lunes, 9 de marzo de 2020

Víctimas de la paz


@Lluis_Uria

"Era cerca de Bagram... Entramos en un kishlak (aldea) y pedimos comida. Según sus leyes, si un hombre entra en tu casa y está hambriento, no puedes negarle una torta caliente. Las mujeres nos dejaron sentarnos a su mesa y nos dieron de comer. Cuando nos hubimos marchado, los vecinos apedrearon a esas mujeres y a sus hijos hasta la muerte”. Es el testimonio de un soldado extranjero en Afganistán. En este caso, un soldado ruso de los miles que participaron en la guerra en que se empantanó la desaparecida Unión Soviética entre 1979 y 1989. Sus recuerdos están recogidos, junto a otros muchos, en el impactante libro Los muchachos de zinc, de Svetlana Alexiévich.

Es el relato de un soldado ruso en la segunda mitad del siglo XX. Pero podría ser el de un soldado británico de finales del siglo XIX (1839-1842 y 1878-1880). O el de un soldado norteamericano en la primera mitad de este siglo (desde el 2001 hasta hoy) La escena podría ser exactamente la misma. Porque en la guerra, por encima del tiempo y el espacio,  las mujeres son siempre víctimas. Y en Afganistán lo han sido –y pueden volver a serlo– también en la paz.

Afganistán es un país en guerra permanente casi desde el principio de los tiempos. Contra los invasores del exterior y contra sí mismo (entre tribus y señores de la guerra rivales). Tras la retirada soviética, siguió una guerra civil que acabó con la instauración en 1996 del régimen tiránico de los Talibán, derribado por Estados Unidos en el 2001 como represalia por los atentados del 11-S (era bajo sus alas que había encontrado protección la organización terrorista Al Qaeda). Los talibanes se echaron entonces al monte –nunca mejor dicho en el caso de este país fragmentado entre altísimas cumbres– y desde entonces no han dejado de hostigar al ocupante y al régimen de Kabul.

Afganistán lleva 40 años en guerra. Ocho de cada diez afganos han nacido en este tiempo. Ocho de cada diez afganos desconocen lo que es vivir en paz. En los últimos dieciocho años, Estados Unidos y sus aliados occidentales  han perdido 3.500 soldados. Los afganos han pagado el tributo más elevado: entre 100.000 y 150.000 muertos. La Corte Penal Internacional parece dispuesta a investigar ahora los crímenes de guerra cometidos por todas las partes durante este tiempo. Un trabajo ingente...
El bucle en el que está engullido Afganistán se resume en una imagen: en la mesa de negociación entre EE.UU. y los dirigentes talibanes para poner fin a la guerra, que desembocó en la firma la semana pasada en Doha de un acuerdo de vida incierta, se sentaba el mulá Abdul Ghani Baradar, quien en los años 80 combatió contra los soviéticos en uno de los grupos de muyahidines financiados por Washington.

El acuerdo de Doha, por el cual EE.UU. se compromete a abandonar el país en un plazo de 14 meses a cambio de que los talibanes renuncien a dar otra vez cobijo a grupos terroristas, puede poner fin a esta última guerra y permitir a Donald Trump cumplir su promesa de retirarse de Afganistán (sin haber conseguido nada, por otra parte, como los soviéticos, como los británicos...) Pero alcanzar la paz costará bastante más. Los talibanes y el Gobierno de Kabul deberían empezar, a partir de pasado mañana, una negociación bilateral cuyos primeros pasos habrían de incluir la liberación de 5.000 milicianos y 1.000 soldados afganos prisioneros. De momento, los talibanes han empezado a preparar el terreno multiplicando los atentados.

Los afganos pudieron respirar –un poco– durante los días previos a la firma del acuerdo de Doha gracias a la breve tregua que los talibanes aceptaron guardar como gesto de buena voluntad. Acabada, se muestran escépticos sobre el futuro del país, económicamente hundido, moralmente arruinado, sangrado por la violencia y carcomido por la corrupción. Y si esperanza de paz hay, por precaria que sea, tiene también un lado oscuro, tenebroso incluso. Porque para la mitad de la población –las mujeres– puede ser una pesadilla.

El régimen Talibán implicó un regreso a la Edad Media (de la que  las zonas rurales, dicho sea de paso, apenas han salido). A las mujeres se les prohibió estudiar y trabajar, se las confinó en casa y se las encerró en un burka. Toda diversión –incluida la música– estaba vetada. Al mínimo desliz, la pena era la flagelación o la muerte por lapidación.

La caída del régimen islamista trajo un soplo de aire fresco. El ambiente siguió enrarecido, no hay que engañarse –para Amnistía Internacional, Afganistán sigue siendo el peor país del mundo para las mujeres–, pero se hizo un poco más respirable. Al menos en Kabul. En el campo, los malos tratos, la violencia machista, el sometimiento femenino, la (doble) moral sexual, los matrimonios forzados de las niñas... siguen al orden del día. Y los castigos corporales en las zonas controladas por los talibanes son aún moneda corriente. El 80% de los suicidios los protagonizan mujeres...

Frente a esta realidad, en la capital y las áreas bajo control gubernamental en los últimos años se han abierto espacios de libertad. Las mujeres trabajan y crean sus propios negocios, y ocupan una cuarta parte de los escaños del Parlamento, las chicas han regresado a las escuelas y pueden cursar estudios superiores –la Universidad Americana de Afganistán es un oasis–, y en las terrazas de los cafés puede verse a jóvenes de ambos sexos consultando las redes sociales como en cualquier otro lugar. Todo esto podría venirse abajo a poco que los talibanes consigan reinstalarse en el poder. Sus dirigentes han intentado últimamente mostrar una cara más moderada ante la comunidad internacional. Pero nadie se fía de ellos. Y los testimonios de las mujeres afganas muestran una creciente inquietud. Quizá quien mejor lo resumió fue la activista Zara Hussaini al declarar a France Presse el día de la firma del acuerdo de Doha: “Hoy es un día negro”.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200308/474020883113/afganistas-taliban-talibanes-estados-unidos-al-qaeda.html?utm_term=botones_sociales_app




lunes, 24 de febrero de 2020

Malos tiempos para la Rebelión


@Lluis_Uria

El senador romano Marco Junio Bruto era un hombre de convicciones. Protegido de Julio César, quien le profesaba una estima casi filial y cuyo amparo le abría un magnífico horizonte político, puso sus principios por encima de cualquier otra consideración cuando, con el fin de salvar a la República, decidió sumarse a la conspiración que acabó con el asesinato del dictador en el Senado de Roma el 15 de marzo del año 44 a.C. (los Idus de Marzo). Según algunos cronistas, César tuvo plena conciencia de que Bruto –“¡Tú también!”– formaba parte de quienes le estaban apuñalando. Personaje trágico, Bruto no tenía en cambio ni idea en aquel momento de adónde iba a conducir el magnicidio. En lugar de evitar la tiranía como buscaba, la guerra civil que siguió acabaría alumbrando el Imperio.

Hay mucho de la épica –y la estética– romanas en la saga galáctica iniciada en 1977 por George Lucas con La guerra de las galaxias, donde se relata la interminable lucha entre los defensores de la República –reagrupados en la Rebelión– y el Imperio, que trata de afianzarse  sobre sus cenizas con la acción imprescindible de implacables lugartenientes como Darth Vader y sus epígonos.

En este combate del bien contra el mal, de la libertad contra la opresión, los creadores de Star Wars han obviado sistemáticamente sin embargo una realidad fundamental (y no se trata justamente de que los buenos no siempre triunfan, ya se sabe, estamos en Hollywood). No, lo que consciente o inconscientemente se ignora en todas las películas es que el emperador, además de un personaje oscuro, malvado y calculador, puede ser también una figura extraordinariamente popular.

General de éxito y patricio, Julio César lo era –y mucho– entre los militares y la plebe. Infinitamente más, en todo caso, que los miembros del Senado, percibidos como una casta de aristócratas oligarcas. También lo fue, por cierto, otro tirano admirador de César, el asimismo victorioso general Napoleón Bonaparte –quien adoptó algunos símbolos y prácticas políticas de la antigua Roma, desde el águila o la corona de laurel a los arcos de triunfo y las columnas conmemorativas de batallas–, capaz de disolver la Revolución francesa en una dictadura y coronarse después emperador con el aplauso de unas clases populares anhelantes de ley y orden.

En este primer cuarto del siglo XXI, el Imperio parece estar, de nuevo, ganando adeptos en todo el mundo frente a la República. Un reciente estudio de la Universidad de Cambridge constata una “erosión” general de la democracia en todos los continentes en la última década. Globalmente, el número de personas insatisfechas con el sistema democrático –en una muestra de 77 países– ha pasado del 48% al 58%. En Francia, los sondeos apuntan que más de una tercera parte de la población (36%) –la mayoría, de clases modestas– considera que hay “otros sistemas políticos” que pueden ser tan buenos como la democracia y una mayoría amplia, que en el caso más extremo puede llegar al 77%, apoyaría restringir las libertades públicas en determinadas circunstancias por motivos de seguridad.

En momentos de incertidumbre y zozobra como los actuales, la tentación de recurrir a la figura protectora y benefactora de un hombre fuerte gana enteros. Y si guarda un poco las formas, tanto mejor. En un artículo publicado en Foreign policy, la politóloga Erica Franz, profesora de la Universidad Estatal de Michigan, subraya que desde la Segunda Guerra Mundial “la mayoría de los regímenes autoritarios del mundo han tenido parlamentos, partidos políticos y elecciones parcialmente abiertas celebradas regularmente”. Es una mascarada, pero funciona: “Los regímenes autoritarios con instituciones pseudodemocráticas duran bastante más en el poder que los que no las tienen”. Si en los años noventa, los autócratas disimulados imperaban durante 19 años de media, ahora llegan a los 27.

La Rusia de Vladímir Putin, quien pronto cumplirá veinte años en el poder, es una de estas democracias adulteradas. ¿Podría llegar a serlo algún día Estados Unidos? Las derivas autoritarias de Donald Trump, con ser inquietantes, no lo son tanto como la deserción del partido republicano, que –sumiso y entregado a su líder– no ejerce ningún freno ni contrapoder, como se ha visto en el Senado con la farsa del  juicio del impeachment.

Que uno de los defensores de Trump osara argumentar ante la Cámara Alta que las maniobras ilícitas del presidente para asegurar su reelección –en este caso, extorsionando al primer ministro de Ucrania para perjudicar a un aspirante demócrata– pueden considerarse de “interés público” demuestra hasta qué punto la pulsión autócrata de Trump y  su desprecio manifiesto de los principios democráticos se han ido acentuando en estos cuatro años en la Casa Blanca. “¡El Estado soy yo!”, podría proclamar emulando a Luis XIV. Su reciente absolución no ha hecho más que agravar su comportamiento.

El profesor Stephen M. Walt, especialista de relaciones internacionales de la Universidad de Harvard, testa regularmente el comportamiento del presidente de EE.UU. a partir de 10 puntos que a su juicio demuestran el carácter dictatorial de todo gobernante (entre ellos, la intimidación de los medios de comunicación, la politización de las estructuras del Estado, el intervencionismo en la justicia, la demonización de la oposición, la creación de un clima de miedo...) y alerta que Trump ha cruzado ya diversas líneas rojas: “Las democracias no enferman y mueren de repente; se derrumban gradualmente, a partir de pequeñas grietas, cada una de las cuales parece en el momento sin consecuencias. Es lo que Donald Trump está haciendo, ayudado e incitado por el otrora orgulloso partido republicano”. Pese a ello, o precisamente por ello,  su popularidad sigue intacta entre sus adeptos y su reelección el próximo noviembre parece más que probable.

Al amparo del giro autoritario en la Casa Blanca, Xi Jinping consolida en China –si la crisis del coronavirus no lo impide– un poder personal como no se había visto desde los tiempos de Mao, Putin prepara en Rusia un cambio constitucional que consolide su control más allá de su salida del Kremlin, Erdogan aspira a convertirse en Turquía en nuevo sultán y en el Reino Unido Boris Johnson concentra cada vez más poder personal. Darth Vader debe sonreír bajo su tenebrosa máscara.





 

lunes, 10 de febrero de 2020

Derecho a blasfemar

@Lluis_Uria

Dos minutos son una eternidad cuando dos encapuchados armados entran en la sala donde uno se encuentra y empiezan a disparar. Y sin embargo apenas dan para tratar de comprender lo que está pasando. “Cuando uno no se lo espera, ¿cuánto tiempo hace falta para darse cuenta de que la muerte llega?”. Dos minutos les bastaron a los hermanos Chérif y Said Kouachi para matar a 11 personas en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo en París el 7 de enero del 2015. Philippe Lançon, periodista cultural de Libération y colaborador de la revista, que salvó la vida de milagro –aunque gravemente malherido–, recuerda que instantes antes del ataque el consejo de redacción debatía sobre la novela distópica de Michel Houellebecq Sumisión, en la que el autor imagina una Francia caída bajo la dictadura de la charia. Y, acto seguido, los verdugos...

Lançon, a quien una bala arrancó de cuajo la mandíbula inferior, rememora aquellos momentos y la dura reconstrucción personal posterior en El colgajo (Le lambeau), donde denuncia el abandono –cuando no el desprecio o la censura– que sufrió el semanario  tras la polémica publicación de las caricaturas de Mahoma en el 2006: “Esta ausencia de solidaridad no era sólo una vergüenza  profesional, moral. Contribuyó a hacer de Charlie, aislándole, señalándole, un objetivo de los islamistas”.

Tras el atentado, mucha gente reivindicó a los humoristas asesinados al grito de Je suis Charlie (Yo soy Charlie). Sin embargo, muy pocos fueron Charlie cuando el semanario se convirtió en el centro de la ira del mundo musulmán por el asunto de las caricaturas, o cuando en el 2011 unos desconocidos lanzaron –cual primer aviso– unos cócteles molotov contra su sede. Cinco años después, ¿cuantos Charlies quedan?

Hoy Charlie se llama Mila, una joven estudiante de bachillerato de 16 años obligada a dejar su instituto en Villefontaine (entre Lyon y Grenoble) y a vivir bajo protección después de que unos comentarios ofensivos sobre el islam le hayan granjeado un alud de insultos y de amenazas de muerte y de violación. “El islam es una mierda, a vuestro Dios le meto un dedo por el culo”, respondió la adolescente a través de un vídeo difundido en  las redes sociales a un seguidor musulmán que la había tratado  en Instagram de “puta lesbiana”.

No es una discusión muy educada. Pero no difiere mucho de la ponzoñosa verborrea que cada día inunda las redes sociales. En cierto modo, es también un poco Charlie, estandarte de un humor irreverente y soez,  que busca provocar a base de puro mal gusto. La cuestión, sin embargo, no es ésta. Lo que aquí se dirime no son las formas, sino el derecho a criticar –aún de manera vulgar u ofensiva– la religión.

La polémica alrededor de este nuevo caso ha generado, como hace cinco años, dos movimientos contrarios –#JeSuisMila y #JeNeSuisPasMila– y suscitado un airado debate político en Francia, donde la ultraderecha se está poniendo las botas en detrimento de un izquierda dubitativa, atenazada por el miedo a ser acusada de islamofobia. Que el delegado general del Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), Abdallah Zekri, sugiera que lo que pueda pasarle a Mila es culpa suya porque ella se lo ha buscado –“Quien siembra vientos recoge tempestades”, ha dicho– puede resultar indignante, pero lamentablemente no puede sorprender a nadie. De Salman Rushdie a Charlie Hebdo, es una constante. Mucho más chocante es, en cambio, escuchar a la ministra de Justicia, Nicole Belloubet –quien después se ha visto forzada a rectificar–, sostener que las afirmaciones de Mila constituían “un atentado contra la libertad de conciencia”.

La justicia no lo ha visto así y ha zanjado el asunto rápidamente: la fiscalía de Vienne (Ródano-Alpes) archivó el caso argumentando que, al margen de su tono “ultrajante”, las afirmaciones de la muchacha “tenían como único objeto expresar una opinión personal sobre una religión, sin voluntad de exhortar al odio o a la violencia contra los individuos”. En Francia está penada la incitación al odio o a la violencia, así como la injuria o la calumnia contra las personas. Pero no la blasfemia, que dejó se ser delito en  1881. Atacar a los fieles de una confesión está prohibido, criticar su religión es un derecho. He aquí la delgada frontera donde se concentra toda la presión.

En los últimos meses, la canciller de Alemania, Angela Merkel  –insobornable en su lucha contra la extrema derecha, como se ha visto esta semana en Turingia–, viene repitiendo que la libertad de expresión no puede considerarse un derecho absoluto, sino que tiene sus límites: “Estos límites empiezan cuando vemos actos de demagogia donde se difunde el odio y donde se viola la dignidad de otras personas”, declaró en el Bundestag el pasado diciembre.

¿Es el vídeo de Mila una incitación al odio? Parece claramente excesivo presentarlo así... Sin embargo, es lo que desde algunos sectores musulmanes se pretende ante cualquier opinión que cuestione el islam. El imán  de Roubaix Abdelmonaïm Bousenna, un popular predicador –con más de medio millón de seguidores en Facebook y YouTube– al que se vincula con los Hermanos Musulmanes, denuncia en un vídeo sobre el caso Mila lo que califica de “libertad de expresión de geometría variable” y reivindica el derecho de los musulmanes a expresar su “herida” por las palabras despreciativas de la muchacha.

Aquí es por donde se quiere abrir la brecha, para acabar asimilando una ofensa a la religión a una ofensa a todos los fieles. Y, por tanto, punible. Sólo hace falta que se sientan “heridos”. El riesgo es de envergadura. Porque semejante principio, aplicado de forma general e indiscriminada, podría acabar reinstaurando en nuestras democracias un ambiguo delito de blasfemia. Y el día en que se acalle a Mila o Charlie Hebdo, nos habrán acallado a todos.



lunes, 27 de enero de 2020

No me toques las ‘chips’ de gambas


Boris Johnson y Donald Trump tienen muchas cosas en común más allá de la más evidente y visible:  esa encrespada cabellera rubia –la del segundo, definitivamente teñida– que ambos gustan de lucir. Menos conocido es el hecho de que ambos nacieron en Nueva York un mes de junio, en dos años de guarismos similares (1964 el primer ministro británico y 1946 el presidente de Estados Unidos) o que los dos cultivaron su particular faceta de showman en la televisión antes de devenir estrellas de la política: como invitado recurrente en un programa satírico de la BBC –Have I got news for you–  el primero, en su propio reality show –The Apprentice– en la cadena NBC el segundo.

Finalmente, ambos comparten un mismo discurso político de fondo, basado en un nacionalismo desacomplejado preñado de tics populistas dirigido a seducir a las clases trabajadoras y empobrecidas –entre las que ninguno de ellos se cuenta por cuna, ni de lejos–, y un común desapego hacia la verdad: ambos son mentirosos sobresalientes, habituados a lanzar embustes con el desparpajo de quien sabe que no sólo va a ser creído diga lo que diga, sino que –en caso de quedar luego al descubierto– será indefectiblemente perdonado.

La mentira es adictiva y Boris Johnson la practica desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de la falsaria campaña del referéndum del Brexit en el 2016. Es algo que forma parte de su personaje público –un gamberro simpático–, al igual que sus bromas y astracanadas. De profesión periodista, Boris Johnson –Bojo– saltó a la gloria mediática con sus corrosivas crónicas en The Daily Telegraph entre 1989 y 1994 como corresponsal en Bruselas, una ciudad donde ya había vivido en la infancia por motivos de trabajo de su padre, Stanley Johnson, quien –paradojas de la vida– fue uno de los primeros altos cargos del Reino Unido en la Comisión Europea tras su ingreso en 1973 (algún día habrá que analizar estas conflictivas relaciones paternofiliales, como la del agricultor y activista francés José Bove, hijo de un ingeniero agrónomo que trabajó en la investigación de cultivos OGM, que su retoño combate)

El caso es que el joven Boris Johnson, quien –por cierto– había sido despedido previamente de The Times por falsear una información, triunfó en el Daily Telegraph denunciando con ironía las intromisiones y excesos de la burocracia comunitaria, ciertas algunas, exageradas o sacadas de contexto la mayoría, y directamente inventadas otras. “Johnson hizo lo que la gente llamaría treinta años después fake news y provocación. Fue un precursor”, declaró al Financial Times el francés Pascal Lamy, ex director general de la Organización Mundial del Comercio (OCM), que en la época era el director de gabinete del presidente de la Comisión, Jacques Delors.

La información falsa más celebrada –que no la única– de Johnson fue una publicada en 1993 en la que aseguraba que Bruselas se proponía prohibir la venta de uno de los aperitivos más populares entonces en Gran Bretaña: las chips con sabor a cóctel de gambas. Aunque inmediatamente desmentida, la supuesta iniciativa quedó grabada a fuego en el inconsciente colectivo como esas leyendas que resisten el paso del tiempo contra toda evidencia.

La labor periodístico-propagandística de Johnson fue fundamental para galvanizar el euroescepticismo –hasta entonces anclado a la izquierda– entre los conservadores británicos, que habían sido los adalides de la integración del Reino Unido en Europa (¡impulsada por la mismísima Margaret Thatcher!) La deriva iniciada en aquella época por los tories es la que ha acabado desembocando en el Brexit.

A cinco días vista de la consumación del Brexit –el Reino Unido dejará oficialmente de formar parte de la UE en la medianoche del viernes al sábado–, es oportuno recordar el caso de las chips con sabor a gambas porque el debate de fondo que suscita está lejos de haberse cerrado. Cierto, Londres ya no formará parte del club europeo a partir del próximo sábado. Pero es igualmente cierto que el acuerdo de salida finalmente pactado por Johnson no es definitivo y que ahora se abre un periodo de transición hasta final de año en el que las cosas seguirán funcionando más o menos como hasta ahora, mientras se negocia la relación definitiva entre ambas partes.

La cuestión fundamental, la gran incógnita, es y sigue siendo qué están dispuestos a aceptar los británicos –incluida la regulación de los aditivos en las patatas chip–  a cambio de seguir teniendo acceso al mercado único europeo, destino –no hay que olvidarlo– de más del 50% de sus exportaciones (mientras para la UE en sentido inverso sólo representa el 10% de las suyas)

Las diferentes alternativas que existen sobre la mesa no parece, a priori, que puedan satisfacer a los euroescépticos británicos ni a los votantes del Brexit. Desde el modelo más integrado de Noruega –país ajeno a la UE con acceso al Espacio Económico Europeo (EEE)– al más alejado de Turquía –que sólo forma parte de la unión aduanera–, pasando por el intermedio de Suiza –que tiene suscritos dos acuerdos bilaterales con Bruselas–, todos ellos obligan al país firmante a asumir y cumplir buena parte de las regulaciones comunitarias, contribuir de algún modo al presupuesto europeo y aceptar en muchos casos la libre circulación de personas, sin por ello tener arte ni parte en las decisiones.

Parece difícil concebir que Londres haya hecho  semejante viaje para acabar aquí. Como impensable es que Los 27 puedan aceptar un trato que otorgue a los británicos todas las ventajas de pertenecer a la UE sin ninguno de sus peajes. Es, pues, altamente probable que el Reino Unido –con unas ganas locas de volar libre– suscriba un acuerdo comercial de mínimos con la UE y se encomiende a partir del 2021 a las reglas de la OMC. La apuesta es arriesgada. Primero, porque el comercio internacional –como recordaba hace unos meses un informe del Centre for European Reform (CER)– está prácticamente estancado desde la crisis financiera del 2008, y las guerras comerciales de Washington –con China hoy, con Europa quizá mañana– no hacen más que ensombrecer el panorama.

Y, segundo, porque su confianza ciega en obtener un acuerdo comercial privilegiado con Estados Unidos –por aquello del vínculo especial trasatlántico– amenaza con convertirse en un calvario. Donald Trump es un hombre de negocios brutal y desde la Casa Blanca se ha comportado hasta ahora del mismo modo. Al presidente norteamericano –no porque sí un fan del Brexit– le ha faltado tiempo para mostrar su apetito por la explotación del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) y amenazar por vía interpuesta a Downing Street con sanciones arancelarias como se le ocurra adjudicar al grupo chino Huawei la nueva red de telefonía móvil 5G... Como se descuiden, los británicos pueden acabar comiendo chips de gambas made in USA.

@Lluis_Uria








martes, 14 de enero de 2020

No abras la puerta que no puedas cerrar


"Basta una chispa para incendiar cien universos”, reza un proverbio persa. El tiempo dirá si el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por un dron norteamericano la madrugada del 3 de enero en la carretera del aeropuerto de Bagdad pasará a la Historia como la chispa que desencadenó una hoguera devastadora en Oriente Medio –y por consiguiente en este momento viviríamos la calma que precede a la tempestad– o bien si Washington y Teherán, tras haber cruzado la línea roja de llegar al enfrentamiento militar directo, han decidido realmente dar marcha atrás. Es arriesgado aventurarlo. Una guerra abierta en el golfo Pérsico entre Irán y Estados Unidos es algo que ninguno de los dos contendientes se puede permitir, pero la Historia está preñada de desatinos semejantes. También es precipitado avanzar el desenlace de este pulso, que bien podría acabar –cual bumerán– debilitando aún más la declinante influencia de EE.UU. en esta región.

Cuando el presidente  Donald Trump dio luz verde al bombardeo del convoy en el que viajaba el general Soleimani, iraníes y norteamericanos llevaban ya semanas buscándose el cuerpo en Irak (los iraníes, a través de milicias chiíes interpuestas). Tres días antes del ataque contra Soleimani –en el que también murió Abu Mahdi al Muhandis, comandante de la agrupación de milicias iraquíes Hashd al Shaabi (Fuerzas de Movilización Popular)–, cientos de milicianos chiíes habían tratado de asaltar la embajada de EE.UU. en Bagdad. Esta acción era una respuesta a un ataque previo norteamericano contra posiciones de la milicia chií Kataeb Hizbulah cerca de la frontera con Siria, que había causado 25 muertos.  Lo que a su vez era la represalia a un ataque anterior con granadas de este grupo contra una base militar cerca de Kirkuk que había costado la vida a un contratista civil estadounidense.

Aliados de circunstancias –eso sí, dándose la espalda– en la lucha contra el Estado Islámico, la derrota territorial de los yihadistas en Irak y en Siria ha dejado a iraníes y estadounidenses solos frente a frente. Desde la derrota del califato, Irán y sus aliados chiíes empujan para lograr la expulsión de Irak de las tropas de EE.UU. –unos 5.200 soldados, desplegados en el 2014– y la presión se ha redoblado en las últimas semanas. El asesinato de Qasem Soleimani, en lugar de frenar el proceso, lo ha acelerado: el Parlamento iraquí aprobó el día 5 la retirada de las tropas extranjeras.

El atentado contra el general iraní –según fuentes de la CNN, urdido por el secretario de Estado, Mike Pompeo, que habría convencido a Trump a falta de ningún general de peso para frenar  la idea– marcará un antes y un después. No sólo se trata de una acción desproporcionada a la vista de las escaramuzas registradas hasta ese momento, sino que representa un grave salto cualitativo en el enfrentamiento entre EE.UU. e Irán, que nunca habían llegado directamente a las manos. El general Soleimani, jefe de la división Quds –una fuerza de élite de los Guardianes de la Revolución– y un hombre de la estrecha confianza personal del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, era el artífice de la política exterior de Irán en la región, el arquitecto de las alianzas militares iraníes con fuerzas chiíes en Irak, Siria, Líbano, Palestina y Yemen. Justamente lo que EE.UU. querría frenar a toda costa y que le llevó en el 2015 a romper el acuerdo nuclear con Irán y a aplicar la política de “máxima presión”contra el régimen de Teherán.

Trump ha justificado el asesinato de Soleimani alegando que preparaba ataques inminentes contra EE.UU., lo mismo que argumentaron el jueves Mike Pompeo y el secretario de Defensa, Mark Esper, a puerta cerrada en el Congreso sin presentar el más leve indicio de una prueba (lo que recuerda el penoso papel de Colin Powell en la ONU  intentando demostrar la falsa existencia de armas de destrucción masiva para justificar la invasión del Irak en el 2003)

La arriesgada jugada de Trump podría conducir a una guerra abierta. De momento Irán se ha conformado con un bombardeo limitado de represalia contra dos bases en Irak –por suerte o calculadamente sin víctimas– y EE.UU. ha renunciado a una nueva respuesta  militar, aprobando otro paquete de sanciones económicas (como si quedara mucho margen) Pero lo peor  no puede descartarse.

Además de peligrosa, la iniciativa de Trump  podría acabar resultando contraproducente para los intereses de EE.UU. En un momento en que el dominio iraní se enfrentaba a serios movimientos de contestación popular –en el interior de Irán, pero también en  Irak y Líbano–, el asesinato de Soleimani ha dado un respiro al régimen de los ayatolás, que gracias a  ello ha podido cerrar filas contra el enemigo exterior. Como escribía en el diario  El País el ex secretario general de la OTAN y ex alto comisionado para la política exterior y de defensa común de la UE Javier Solana,  “Trump hizo caso omiso de la famosa máxima de Napoleón: ‘Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error”.

El presidente norteamericano, que no parece tener una estrategia clara –y ni siquiera la más mínima idea– respecto a lo que hacer en Oriente Medio, ¿habrá caído sin saberlo en una trampa oriental? Decidido probablemente más en clave de política interior que exterior, el asesinato del general Soleimani no sólo ha puesto al mundo al borde de la guerra, sino que puede acabar siendo la espoleta que –después de abandonar Siria– expulse a EE.UU. también de Irak, lo cual representaría un triunfo incontestable para Irán.  Algunos analistas, como Steven A. Cook, del Council of Foreign Relations, ya lo dan por descontado: “Los iraníes ya han ganado esta batalla . Y cuanto antes lo digieran los responsables políticos de EE.UU., mejor”. Trump tampoco tuvo en cuenta otro proverbio persa: “No abras la puerta que no seas capaz de cerrar”.




domingo, 29 de diciembre de 2019

La tentación de apretar el gatillo


"A las víctimas tengo que reconocerles la injusticia y el daño que les causamos. Y, luego, agradecerles la generosidad. Porque la generosidad de las víctimas ha sido bestial... Que no llegara nadie a la venganza, eso es un milagro. Si no, hubiera sido una guerra civil. Estuvimos a punto de que lo fuera. No lo fue porque las víctimas renunciaron a la venganza”. Quien así habla es un antiguo etarra, Jon Aldalur, miembro del comando de ETA que en 1976 secuestró y asesinó al empresario Ángel Berazadi. Su estremecedor testimonio contribuye –junto al de muchos otros– a dibujar el impresionante fresco de Zubiak. ETA, el final del silencio, la monumental serie de Jon Sistiaga sobre la organización terrorista vasca. Todos aquellos nacionalistas que se sienten fascinados por la lucha armada de ETA –que los hubo, los hay y los habrá– deberían verla para comprender la inmensidad de la tragedia que sacudió al País Vasco.

En sus sesenta años de historia, ETA asesinó a cerca de 900 personas, mientras que los muertos en el campo etarra –por las fuerzas de seguridad o el terrorismo de Estado de los GAL– fueron cerca de un centenar. Pudo haber sido peor. Si, como reconocía Jon Aldalur, las víctimas se hubieran revuelto contra los verdugos –sabían dónde golpear, en Euskadi todo el mundo se conoce–, hubiera habido una violenta confrontación civil.

Es lo que sucedió en Irlanda del Norte. Las luchas que se sucedieron en la provincia británica durante los treinta años del periodo conocido como The Troubles (1968-1998) entre católicos republicanos y protestantes unionistas –con el IRA por un lado y grupos paramilitares lealistas por el otro–, dejaron un reguero de más de 3.600 muertos. El Acuerdo de paz del Viernes Santo, firmado en abril de 1998, puso fin a la confrontación, pero la fractura entre las dos comunidades permanece. Aún hoy perviven –en Belfast y otros lugares– un centenar de los llamados Muros de la Paz, que separan a los barrios católicos y protestantes, y que son cerrados a cal y canto por grandes portalones de hierro durante la noche.  Con hasta siete metros de altura, coronados de cámaras de videovigilancia y alambradas de espino, son una cicatriz abierta del conflicto. (Quienes en Catalunya, por cierto, importaron con alegre insensatez la jerga propia del Ulster adquirieron una grave responsabilidad: todo empieza siempre por las palabras)

La paz del Viernes Santo, ratificada mayoritariamente en referéndum en las dos Irlandas, permitió la recuperación del gobierno autónomo en Irlanda del Norte, compartido por unionistas y republicanos –nunca se valorará suficientemente el coraje que demostraron los dos antiguos enemigos, Ian Pasley y Martin Mcguinnes, ya desaparecidos, para acallar las armas– y abrió por primera vez la posibilidad de una reunificación de la isla, a través de una consulta, a partir del momento en que se intuyera la existencia de una mayoría clara.

La frágil arquitectura de la paz, sin embargo, amenaza ahora con el colapso. Con el gobierno autónomo suspendido de facto desde el 2017  –el ejecutivo cayó por un asunto de corrupción y ambos campos no han logrado hasta ahora superar sus desavenencias–, los resultados de las negociaciones del Brexit y de las recientes elecciones legislativas británicas han abierto un periodo de incertidumbre y desasosiego.

Irlanda del Norte, al igual que Escocia, votó contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, desde entonces, el temor a que la reimplantación de una frontera física entre las dos Irlandas arruinara el proceso de paz ha atormentado a unos y a otros. Al final, y para zozobra de los unionistas, el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Boris Johnson con Bruselas deja provisionalmente a Irlanda del Norte bajo los parámetros regulatorios de la UE e implicará en la práctica la instauración de una frontera invisible –pero real, puesto que habrá controles aduaneros– en el Mar de Irlanda, entre la provincia y Gran Bretaña.

Para añadir leña al fuego, las elecciones del 12 de diciembre al Parlamento británico dieron por primera vez la victoria a los republicanos (Sinn Fein y SDLP, con nueve diputados) frente a los  unionistas (el DUP obtuvo siete), algo nunca visto desde la partición de la isla en 1921. Circunstancia que ha llevado ya a algunos a pedir un referéndum de independencia para unirse a la República de Irlanda. Un poco precipitadamente, todo hay que decirlo, puesto que en voto real los unionistas (42%) siguen por delante de los republicanos (37%) 

En medio de toda esta inseguridad y efervescencia, hay indicios preocupantes sobre el riesgo de un retorno a la violencia. El segundo informe de la Independent Reporting Commission (IRC), del pasado 4 de noviembre, constata que la actividad de los grupos paramilitares, de un lado y del otro, ha aumentado en el último año y advierte que la situación es “seria y preocupante”.

En el campo de los “disidentes republicanos” se cuentan cuatro atentados con explosivos –entre ellos, un coche bomba frente a la corte de justicia en Londonderry–, siete heridos por arma de fuego y una víctima mortal: la periodista  Lyra McKee, muerta accidentalmente en abril en Creggan cuando un miembro del New IRA –organización creada en el 2012– disparó contra agentes de la policía. En el campo de los “paramilitares lealistas” se cuenta también una víctima mortal –Ian Ogle, apuñalado en enero en Belfast–, cinco heridos y un ataque con explosivos.

Lo más inquietante no son las acciones violentas  en sí mismas –de hecho, desde el Acuerdo de Viernes Santo, hace más de veinte años, no han cesado nunca del todo y ha habido casi 160 muertos–, sino el nuevo ambiente que las propicia. El líder de la formación republicana Saoradh (“liberación”), creada en el 2016, que rechaza el Acuerdo del Viernes Santo y pasa por ser el brazo político del New IRA, Brian Kenna, hizo en agosto unas alarmantes declaraciones en las que juzgó que la vía de las armas “es inevitable”. “Legítima” empiezan a considerarla también en las filas lealistas, que en las últimas semanas han organizado reuniones a lo largo de todo el territorio, con la participación de jefes de los grupos  paramilitares, para estudiar cómo responder al abandono de Londres.

Tales voces amenazan con encontrar eco especialmente entre los jóvenes, en una historia mil veces repetida. Jon Aldalur era muy joven –“Acababa de cumplir 18 años, teníamos un romanticismo exacerbado,”– cuando se sumó a ETA, seducido por “el encantamiento de la violencia”. En una entrevista realizada por Channel 4 en octubre, un portavoz del New IRA reconoció que la mayoría de militantes de su organización también lo son: “Nacieron después de 1998”. Nunca vivieron los Troubles. Ni saben los muertos que costó la paz.


lunes, 2 de diciembre de 2019

¿Quién recompondrá las tazas rotas?


Cuando los soldados norteamericanos –jóvenes de 18 o 19 años, casi niños– desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944 no sabían demasiado contra quién y por qué iban a luchar. Ignorantes la mayoría de lo que era el mundo más allá de las grandes praderas de Iowa o Indiana, los franceses les parecían a priori tan sospechosos como los alemanes, a quienes por otra parte no acababan de entender por qué tenían que ver como enemigos. Duró poco. En unos días, la brutalidad del combate hizo nacer en sus espíritus el odio que la guerra requiere. Pero entre ambos países no había viejas querellas y, finalizada la conflagración, el rencor se enfrió rápidamente. ¡Hoy hay jóvenes en Estados Unidos que creen que su país luchó junto a Alemania en la Segunda Guerra Mundial!

La guerra fría con la Unión Soviética cambió muy pronto el escenario geopolítico en Europa y convirtió en amigos a los viejos enemigos. El cariño que se profesan, sin embargo, no es exactamente recíproco. Los alemanes (42%) ven en EE.UU. a uno de sus principales aliados, sólo por detrás de Francia, mientras que los norteamericanos sitúan a Alemania (13%) en un rango bastante inferior, según un sondeo del Pew Research Center hecho público esta semana. Curiosamente, los alemanes (52%) creen menos importantes para su seguridad las bases militares norteamericanas existentes en su suelo que los estadounidenses para la de su país (85%)

Es posible que la percepción de las amenazas exteriores en la opinión pública alemana haya empezado a cambiar. Pero su clase dirigente sigue muy apegada a la alianza militar con Estados Unidos como garantía de seguridad. Consecuencia de las dos guerras mundiales, producto en gran medida del militarismo alemán, hoy el ejército germano –la Bundeswehr (Defensa federal), integrada por 182.000 soldados– está lejos de ser la más potente máquina de guerra del continente. No es extraño, pues, que en Berlín cualquier cuestionamiento de la Alianza Atlántica sea considerado tabú. Y si , además, se hace con alevosía y nocturnidad, mucho peor.

Las recientes declaraciones de Emmanuel Macron al semanario The Economist, en las que sostenía que la OTAN se encuentra en estado de “muerte cerebral”, causaron una profunda irritación en la Cancillería de Berlín. No porque el presidente francés ande desencaminado sobre los males que aquejan a la Alianza –dramáticamente expresados en la crisis de Siria, donde EE.UU. y Turquía han tomado decisiones unilaterales sin tener en cuenta los riesgos y potenciales efectos negativos para sus aliados–, sino por lanzar sus advertencias de malas maneras y sin avisar. “Intempestivas”, las calificó la canciller Angela Merkel. El 9 de noviembre, aprovechado la cena de conmemoración en la capital alemana del 30.º aniversario de la caída del Muro de Berlín –según reveló The New York Times–, Merkel reprochó personalmente a Macron su modo de actuar: “Comprendo su deseo de políticas rupturistas, pero estoy cansada de recoger los pedazos. Una vez tras otra, tengo que pegar las tazas que usted rompe para que podamos sentarnos y tomar una taza de té juntos”. ¿Hasta cuándo? Un portavoz de la Cancillería quitó hierro después a la conversación –“No hubo queja ni disputa”, aseguró–, aunque sin desmentir las palabras pronunciadas.

Macron se ha salido con la suya y la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana –los días 3 y 4– en Londres abordará los temas que plantea el presidente francés (¿cuál debe ser la estrategia de futuro de la Alianza? ¿hasta dónde llega la solidaridad militar entre aliados? ¿sigue siendo Rusia el enemigo o es el terrorismo yihadista?). También ha arrancado un compromiso de Alemania para crear un Consejo de Seguridad Europeo y reforzar la política exterior y de defensa común. ¿Pero a qué precio?

El resultado es que se está abriendo una brecha, cada vez más importante, entre Berlín y París. En Alemania, Merkel –ya de por sí inclinada a atemperar, si no a frenar, las iniciativas francesas– se encuentra en el final de su mandato sin haber logrado consolidar un relevo indiscutido, mientras que, en Francia, Macron parece determinado a tratar de erigirse en el líder de Europa. Dos factores coyunturales le  favorecen: la marcha del Reino Unido –que deja a Francia como la única potencia militar y nuclear de la UE– y la pérdida de liderazgo y de empuje económico de la otrora intratable Alemania. Cada vez más envalentonado, Macron no para en los últimos tiempos de tomar iniciativas unilaterales –diálogo con la Rusia de Vladímir Putin, bloqueo del proceso de adhesión de los países de los Balcanes– que provocan exasperación al otro lado del Rin.

El Brexit  cambiará –ha cambiado ya, de hecho– los equilibrios internos en Europa y ha dejado un poco más solos a Alemania y Francia, lo que puede exacerbar las tensiones. Los otros grandes países del continente están por ahora ausentes, cuando no directamente de espaldas (como Polonia). País fundador y tercera economía europea postbritánica, Italia se debate todavía entre el europeísmo oficial –más o menos de circunstancias– de la coalición M5E-PD y la eurofobia venidera de la ultraderechista Liga. Y España –cuarta potencia económica y demográfica de la Unión– sigue enredada en su propio laberinto, encadenando gobiernos de corta duración y ambición modesta.

Si Pedro Sánchez consigue esta vez evitar una nueva repetición de las elecciones, tendrá la oportunidad de ejercer un papel importante en Europa. En Bruselas y París hace tiempo que lo esperan.  También en Washington, donde ven con cierto pasmo la inhibición internacional española.  Un diplomático norteamericano lo expresaba esta semana de forma diáfana: “Hay países que quieren y no pueden; España puede, pero no quiere”. Alguien tendrá que ayudar a recomponer las tazas rotas.