluirlo en la contabilidad de espacios electorales (razón por la que CNews  suspendió su programa)

Zemmour ha logrado atraerse a disidentes radicales del Reagrupamiento (antiguo Frente) Nacional de Marine Le Pen, disgustados con el giro republicano del partido y es la líder ultraderechista a la que su eventual candidatura puede hacer más daño, restándole fuerza en su duelo con Emmanuel Macron. Aunque –y eso es lo más preocupante– las expectativas de voto de ambos sumarían hasta un 30%...

En sus filípicas antifeministas de quince años atrás, Zemmour defendía el principio de que el hombre es “un ser primario”. “El hombre nunca ha dejado de ser un hombre de Cromañón”, decía. Y lo que hoy busca con descaro, con sus discursos agresivos y fórmulas populistas, es seducir a los espíritus primitivos excitando sus instintos tribales más rudimentarios.

Más de 210.000 muertos después

@Lluis_Uria

Veinte años después de que EE.UU. lanzara su guerra global contra el terrorismo, el problema se ha exacerbado. De los 210.000 muertos causados por el terrorismo islamista desde 1979, tres cuartas partes se han producido en la última década.

En el portal del FBI donde figuran los criminales más buscados por Estados Unidos aparece el afgano Sirajudin Haqani. En los primeros carteles distribuidos por la policía federal se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por la información que condujera directamente a su detención. Luego se elevó a 10 millones. Ahora mismo no parece muy difícil localizarle, puesto que se trata del nuevo ministro del Interior del gobierno provisional de los talibanes en Afganistán. Su captura es más improbable.

Sirajudin Haqani es el jefe de la llamada red Haqani, fundada por su padre, Jalaludin –un histórico señor de la guerra que ya luchó contra los soviéticos y que fue ministro en la primera etapa talibán–, y señalada como una de las facciones más violentas de las milicias islamistas afganas. EE.UU. y la UE la consideran una organización terrorista. Y el Consejo de Seguridad de la ONU tiene al clan Haqani en su lista negra por sus lazos con Al Qaeda, autora de los atentados del 11-S del 2001.

En un polémico artículo publicado por The New York Times en febrero del 2020 y titulado “Lo que nosotros, los talibanes, queremos”, Sirajudin Haqani respaldaba las negociaciones abiertas en Doha con EE.UU. y se mostraba como un hombre de paz. “Durante más de dos décadas se han perdido todos los días vidas preciosas de afganos –escribió–. Todo el mundo ha perdido a alguien querido. Todo el mundo está harto de la guerra. Las matanzas y las mutilaciones deben acabar”. Palabras conciliadoras, pero que estaban firmadas por el máximo responsable de los más salvajes atentados cometidos en Afganistán en los últimos años, tanto contra las fuerzas de seguridad como contra civiles.

 La red Haqani, con sus kamikazes y sus camiones bomba, tiene mucho que ver con la explosión de violencia de la última década en Afganistán, que ha convertido al país en el más castigado del mundo por el terrorismo. El think tank francés Fundación para la Innovación Política (Fondapol) atribuye a los talibanes la muerte de al menos 69.303 personas en acciones terroristas, por delante de grupos yihadistas como el Estado Islámico (58.632), Boko Haram (25.719) y Al Qaeda (14.359). Los cuatro juntos suman en su cuenta el 80% de las muertes causadas por el terrorismo islamista en todo el mundo.

De hecho, todo empezó en Afganistán. En su amplio informe sobre el terrorismo islamista en el mundo entre 1979 y 2021 –en el que Fondapol hace el meritorio esfuerzo de tratar de censar de la forma más exhaustiva posible, a partir de fuentes diversas, el número de atentados y víctimas–, su director, Dominique Reyné, subraya que la explosión del terrorismo islamista se produce a partir de 1979 alimentada entre otros factores por la revolución jomeinista en Irán y la invasión soviética de Afganistán, que se convierte en ese momento en el centro de la yihad.

Ahora que se conmemora el 20.º aniversario de los devastadores atentados del 11-S contra Nueva York y Washington –así como de la subsiguiente invasión norteamericana de Afganistán y la posterior caza y muerte del líder de Al Qaeda, Ossama bin Laden–, y que ha comenzado en París el juicio por los atentados del Bataclan del 2015, es oportuno observar los datos. En las últimas cuatro décadas, el terrorismo islamista  ha perpetrado al menos 48.035 atentados, con 210.138 muertos. La inmensa mayoría de los ataques (89,5%) y de los muertos (91,7%) se produjeron en países musulmanes. Mientras que en Occidente, pese a su espectacularidad, su incidencia ha sido mínima: 0,1% de los atentados y 1,5% de las víctimas en Norteamérica, 0,6% y 0,8% en Europa.

La segunda constatación es que la guerra global contra el terrorismo lanzada por Estados Unidos en el 2001 no sólo no ha acabado con el problema, sino que lo ha exacerbado: los muertos han pasado, de 6.817 en el periodo 1979-2000, a 38.186 en 2001-2012 y a 165.135 en 2013-2021. Al Qaeda fue expulsada de Afganistán, pero han surgido después una miríada de franquicias, en Asia y en África. Y el principal fruto de la intervención militar en Irak fue el surgimiento del Estado Islámico.

Ahora, la principal preocupación es que la victoria de los talibanes en Afganistán pueda ser un aliciente para todos estos grupos –también para extremistas individuales, como alertaba el viernes el jefe del MI5 británico, Ken McCallum– y pueda incluso decantar las cosas en un sentido parecido en Somalia o Mali. Los talibanes por su parte se han comprometido a no permitir que se vuelvan a lanzar ataques terroristas desde su territorio, pero lo cierto es que lo poco o mucho que queda de Al Qaeda sigue presente en el país. Y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, ha advertido que el grupo podría reorganizarse de nuevo en Afganistán en un plazo de dos años. Sus amigos están bien colocados.

Más de 210.000 muertos después, todo vuelve a la casilla de salida.

 

No es país para mujeres

La súbita victoria de los talibanes en Afganistán ha llevado a miles de mujeres a abandonar precipitadamente el país para huir de un régimen que las esclaviza. Las que se han quedado permanecen escondidas o encerradas en sus hogares.

@Lluis_Uria

 El 14 de agosto la vida era todavía normal para Fatimah Hossaini, artista y fotógrafa afgana nacida en Irán –hija de la diáspora de su país– y reafincada en Kabul, empeñada en dar a conocer al mundo otra imagen de Afganistán. Sobre todo de sus mujeres. Ellas eran el sujeto de su última exposición, Beauty amid the war (Belleza en medio de la guerra), que había podido verse en junio en Teherán. “Las mujeres en estas fotografías están llenas de esperanzas, resistencia, liberación”, escribió. Los medios internacionales hablaban sobre su sensacional trabajo. Faltaba una jornada para que los talibanes entraran en la capital afgana. Pero nadie lo imaginaba todavía. Desde luego, no Fatimah ni sus amigos.

Y de repente, el abismo. Todo se derrumbó en horas. El Gobierno había huido y los talibanes, los mismos que entre 1996 y el 2001 instauraron un régimen religioso basado en el terror, habían tomado de nuevo el poder y se paseaban con las armas en la mano por la capital afgana. “Hace sólo un par de días, nosotras, unas chicas de Kabul, estábamos sentadas juntas tomando un té verde y hablando de nuestros planes para cuando llegara la paz. Ahora, estamos escondidas en alguna parte de esta ciudad, preparándonos para cualquier cosa, sin saber cuándo y dónde nos volveremos a ver”, escribió con tristeza al día siguiente de la caída en Twitter.

“Me siento rota y traumatizada”, confesaba dos días después, mientras multiplicaba las gestiones para huir del país. Al final –como lo ha contado ella misma en el portal de noticias Outriders, del que es colaboradora– lo consiguió:  al segundo intento, tras largas y penosas horas de espera con el miedo en el cuerpo, logró llegar al aeropuerto de Kabul. Y en la madrugada del sábado 20 de agosto fue embarcada en un avión militar francés –con una pequeña maleta, su cámara y su ordenador por todo equipaje– que la condujo a Abu Dabi (Emiratos) para seguir después a París.

Historias como las de Fatimah Hossaini hay cientos, miles... Y la suya no es, desde luego, la más trágica. Peor futuro les espera a las mujeres obligadas a quedarse en Afganistán, que verán retroceder su situación a veinte años atrás –prácticamente a la Edad Media–, por no hablar de las que tratando de huir perdieron la vida en los atentados del pasado jueves en los aledaños del aeropuerto Hamid Karzai. El regreso de los talibanes es un duro golpe para millones de afganos. Pero sobre todo, y con diferencia, para las mujeres.

 Durante estos veinte años de ocupación occidental, las mujeres han dado un salto enorme en Afganistán (aunque desigual: muy acusado en Kabul y las grandes ciudades y apenas perceptible en las zonas rurales). Las mujeres tenían hasta ahora libertad de movimiento, sin necesidad de tutelas masculinas ni obligación de cubrirse el rostro; así como acceso a la educación –más del 80% de las niñas están escolarizadas en primaria y un 40% en secundaria– y a prácticamente todas las profesiones: un 20% de los funcionarios públicos son mujeres, a las que la Constitución obliga a reservar un tercio de los escaños del Parlamento... Todo eso está a punto de irse al traste. Si no lo ha hecho ya.

Los fanáticos de la sharía (la ley islámica) han vuelto con piel de cordero. Dentro de su campaña de relaciones públicas internacional, han asegurado que las mujeres tendrán un papel  en el nuevo Afganistán, y que podrán seguir estudiando y trabajando. ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué derechos? Nada han precisado. Un consejo de ulemas (doctores de la ley islámica) abordará próximamente la cuestión –han dicho– y decidirá. Pero si se mira al pasado, la época de los burkas y las lapidaciones, no es nada tranquilizador.

De momento, las nuevas autoridades han aconsejado a las mujeres que se queden en sus casas. “Nuestros combatientes no están entrenados sobre cómo tratar con las mujeres y algunos de ellos sobre cómo hablarles”, justificó el  portavoz talibán, Zabihullah Mujahid. Es lo menos que se puede decir, a la vista de cómo se han conducido en las provincias que los islamistas controlan desde hace tiempo.

El último informe sobre riesgos remitido el pasado mes de marzo al Congreso de EE.UU. por el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (Sigar), John F. Sopko, pintaba un sombrío panorama general. Y sobre las amenazas para los derechos de las mujeres apuntaba: “Las prácticas de los talibanes en las áreas bajo su control no inspiran confianza en que sus puntos de vista sobre los roles de género y las relaciones hayan evolucionado mucho desde los años noventa”.

“Amo a mi país, pero no puedo quedarme aquí. Ya basta. No puedo respirar”, decía casi entre sollozos la periodista Wahida Fazi a punto de entrar en el aeropuerto de Kabul para abandonar Afganistán. La reportera de la BBC que la entrevistaba intentó consolarla deseándole que “ojalá algún día pueda volver”. Su respuesta fue tan desencantada como tajante: “Nunca, nunca”.