lunes, 24 de noviembre de 2025

Es triste pedir, pero más triste es…

Newsletter Europa

El Rafale es uno de los aviones de combate más avanzados que existen hoy en el mercado de la guerra. En unas maniobras desarrolladas por la OTAN el pasado mes de agosto en Finlandia -las Trident Atlantic 2025- consiguió, para pasmo general, derribar virtualmente a un F-35 estadounidense, que pasa por ser poco menos que invencible. Fabricado por el constructor francés Dassault -el mismo de los célebres Mirage-, durante mucho tiempo tuvo dificultades para ser exportado debido a su coste y su sofisticación. Pero eso ya quedó atrás. Hoy, además de en Francia, sirve en países como Egipto, Grecia, India o Qatar.

El último éxito del grupo Dassault ha sido el acuerdo firmado el lunes pasado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por el cual Kyiv adquirirá nada menos que 100 cazabombarderos Rafale -¡una cifra nunca vista hasta ahora!- por un valor estimado de 6.500 millones de euros. Podría hablarse de contrato del siglo, si no fuera porque no está claro quién lo va a pagar.

Ucrania está pasando por un momento extremadamente delicado. En el campo de batalla, Rusia está cerca de tomar la ciudad de Pokrovsk -la más importante desde la caída de Bajmut en 2023- y ha lanzado una durísima campaña sobre las infraestructuras energéticas del país, mientras a nivel político afronta un escándalo de sobornos vinculado a la agencia estatal de energía nuclear, Energoatom. En el exterior, las cosas no están mejor. Washington ha vuelto a negociar a sus expensas con Moscú un plan de paz que equivale a una capitulación, y Europa sigue enredada en la discusión sobre cómo pagar la ayuda militar a Kyiv en 2026 y 2027.

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de este año, la ayuda norteamericana prácticamente ha desaparecido. Si durante los tres primeros años de guerra, EE.UU. y Europa se repartían el coste de forma bastante equilibrada, en 2025 el esfuerzo ha recaído casi exclusivamente en los europeos, que hasta el mes de agosto aportaron 49.110 millones de euros por solo 480 millones de EEUU, según datos de The Kiel Institute for the World Economy. Las armas estadounidenses siguen llegando a Kyiv, pero esta vez son compradas por los europeos y distribuidas por la OTAN. A eso irá, por ejemplo, una parte de los 817 millones de euros de ayuda que anunció el presidente español, Pedro Sánchez, al recibir a Zelenski en Madrid esta semana. Lo único esencial que Washington sigue haciendo por Ucrania -y que utiliza como arma de presión- es compartir información de inteligencia.

El desafío que afronta Europa, y del que dependerá en última instancia la capacidad de resistencia de Ucrania, es encontrar la manera de seguir costeando el esfuerzo bélico ucraniano en un contexto de tensiones presupuestarias nacionales. La Comisión Europea pareció haber encontrado la llave utilizando como base los fondos rusos -más de 200.000 millones de euros- depositados y congelados en entidades financieras europeas. La idea, ya conocida, sería habilitar un préstamo de 140.000 millones a Kyiv a cuenta de esos fondos como avance de las eventuales reparaciones de guerra que Moscú debería satisfacer al término del conflicto. Pero eso es más fácil de proponer que de hacer.

En el Consejo Europeo del pasado octubre, Bélgica vetó esa solución mientras no se le dieran garantías de que Europa entera respondería en caso de que tuviera que afrontar responsabilidades económicas por la confiscación de ese dinero. Su preocupación es lógica: la mayor parte de los haberes rusos -unos 185.000 millones- están depositados en la entidad de servicios financieros Euroclear, con sede en Bruselas. Más allá de la resistencia belga -y de las dudas legales de otros países-, la propuesta genera inquietud por los efectos negativos que pudiera tener una medida de este tipo sobre los mercados financieros. Algo sobre lo que ha alertado el propio Banco Central Europeo (BCE)

El lunes, mientras Macron y Zelenski rubricaban sonrientes el acuerdo sobre los 100 Rafale, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enviaba una carta a los 27 en la que les instaba a acordar antes de fin de año -la cita sería el Consejo Europeo del 18 y 19 de diciembre- una fórmula para poder seguir manteniendo la ayuda militar a Kyiv. En caso de no aceptar la propuesta de Bruselas sobre los fondos rusos, Von der Leyen da como únicas opciones -combinadas o no- la entrega de donaciones individuales por parte de los Estados miembros o un nuevo endeudamiento europeo, como con la covid. Dos opciones que generan resistencia -e incluso urticaria- en muchos países.

El Mientras Europa se desgarra discutiendo de dónde saca el dinero necesario, EE.UU. ha vuelto a actuar a sus espaldas. Después de que la iniciativa de paz que Donald Trump impulsó el pasado mes de agosto en la cumbre de Alaska con su homólogo ruso, Vladímir Putin, encallara por la falta de compromiso del inquilino del Kremlin, las sanciones norteamericanas sobre las petroleras rusas Rosneft y Lukoil parecen haber servido para desbloquear las cosas. Pero no para mejor. Las conversaciones entre Washington y Moscú van por el mismo camino que entonces -con EE.UU. aceptando todas las reclamaciones de Rusia sin grandes concesiones a cambio-, pero a diferencia de hace tres meses los norteamericanos ya ni siquiera piden un alto el fuego previo, sino que este no entraría en vigor hasta después de la firma de un eventual acuerdo.

El plan de paz pergeñado por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff con sus interlocutores rusos, y desvelado esta semana por el Financial Times, otorga a Moscú todo lo que pide: la entrega del Donbass -incluidas aquellas partes que siguen bajo control ucraniano-, el reconocimiento de su soberanía sobre estos territorios más Crimea y la congelación del frente en las zonas de Jersón y Zaporiyia (eso sí, retornaría a Kyiv alguna zona menor en su posesión); la renuncia de Ucrania a ingresar en la OTAN y a desplegar en su territorio tropas europeas, así como la reducción de su ejército a un máximo de 600.000 soldados; el levantamiento de las sanciones a Rusia, su reincorporación al G-8 y la negociación de un acuerdo de cooperación económica bilateral con EE.UU., con quien abriría un nuevo periodo de colaboración que pasaría por la confirmación de los actuales tratados de control de armas nucleares. Ucrania debería celebrar asimismo elecciones en el plazo de cien días (Moscú no para de cuestionar la legitimidad de Zelenski, al que desearía ver fuera del poder). Y la guinda: una amnistía total para los crímenes de guerra y la renuncia a toda reclamación.

A cambio, Ucrania recibiría bien poco: el reconocimiento de su soberanía -algo que Rusia ya había firmado en 1994, con el resultado conocido- y unas garantías de seguridad que en este momento parecen más bien difusas (EE.UU. aparecería como garante, pero sin ningún compromiso militar por ahora en caso de incumplimiento). La propuesta incluye la negociación de un nuevo marco de seguridad y un acuerdo de no agresión entre Rusia y Europa, que incluiría la no ampliación de la OTAN.

Lo que no ha olvidado concretar Trump es el dinero… El plan incluye el lanzamiento de un programa mundial para la reconstrucción de Ucrania, al que Europa -según la propuesta- aportaría 100.000 millones de euros y en el que se invertirían otros 100.000 millones procedentes de los fondos congelados rusos, reservándose Washington el 50% de los beneficios obtenidos en este último caso. ¡El negocio es el negocio!

La Unión Europea ha reaccionado como era de esperar, advirtiendo que cualquier plan de paz ha de contar con el acuerdo de Ucrania -obvio- y de la Unión Europea, y que este ha de asentarse sobre bases justas (lo que está lejos de encontrarse en la propuesta que está sobre la mesa). El presidente ucraniano, que ayer habló telefónicamente con varios líderes europeos -el alemán Friedrich Merz, el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer- y con el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, se mostró dispuesto a hablar “de forma constructiva y honesta” con Washington sobre su plan y avanzó que presentará propuestas alternativas. Pero sin aceptar un trágala. En un mensaje de vídeo dirigido a la nación, aseguró que “no traicionará” a su país y advirtió que Ucrania podría verse confrontada a “una elección muy difícil: la pérdida de la dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”. Poco sensible a su oferta, el presidente de EE.UU. le dio una semana para aceptar el plan.

El último giro prorruso de Trump da toda la ventaja a Moscú en un momento en que tampoco para Rusia las cosas van bien. Como apuntaba Edward Carr, director adjunto de The Economist, en un artículo estos días, además de los problemas económicos que afronta el país, Vladímir Putin no tiene una perspectiva clara -ni un plan definido y convincente- para ganar la guerra. Al ritmo de sus avances militares durante este año 2025 -subraya-, el ejército ruso necesitaría cinco años más para conquistar la totalidad del Donbass y eso, a costa de sumar millones de bajas.

Pero para que alguien en Rusia decida que ha llegado el momento de terminar la guerra -e imponerle esta decisión a Putin-, Ucrania ha de poder seguir resistiendo. Y para ello, el compromiso y la determinación de Europa es fundamental. Los europeos aseguran tener muy claro que la defensa de la UE pasa por Ucrania, que ese es el frente que hay que defender a toda costa si se quieren cortar de raíz los sueños imperialistas rusos sobre el continente. Haga lo que haga Estados Unidos. En las próximas semanas tendrán que demostrarlo de verdad.



lunes, 17 de noviembre de 2025

El irresistible encanto del optimismo

'Visión periférica' 

A contracorriente de la atmósfera de depresión, miedo, ira y resentimiento que atizan las redes sociales, dos políticos han demostrado, en los Países Bajos y en Nueva York, que se puede conectar con los ciudadanos con un discurso en positivo.

 

A veces, en plena oscuridad,  saltan inesperados destellos de luz. En un momento en que el mundo parece adentrarse en una etapa sombría, ahogado por los mensajes negativos difundidos hasta el hartazgo por las redes sociales, cuyos algoritmos –nada inocentes– incitan al desasosiego, el rencor, la rabia y el odio, donde las voces que se imponen son las de las fuerzas extremistas y los bots de potencias desestabilizadoras, y donde la mentira se impone a la verdad, dos elecciones políticas en los Países Bajos y Estados Unidos han venido a reivindicar las ideas de esperanza y optimismo.

No se trata del entusiasmo ingenuo que niega las dificultades y la complejidad de la realidad, que cree que todo saldrá bien solo por el hecho de desearlo, sino de una confianza comprometida con el trabajo en común para mejorar las cosas.  Lo expuso de forma magistral ya hace un siglo el teórico marxista Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano (PCI), cuando propuso partir de un examen lúcido de la realidad –el “pesimismo de la inteligencia”– para actuar con el “optimismo de la voluntad”.

El neerlandés Rob Jetten, de 38 años, y el estadounidense Zohran Mamdani, de 34, ganadores –respectivamente– de las elecciones legislativas del 29 de octubre en los Países Bajos y las locales de Nueva York del 4 de noviembre, más allá de pertenecer a la misma generación, tienen pocas cosas en común. Sus orígenes y trayectorias son diferentes. Pero ambos han sabido inyectar en el debate político un mensaje positivo, a contracorriente del discurso hegemónico, y lograr la victoria haciendo bandera del optimismo. El neerlandés recuperó el Yes, we can de Barack Obama con el lema Het kan wél (Es posible), mientras el norteamericano prometía el inicio de una “nueva era”.

 Rob Jetten nació en la provincia de Brabante del Norte en el seno de una familia de clase media, estudió Administración Pública e inició una carrera política que le llevó a ser viceprimer ministro con Mark Rutte. Abiertamente gay –su historia de amor con el jugador de hockey hierba argentino Nicolás Keenan ha jugado también su papel durante la campaña–, se declara liberal progresista y desde el 2023 es el líder del partido centrista D66 (su antecesora, Sigrid Kaag, se retiró de la política a causa de la campañas de “odio, intimidación y amenazas” a su familia). Contra todo pronóstico, la candidatura de Jetten sobrepasó por unos miles de votos a la del ultraderechista Geert Wilders del Partido de la Libertad (PVV) y a él le corresponde la iniciativa de intentar formar una coalición de gobierno, lo cual no será fácil dada la fragmentación del Parlamento.

El nuevo alcalde de Nueva York es una rara avis en la clase política norteamericana. Nacido en Uganda, en el seno de una familia de clase acomodada de origen indio, y de confesión musulmana, Zohran Mamdani se declara socialista –pertenece por tanto al ala más radical del Partido Demócrata de EE.UU.–, lo que lo asimila a un socialdemócrata europeo. El hoy alcalde tenía siete años  cuando llegó a Estados Unidos, país del que en 2018 adquirió la nacionalidad. Licenciado en Estudios Africanos, inició su carrera política como activista hasta acabar siendo elegido miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York. En las elecciones municipales se impuso de forma contundente al exgobernador demócrata Andrew Cuomo.

Jetten y Mamdani han sabido conectar especialmente con el electorado joven, no sólo manteniendo una presencia activa en las redes sociales –las que los jóvenes utilizan preferentemente para informarse–, sino atacando el mayor problema al que se enfrenta la juventud de hoy en los países desarrollados: la escasez y encarecimiento de la vivienda. El neerlandés ha propuesto edificar diez nuevas ciudades para combatir el déficit residencial, mientras el estadounidense ha prometido la congelación de los alquileres protegidos y el consejo municipal de la ciudad ha aprobado esta semana reconvertir terrenos en Queens para edificar 15.000 nuevos apartamentos.

Ambos también han moderado algunas de sus aristas. Mamdani ha suavizado algunas de sus posiciones más izquierdistas mientras Jetten ha adoptado una postura más estricta –aunque “humana”– en materia de inmigración.

Hace una semana, en estas páginas, Lola García citaba al sociólogo Giuliano da Empoli –autor de Los ingenieros del caos, un ensayo sobre los propagandistas de los nuevos populismos– para subrayar que los mensajes negativos y alarmistas no bastan para movilizar al electorado contra el ascenso de la extrema derecha y defendía que “el paso de lo negativo a lo positivo es necesario para generar un deseo real de cambio”. Lo positivo ha ganado en los Países Bajos y Nueva York.

En los años treinta, en pleno auge de los movimientos fascistas en Europa, los socialdemócratas suecos se propusieron combatirlos con un proyecto optimista de solidaridad, el Folkhemmet (Hogar del pueblo), que aunaba un programa de asistencia social con una visión moral y política inclusiva, e invitaba a los trabajadores a no sentirse tanto víctimas como actores activos en la construcción de una sociedad más justa. Lo recordaba recientemente Claes-Mikael Ståhl, secretario general adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos, en una artículo publicado en International Politics and Society (IPS). Su mensaje era diáfano: “La esperanza no es un optimismo ingenuo, es una decisión política”. Hoy como ayer.

 

¡Vista a la derecha!

Newsletter ‘Europa’

El PPE rompe la mayoría europeísta y vota con la extrema derecha una reducción de las exigencias medioambientales

 

Ni cordón sanitario, ni cortafuegos, ni línea roja, ni nada de nada. La frontera política que históricamente había separado a la derecha europea de raíz democristiana de la extrema derecha quedó rota definitivamente este jueves en el Parlamento Europeo, cuando por primera vez el Partido Popular Europeo (PPE) sacó adelante una iniciativa legislativa con los votos de los ultras y en contra de sus aliados en la Eurocámara -socialistas, liberales y, ocasionalmente, verdes-. El PPE, comandado por el socialcristiano alemán Manfred Weber, ya había protagonizado un acercamiento declarado al grupo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), exponentes de una ultraderecha supuestamente más moderada y frecuentable. Pero esta vez fue más allá y sumó una nueva mayoría con el apoyo de los Patriots de Marine Le Pen, Viktor Orbán y Santiago Abascal.

El resultado de las elecciones del 2024 ofreció al PPE la oportunidad inédita de aplicar en el Parlamento Europeo una política de geometría variable en materia de pactos para sacar adelante sus propuestas. Partiendo de la mayoría histórica con socialistas y liberales, podía en un momento dado desembarazarse de las exigencias de sus aliados y buscar apoyo más a la derecha para determinadas cuestiones. Hasta ahora lo había probado con resoluciones o declaraciones inocuas, sin trascendencia jurídica. Esta semana, sin embargo, ha traspasado la línea y lo ha hecho por primera vez con un texto legislativo, elevando al máximo la tensión interna de la mayoría europeísta que sostuvo la reelección de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea.

El objeto de divergencia era la propuesta de la Comisión Europea para aligerar y simplificar las cargas burocráticas a las empresas europeas -con el fin de reforzar su competitividad-, lo que entre otras cosas afecta a determinadas obligaciones en materia medioambiental aprobadas en 2024. El Parlamento Europeo apoyó suprimir algunas de estas constricciones y limitar el número de empresas afectadas (aumentando el umbral mínimo de trabajadores): la propuesta fue aprobada por 382 votos -derecha y extrema derecha mezcladas- contra 249 y 13 abstenciones. Para los aliados europeístas del PPE fue como una traición. El eurodiputado socialdemócrata alemán René Repasi habló de “un día negro para la democracia europea”, mientras -por contraste- el líder del grupo Patriotas por Europa, el francés Jordan Bardella (del Reagrupamiento Nacional), se felicitaba abiertamente. “Esto no es más que el principio”, vaticinó.

El pasado mes de abril en Valencia, en el congreso del PPE en el que fue reelegido presidente, Manfred Weber hizo profesión de fe centrista, atacó a los extremismos y -salvando de la quema a los ultraconservadores que se declaran más o menos europeístas, como Meloni- puso como línea roja no pactar con la extrema derecha más ultramontana y antieuropeísta. De hecho, avaló el cordón sanitario aplicado a los ultras del FPÖ en Austria. Siete meses después, sus votos no parecen molestarle en absoluto.

Lo sucedido esta semana en la sede parlamentaria de Bruselas -no en el hemiciclo de Estrasburgo- se enmarca en un movimiento más amplio. Cada vez más, y con menos disimulo, las derechas europeas plantean la posibilidad de pactar con la extrema derecha, una corriente que ha alcanzado a dos países, como Alemania y Francia, que hasta no hace tanto tiempo parecían inasequibles a la tentación. El PP español, que había sido señalado como una oveja negra por pactar a nivel regional con una fuerza de extrema derecha como Vox, va camino de parecer un pionero…

En Alemania, el canciller y líder de la CDU, Friedrich Merz, mantiene formalmente su oposición a pactar con Alternativa para Alemania (AfD), que -más radical que los ultras franceses o españoles- tiene inquietantes resabios neonazis. Pero entre los democristianos germanos hay quienes empiezan a abogar por relajar el cordón sanitario (Brandmauer o cortafuegos, como se conoce allí) y pactar ocasionalmente con ellos. La prensa alemana destaca entre otros a Peter Tauber, secretario general del partido en la época de Angela Merkel, la presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, o el jefe del grupo parlamentario de la CDU-CSU, Jens Spahn.

En Francia, el movimiento es anterior y mucho más diáfano. El acercamiento ideológico de los herederos del gaullismo hacia las posiciones de la extrema derecha empezó con Nicolas Sarkozy, quien ya rompió un primer tabú y se negó a avalar frentes republicanos en las segundas vueltas de las elecciones para frenar a los ultras. Pero el proceso se ha acelerado en el último año y medio. El anterior presidente de Los Republicanos, Eric Ciotti, encabezó en las elecciones anticipadas del 2024 una escisión para presentarse en coalición con el Reagrupamiento Nacional (RN) de Le Pen y Bardella, lo que le valió la expulsión del partido. Pero el actual, Bruno Retailleau, no está situado mucho más al centro y coquetea con la idea de una “unión de las derechas”.

El cordón sanitario se rompió definitivamente en Francia el pasado 30 de octubre, cuando la Asamblea Nacional aprobó por primera vez, por 185 contra 184 votos, una propuesta de resolución del RN (en este caso no vinculante, instando al Gobierno a denunciar el acuerdo firmado en 1968 con Argelia sobre el trato preferente a sus nacionales en materia de extranjería). La mitad de los parlamentarios de Los Republicanos y algunos del ala derecha del macronismo votaron a favor.

Lo más curioso de esta tendencia favorable a la confluencia de las derechas es que va creciendo a pesar de que todas las señales conocidas muestran que resulta letal para los conservadores. En Francia, la derecha gaullista, que dio cuatro presidentes a la V República (además del propio general De Gaulle: Pompidou, Chirac y Sarkozy), es hoy la cuarta fuerza política francesa, mientras que el otrora proscrito partido de Le Pen es la primera en votos y le triplica en número de diputados. Se los han comido. Como sucedió en Italia, donde la derecha populista de Silvio Berlusconi -que se hizo en los años noventa con el fondo de comercio de la antigua Democracia Cristiana- quedó laminada por el posfascista Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, que hoy gobierna con una envidiada estabilidad.

En Alemania, donde el acercamiento a las tesis ultras -sobre todo, en materia de inmigración- ha sido más tardía, la situación no ha llegado todavía a ese punto, pero poco le falta. Los últimos sondeos colocan a AfD como primera fuerza con una expectativa de voto del 26%, un punto por encima de la CDU (25%), por lo que el sorpasso estaría a punto de producirse. En España, el PP todavía está muy por encima de Vox -que experimenta un claro ascenso-, pero le está cediendo peligrosamente la hegemonía ideológica. Si sigue así, solo es cuestión de tiempo.

 

APUNTES

No habrá guerra civil. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cedido en algunos de sus planteamientos sobre el nuevo marco financiero plurianual con el objetivo de sofocar la rebelión de sus propias filas. Recordemos que la creación de nuevos fondos nacionales para reagrupar los programas ya existentes -desde el Fondo de Cohesión a la Política Agraria Común (PAC)- había generado un rechazo frontal de los grupos de la mayoría, desde los socialdemócratas a los verdes, pasando por los liberales y los propios populares. Para salvar la amenaza, la jefa del Ejecutivo comunitario ha propuesto reservar al menos un 10% de los fondos que recibirán los Estados a la agricultura y garantizar la plena participación de las regiones en la preparación, implementación y evaluación de los planes. El gesto fue agradecido pero no convenció a socialistas, verdes y liberales, que instaron a Von der Leyen a seguir negociando, pero sí a su correligionario, el líder del PPE, Manfred Weber, con lo que el conato de guerra civil ha quedado sofocado.

Escudo contra la desinformación. La Comisión ha preparado una estrategia para combatir la desinformación y las injerencias extranjeras -fundamentalmente rusas- que pretenden influir y adulterar los procesos democráticos en Europa en el marco de la guerra híbrida. Una de las propuestas de Bruselas es crear un Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, que sirva para compartir información y desarrollar capacidades conjuntas para contrarrestar los intentos de manipulación. También propone crear una red de influencers para concienciar sobre la desinformación y elaborar una guía sobre el potencial uso e impacto de la Inteligencia Artificial en campañas electorales. Hace un año, el Tribunal constitucional de Rumanía anuló las elecciones presidenciales -que ganó un candidato ultraderechista y prorruso- a causa de las injerencias rusas en la campaña. Los comicios se repitieron el pasado mes de mayo.

Cacería humana. De forma semejante a la ficción del Juego del Calamar, donde ricos potentados pagaban sumas millonarias por ver el asesinato de decenas de personas en un juego siniestro, hombres adinerados de la alta sociedad italiana habrían pagado a principios de los años 90 por participar en el asesinato de ciudadanos bosnios durante el sitio de Sarajevo como francotiradores aficionados en una auténtica cacería de seres humanos. La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación oficial sobre esta práctica a raíz de una denuncia presentada el periodista Ezio Gavezzani, que tuvo conocimiento de estos hechos durante la elaboración de un reportaje. Los participantes en estos macabros safaris, que llegaban a las colinas que rodeaban la capital bosnia de la mano de las milicias serbias del criminal de guerra Radovan Karadzic no eran solo italianos, sino que provenían de diferentes países europeos, entre ellos también España.


lunes, 10 de noviembre de 2025

Guerra civil en Bruselas

Newsletter ‘Europa’

Von der Leyen se enfrenta a la rebelión de sus huestes, capitaneadas por Manfred Weber

 

Con estos amigos, ¿quién quiere enemigos? Esto debe pensar estos días la presidenta de la Comisión Europea, la democristiana Ursula von der Leyen, que ha visto cómo los integrantes de la mayoría presidencial en el Parlamento Europeo -con su propio grupo, el Partido Popular Europeo (PPE), a la cabeza- le montaban una rebelión en toda regla y le amenazaban con hacer descarrilar el proyecto de marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034, que alcanza un montante de 2 billones de euros. La oposición de socialistas, liberales y ecologistas a la propuesta presupuestaria de Bruselas implicaría ya de por sí una crisis de calado, pero el hecho de que el movimiento esté capitaneado por el propio grupo conservador lo convierte en una insurrección general.

Al frente de la sedición está el presidente del PPE y del grupo popular en la cámara de Estrasburgo, Manfred Weber, un viejo correligionario político y enemigo personal de Von der Leyen, a quien nunca ha perdonado que en 2019 le arrebatara el cargo de presidente de la Comisión Europea. El socialcristiano bávaro está empeñado en acotar el poder de su rival y reafirmar el suyo propio, como ya demostró hace un año con el bloqueo temporal -utilizando al PP español como ariete- del nombramiento de la socialista Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, que puso en peligro el pacto con socialistas y liberales.

En aquel envite, Weber consiguió que el bloque europeísta tragara con el nombramiento como vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de Raffaele Fitto, del partido Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, reforzando así su línea de aproximación al grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), convertido en la extrema derecha frecuentable de la Eurocámara y con la que el PPE ha empezado a poner en práctica la configuración de una mayoría alternativa.

En este nuevo pulso por el presupuesto, Weber pretende -entre otras cosas- asegurar el control del Parlamento Europeo sobre la adjudicación de los fondos comunitarios. Y, más allá de eso, reforzar su poder como líder de la mayoría frente a la presidenta de la Comisión.

El gran objeto de controversia alrededor del proyecto de marco financiero es el radical cambio que Von der Leyen quiere aplicar a los fondos comunitarios. La propuesta de Bruselas es refundir los actuales fondos sectoriales en 27 fondos nacionales, sobre los que los Estados -que recibirían un pago único después de pactar una especie de contrato-programa con la Comisión- tendrían un mayor poder de decisión. Una reforma que, según defiende el gabinete de Von der Leyen, trata de satisfacer las peticiones de mayor flexibilidad históricamente planteadas por los gobiernos. Pero que dista mucho de contentar a todo el mundo.

En ese paquete, que Bruselas pretende dotar con 865.000 millones de euros a repartir entre los 27, estaría todo junto y revuelto, desde el Fondo de Cohesión a los fondos de la Política Agraria Común (PAC), lo que ha soliviantado a regiones y agricultores -ya de por sí sublevados por las restricciones medioambientales y el acuerdo comercial con el Mercosur- , y a países del sur de Europa como España. Los afectados temen perder parte de lo que tienen garantizado hasta ahora -dejándolo al albur de cada gobierno- y los más europeístas lamentan que la Comisión renuncie a una política común y avale su fragmentación nacional.

El rechazo en el Parlamento Europeo ha sido tan general que ha puesto sordina a las crecientes tensiones que ponen diariamente a prueba a la mayoría presidencial. Esta vez, frente a Von der Leyen, no ha habido fisuras. Los cuatro grupos del arco europeísta -populares, socialdemócratas, liberales y ecologistas- dirigieron la semana pasada una carta a la presidenta del Ejecutivo comunitario en la que mostraban su oposición a la fusión del Fondo de Cohesión y la PAC, y le instaban a revisar su propuesta bajo amenaza de tumbar la totalidad de su proyecto de marco financiero, lo que implicaría una grave desautorización de la Comisión. Los insurgentes pusieron como fecha límite el 12 de noviembre.

Los contactos mantenidos esta semana por ambas partes no han permitido, hasta ahora, alcanzar un acuerdo que permita evitar el choque. La Comisión, sin embargo, ha dado muestras de ductilidad y fuentes comunitarias dan por hecho que el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, presentará una propuesta para tratar de salir del atolladero. Está por ver que sea suficiente para poner fin al conato de guerra civil en Bruselas.

 

APUNTES

 De progresa adecuadamente a debe mejorar. Este martes la Comisión Europea hizo público su informe anual sobre el proceso de ampliación de la UE a nuevos países en la perspectiva del año 2030. Presentado por la responsable de la política exterior europea, Kaja Kallas, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos, el informe valora los esfuerzos de reforma de Montenegro -país en cabeza para convertirse muy probablemente en el miembro 28º de la Unión- y Albania, mientras deplora los retrocesos democráticos de Serbia y Georgia. Ucrania y Moldavia también han avanzado en su camino hacia la adhesión, pero para ello subsisten todavía importantes dificultades (en el primer caso, a causa de la guerra y del veo de Hungría). Más lejos lo tienen Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina o Kosovo (que no tiene rango de candidato oficial), mientras el caso de Turquía sigue congelado.

Acuerdo de compromiso sobre el clima. La UE acude a la cumbre del clima de Brasil, COP30, que empieza oficialmente el próximo lunes, habiendo salvado una posición común, lo que no ha sido fácil dadas las crecientes divergencias entre los 27 sobre los ritmos de la acción europea contra el cambio climático. Los ministros comunitarios de Medio Ambiente alcanzaron la madrugada del miércoles un acuerdo por el cual la UE mantiene formalmente su objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2040 en un 90% (respecto a 1990), pero abriendo la puerta a que los países puedan cubrir hasta un 5% de sus objetivos mediante la adquisición de créditos de carbono y que Bruselas reevalúe la situación cada cinco años.

Una de cal y otra de arena. El triunfo del multimillonario trumpista Andrej Babis en las elecciones de la República Checa del pasado 4 de octubre fue un jarro de agua fría para los europeístas, que se ha visto confirmado ahora con la firma, el pasado lunes en Praga, de un pacto de coalición con la ultraderecha y con un partido eurófobo de conductores. La República Checa amenaza así con alinearse con el frente ultra formado Hungría y Eslovaquia. En contraste con esto, las elecciones anticipadas en los Países Bajos, dieron la sorpresa el pasado 29 de octubre al coronar como vencedor al partido liberal progresista D66 de Rob Jetten, que ganó por un pequeño margen -aunque empatando a escaños- al ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders.

 

 

La pasión francesa de Trump

Visión periférica

Desfile militar en Washington, salón de baile y molduras doradas en la Casa Blanca, gran Arco de Triunfo como el de París... Donald Trump se ha lanzado a adoptar el boato y los símbolos de poder de la Francia republicana y napoleónica.

 

El 14 de julio del 2017, apenas iniciado su primer mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump recibió una vivísima impresión en París. Invitado de honor de Emmanuel Macron con motivo de la Fiesta Nacional francesa –lo que coincidía además con el año del centenario de la entrada en guerra de EE.UU. en Europa en la primera gran conflagración mundial–, el presidente norteamericano asistió deslumbrado al tradicional desfile militar por los Campos Elíseos, en el que en aquella ocasión participaron también unidades estadounidenses. “¡Magnífico!”, exclamó, seducido por el toque de grandeur francés, mientras agradecía las deferencias de su anfitrión (que incluyó una cena privada de ambos mandatarios con sus cónyuges, Brigitte y Melania, en el restaurante Jules Verne de la torre Eiffel)

Trump sintió inmediatamente el deseo de organizar un desfile militar en Washington y emular al de los franceses. “(Contemplar) esa potencia militar es algo formidable para Francia. Tendremos que intentar hacerlo mejor”, dijo en aquel momento. El desfile del 14 de Julio es una tradición antigua, se remonta al año 1880, coincidiendo con la instauración como día de la fiesta nacional  el de la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa de 1789. No había una tradición similar en EE.UU. y, probablemente por ello, Trump no pudo hacer realidad en ese momento su deseo. Pero en su segundo mandato lo ha conseguido.

El 14 de junio de este año, unos 6.000 soldados, 150 vehículos y 50 aviones desfilaron –o sobrevolaron– la avenida de Pensilvania, en Washington, oficialmente en conmemoración del 250º aniversario de la creación de las fuerzas armadas estadounidenses (y oficiosamente como regalo por el 79º cumpleaños del presidente). El acto no tuvo el brillo esperado por el inquilino de la Casa Blanca. El público asistente fue escaso –sobre todo en comparación con los manifestantes que en las calles de EE.UU. protestaban en su contra al grito de “Reyes, no”– y los soldados estadounidenses, extremadamente bien entrenados para el combate, demostraron poca instrucción para desfilar.

La iniciativa, criticada por sus oponentes tanto por su coste como por su utilización política, es solo una muestra, pero no la única, de la inclinación de Trump por reproducir en EE.UU. algunos de los signos de pompa y boato que Francia ha conservado de sus épocas imperiales.

Poco antes de la parada militar, el mes de mayo, el presidente sorprendió a todo el mundo con la ostentosa redecoración del Despacho Oval de la casa Blanca, otrora un espacio austero, que de repente apareció plagado de molduras y apliques dorados en todas las paredes. El gusto más bien kitsch del presidente de EE.UU. por el color dorado –común a muchos otros multimillonarios norteamericanos– es conocido, aunque en este caso  es difícil no pensar también en cierta influencia francesa. Como si la Casa Blanca quisiera transmutarse en el Palacio del Elíseo...

Otra señal que afianza esa idea ha sido su brutal decisión de demoler completamente el ala Este de la Casa Blanca –de la que ya no queda nada– para construir un enorme salón de baile, recreación de algún modo del que hay en el Elíseo. El Salon des Fêtes del palacio presidencial francés, de una magnificencia versallesca, fue inaugurado con motivo de la Exposición Universal de París de 1889 (cuando se erigió la torre Eiffel) y desde entonces es lugar habitual de recepciones de Estado y otros actos institucionales. Sus 600 metros cuadrados, sin embargo, palidecerán ante la mole de 8.300 metros cuadrados proyectada por Trump. La acción del presidente estadounidense ha levantado fuertes críticas, tanto por el impacto arquitectónico de la obra –sobre un edificio histórico que data de finales del siglo XIX– como por su elevado coste –300 millones de dólares, que la presidencia asegura que costearán donantes privados–.

El fervor afrancesado de Trump culminará –al menos, ese es su proyecto– con la construcción a orillas del río Potomac, frente al Monumento a Lincoln y cerca del Cementerio Nacional de Arlington, de un colosal Arco de Triunfo a imagen y semejanza del que el emperador Napoleón I ordenó levantar en París en los Campos Elíseos, inspirándose en los arcos de la Antigua Roma, para glorificar sus victorias militares en Europa. Como el de París, el arco de Trump sería de estilo neoclásico y, a diferencia de este, en lo alto añadiría una figura femenina alada, imagen de la diosa romana de la Victoria.

Poco ha trascendido del proyecto, salvo las maquetas que él mismo ha enseñado. Su intención es inaugurarlo para el 250º aniversario de la fundación de EE.UU., en julio del año que viene, un calendario muy apretado que no tiene para nada en cuenta los condicionantes legales para construir en una zona protegida como esa. Nada se sabe, por ejemplo, de su coste, que el presidente sugiere que pagará con el mismo fondo de donantes privados del salón de baile. Ni de las dimensiones. El propio Trump ha explicado que hay tres versiones –pequeña, mediana y grande– y confesó su preferencia. ¿Adivinan? La grande, claro: “Se ve mejor”, dijo.

La fascinación de Trump por los símbolos externos del poder napoleónico tiene una correspondencia directa con su atracción por la figura política del hombre fuerte, capaz de gobernar sin ningún tipo de ataduras. “Quien salva a su país no viola ninguna ley”, escribió meses atrás el presidente de EE.UU. tomando prestada una frase de Napoleón. El francés llevó su ambición hasta el extremo de coronarse emperador. La Constitución de 1804 lo sancionó con estas paradójicas palabras: “El gobierno de la República es confiado a un emperador”. ¿Podría acabar pasando algo así con la República norteamericana?