La traición de fin de año

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Una alianza de circunstancias entre Francia e Italia pone coto a las iniciativas de Alemania en la UE

El democristiano Friedrich Merz asumió el 6 de mayo la Cancillería de Alemania con un objetivo en mente: dar un gran salto adelante en política exterior, aumentando la implicación e influencia de Alemania en el mundo y asumiendo un liderazgo más decidido en Europa. Algo que, en los últimos siete meses, ha pretendido ejercer en numerosos frentes, particularmente en el dossier de la guerra de Ucrania. Sin embargo, todo este activismo se frustró en la madrugada del pasado 19 de diciembre, en la crucial y agitada cumbre europea de fin de año, donde Berlín sufrió un revés histórico. Hace tiempo que Alemania dejó de ganar siempre al fútbol -desmintiendo el popular adagio del británico Gary Lineker-, pero nunca había perdido en un asunto esencial en la Unión Europea. Hasta ahora. Merz despidió 2025 con una amarga derrota fruto de la acción conjunta del presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una alianza de circunstancias que puede tener importantes consecuencias para las relaciones entre Berlín y París.

Pero vayamos un poco hacia atrás. El lunes 15 de diciembre, Merz acogió como anfitrión en Berlín un importante encuentro entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, los emisarios especiales del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner -yerno de Donald Trump-, y un grupo de líderes europeos y de la OTAN, en busca de acordar un plan de paz conjunto que presentar a Rusia. Fue una auténtica puesta de largo de Alemania en política exterior. Al día siguiente, martes 16, el canciller alemán se anotó otro importante triunfo -económico, esta vez- al forzar a la Comisión Europea a dar marcha atrás en su objetivo de prohibir totalmente la fabricación de coches con motor de combustión a partir de 2035, para alivio de la potente y angustiada industria alemana del automóvil. En vísperas del último Consejo Europeo del año, aparentemente todo empezaba bien para Friedrich Merz. Pero se torció.

El primer tropiezo empezó a vislumbrarse el miércoles 17. Francia, que hasta ese momento se había resistido prácticamente en solitario a la ratificación del tratado comercial entre la UE y los países del Mercosur -Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay-, se encontró de pronto con que Italia se mostraba dubitativa. Macron, que semanas antes se había manifestado dispuesto a transigir a cambio de una serie de cláusulas de salvaguarda que protegieran a la agricultura y la ganadería europeas, se vio forzado a endurecer de nuevo su posición y tratar de ganar tiempo a la vista de las fuertes protestas del sector en Francia. Alemania, la gran beneficiada por el acuerdo -especialmente positivo para la industria-, y la Comisión presionaban para firmar el tratado antes de finalizar el año, pero la confluencia de Roma con la posición de París abortó los planes de Berlín y Bruselas. Al día siguiente, jueves 18, la Comisión decidió aplazar la firma al mes de enero. Era el primer día de la cumbre y la conjunción transalpina daba su primer disgusto.

Las preocupaciones del canciller alemán, sin embargo, no acababan aquí. Más allá del tratado con el Mercosur, su gran objetivo era ver aprobado su plan -elaborado en coordinación con la presidenta de la Comisión, la también alemana y correligionaria suya, Ursula von der Leyen- para financiar a partir del año que viene la ayuda militar y económica a Ucrania utilizando para ello los activos rusos -unos 210.000 millones de euros- depositados en entidades financieras europeas y congelados como sanción por la invasión de Ucrania en 2022. La fórmula consistía en utilizar ese dinero como garantía de un préstamo que Kyiv no debería devolver hasta que Moscú le pagara en el futuro eventuales reparaciones de guerra. De este modo, la UE podía seguir sosteniendo el esfuerzo bélico de Ucrania -privada con Trump de la ayuda norteamericana- sin cargar los presupuestos europeos. Sobre el papel, parecía una solución ideal, pero en la realidad presentaba numerosos problemas.

La incautación de los haberes rusos -de dudosa legalidad- podía tener importantes implicaciones económicas, tanto para la estabilidad de los mercados financieros europeos -tal como había advertido el propio BCE- como para los países más expuestos. Y entre estos, prácticamente de forma exclusiva, Bélgica, que custodia la mayor parte de estos fondos en la entidad financiera Euroclear. El férreo primer ministro belga, el nacionalista flamenco Bart de Wever, se oponía ferozmente a cargar en solitario sobre sus espaldas con todos los riesgos y se mantuvo firme en su rechazo a pesar de las presiones insistentes de Merz y Von der Leyen. Solo si había garantías suficientes de que el conjunto de la UE asumiría solidariamente las consecuencias se mostraba dispuesto a aceptar. Aquí es cuando el plan empezó a hacer aguas por todas partes.

El gran error del tándem Merz-Von der Leyen fue apostarlo todo a una única opción y descartar cualquier otra fórmula -consecuencia de la telúrica aversión germana al endeudamiento-, de tal modo que cuando su plan fue rechazado la derrota fue palmaria. El canciller alemán intentó hacer ver lo contrario en una alambicada intervención ante los medios de comunicación, pero los hechos eran tozudos: el Consejo Europeo acordó financiar a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones de euros obtenidos a través de eurobonos avalados por el presupuesto comunitario (eso sí, con la excepción de la tríada prorrusa del Este -Eslovaquia, Hungría y República Checa-, que quedaron desvinculados del acuerdo). Con esta fórmula, los activos rusos se presentan como un respaldo de último recurso, pero seguirán donde están.

La UE debía imperativamente encontrar antes de final de año la forma de seguir ayudando económicamente a la defensa de Ucrania. Era una cuestión de vida o muerte. Y no falló. No lo hizo de la forma esperada pero lo hizo, rompiendo por segunda vez el tabú de la deuda conjunta. La primera ocasión fue en 2020, para financiar los fondos Next Generation, con los que combatir la crisis económica inducida por la pandemia de covid y que ha llevado el endeudamiento común acumulado a unos 700.000 millones de euros, a los que ahora se añadirán los de Kyiv.

La solución final se fraguó en una compleja negociación de madrugada, en la que volvió a actuar implícitamente el tándem Macron-Meloni. Dinamarca -que ejercía la presidencia semestral europea-, Polonia y los países bálticos presionaban a favor del plan de Alemania. Pero Bélgica no estaba sola en el envite. Varios países mostraban también sus dudas sobre la incautación de los activos rusos y sobre el alcance de las garantías que se pretendían exigir a todos, entre ellos y principalmente Italia, que junto con Bulgaria, la República Checa y Malta hicieron pública una declaración pidiendo que se exploraran “soluciones alternativas”. Francia no sumó su voz, pero su papel fue decisivo, pues por detrás iba trabajando ya en la solución alternativa que finalmente se adoptó, negociando discretamente con Hungría. Berlín lo vivió poco menos que como una traición. La pareja francoalemana puede acabarse resintiendo.

 

APUNTES

Última versión del plan de paz. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, desveló en vísperas de Navidad, las líneas esenciales de la última versión del plan de paz negociado con EE.UU. y los europeos para presentar a Moscú. La propuesta prevé un pacto mutuo de no agresión con Rusia, la reducción del ejército ucraniano a 800.000 soldados en tiempos de paz, el ingreso de Ucrania en la UE -no así en la OTAN- y fuertes garantías de seguridad para el país por parte de sus aliados en caso de que Rusia vulnerara el acuerdo. La cuestión territorial, sin embargo, sigue abierta. Zelenski se niega a ceder las partes del Donbass que controla y defiende fijar para el alto el fuego la actual línea del frente, aunque se muestra abierto a un posible compromiso, que consistiría en crear una zona económica especial, desmilitarizada, con la participación norteamericana en los territorios que Moscú reclama.

Venganza norteamericana. El Gobierno de Estados Unidos nunca ha aceptado la regulación europea sobre los Servicios Digitales (DSA), que considera lesiva para los intereses de las grandes tecnológicas norteamericanas y, por ende, un ataque contra los intereses nacionales de EE.UU. Desde el retorno al poder de Donald Trump, a principios de año, Washington ha multiplicado las presiones para dejar sin efecto tal regulación. Su último movimiento -con regusto a venganza- ha consistido en sancionar a varias personalidades europeas prohibiendo su entrada en el país. Se trata del excomisario europeo de Mercado Interior y padre de la DSA, Thierry Breton, y cuatro representantes de oenegés que combaten la desinformación y la incitación al odio en las redes sociales en Alemania y el Reino Unido: Imran Ahmed, del Center for Countering Digital Hate; Clare Melford, de The Global Disinformation Index, y Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de HateAid.

Londres, cada vez más cerca. Aunque uno de los objetivos declarados del actual primer ministro británico, Keir Starmer, es resetear las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, hasta ahora no se habían producido grandes avances en este terreno (más allá de la unidad de acción en el tema de la guerra de Ucrania). La primera decisión tangible de Londres en este sentido ha sido la de regresar, a partir del curso académico 2027-2028, al programa Erasmus de intercambio de estudiantes. No se trata de un gesto aislado. Casi diez años después de la aprobación en referéndum del Brexit, una parte del Gobierno británico y un sector importante del partido Laborista se muestran favorables a solicitar a Bruselas el retorno a la unión aduanera con la UE. Eso sí, los sondeos dan como primera fuerza política en el Reino Unido al partido del nacionalista antieuropeo Nigel Farage.