Europa vacila en el Este

 

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 La noche del pasado domingo un escalofrío recorrió la espina dorsal de Europa. Los primeros datos del referéndum celebrado en Moldavia sobre su adhesión a la Unión Europea daban una clara ventaja al no, avalado por los sectores prorrusos de la sociedad. Durante la madrugada, y gracias al voto de los 200.000 moldavos de la diáspora, cambiaron las tornas y el sí acabó venciendo por los pelos: 50,38% a 49,62%. “Moldavia ha elegido un futuro europeo”, se felicitó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mientras el Kremlin –acusado de haber comprado votos a favor de su causa- arrojaba sospechas sobre la limpieza del escrutinio.

El desenlace fue un alivio para la presidenta saliente, la liberal y pro europea Maia Sandu, del Partido de Acción y Solidaridad (PAS), que se jugaba la vigencia de su gran proyecto político. Bruselas y Chisinau atribuyeron a las injerencias rusas lo ajustado del resultado: la policía moldava detectó la transferencia de 15 millones de euros desde Rusia -a través del oligarca moldavo Ilan Sor, huido a Moscú tras ser condenado por corrupción- con el objetivo de comprar 130.000 votos para el no. Pero las cifras están ahí.

El resultado del referéndum demuestra, más allá de las maniobras rusas -ya sea en forma de compra de votos, ya sea a través de campañas de desinformación-, la extrema división de la sociedad moldava. Algo que, convenientemente azuzado desde el exterior, podría conducir a un enfrentamiento civil. Así lo teme el exministro de Exteriores ucraniano Pavló Klimkin, quien en el diario Gazeta –citado por el portal Euractive- expresó su temor de que se desestabilice la frontera occidental de Ucrania.

La batalla política entre europeístas y prorrusos tendrá una nueva cita el 3 de noviembre, fecha de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En la primera, celebrada simultáneamente con el referéndum, Sandu salió airosa, al vencer con el 41,8% de los votos frente al 26,3% obtenido por su principal rival, Alexandr Stoianoglo, ex fiscal apoyado por los socialistas prorrusos del PSRM. Pero todavía falta el segundo asalto y, más allá, las elecciones legislativas de 2025.

Encajado entre Rumanía y Ucrania, Moldavia es un pequeño país de 2,6 millones de habitantes. Como otras repúblicas de la extinta Unión Soviética, alcanzó la independencia en 1991, algo que Moscú no ha digerido todavía. Conforme todos estos países se han ido aproximando hacia la UE y el bloque occidental, Rusia ha acrecentado su presión desestabilizadora y su intervencionismo militar, argumentado muchas veces con el pretexto de proteger a las minorías rusófonas. Así, en Moldavia, la región separatista oriental de Transnistria, de población eslava, está ocupada por tropas rusas desde 1990, antes incluso de la definitiva desintegración soviética. Igual que lo están Abjasia y Osetia del Sur en Georgia –desde la guerra del 2008- y parte de las de Donetsk y Luhansk, además de la península de Crimea, en Ucrania desde 2014.

La desestabilización de Ucrania, el país más importante de los que abandonaron la antigua URSS (37 millones de habitantes, granero de Europa), empezó casi desde el minuto uno. Pero la reacción popular abortó por dos veces los objetivos de Moscú. En 2004, la  llamada revolución naranja impidió que un pucherazo impusiera presidente al prorruso Víktor Yanukóvich en lugar del ganador de los comicios, Víktor Yúschenko (quien, por cierto, fue envenenado durante la campaña, lo que le desfiguró el rostro). Y en el 2013, la rebelión del Euromaidán, en contra de la decisión del –entonces sí- presidente Yanukóvich de suspender el acuerdo de asociación con la UE, acabó con la huida del jefe del Estado a Moscú, que lo calificó de golpe de Estado.

Al año siguiente, Rusia invadió y se anexionó la península de Crimea –base de su flota del Mar Negro, en Sebastopol- y, vista la tibia reacción internacional, en febrero de 2022 lanzó una amplia ofensiva militar para hacerse con el control del país entero. Como es sabido, la “operación militar especial” ordenada por Vladímir Putin –que confiaba en alcanzar sus objetivos en pocas semanas- fracasó y el golpe de mano se ha acabado convirtiendo en una guerra interminable.

En este inestable dominó, la próxima pieza en juego es Georgia (3,7 millones de habitantes, en la frontera sur de Rusia, junto al mar Negro), donde mañana sábado se celebran elecciones legislativas. El Gobierno actual, que lleva 12 años en el poder, está dirigido por el partido Sueño Georgiano, fundado por el oligarca Bidzina Ivanishvili, que se ha caracterizado por hacer seguidismo de Moscú y a quien la UE ha amonestado por aprobar medidas contrarias a los valores europeos. La chispa, que ha levantado numerosas protestas, fue la aprobación en mayo de la “ley de agentes extranjeros”, un copia y pega de una norma rusa dirigida contra las oenegés y la sociedad civil.

En estas elecciones, el partido gubernamental ha presentado la campaña en clave de guerra o paz: la primera vendría –al igual que en Ucrania- si se sigue avanzando hacia la adhesión a la UE, mientras que la segunda quedaría garantizada por la amistad de Rusia. Georgia, Moldavia y Ucrania son oficialmente países candidatos a incorporarse a la UE. Pero el camino está lleno de obstáculos y el objetivo dista mucho de estar asegurado.

 

Zona euro, zona deprimida. La economía europea va renqueante. No podía ser menos cuando el principal motor, Alemania, va camino de la recesión. Las últimas previsiones del FMI vaticinan un porvenir difícil para la economía germana, que cerrará este año con un (no) crecimiento del PIB del 0,0% y una menos que tímida recuperación en 2025 (0,8%), lo que arrastra como un lastre al conjunto de la eurozona (0,8% y 1,2%, respectivamente). Sólo España mantiene un buen ritmo (2,9% y 2,1%). Todos por detrás, en cualquier caso, de China (4,8%-4,5%) y Estados Unidos (2,8%-2,2%). El Banco Central Europeo (BCE) ha rebajado los tipos de interés al 3,25% para animar la cosa.

Tropiezo de Meloni. La primera ministra italiana ha atraído a una buena parte de sus colegas europeos de la derecha de raíz democristiana a sus controvertidas tesis sobre la inmigración irregular y, en particular, a su iniciativa de “externalizar” los centros de retención y expulsión, situándolos en terceros países (en su caso, Albania). El último Consejo Europeo se rindió a sus cantos de sirena, pero al día siguiente la justicia italiana le echó un jarro de agua fría ordenando el retorno a Italia de los primeros desplazados. La primera ministra italiana aprobó rápidamente un decreto para tratar de blindar su medida estrella, pero el camino se vislumbra plagado de pleitos judiciales.

Veto a los ultras en Austria. El principal partido de la extrema derecha austriaca, el FPÖ, que venció en las elecciones del pasado 29 de septiembre, se quedará fuera del gobierno. El presidente federal, Alexander Van der Bellen, encargó este martes la formación de gobierno al canciller en funciones y líder del partido conservador ÖVP, Karl Nehammer, tras constatar en la ronda de consultas que ninguna formación está dispuesta a aliarse con el FPÖ y su líder, el muy extremista Herbert Kickl. Nehammer, que quedó en segundo lugar, ha anunciado la apertura de conversaciones con los socialdemócratas -que quedaron terceros- y no descarta sumar a los liberales.

 

Zelenski, como alma en pena

El reloj avanza a gran velocidad y el tiempo se le acaba a Volodímir Zelenski. Y a Ucrania. Dentro de dieciséis días, el 5 de noviembre, Estados Unidos elegirá un nuevo presidente y si el republicano Donald Trump se acaba imponiendo a la demócrata Kamala Harris, el tablero de juego internacional podría saltar por los aires. El presidente ucraniano lo sabe, como sabe que su país puede ser el gran sacrificado en el altar de una renovada entente entre Trump y el líder ruso, Vladímir Putin.

El candidato republicano, que ya ocupó la Casa Blanca entre 2017 y 2020 –y se jacta desde entonces de su amistad con el autócrata del Kremlin–, promete acabar con la guerra en un santiamén. A expensas de Ucrania, naturalmente, a la que piensa cortar la perfusión de armas y dinero que le proporciona la administración del presidente Joe Biden y que hasta ahora le ha mantenido con vida. Desprovista del apoyo norteamericano, Kyiv no podría mantener su resistencia y se vería forzada a firmar un armisticio que consolidaría la ocupación rusa de la península de Crimea y  del Donbass.

Para prevenir esta deriva, y combatir la lasitud que está ganando a sus aliados occidentales, Zelenski y sus generales han elaborado un plan con el objetivo de situar a Ucrania en una posición de fuerza para negociar. Lo que no es el caso ahora mismo. Lo han bautizado como “Plan de la Victoria” y el líder ucraniano lo vende como la llave maestra que debería permitir poner fin a  la guerra en el 2025.

Zelenski acudió a la Casa Blanca el pasado 26 de septiembre para presentarle su plan a Biden. Y lo mismo hizo la segunda semana de octubre con los principales líderes europeos: el británico Keir Starmer –acompañado por el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte– en Londres, el francés Emmanuel Macron en París y la italiana Giorgia Meloni en Roma, todo ello el día 10, y el alemán Olaf Scholz en Berlín, al día siguiente. El presidente ucraniano estuvo asimismo en Bruselas este jueves para reunirse con los 27 y con los ministros de Defensa de la OTAN.

Juntos o por separado, Zelenski necesita de todos ellos un compromiso con su plan. Pero está lejos de haber conseguido algo más que buenas palabras. Uno de los ejes de la propuesta de Kyiv, que el miércoles fue presentada asimismo ante el Parlamento ucraniano, es acelerar el ingreso de Ucrania en la OTAN, extremo este último que provoca serias reticencias en varias capitales occidentales. Desde el punto de vista estrictamente militar, el plan –del que algunos aspectos se guardan en secreto– propone instalar en Ucrania un “paquete de disuasión estratégica integral no nuclear”  y potenciar la capacidad ucraniana con la autorización de los aliados para utilizar sus armas más potentes en el interior de Rusia, lo que hasta ahora le ha sido denegado para evitar una escalada que condujera a una implicación directa de la Alianza en la guerra.

Zelenski quiere aumentar la dotación de su ejército con más misiles estadounidenses ATACMS (con un alcance de 300 kilómetros), los franco-británicos Scalp/Storm Shadow (550 km) y los alemanes Taurus (500 km), y sobre todo que le sea permitido su uso en territorio ruso, con el fin de cambiar el curso de la guerra y decantar la actual relación de fuerzas a su favor. Hasta ahora no lo ha conseguido.

Zelenski agitó en Bruselas la amenaza de la participación de tropas de Corea del Norte al lado de Rusia, algo que los servicios secretos surcoreanos confirmaron el viernes (1.500 soldados estarían ya en Vladivostok para recibir entrenamiento). Pero, de entrada, no logró ningún efecto. El mismo viernes, mientras Joe Biden –de gira de despedida en Berlín– abogaba por mantener el respaldo a Kyiv, sin más precisiones, Olaf Scholz apostillaba: “La OTAN no debe convertirse en parte de esta guerra”. Punto.

La cuantiosa ayuda militar occidental –los países de la  Alianza han destinado en el primer semestre de este año 20.000 millones de euros y el objetivo es llegar a 40.000 millones al final– ha sido y es fundamental para que Ucrania resista la invasión rusa, pero insuficiente para ganar la guerra.

La situación es adversa en este momento para Ucrania en el campo de batalla. A pesar de haber logrado mantener su incursión en la región rusa de Kursk, los ucranianos no logran frenar a los invasores en su propio territorio. Los rusos avanzan en varios frentes: en el este, tomaron recientemente, tras duros y largos combates, la población de Vuhledar, clave en su progresión para tratar de hacerse con la provincia de Donetsk y controlar todo el Donbass, mientras en la región de Járkiv, en el nordeste, las autoridades ucranianas se vieron obligadas esta semana a ordenar la evacuación de la ciudad de Kúpiansk.

Kyiv se enfrenta a un grave problema de escasez de tropas que la aprobación de las nuevas leyes de movilización solo ha paliado en parte. Desde mayo, se reclutan unos 30.000 nuevos soldados cada mes, pero los jefes militares consideran que no están suficientemente capacitados. El Financial Times recogía el testimonio coincidente de diversos comandantes ucranianos que mostraban su preocupación al respecto y ofrecían un dato espeluznante: entre el 50% y el 70% de los nuevos reclutas de infantería caen –muertos o heridos– a los pocos días de su incorporación al frente. Mientras, entre los veteranos, hartos de su movilización permanente, cunden los abandonos. Según datos oficiales recogidos por Deutsche Welle, solo en la primera mitad de este año desertaron cerca de 30.000 soldados.

No es de extrañar que las demandas de Zelenski suenen dramáticas. Lo son.

El espejismo italiano

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El año pasado entraron irregularmente en la Unión Europea 380.200 personas, según datos oficiales de la agencia europea Frontex. ¿Es mucho? ¿Es poco? Globalmente no parece una enormidad: representa apenas el 0,08% de la población de la UE, de 448 millones de habitantes. A priori, debería poder gestionarse con cierta facilidad, si no fuera porque los intereses egoístas de cada país prevalecen.

¿Quiénes son los que llaman a las puertas de Europa intempestivamente? ¿Por dónde llegan? Las cifras de 2023 muestran que el colectivo más importante –más de 100.000, el 28%- era el de los sirios, procedentes pues de un país en guerra o de los campos de refugiados de los países del entorno (pese al freno que pone Turquía). La mayoría llegaron cruzando el mar: 157.400 por el Mediterráneo Central (Italia), 60.000 por el Mediterráneo Oriental (Grecia), 40.400 por la ruta de África Occidental (Canarias) y 16.900 por el Mediterráneo Occidental (España peninsular). De las rutas terrestres destacan los Balcanes Occidentales (99.000) y los países del Este (5.600)

Las dificultades empiezan aquí, en el momento de la llegada. La entrada masiva de inmigrantes irregulares desborda a las regiones fronterizas, que reclaman la solidaridad del resto de la UE y no obtienen ni la europea ni la del propio país (como en España las islas Canarias). El otro gran problema viene después: la concentración de la población inmigrante en determinadas zonas del territorio tensa las costuras sociales y dificulta –si no coarta absolutamente- su integración. Francia y los conflictivos barrios de los suburbios urbanos (banlieues) es un sangrante ejemplo de lo que evitar.

Europa puede intentar frenar la inmigración irregular, reducir la presión. Pero no podrá terminar con el ansia de miles de personas por alcanzar el Eldorado europeo ni convertir la UE en una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, los dirigentes europeos hacen como si fuera posible. Y en lugar de centrar sus esfuerzos en lo que a la postre es lo más importante –la integración de los recién llegados-, ponen el énfasis en una quimera.

Víctimas de un espejismo, unos y otros han convertido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder del posfascista Hermanos de Italia, en un referente de la lucha contra la inmigración irregular. ¿Su mérito? Una reducción drástica de las llegadas por el Mediterráneo Central: según datos recientes de Frontex, en los primeros ocho meses de 2024 las entradas por la vía italiana –que sigue siendo la más importante- alcanzaron la cifra de 41.200, lo que representó una caída del 64%. ¡Bravo! Solo que, como quien aprieta un globo, hacer presión sobre un lado desplaza el problema hacia otro. Así, en este mismo periodo, las llegadas a Canarias se dispararon un 123% (hasta 25.000)

Los expertos atribuyen la sustancial rebaja de entradas por Italia a los acuerdos alcanzados con los países de donde parten las pateras –Túnez, Libia y Turquía- para obstaculizar las salidas y no tanto al proyecto estrella de Meloni de deslocalizar la gestión de las solicitudes de asilo a centros de internamiento en países terceros, en este caso Albania. Esta semana, el gobierno de Meloni ha estrenado el sistema, con la llegada al puerto albanés de Shëngjin de 16 inmigrantes procedentes de la isla de Lampedusa. Teniendo en cuenta las cifras expuestas hasta ahora, pensar que un centro con capacidad para un millar de solicitantes de asilo o pendientes de expulsión pueda cambiar significativamente las cosas parece aventurado. A no ser que el planteamiento sea infestar el mundo de campos de concentración y deportación.

La iniciativa es controvertida, en la medida en que podría vulnerar los derechos de los demandantes de asilo y las leyes europeas. Y algunos de los países pioneros en este terreno, como el Reino Unido –que acordó deportaciones a Ruanda-, la han abandonado. Pese a ello, esta idea ha salido de los círculos de la extrema derecha y ha seducido a algunos sectores de la derecha tradicional. Hasta tal punto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió el lunes a los 27 una carta proponiendo explorar esta solución dentro de lo que calificó, de forma pudorosa, como iniciativas “innovadoras”. La cumbre de la UE prefirió anoche llamarlas “nuevas vías”.

No todos los líderes europeos comulgan con esta propuesta, que de todos modos solo se acordó estudiar. Pero tampoco tuvieron ganas –o fuerza- para rechazarla. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es uno de los más beligerantes en contra de la medida, pero tiene pocos aliados. Al canciller alemán, Olaf Scholz, de la misma familia socialdemócrata, tampoco le entusiasma la idea, además de verla inútil (los centros externalizados “no son la verdadera solución”, declaró, tras calificarlos de “pequeñas gotas”). Pero tras haber restablecido de forma unilateral el control de las fronteras interiores, presionado por el avance de la ultraderecha, no está Scholz para muchas batallas. Con  Francia, cuyo nuevo gobierno se ha escorado a la derecha (su ministro del Interior, Bruno Retailleau, tiene planteamientos gratos a Marine Le Pen), tampoco se puede contar.

Envalentonada, Meloni convocó ayer una minicumbre paralela en Bruselas –previa a la oficial- con los países más afines para preparar el terreno. Y, de paso, mostrar su fuerza. A la cita acudieron los líderes de Austria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Malta, Países Bajos y Polonia, además de la mismísima Von der Leyen. Demasiadas voces para no decantar el resultado del Consejo Europeo.

En el Eurobarómetro de este octubre, sobre las preocupaciones y motivos del voto de los europeos, aparecía como principal problema la inflación y el coste de la vida (42%), seguido de la situación económica (41%), la situación internacional (34%) y la democracia y el imperio de la ley (32%). La inmigración aparecía en quinto lugar, con un 28%, empatada con el cambio climático y la defensa y seguridad. Claro que si los políticos de todos los colores siguen con su letanía, los ciudadanos acabarán convencidos de que los extranjeros son el principal problema de sus vidas.

 

Memoria del telón de acero. La herida que produjo la división de Europa por el telón de acero entre el bloque comunista y el bloque occidental, simbolizada por el Muro de Berlín (1961-1989), todavía sangra. Un tribunal de la capital alemana condenó el lunes a diez años de cárcel a un exagente de la Stasi, la policía política de la antigua RDA, Martin Naumann, ya octogenario, por haber matado en 1974 a sangre fría y por la espalda al ciudadano polaco Czeslaw Kukuczka cuando se disponía a cruzar el paso fronterizo de Friedrichstrasse entre Berlín Este y Berlín Oeste. Como Kukuczka, al menos 140 personas murieron tratando de atravesar la frontera entre las dos Alemanias.

Boris, según Boris. El ex primer ministro británico Boris Johnson ha publicado un libro de memorias, bajo título Unleashed (desatado), en el que repasa sus quince años en la vida política -como alcalde de Londres, ministro de Exteriores y jefe de Gobierno- y aprovecha para no dejar títere con cabeza. Al presidente francés, Emmanuel Macron, le acusa de haber azuzado las pateras en el Canal de la Mancha en venganza por el Brexit y asegura haber pensado en lanzar una intervención con comandos en los Países Bajos en 2020 para hacerse con vacunas de la covid. Como en su época de corresponsal de The Daily Telegraph en Bruselas, le creerá quien querrá.

Bruselas dirimirá sobre el fútbol. Las 33 ligas de fútbol europeas -incluida la española- y la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra la FIFA por “abusar de su posición dominante en el fútbol comunitario” a la hora de fijar los calendarios de las distintas competiciones. Detrás de esta demanda está la queja de los clubes y los futbolistas por la saturación del calendario de competiciones, que puede llevar a algunos jugadores a tener que disputar 75 partidos esta temporada. Los criterios de la FIFA, según los denunciantes, “infringen la legislación de la Unión Europea”.

Los coches de la discordia

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Los tiempos de la globalización feliz son historia. Se acabaron, de hecho, con la pandemia de covid en 2020 y la crisis económica que le siguió. Aunque Europa, cuya dependencia industrial y estratégica quedó gravemente en evidencia, ha tardado un poco en reaccionar. Mientras sus dos grandes competidores, China y Estados Unidos, se lanzaban a dopar su propia industria con dinero público y adoptaban medidas proteccionistas, la UE seguía en solitario blandiendo la bandera del libre comercio y la competencia. En su propio perjuicio.

En su informe sobre la competitividad europea, el ex primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ya advertía sobre ello: “Otras regiones ya no siguen las reglas del juego y están desarrollando activamente políticas para reforzar su competitividad. En el mejor de los casos, estas políticas pretenden reorientar la inversión hacia sus propias economías a expensas de la nuestra; en el peor, están diseñadas para hacernos permanentemente dependientes”. Aunque no los citaba explícitamente, se refería a EE.UU. en el primer caso, y a China, en el segundo.

Todo indica que los 27, aun divididos, han decidido finalmente dar un golpe de timón. Así se deduce de la decisión de imponer a partir del 31 de este mes aranceles suplementarios -de hasta el 34,4%, que se añaden al 10% de derechos de aduana- sobre la importación de coches eléctricos fabricados en China, como medida para proteger la industria automovilística europea. Según la investigación llevada a cabo por la Comisión Europea, la competencia china es desleal en la medida en que sus bajos precios son alimentados por subvenciones estatales masivas. Bruselas, no obstante, mantiene abierta la vía de la negociación para tratar de llegar a un arreglo y evitar una guerra comercial abierta.

La sobreproducción automovilística china es una amenaza directa para Europa, donde esta industria es un pilar fundamental. El sector representa el 7% del PIB de la UE y el 8,5% del empleo industrial europeo, y tiene un particular peso en media docena de países, con Alemania a la cabeza. Hoy, la industria china ha desplazado a la alemana y Pekín es ya el primer exportador mundial de automóviles –en 2023 produjo 30 millones de coches, tanto eléctricos como de gasolina, de los que 4,9 millones fueron para la exportación-. El año pasado, en fin, el 37% de las importaciones europeas de productos chinos fueron vehículos eléctricos, un sector en el que China controla además la producción de baterías y las materias primas críticas.

En un reciente artículo publicado en Foreign Affaires y titulado “La doble amenaza de China a Europa”, la politóloga Liana Fix y la economista Heidi Crebo-Rediker apuntaban que la política de Pekín con el coche eléctrico es la misma que aplicó con la industria de las placas solares, solo que en el caso del automóvil su impacto sería mucho más devastador para Europa. Para poner freno a esta deriva, las autoras defienden la imposición de aranceles –más elevados que los aprobados- y, para evitar que puedan sortearse instalando centros de ensamblaje en Europa, poner condiciones exigentes a la implantación de factorías chinas, tal como hicieron los chinos con los europeos en los años noventa (en aquel tiempo Pekín ponía, entre otras condiciones, la transferencia de tecnología, lo que nos ha llevado a donde estamos)

La decisión europea sobre los aranceles –mucho más modestos que los decididos por EE.UU., del 100%- no ha sido, sin embargo, unánime: hubo solo 10 votos a favor por 5 en contra y 12 abstenciones. Entre estas últimas estaba la de España, que tras haber votado a favor de esta medida a principios de verano, cambió de opinión tras la visita, hace un mes, de Pedro Sánchez a China y de las advertencias del CEO de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, sobre las apocalípticas consecuencias que tendrían para la compañía (que fabrica en China su modelo Cupra Tavascan)

Lo más significativo, sin embargo, fue el voto negativo de Alemania, que algunos analistas no dudan en calificar de egoísta para evitar ser el blanco de las represalias comerciales de Pekín. La industria del automóvil es el principal sector exportador de Alemania (representa el 17% de las exportaciones totales) y uno de sus principales mercados es, justamente, China (el tercero, tras EE.UU. y el Reino Unido). Cualquier posibilidad de que Pekín pudiera tomar medidas contra los coches europeos –lo que ha dado a entender como posibilidad- pone los pelos de punta a Berlín, que esta misma semana ha admitido que la economía alemana cerrará 2024 en recesión.

La reacción china ha sido, por el momento, perfectamente calculada. Este pasado martes, el Ministerio de Comercio chino anunció como respuesta la imposición de aranceles suplementarios de hasta el 39% a los brandis y licores espirituosos europeos, lo que afecta muy principalmente a Francia (uno de los países del sí), principal exportador mundial con su cognac. De hecho, el 99% de las importaciones chinas de este licor procede del Hexágono, cuyo gobierno ya ha expresado airadas protestas.

El pulso acaba de empezar y de su desenlace puede depender en gran medida el futuro de Europa como potencia industrial. ¿Serán capaces los europeos de aparcar sus rivalidades y mantener la unidad? Pekín parece apostar a que no.

 

Momento Orbán. El controvertido primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, presidente de turno de la Unión Europea, tenía esta semana una esperada cita en Estrasburgo: su comparecencia ante el Parlamento Europeo para hablar de las prioridades de su presidencia. Organizada en dos fases, Orbán ofreció la víspera una nutrida conferencia de prensa, en la que se regocijó por adelantado de la posible victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, y el jueves se enfrentó a un hemiciclo mayoritariamente hostil, una parte del cual le cantó el ‘Bella Ciao’, mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le criticaba con dureza.

Dinero condicionado. Nada hay todavía oficial, pero ya han empezado a trascender algunos de los cambios que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quiere introducir en el presupuesto comunitario. Y no son menores. Bruselas plantea refundir todos los fondos y programas existentes en 27 programas nacionales -uno por cada país miembro-, condicionando la entrega del dinero a reformas y objetivos previamente pactados con cada gobierno. Se generalizaría así el sistema aplicado en los fondos Next Generation. Este planteamiento conllevaría una recentralización de la gestión de los fondos de cohesión, en detrimento de las administraciones territoriales.

Acuerdos en suspenso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un fallo por el que anula los acuerdos comerciales, en materia de agricultura y pesca, suscritos por la UE y Marruecos en el 2019 por entender que implican al territorio del Sahara Occidental sin su consentimiento. El TJUE da la razón al Frente Polisario, organización a la que considera legítima representante del pueblo saharaui. El fallo va en sentido contrario al tomado por países como España y Francia, que en los últimos años han asumido la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental -anexionado en 1975 por Marruecos- y apoyado la vía de la autonomía para la antigua colonia española.

¿Se comía el abuelo de Trump los gatos de sus vecinos?

Kallstadt es un pequeño pueblo vitivinícola de un millar de habitantes en el land alemán de Renania-Palatinado conocido por sus bodegas, algunas de las cuales tienen más de trescientos años de existencia. Numerosos visitantes acuden a esta localidad atraídos por sus vinos y su gastronomía, entre ellos los militares de la base aérea de Ramstein –distante unos 60 kilómetros–, cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa.

Pero si hay algo que ha contribuido a que Kallstadt sea conocido hoy en todo el mundo –y particularmente en EE.UU.– no es su vino, sino el hecho de haber dado nacimiento a dos sagas norteamericanas. Allí nació el padre de Henry John Heinz, el fundador de la célebre marca de ketchup. Y también los abuelos paternos del expresidente y candidato republicano Donald Trump.

Friedrich Trump tenía 16 años cuando emigró a América en 1885. El hombre empezó trabajando como barbero antes de empezar a hacer dinero con restaurantes y burdeles para los buscadores de oro, y reinvertirlo en la compra de terrenos. Un negocio, este último, que continuaría su viuda –Elisabeth Christ, originaria también de Kallstadt–, y daría pie a que su hijo Fred –padre de Donald– erigiera su imperio inmobiliario.

Los primeros inmigrantes alemanes empezaron a llegar a EE.UU. a finales del siglo XVII, asentándose inicialmente en Nueva York, Pensilvania y Virginia. Hoy, los norteamericanos de raíces germánicas representan una sexta parte de la población estadounidense –alrededor de 50 millones– y son los responsables, entre otras cosas, de haber popularizado en el Nuevo Mundo algo tan aparentemente americano como los hot dogs y las hamburguesas –además del ketchup, claro–.

Sin embargo, los inmigrantes alemanes no fueron siempre bienvenidos. El semanario Der Spiegel recordaba hace poco cómo Benjamin Franklin (1706-1790), uno de los padres fundadores de EE.UU., se había mostrado ásperamente contrariado por la llegada de estos inmigrantes, que calificaba de “groseros” y difíciles de integrar. Mostrando unos prejuicios que hoy se repiten con otras comunidades, Franklin no consideraba a los alemanes como blancos –condición que, para él, sólo tenían anglosajones y sajones– y temía que la “germanización” de algunos estados desnaturalizara su identidad. De haberse traducido sus inquietudes en una política migratoria restrictiva, acaso los Trump no hubieran llegado nunca a América.

Benjamin Franklin, dicho sea de paso, era a su vez hijo de un inmigrante inglés... Como, de hecho, son descendientes de extranjeros absolutamente todos los estadounidenses que no forman parte de las –casi erradicadas– comunidades nativas originarias. Aunque cualquiera lo diría al escucharlos... Donald Trump, nieto de inmigrantes alemanes, americano de segunda generación, se considera la quintaesencia del estadounidense y no soporta hoy a los nuevos inmigrantes procedentes del Sur, de piel algo más morena pero tan poco blancos como él mismo según los parámetros del citado padre de la patria.

También en Europa en general, y en España en particular, se ha dado una disociación mental parecida. De ser hasta época muy reciente un país que enviaba emigrantes y refugiados a Europa y América, ahora nos hacemos los estupendos y miramos con enojo a quienes llegan a nuestras fronteras en busca de una nueva vida. Todos los europeos hemos sido en el pasado emigrantes y deberíamos ser más consecuentes con nuestra propia historia.

 Ello no quiere decir que la inmigración sea un fenómeno inocuo. Al contrario, supone un importante reto para las sociedades de acogida y exige un notable esfuerzo, de autóctonos y foráneos, para que la integración fructifique. Y, para ello, ha de ser asimilable. Si se da de forma masiva e incontrolada, puede tener efectos desestabilizadores a nivel social y político.  Alemania, a causa de su pérdida de peso demográfico, necesita inmigrantes como ningún otro país en Europa. Pero la generosa apertura de fronteras decidida por Angela Merkel en 2015 –que los gobiernos posteriores han cortado– ha sido un foco de tensión social que explica, en parte, el fulgurante ascenso del voto a la extrema derecha.

Abordar el debate sobre la inmigración –cómo ordenarla,  cómo frenar las entradas irregulares e integrar a los recién llegados– requiere seriedad y realismo. Pero también humanidad. No se puede utilizar a los inmigrantes como carnaza para obtener rédito electoral presentándolos como los culpables de todos los males, de la criminalidad a la crisis del Estado del bienestar. Porque es mentira. Y porque siembra recelo y odio.

Donald Trump es el líder político occidental que con más tesón y desfachatez se ha entregado a esta abyecta práctica política. No sólo habla de construir muros y organizar deportaciones en masa, sino que acusa indiscriminadamente a los inmigrantes que llegan a la frontera sur de EE.UU. de ser  “delincuentes, violadores y terroristas”. Y difunde con recurrente desvergüenza el bulo de que los haitianos de Springfield (Ohio)  matan y se comen a los animales de compañía de sus conciudadanos. Su conocida cantinela They eat the dogs, they eat the cats, they eat the pets, musicada, se ha convertido en un meme de éxito... cuya ridiculez apenas enmascara la perversidad de su mala intención. Hoy son los haitianos, ayer pudo serlo su propio abuelo alemán.

Lo peor es que Trump, lejos de ser una anomalía, genera émulos políticos en todas partes. Y en Europa, en la extrema derecha y algunos sectores de la derecha conservadora, hay quienes se lanzan sin freno por la pendiente de la iniquidad.

Añorados nazis

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El 3 de octubre de 1999, ayer hizo 25 años, el ultraderechista Partido por la Libertad de Austria (FPÖ), dirigido entonces por el sulfuroso gobernador de Carintia, Jörg Haider, se convirtió en la segunda fuerza política del país, desplazando por unos centenares de votos al Partido Popular Austriaco (ÖVP), con quien empató en porcentaje (26,9%). Pese a que los socialdemócratas fueron los más votados, el democristiano Wolfgang Schüssel no quiso repetir la gran coalición de la legislatura anterior y en febrero del año siguiente firmó un pacto de gobierno con la extrema derecha para acceder a la cancillería. Aquel hecho inédito provocó un seísmo en Austria y en toda Europa. Y la Unión Europea, espoleada por el francés Jacques Chirac, impuso temporalmente una serie de sanciones políticas y diplomáticas a Viena.

Un cuarto de siglo después, ya nada es como entonces. Pactos entre la derecha y la extrema derecha devinieron algo común en Austria sin que nadie se volviera a rasgar las vestiduras. Y en las elecciones del pasado 29 de septiembre, siguiendo la ola ultraderechista que avanza por todo el continente, el FPÖ se erigió finalmente -con casi el 29% de los votos- en la primera fuerza política del país. De ahí a que gobierne, sin embargo, hay un largo trecho. Y, aunque no se puede descartar nada, el canciller saliente, el conservador Karl Nehammer, no parece dispuesto a pactar con el FPÖ si sigue al frente su controvertido líder, Herbert Kickl, quien sin embargo fue ministro del Interior en un gobierno dirigido por el popular Sebastian Kurz entre 2017 y 2019.

La extrema derecha ya gobierna en países europeos tan importantes como Italia o los Países Bajos, y es la principal fuerza en Francia. Pero el resultado electoral en Austria, así como el avance ultra en Alemania, inquietan particularmente. ¿Por qué? Porque en ambos países las fuerzas en ascenso son claramente más radicales.

Hay un sector de la extrema derecha europea que en los últimos años, sin abandonar su pensamiento político de fondo, ha procurado moderar su discurso público, pulir sus aristas y tratar de parecer más presentable, asumiendo algunos de los principios básicos del consenso europeo que antaño había combatido con ahínco. Algunos analistas han bautizado este proceso con el nombre de melonización, en alusión a la primera ministra italiana y líder del posfascista Hemanos de Italia, Giorgia Meloni, el nuevo referente de la ultraderecha “frecuentable”. Un camino que ya había iniciado en 2011 la francesa Marine Le Pen, con su política de desdiabolización del antiguo Frente Nacional, hoy Reagrupamiento Nacional (RN), con evidente éxito.

No ha pasado lo mismo en tierras germánicas. Tanto el FPÖ austriaco como Alternativa para Alemania (Afd) han experimentado, si acaso, un proceso de radicalización en sentido inverso, hasta el punto de coquetear con los viejos eslóganes e ideas nazis. De hecho, el FPÖ fue fundado en 1956 por antiguos nazis y entre sus primeros dirigentes hubo dos exmiembros de las Waffen-SS hitlerianas, Anton Reinthaller y Friedrich Peter. Tras una deriva liberal en los años 80, el partido regresó a su antigua senda con Jörg Haider -fallecido en accidente de tráfico en 2008-, acusado reiteradas veces de apología del nazismo.

A Herbert Kickl, de 55 años, que escribía los discursos de Haider, tampoco parece perturbarle demasiado la evocación del pasado pardo de su país, ni presentarse como el “canciller del pueblo” (Volkskanzler) –una apelación utilizada en los años treinta por Adolf Hitler- y acusar de “traidores al pueblo” a sus adversarios. Su discurso reproduce las ideas típicas de la extrema derecha radical (incluidas sus obsesiones conspiracionistas): partidario de poner freno a la inmigración extranjera, defiende la deportación de los inmigrantes foráneos (la famosa “remigración”), es anti islam y prorruso, y niega la existencia del cambio climático. Durante la pandemia de covid, combatió los confinamientos y la vacunación obligatoria.

Este es el perfil que ha seducido a entre una cuarta parte y un tercio de los austriacos. Muy similar al del líder de Alternativa para Alemania (Afd) en el land de Turingia, donde, hace un mes, los ultras fueron por primera vez los más votados (con el 33% de los sufragios). Björn Höcke, de 52 años, es asimismo un feroz crítico del Islam, partidario de la “remigración” de los extranjeros, prorruso y negacionista climático. Además de un nostálgico de la época nazi: ha criticado que se presente a Hitler como “totalmente maligno”, censurado el Monumento a los judíos asesinados en el Holocausto y utilizado la retórica nazi, como el “¡Todo por Alemania!”, grito de guerra de las secciones de asalto nazis (SA), razón por la que fue juzgado y multado el pasado mes de abril.

El domingo pasado, los presidentes de Italia, Sergio Mattarella, y Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se citaron en un lugar altamente simbólico: el pueblo de Marzabotto (cerca de Bolonia), donde hace 80 años un total de 770 civiles italianos fueron masacrados por las tropas nazis. Ambos dirigentes aprovecharon ese escenario para hacer un llamamiento a defender la democracia ante el ascenso de la ultraderecha en todo el continente. Steinmeier pidió personalmente perdón en nombre de su país y apeló a la memoria: “Europa sólo tendrá un futuro pacífico –subrayó- si los alemanes nunca olvidamos esta responsabilidad histórica”. Más que olvidarlo, algunos pretenden hoy revisarlo y blanquearlo. Si no sueñan con repetirlo.

 

Premio a la libertad. Yulia Naválnaya, viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalni -muerto en oscuras circunstancias en febrero de este año en una prisión del Ártico-, muestra las mismas convicciones y determinación que su marido, a quien Vladímir Putin persiguió sin descanso hasta eliminarlo. Su objetivo es seguir la lucha para poner fin a la dictadura en Rusia. “Los políticos occidentales nunca deben olvidar que Putin siempre miente”, advierte en una entrevista realizada esta semana por el redactor jefe del área de Internacional, Ramon Aymerich. Naválnaya recibió este lunes el premio Vanguardia Internacional en un caluroso acto en el Palau de Congressos de Catalunya.

Relevo en la Alianza. No ha sido Yulia Naválnaya la única en alertar sobre la amenaza que representa la Rusia de Putin. El secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, aprovechó el acto de relevo el martes en Bruselas para advertir de la necesidad de seguir aumentando el gasto en defensa y mantener el envío de armas a Ucrania. “Nuestra seguridad no es gratis”, dijo. Su sucesor al frente de la Alianza Atlántica, el ex primer ministro neerlandés Mark Rutte, quiso relativizar, por su parte, el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre: “Dejen de lloriquear por si gana Donald Trump, tendremos que trabajar con quien esté en la pista de baile”, zanjó.

Al otro lado del Canal. La llegada de un nuevo gobierno al Reino Unido, encabezado por el laborista Keir Starmer, promete abrir una nueva etapa en las relaciones con la Unión Europea tras las tumultuosas negociaciones del Brexit. Starmer propone “resetear” la relación, sin que hasta ahora haya hecho propuestas concretas de calado. Por el otro lado, Alemania y Francia han dado el paso de proponer -en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen- que Bruselas negocie y suscriba un acuerdo con Londres en materia de política migratoria y de asilo. Un tercio de los migrantes que cruzan la UE buscan alcanzar el Reino Unido.