Y al final, los alemanes ganan

Newsletter ‘Europa’

Lo dijo Gary Lineker a propósito del fútbol: “Es un deporte inventado por los ingleses, donde juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania”. Y aunque en los estadios hace tiempo que esto dejó de ser así, en Europa la máxima sigue vigente. Los alemanes son los que, siempre o casi siempre, acaban ganando. Este principio inquebrantable ha vuelto a verificarse esta semana a raíz del auto de fe organizado en Bruselas por el PP español para tratar de arruinar la candidatura de la socialista Teresa Ribera a la vicepresidencia de la Comisión Europea imputándole la responsabilidad de las trágicas inundaciones de Valencia. El gran ganador del envite hispánico ha sido el líder del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, solo ha logrado salvar los muebles –a costa de un enojoso peaje- y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido completamente damnificado.

Después de una semana de tensión, amenazas y chantajes, los líderes de las tres grandes fuerzas centrales del Parlamento Europeo, Manfred Weber, por el PPE; la española Iratxe García, por el grupo socialdemócrata (S&D), y la francesa Valérie Hayer, por los liberales de Renew Europe, alcanzaron la noche del miércoles un acuerdo para desbloquear el nombramiento de la nueva Comisión Europea según la propuesta presentada desde el primer momento por Ursula von der Leyen. Esto es, con Teresa Ribera y los otros cinco vicepresidentes ejecutivos propuestos, sin cambio alguno.

El veto del PP a Ribera se disolvió como un azucarillo en la mesa de negociación, donde cada parte podía neutralizar a los candidatos de la otra. El acuerdo fue consecuencia inevitable del interés compartido por garantizar la “estabilidad” de la Unión Europea –idea clave del pacto- en un momento internacionalmente muy delicado, con Donald Trump a punto de tomar de nuevo las riendas de Estados Unidos y el ruso Vladímir Putin amenazando con una conflagración nuclear. Algo que el PP no supo leer.

A los populares españoles les perdió un evidente error de cálculo. El examen el pasado día 12 por el Parlamento Europeo de Teresa Ribera, que asumirá la condición de número dos de la nueva Comisión al frente de la vicepresidencia de Transición limpia, justa y competitiva, les ofrecía la oportunidad de lanzar un ataque frontal para desviar la atención sobre las responsabilidades del presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, en la tragedia del día 29 y seguir desgastando al Gobierno de Pedro Sánchez. Y la aprovecharon.

Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Ribera parecía el objetivo perfecto para imputarle los más de 200 muertos de la DANA. Pero se les fue la mano y, cegados por su éxito inicial –gracias a la complicidad de Manfred Weber, que bloqueó el proceso de ratificación de los seis vicepresidentes-, exigieron el descarte absoluto y definitivo de Ribera, sin espacio para el compromiso. Un órdago a todo o nada, muy del gusto español. Pero en Europa las cosas no funcionan de esta manera. Así que, al final, ha sido nada.

Se dice que los bávaros son los más mediterráneos de los alemanes. Quizá por eso a Manfred Weber, dirigente de la Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera, le va tanto la brega política hispánica, en la que se mete con verdadera fruición. Pero no deja de ser alemán. Y, para él, Teresa Ribera no era más que una carta –una carta de enorme valor- para utilizar en la negociación y lograr sus objetivos. Y los ha alcanzado.

El acuerdo ha forzado a socialistas y liberales a aceptar el nombramiento del húngaro Oliver Varhelyi, un hombre de Viktor Orbán, como comisario de Salud y bienestar animal –a quien, a cambio, han quitado toda competencia sobre epidemias y derechos sexuales y reproductivos-, y sobre todo del italiano Raffaele Fitto, del partido de Giorgia Meloni, a quien bajo ningún concepto querían ver ocupar una vicepresidencia, no tanto por su personalidad como por su filiación de extrema derecha. Es el gran sapo que ha tenido que tragarse Pedro Sánchez. El acuerdo no ha gustado a los socialistas franceses, que amenazan con votar contra toda la Comisión en el pleno del Parlamento Europeo del 27 de noviembre. Un voto testimonial, el derecho a la pataleta, que es lo único que les quedará también a los populares españoles.

La crisis ha servido a Weber para mostrar su poder en Europa como jefe de filas del grupo parlamentario más numeroso de la Eurocámara (188 diputados); para marcarle el terreno a su compatriota, coaligada y sin embargo rival Von der Leyen, y para afianzar su gran apuesta política: la confluencia de la derecha conservadora de raíz democristiana con los dos principales grupos de extrema derecha, los liderados por Giorgia Meloni y Viktor Orbán, presuntamente más moderados.

La actual configuración del Parlamento Europeo permite a la derecha jugar con diferentes mayorías, con socialistas y liberales por un lado, y con los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE) y los Patriotas por Europa por el otro. Algo que Weber ya ha empezado a poner en práctica. Y que ni la vaga declaración firmada el miércoles con los primeros, en la que se manifiesta la voluntad de “trabajar juntos”, lo impedirá.

Lo único que podría cambiar este escenario es el resultado de las elecciones del 23 de febrero en Alemania, en las que presumiblemente ganará la CDU, partido de Von der Leyen con el que la CSU bávara está coaligada. Si, para ser canciller, el líder democristiano Friedrich Merz necesitara reeditar la gran coalición con los socialdemócratas, los juegos de Weber tendrían los días contados. Los alemanes, en todo caso, volverán a marcar la pauta.

 

1.000 días de guerra. El 24 de febrero de 2022 Rusia devolvió la guerra a Europa atacando a Ucrania, con el objetivo de evitar que se le escapara irremisiblemente hacia el campo occidental. El objetivo era tomar el poder en Kyiv en una operación militar relámpago. Pero fracasó. El martes pasado se cumplieron 1.000 días sin que se vea un final a la guerra. La elección de Donald Trump en EE.UU. podría acelerar una salida negociada, previsiblemente en detrimento de Ucrania. Pero mientras llega ese momento todo se tensa: el presidente Joe Biden ha autorizado a Kyiv el uso de los misiles de largo alcance ATACMS en territorio ruso, lo que ha sido respondido por Putin endureciendo la doctrina sobre la utilización de armas nucleares. Difícilmente, sin embargo, eso cambiará el curso de la guerra.

La amenaza de Mercosur. Los agricultores franceses han vuelto a salir esta semana a las carreteras para protestar por el tratado de libre comercio que la UE está negociando con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). El presidente francés, Emmanuel Macron, y el Gobierno de Michel Barnier, que no quieren ver abierto un nuevo frente social, se han pronunciado en contra del acuerdo y amenazan con votar negativamente. Francia no está sola en contra del acuerdo –que podría perjudicar a las explotaciones de ganado bovino, aviar y de azúcar- pero sí en minoría y con su influencia a la baja. Ante el riesgo de que Bruselas quiera imponerlo por mayoría cualificada, París se propone forzar un pronunciamiento de la Asamblea Nacional.

España y Polonia, locomotoras. La economía europea en general, y la de la zona euro en particular, hace un tiempo que no va muy boyante. Así lo constatan, de nuevo, las previsiones económicas de Bruselas para 2024, según las cuales las mayores economías europeas cerrarán el año con un crecimiento del PIB mínimo, si no irrisorio. Así sucede en Alemania (0,1%), Francia (1,1%) e Italia (0,7%). En este contexto, resalta el tirón de España y Polonia (con un 3% cada uno), que se convierten de este modo en el motor de la renqueante economía comunitaria. Las previsiones de la Comisión Europea respecto a España superan incluso a las del propio Gobierno español, que había fijado un 2,7%. La eurozona en su conjunto no pasará de un escuálido 0,8%.

El triunfo de los súper ricos

Al día siguiente de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los entusiastas votantes de a pie del candidato republicano en Pensilvania, Wisconsin o Carolina del Norte seguían igual de pobres que la víspera. Esperanzados y rebosantes de promesas, sí, pero sin un centavo más en el bolsillo. Un puñado de multimillonarios, en cambio, vio sensiblemente acrecentada su fortuna gracias al frenesí de Wall Street, que exaltado con el triunfo del hombre de negocios neoyorquino disparó los valores bursátiles hasta máximos históricos.

El más beneficiado, con diferencia, fue el hombre más rico del mundo, Elon Musk, cuya fortuna personal –según los datos actualizados del índice de millonarios de Bloomberg, difundidos por la CNN– subió en 24 horas en 26.500 millones de dólares, hasta alcanzar la mareante cifra de 290.000 millones. Detrás de él, Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (Oracle), Bill Gates y Steve Ballmer (Microsoft), Larry Page y Serguéi Brin (Google), y Warren Buffet (Berkshire Hathaway) engordaron también sus arcas.

El caso de Elon Musk es paradigmático de lo que en realidad ha significado la victoria electoral de Donald Trump. El fundador de Tesla y Space X, y propietario actual de la tumultuosa red social X (antes Twitter), no solo ha sido uno de los principales contribuyentes de la campaña del republicano, en la que ha invertido al menos 133 millones de dólares (aparte de la esperpéntica lotería de un millón de dólares diarios sorteados entre los votantes de los estados bisagra, de dudosa legalidad), sino que además ha actuado como su primer propagandista en mítines y redes sociales. A través de X, que dirige personalmente,  bombardeó durante la campaña a sus casi 205 millones de seguidores con un centenar de tuits diarios, el 70% de los cuales –según un cómputo de Le Monde– eran de tipo político, bien para expresar su apoyo a Trump, bien para denigrar a los demócratas o esparcir bulos.

Sin duda, para Musk ha sido una excelente inversión. Y no solo por sus ganancias –siempre aleatorias– en bolsa. Como empresario, será también uno de los grandes beneficiarios de la futura política fiscal y empresarial de la nueva administración Trump, que se propone volver a bajar los impuestos a las grandes corporaciones y reducir las regulaciones federales de las tecnológicas. Para Musk, cuyas empresas ya tienen importantes contratos con el Estado –desde la NASA al Departamento de Defensa, pasando por un sinnúmero de agencias federales–, su cercanía con el presidente electo, de quien se ha convertido en mano derecha y gran gurú, le proporcionará réditos asegurados. Y, si no, ya se asegurará él personalmente desde su nuevo puesto en el Gobierno como titular del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, desde el que prevé imponer un severo adelgazamiento del sector público e importantes recortes presupuestarios. Es de esperar que a sus empresas no les alcancen...

Pero no se trata solo de Elon Musk. La victoria electoral de Trump es el triunfo definitivo de los súper ricos. Una clase de la que forma parte –no hay que olvidarlo– el propio presidente electo, quien con una fortuna personal estimada en 5.800 millones de dólares, procedente de sus negocios inmobiliarios, ocupa el número 577º en la lista Forbes de los más ricos del mundo.

Los analistas electorales coinciden en atribuir, en gran medida, la derrota de la vicepresidenta Kamala Harris a la desconexión creciente de los demócratas –percibidos como una élite lejana y arrogante– de la base social del país, con la que los republicanos, en cambio y con Trump al frente, han sabido conectar. No deja de ser una paradoja fascinante. Pues las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos que han debido afrontar la crisis de la pandemia y  el aumento desorbitado de los precios a causa de la inflación, y que han expresado su rabia y su descontento votando al candidato republicano, no pueden estar más lejos de la vida real de su líder y de los multimillonarios que le han apoyado con sus fortunas.

Un total de 150 familias multimillonarias aportaron a la campaña de las elecciones al menos 1.900 millones de dólares, un 58% más que en el 2020. Casi tres cuartas partes fueron a parar a Trump y los candidatos republicanos.

Entre los mayores suministradores de fondos, según la información recopilada por la  organización American for Tax Fairness, Trump ha tenido a las familias Mellon (software y ferrocarriles), con 172 millones de dólares; Adelson (casinos), 137 millones; Musk, con los citados 133 millones; Uihlein (suministros industriales), 132 millones; Griffin (hedge fund), 102 millones; Yass (bolsa), 85,7 millones; Singer (hedge fund), 57 millones, y Koch (conglomerado industrial), 43,7 millones. Entre los diez principales donantes, solo dos apostaron por Kamala Harris: los Simons (hedge fund), con 46,6 millones, y los Bloomberg (medios de comunicación), con 45,1 millones.

Entre las disfuncionalidades de la democracia americana, junto a la discutible representatividad del colegio electoral que elige al presidente, el rediseño con fines partidistas de los distritos electorales (gerrymandering) y las restricciones del voto que sufren las minorías, siempre se ha señalado el descomunal peso que tienen el dinero y los intereses privados en las campañas electorales. Ahora se ha dado un paso más. Los súper ricos ya no solo financian a los candidatos, sino que se han instalado directamente en los centros del poder político.

Guerra de guerrillas en Bruselas

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Que la actual legislatura europea iba a ser agitada quedó claro tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mes de junio. El ascenso de la extrema derecha rompió el monopolio que hasta entonces había mantenido la coalición europeísta integrada por populares, socialistas y liberales, y abrió a los conservadores la posibilidad de jugar con mayorías alternativas. El líder del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber –proclive a pactar con la extrema derecha-, ha demostrado esta semana lo que puede hacer con este nuevo poder y ha hecho trastabillar el nombramiento de la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen.

La oportunidad se la ha dado el PP español. A priori, el examen (hearing) el pasado martes de los seis candidatos a vicepresidentes ejecutivos de la CE tenía como principal punto de fricción la nominación del italiano Raffaele Fitto, del posfascista Hermanos de Italia, como comisario de Cohesión y Reformas, a cuyo nombramiento se oponen socialistas y liberales no tanto por su personalidad –ex miembro de Forza Italia, pertenece al ala más moderada del partido de Giorgia Meloni- o la cartera que le ha sido adjudicada como por el simbolismo de entregarle a la extrema derecha una vicepresidencia. Pero el gran enfrentamiento surgió con la socialista Teresa Ribera.

La actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno español, y candidata a número 2 de la Comisión como responsable del área de Transición limpia, justa y competitiva, fue víctima de una ofensiva en toda regla del PPE y la extrema derecha. Y no por sus antiguas posiciones contrarias a la energía nuclear o por su idoneidad para una cartera que tiene entre sus objetivos la competitividad industrial, sino por las inundaciones de Valencia. ¿Una maniobra para garantizar un intercambio de cromos con el caso de Raffaele Fitto? Sí, pero no únicamente.

El examen de Ribera ante el Parlamento Europeo brindaba una oportunidad única al PP para tratar de desviar los focos del presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, por los más de 200 muertos de la DANA para dirigirlos contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que pretende presentar como el máximo responsable de la tragedia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamó expresamente a Manfred Weber para pedirle su ayuda. Llevar las querellas de la política interna española a las instituciones europeas es una práctica habitual de los conservadores españoles –algo que causa exasperación en no pocos de sus colegas de la Eurocámara- habitualmente sin consecuencias. No esta vez.

Manfred Weber ha embarcado a todo el PPE en el ataque contra Ribera, amenazando con vetarla si no se cumplen sus condiciones, lo que implicaría romper el pacto previo con socialistas y liberales, y poner en entredicho la mayoría europeísta que votó por Von der Leyen y que sostiene al gobierno comunitario. Además de retrasar la votación hasta después de la comparecencia de Ribera en el Congreso de los Diputados dedicada a Valencia, los populares exigen que ésta se comprometa a dimitir si resulta imputada. No parece probable que eso suceda -no hay antecedentes en España de políticos imputados por catástrofes naturales, el Supremo es reacio-, pero vista la receptibilidad de algunos jueces ante las querellas de los grupúsculos de extrema derecha –profesionales de la acusación popular- no se puede descartar.

Con su maniobra, Weber consigue varias cosas. De entrada, debilitar la posición de Teresa Ribera, una figura que los sectores conservadores ven con mucha suspicacia por su compromiso con la transición ecológica. Y, de paso, ajustar viejas cuentas personales. En primer lugar, con su compatriota y correligionaria Ursula von der Leyen –en su punto de mira desde que en el 2019 le birló el puesto de presidente de la Comisión-, a la que le marca el terreno y fragiliza. Y, en segundo lugar, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien no ha perdonado el áspero enfrentamiento que protagonizaron en el Parlamento Europeo en diciembre del año pasado, cuando el socialista le lanzó una venenosa alusión al Tercer Reich.

Habría también otro elemento en la ecuación. El Partido Popular Europeo tiene previsto celebrar su próximo congreso en Valencia –el azar, siempre tan oportuno- en mayo del año que viene y, según fuentes comunitarias, Weber estaría garantizándose así el apoyo de los conservadores españoles para su reelección como presidente.

La ofensiva del PPE ha puesto en pie de guerra  a los socialdemócratas europeos, para quien Ribera es su pieza más preciada en una Comisión mayoritariamente de derechas (sólo hay cuatro comisarios de izquierda de 27), y acusan a Weber de “poner en peligro” con su “comportamiento irresponsable” el nombramiento de la Comisión, que debería ser ratificado por el Pleno del Parlamento Europeo del 25 al 28 de noviembre. Es probable que, a pesar del ruido y la furia de estos días, la sangre no llegue al río. La posibilidad de que unos y otros empiecen a cruzarse vetos funciona como la disuasión nuclear: en palabras de un alto cargo de la Eurocámara, “el resultado sería la destrucción mutua asegurada”. Pero esta primera gran escaramuza dejará marcas.

 

Elecciones en Alemania. Tras un intenso tira y afloja, socialdemócratas y democristianos han alcanzado un acuerdo para celebrar elecciones anticipadas el 23 de febrero, después de que el canciller Olaf Scholz presente -y, con toda seguridad, pierda- una cuestión de confianza ante el Bundestag el 16 de diciembre. Tras romper con los liberales y abrir una crisis de gobierno que le ha dejado en minoría, Scholz pretendía retrasar todo lo posible la convocatoria de elecciones, mientras que el líder de la CDU, Friedrich Merz, urgía a hacerlo ya. Merz, que dejó temporalmente la política en 2009 al ser apartado por Angela Merkel, cree llegada su hora.

Inmigración a la baja. En contra de la percepción general y de los fantasmas que agitan las fuerzas políticas por toda Europa, la inmigración irregular lejos de desbocarse va acusadamente a la baja. Según datos de la agencia europea Frontex, entre enero y octubre de este año llegaron a la UE 191.900 inmigrantes irregulares, lo que supone un 43% menos que el año anterior. Mientras tanto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió un nuevo varapalo de la Justicia. Por segunda vez, un tribunal de Roma ha decidido suspender el envío de inmigrantes irregulares a los centros de retención de Albania hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie.

Paraguas nuclear. Ningún primer ministro británico, desde que lo hiciera Winston Churchill en 1944, había viajado a París para celebrar con las autoridades francesas el aniversario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918. Esta semana lo hizo Keir Starmer, quien junto al presidente francés, Emmanuel Macron, reiteraron la determinación de ambos países de seguir ayudando a Ucrania a resistir la invasión rusa. El gesto del Reino Unido y Francia -los dos únicos países europeos dotados de armas nucleares- se produce después de que la elección de Donald Trump en EE.UU. haya generado inquietud sobre su compromiso con la seguridad europea.

 

Europa entra en zona de turbulencias

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“Europa es una mini China”. Lo dijo Donald Trump, con su crudeza habitual, hace un par de semanas en plena campaña electoral. En una entrevista radiofónica, el nuevo presidente electo de Estados Unidos aludió a Europa no como el gran aliado occidental de Norteamérica sino como un rival sistémico comparable a China. “No compran nuestros coches, no compran nuestros productos agrícolas, no nos compran nada. Tenemos un déficit de 312.000 millones de dólares con la UE. Ya sabe, la UE es una mini -aunque no tan mini- China”. No fue precisamente un comentario cariñoso. Si el primer mandato de Trump en la Casa Blanca (2017-2021) fue difícil para la Unión Europea, el segundo se anuncia bastante peor. El vínculo trasatlántico tiembla.

Con Trump sin freno ni contrapeso –desde el Partido Republicano hasta el Senado, todo está ahora en sus manos, el Tribunal Supremo incluido- y rodeado de asesores extremistas –los altos funcionarios que le contuvieron en el pasado ya no están ni se les espera-, su nueva presidencia amenaza con ser más radical que la anterior. Y eso incluye también la política exterior, que puede experimentar un vuelco.

Europa puede pagar el peaje en varios frentes. En la economía, de entrada: la declaración de Trump responde a un programa económico agresivamente proteccionista y constituye prácticamente una declaración de guerra comercial. Con la economía de la zona euro a rastras, el programa de Trump de gravar todas las importaciones de EE.UU. con nuevos aranceles –que pasarían a nivel general del 10% al 20%, y podrían llegar incluso al 100% en el caso de los automóviles- sería un nuevo golpe, que se añadiría al efecto pernicioso de la Inflation Reduction Act aprobada por Joe Biden para primar –cientos de miles de millones mediante- la industria norteamericana y atraer las inversiones extranjeras. Según el Kiel Institute, Europa podría ver recortada su riqueza entre 18.000 y 21.000 millones de euros.

Más inquietante todavía es el efecto del regreso de Trump sobre la seguridad y la defensa. Si ya en el mandato anterior puso en tela de juicio la razón de ser de la OTAN, su visión sobre la guerra de Ucrania puede dejar a Europa inerme ante la agresividad de la Rusia de Vladímir Putin. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski –que se ha apresurado a felicitarle-, es sin duda el más perjudicado por el resultado de las elecciones estadounidenses. El presidente electo, cuyas buenas relaciones personales con Putin son conocidas, ha repetido hasta la saciedad que él es capaz de acabar con la guerra en 24 horas. La fórmula es previsible: congelar el conflicto en su estado actual, dejando en manos de Rusia el territorio conquistado.

El Gobierno ucraniano no puede aceptar algo así, pero quizá no tenga más remedio. Si Washington corta el flujo de su ayuda militar –algo que la UE no tiene capacidad de compensar-, Kyiv se verá forzada a negociar desde la fragilidad y capitular. La derrota de Ucrania, sumada al debilitamiento de la Alianza Atlántica –cuya solidaridad ya puso públicamente en cuestión el propio Trump-, reforzaría la posición de Moscú y pondría gravemente en entredicho toda la seguridad de Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron ha salido enseguida a urgir a los 27 a asumir, de una vez por todas, una decidida política de defensa común. “Los europeos no podemos delegar eternamente nuestra seguridad en los americanos”, subrayó el jueves en Budapest, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea, foro que reúne a países de dentro y fuera de la UE.

El envite es de talla y no puede llegar en peor momento, con una UE descabezada donde los líderes de la extrema derecha continental, de la italiana Giorgia Meloni al húngaro Viktor Orbán, compiten por exhibir sus buenas relaciones y su afinidad ideológica con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. En el lado opuesto, Macron y el canciller alemán, Olaf Scholz, coordinaron el miércoles su respuesta a la reelección de Trump abogando por reforzar la unidad de Europa. Pero el eje franco-alemán ya no es el que era.

Convertido tras el fiasco de las elecciones anticipadas del pasado verano en la versión europea de un pato cojo, Macron se vio forzado a entregar el gobierno al conservador Michel Barnier, cuya continuidad depende de la benevolencia de la extrema derecha de Marine Le Pen, presta a asaltar el poder en 2027. Su poder está muy mermado. Scholz no está mejor. Las tensiones internas hicieron saltar este miércoles el gobierno tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales, lo que conducirá a unas elecciones anticipadas letales para el canciller.

El impacto de la elección de Trump sobre Europa puede tener, sin embargo, un efecto positivo si sirve para reforzar la unidad y la autonomía geopolítica y económica de la UE. En palabras de un alto dirigente político europeo: “Será malo para Europa, pero quizá puede ser bueno para la integración europea”. Habrá que ver si los euroescépticos amigos de Trump lo permiten.

Victoria europeísta. A diferencia de lo sucedido en Georgia, en Moldavia las fuerzas europeístas se han impuesto a las prorrusas. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el pasado domingo, se saldó con una victoria clara de la presidenta saliente, Maia Sandu, que aventajó en diez puntos (55,3% a 44,7%) al ex fiscal general Alexandru Stoianoglo, partidario de mantener el equilibrio entre Occidente y Rusia y apoyado por el prorruso Partido de los Socialistas de Moldavia. El triunfo de Sandu es, sin embargo, más frágil de lo que parece, pues la decantación en su favor vino de los electores moldavos que viven fuera del país. Moscú se apresuró a cuestionar el resultado.

Controles fronterizos. Alemania lo anunció a bombo y platillo tras el fulgurante ascenso de la extrema derecha en las últimas elecciones regionales celebradas en tres länder de la antigua RDA, Francia lo ha hecho más discretamente, pero el resultado es el mismo: vuelven los controles fronterizos en el interior de la UE. París ha decidido retomarlos temporalmente en todas sus fronteras, lo que afecta a Alemania, Bélgica, España, Italia, Luxemburgo y Suiza. En el caso español, ya ha empezado a notarse en el paso del Bidasoa. El nuevo Gobierno francés ha girado marcadamente a la derecha en materia de inmigración de la mano del ministro del Interior, Bruno Retailleau.

Digitalización extrema. Suecia se vanagloriaba hasta ahora de ser uno de los países pioneros en la digitalización de las transacciones económicas, hasta el punto de haber reducido al mínimo el uso de dinero en efectivo: sólo el 19% de los pagos se realiza en cash, frente al 49% en la zona euro. El Gobierno, sin embargo, ha decidido tascar el freno y prepara una ley que garantice el pago en efectivo en los servicios básicos, mientras aumenta la presión sobre los bancos para que se pueda seguir retirando e ingresando en metálico en sus oficinas. El riesgo de ciberataques y la constatación de que un 10% de la población estaba amenazada de exclusión han aconsejado este cambio.

Estados Unidos, ante su hora negra

El exgeneral del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos John F. Kelly, de 74 años, tiene muy poco que ver con la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca. Tras una larga carrera militar, Kelly fue ascendiendo en el escalafón del Pentágono hasta acabar sirviendo entre 2017 y 2019 como secretario de Seguridad Nacional, primero, y jefe de Gabinete de la Casa Blanca, después, bajo la presidencia de Donald Trump. Kelly no es un político y todavía menos un candidato en campaña electoral. Ha trabajado en un gobierno conservador. Y, sin embargo, piensa de Trump lo mismo que Harris: “Es un fascista”.

Dentro de dos días, los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir al hombre o la mujer que sucederán a Joe Biden en la presidencia del país. Y  todo indica que Trump podría volver a ganar, como en el 2016. ¿Un fascista en la Casa Blanca? Bien se le puede llamar así. Dictador vocacional con ansias de revancha, su eventual victoria sería una amenaza para la democracia norteamericana.

En una entrevista con el periodista de The New York Times Michael S. Schmidt, el exgeneral Kelly describe a un hombre incapaz de admitir que su poder no sea ilimitado, que admira a los dictadores de toda ralea –a su juicio, Hitler “hizo algunas cosas buenas”– y a quien los valores democráticos le son absolutamente ajenos. La Constitución y el Estado de Derecho para él no significan nada. “El fascismo es una ideología y un movimiento político autoritario y ultranacionalista de extrema derecha caracterizado por un líder dictatorial, una autocracia centralizada, militarismo, supresión forzosa de la oposición y creencia en una jerarquía social natural”, apunta Kelly . Y concluye diciendo que el líder republicano “cae en la definición general de fascista, sin duda”.

El exgeneral no había dicho nada hasta ahora, pero la intervención de Trump en Fox News, el pasado día 13, en la que aludió a la posibilidad de utilizar al ejército contra los demócratas, a los que calificó de “enemigo interior”, le pareció tan “peligrosa” que consideró imperativo hablar.  Al día siguiente de aparecer publicada la entrevista, Harris utilizó por primera vez la palabra “fascista” para definir a su rival.

Ruth Ben-Ghiat, historiadora de la Universidad de Nueva York y autora del libro Strongmen: Mussolini to the Present (Los hombres fuertes: de Mussolini hasta la actualidad), tampoco alberga dudas y, en un reciente artículo publicado en su blog, considera que Trump renueva la ideología y los métodos fascistas. “El vínculo que Trump ha construido con sus seguidores, y la durabilidad de su culto a la personalidad es una medida del despliegue que hace Trump del arsenal fascista”, dice.

Ya en el 2018, la ex  secretaria de Estado Madeleine Albright  había alertado sobre el peligro que representaba el entonces presidente republicano. “Si consideramos el fascismo como una herida del pasado que estaba prácticamente curada, el acceso de Donald Trump a la Casa Blanca sería algo así como arrancarse la venda y llevarse con ella la costra”, escribió en su libro Fascismo, una advertencia.

Sobre las inclinaciones autoritarias de Trump se ha escrito mucho y los testimonios de sus antiguos colaboradores en la Casa Blanca son abrumadores. Pero por si  hiciera falta, su negativa a aceptar la derrota electoral frente a Biden y su intento de impedir el traspaso de poderes el 6 de enero del 2021 lanzando a una turba violenta contra el Capitolio –hechos por los que tiene un procedimiento judicial abierto– resulta definitivo.

La radicalización experimentada desde entonces por Trump y la extrema violencia de sus discursos hacen temer un segundo mandato mucho más peligroso. Sus recurrentes apelaciones a la erradicación del enemigo interior, sus amenazas de encarcelar a sus rivales políticos, de depurar la Administración federal, el Ejército y la Justicia, muestran un irrefrenable deseo de venganza. Además de dejar a la intemperie su vocación dictatorial.

En su último libro, War (guerra), el histórico periodista del Washington Post Bob Woodward revela la inquietud manifestada por otro  exgeneral, el ex jefe del Estado Mayor Mark A. Milley, quien se toma muy en serio las amenazas de Trump a los oficiales que le han criticado y teme ser sometido a un juicio militar acusado de deslealtad si el candidato republicano regresa a la casa Blanca. “Es la persona más peligrosa de la historia (...) Ahora me doy cuenta de que es un fascista total”, le dijo.

El miedo a las represalias de Trump y sus más fanáticos seguidores alcanza incluso a las propias filas del partido republicano, que el multimillonario neoyorquino ha conseguido controlar, acallando toda disidencia interior. La excongresista Liz Cheney –que rompió con su partido por su oposición a Trump– hace campaña por Harris entre las bases republicanas, en un intento de movilizar el voto de los conservadores moderados en favor de la candidata demócrata.  Ella da la cara, pero comprende el miedo de los demás. “Solo quiero recordarle a la gente que, si están preocupados, pueden votar según su conciencia y no tener que decir una palabra a nadie”, dijo Cheney en una reunión electoral con mujeres en Pensilvania. No decir nada a nadie... Lo mejor, hoy, en EE.UU. es tener la boca cerrada. Así están las cosas.

Cita fallida en Pedralbes

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El calendario tiene casualidades caprichosas. El lunes pasado, mientras el presidente francés, un Emmanuel Macron en horas bajas, viajaba a Marruecos en visita de Estado, en Barcelona se abría el 9º Forum Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), con la participación de los ministros de Exteriores de –casi todos- los 43 miembros que integran la organización. Curiosa coincidencia, pues fue justamente durante un viaje de Estado a Marruecos de un presidente francés, hace ahora 17 años, cuando se alumbró la idea que daría lugar a la UpM. El 23 de octubre del 2007, en Tánger, Nicolas Sarkozy propuso en un solemne discurso fundar una unión de los países de ambas riberas del Mediterráneo a imagen y semejanza de la Unión Europea. El gran objetivo, como en Europa tras la II Guerra Mundial, era crear un espacio de cooperación para fomentar la paz y la prosperidad. Un sueño que hoy parece más lejano que nunca.

Sarkozy, soñándose un Robert Schuman del siglo XXI, planteó una Unión “del” Mediterráneo exclusivamente integrada por países ribereños, pero al final tuvo que plegarse a las lógicas exigencias de la canciller de Alemania, Angela Merkel, de integrar a toda la UE en el invento, que pasó a llamarse Unión “por el” Mediterráneo. Más que un matiz. La nueva iniciativa tuvo que asumir también la herencia del llamado Proceso de Barcelona de 1995 –que Sarkozy y los suyos habían menospreciado- y, aunque el nombre de la capital catalana desapareció del enunciado, la sede de la secretaría general de la organización se adjudicó a la ciudad, que habilitó para ello el Palau de Pedralbes.

La Unión por el Mediterráneo y el Proceso de Barcelona, que la precedió, tuvieron siempre como vocación reunir en un mismo foro a Israel y los países árabes, en un intento de convertir a los viejos enemigos en nuevos socios y aliados. En la Conferencia Euromediterránea de Barcelona en noviembre de 1995, al calor de los acuerdos de paz de Oslo –luego malogrados-, se sentaron juntos el entonces primer ministro israelí Ehud Barak y el ya desaparecido Yasir Arafat, presidente a la sazón de la Autoridad Palestina y líder de la OLP. En la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que alumbró en París la UpM, en julio del 2008, un exultante Nicolas Sarkozy se fotografió en el patio del Elíseo tomando de la mano a sus dos sucesores, Ehud Olmert y Mahmud Abas. Hoy las sonrisas de entonces han sido sepultadas por la muerte y la destrucción.

El lunes en Barcelona no había ningún representante israelí. Embarcado en una bárbara guerra en Gaza y Líbano, que ha causado decenas de miles de muertos entre la población civil, el gobierno de Beniamin Netanyahu no iba a escuchar bonitas palabras. Los países árabes aprovecharon el foro para denunciar los “crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional y humanitario” por parte de Israel y afear a la comunidad internacional su pasividad, cuando no su complicidad. El copresidente de la reunión, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi, hizo reproches directos a sus socios europeos: “¿Cómo es posible que Europa todavía no haya hecho nada al respecto?”, preguntó, mientras hacía un llamamiento para que la UE revise su Acuerdo de Asociación con Israel.

Mientras esto pasaba, el ejército israelí seguía bombardeando la franja de Gaza y el sur de Líbano, y el Parlamento (Kneset) aprobaba dos leyes que prohíben la actividad de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en el territorio de Israel, así como la cooperación de la agencia con las autoridades israelíes, lo que en la práctica es un golpe devastador para la ayuda humanitaria en los territorios ocupados.

La Unión por el Mediterráneo, pese a las ínfulas iniciales de Sarkozy –que consiguió atraer a París a los líderes de toda la región, a excepción del rey de Marruecos, Mohamed VI, y del líder libio Muamar el Gadafi en un acto con gran pompa en el Grand Palais-, nació en realidad con un objetivo modesto: fomentar la cooperación como paso previo y necesario para aspiraciones más ambiciosas. Y así lo ha hecho. La UpM, que canaliza los programas comunitarios de cooperación euromoditerránea, apadrina más de 60 proyectos de cooperación regional por valor de 5.000 millones de euros en materias muy diversas. Políticamente, sin embargo, nunca ha alzado el vuelo. La UpM no ha logrado convertirse en un foro esencial para tratar de superar los conflictos regionales. Si acaso, son estos los que han lastrado más bien sus potencialidades.

La reunión ministerial del lunes evidenció la impotencia de la UpM ante el conflicto israelo-palestino. Pero también puso crudamente al descubierto la debilidad de la propia Unión Europea para erigirse en un interlocutor ineludible en el concierto internacional. Ya podían los países árabes pedir una mayor contundencia por parte de Europa que esta se ve incapaz de moverse –hacia dónde, es lo de menos- a causa de las importantes discrepancias internas entre los 27.

El todavía alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell –ya de salida-, es de los partidarios más activos de acrecentar la presión sobre el Gobierno israelí, revisando –con el objetivo de dejarlo eventualmente en suspenso- el Acuerdo de Asociación con Israel por vulneración de los derechos humanos. Países como España e Irlanda se mueven para abordar este asunto, pero es muy difícil, dada la posición de Alemania –inquebrantablemente al lado de Israel, por razones históricas-, que pueda ir hacia delante. La regla de la unanimidad lo impedirá. Como impide que Europa tenga una voz coherente y audible en el mundo.

Georgia, en el alero. El desenlace de las cruciales elecciones del domingo pasado en la exrepública soviética de Georgia ha dejado a este país caucásico en una especie de limbo. La presunta victoria del partido gubernamental, el prorruso Sueño Georgiano -al que las autoridades electorales otorgaron un 54% de los votos-, ha sido contestada por la oposición, que ha sacado miles de personas a las calles como protesta, e incluso por la propia presidenta del país, Salomé Zurabishvili. Los observadores internacionales detectaron asimismo numerosas irregularidades. La Comisión Europea decidió el miércoles suspender las negociaciones de adhesión mientras Tiflis no corrija el rumbo.

Aranceles en marcha. Estaba más que anunciado y solo un acuerdo in extremis entre Bruselas y Pekín podía haberlo evitado. No ha sido así. El miércoles entraron finalmente en vigor los aranceles especiales aprobados por la UE para gravar las importaciones de coches eléctricos fabricados en China, a la que acusa de venderlos a precios excepcionalmente bajos gracias a las subvenciones estatales. Los aranceles –que pasarán del 10% actual hasta el 45% en los próximos cinco años- serán variables. Así, se aplicará un gravamen del 35,3% al fabricante chino SAIC; del 18,8% a Geely y del 17% a BYD. Eso también incluye a fabricantes occidentales, como Tesla (7,8%).

Giro en Londres. El nuevo gobierno laborista de Keir Starmer presentó esta semana un proyecto de presupuestos para el 2025 que contiene la segunda mayor subida de impuestos de la historia británica. El Ejecutivo se propone recaudar 50.000 millones de euros adicionales a base de incrementar la fiscalidad sobre las sucesiones, las contribuciones privadas a fondos de pensiones y los dividendos de capital, así como las cuotas de las empresas a la Seguridad Social. En el otro lado de la balanza, se propone gastar 30.000 millones de euros para combatir las listas de espera en la sanidad, 6.000 millones para modernizar escuelas y 3.000 millones para Defensa e infraestructuras.