Guerra de guerrillas en Bruselas

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Que la actual legislatura europea iba a ser agitada quedó claro tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mes de junio. El ascenso de la extrema derecha rompió el monopolio que hasta entonces había mantenido la coalición europeísta integrada por populares, socialistas y liberales, y abrió a los conservadores la posibilidad de jugar con mayorías alternativas. El líder del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber –proclive a pactar con la extrema derecha-, ha demostrado esta semana lo que puede hacer con este nuevo poder y ha hecho trastabillar el nombramiento de la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen.

La oportunidad se la ha dado el PP español. A priori, el examen (hearing) el pasado martes de los seis candidatos a vicepresidentes ejecutivos de la CE tenía como principal punto de fricción la nominación del italiano Raffaele Fitto, del posfascista Hermanos de Italia, como comisario de Cohesión y Reformas, a cuyo nombramiento se oponen socialistas y liberales no tanto por su personalidad –ex miembro de Forza Italia, pertenece al ala más moderada del partido de Giorgia Meloni- o la cartera que le ha sido adjudicada como por el simbolismo de entregarle a la extrema derecha una vicepresidencia. Pero el gran enfrentamiento surgió con la socialista Teresa Ribera.

La actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno español, y candidata a número 2 de la Comisión como responsable del área de Transición limpia, justa y competitiva, fue víctima de una ofensiva en toda regla del PPE y la extrema derecha. Y no por sus antiguas posiciones contrarias a la energía nuclear o por su idoneidad para una cartera que tiene entre sus objetivos la competitividad industrial, sino por las inundaciones de Valencia. ¿Una maniobra para garantizar un intercambio de cromos con el caso de Raffaele Fitto? Sí, pero no únicamente.

El examen de Ribera ante el Parlamento Europeo brindaba una oportunidad única al PP para tratar de desviar los focos del presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, por los más de 200 muertos de la DANA para dirigirlos contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que pretende presentar como el máximo responsable de la tragedia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamó expresamente a Manfred Weber para pedirle su ayuda. Llevar las querellas de la política interna española a las instituciones europeas es una práctica habitual de los conservadores españoles –algo que causa exasperación en no pocos de sus colegas de la Eurocámara- habitualmente sin consecuencias. No esta vez.

Manfred Weber ha embarcado a todo el PPE en el ataque contra Ribera, amenazando con vetarla si no se cumplen sus condiciones, lo que implicaría romper el pacto previo con socialistas y liberales, y poner en entredicho la mayoría europeísta que votó por Von der Leyen y que sostiene al gobierno comunitario. Además de retrasar la votación hasta después de la comparecencia de Ribera en el Congreso de los Diputados dedicada a Valencia, los populares exigen que ésta se comprometa a dimitir si resulta imputada. No parece probable que eso suceda -no hay antecedentes en España de políticos imputados por catástrofes naturales, el Supremo es reacio-, pero vista la receptibilidad de algunos jueces ante las querellas de los grupúsculos de extrema derecha –profesionales de la acusación popular- no se puede descartar.

Con su maniobra, Weber consigue varias cosas. De entrada, debilitar la posición de Teresa Ribera, una figura que los sectores conservadores ven con mucha suspicacia por su compromiso con la transición ecológica. Y, de paso, ajustar viejas cuentas personales. En primer lugar, con su compatriota y correligionaria Ursula von der Leyen –en su punto de mira desde que en el 2019 le birló el puesto de presidente de la Comisión-, a la que le marca el terreno y fragiliza. Y, en segundo lugar, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien no ha perdonado el áspero enfrentamiento que protagonizaron en el Parlamento Europeo en diciembre del año pasado, cuando el socialista le lanzó una venenosa alusión al Tercer Reich.

Habría también otro elemento en la ecuación. El Partido Popular Europeo tiene previsto celebrar su próximo congreso en Valencia –el azar, siempre tan oportuno- en mayo del año que viene y, según fuentes comunitarias, Weber estaría garantizándose así el apoyo de los conservadores españoles para su reelección como presidente.

La ofensiva del PPE ha puesto en pie de guerra  a los socialdemócratas europeos, para quien Ribera es su pieza más preciada en una Comisión mayoritariamente de derechas (sólo hay cuatro comisarios de izquierda de 27), y acusan a Weber de “poner en peligro” con su “comportamiento irresponsable” el nombramiento de la Comisión, que debería ser ratificado por el Pleno del Parlamento Europeo del 25 al 28 de noviembre. Es probable que, a pesar del ruido y la furia de estos días, la sangre no llegue al río. La posibilidad de que unos y otros empiecen a cruzarse vetos funciona como la disuasión nuclear: en palabras de un alto cargo de la Eurocámara, “el resultado sería la destrucción mutua asegurada”. Pero esta primera gran escaramuza dejará marcas.

 

Elecciones en Alemania. Tras un intenso tira y afloja, socialdemócratas y democristianos han alcanzado un acuerdo para celebrar elecciones anticipadas el 23 de febrero, después de que el canciller Olaf Scholz presente -y, con toda seguridad, pierda- una cuestión de confianza ante el Bundestag el 16 de diciembre. Tras romper con los liberales y abrir una crisis de gobierno que le ha dejado en minoría, Scholz pretendía retrasar todo lo posible la convocatoria de elecciones, mientras que el líder de la CDU, Friedrich Merz, urgía a hacerlo ya. Merz, que dejó temporalmente la política en 2009 al ser apartado por Angela Merkel, cree llegada su hora.

Inmigración a la baja. En contra de la percepción general y de los fantasmas que agitan las fuerzas políticas por toda Europa, la inmigración irregular lejos de desbocarse va acusadamente a la baja. Según datos de la agencia europea Frontex, entre enero y octubre de este año llegaron a la UE 191.900 inmigrantes irregulares, lo que supone un 43% menos que el año anterior. Mientras tanto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió un nuevo varapalo de la Justicia. Por segunda vez, un tribunal de Roma ha decidido suspender el envío de inmigrantes irregulares a los centros de retención de Albania hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie.

Paraguas nuclear. Ningún primer ministro británico, desde que lo hiciera Winston Churchill en 1944, había viajado a París para celebrar con las autoridades francesas el aniversario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918. Esta semana lo hizo Keir Starmer, quien junto al presidente francés, Emmanuel Macron, reiteraron la determinación de ambos países de seguir ayudando a Ucrania a resistir la invasión rusa. El gesto del Reino Unido y Francia -los dos únicos países europeos dotados de armas nucleares- se produce después de que la elección de Donald Trump en EE.UU. haya generado inquietud sobre su compromiso con la seguridad europea.