Trump no tiene prisa

Newsletter 'Europa'

EE.UU. da largas a la UE tanto en el litigio comercial como en el dossier ucraniano

Para Donald Trump, ella es “formidable”, “FANTÁSTICA” (lo escribió así, en mayúsculas, en su red particular Truth Social) y tiene un “gran talento”. Su vicepresidente y mano derecha, J.D. Vance, el dóberman de la Casa Blanca, la trata de “querida amiga” y muestra con ella una fuerte sintonía personal. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tenía pues todas las cartas a su favor en su primera visita oficial a Washington con la nueva Administración norteamericana, el pasado día 18, y las jugó bien. Que lograra su objetivo -ablandar al presidente de Estados Unidos para poner fin a su guerra arancelaria contra Europa- es otro cantar.

Meloni escuchó en el Despacho Oval de la Casa Blanca muy buenas palabras -algo que no siempre sucede, como bien sabe el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski-, pero salió con las manos totalmente vacías. En este sentido, el balance no fue muy diferente al que se llevaron el presidente francés, Emmanuel Macron, el 24 de febrero, o el primer ministro británico, Keir Starmer, tres días después. En aquel momento, la principal preocupación era la guerra de Ucrania; hoy, a este conflicto se ha sumado la guerra comercial desatada urbi et orbi por Washington.

Macron no es amigo de Trump, ni tiene con él la afinidad ideológica de la líder italiana. Pero siempre ha procurado tratar con deferencia al presidente estadounidense. Lo hizo durante su primer mandato y lo ha seguido haciendo después, hasta el punto de invitarle personalmente -cuando aún no había tomado posesión- a la reinauguración de la catedral de Notre Dame. Su activismo diplomático, aliado con el británico Keir Starmer y el alemán Friedrich Merz, permitió organizar un importante encuentro en París, el día 17, para tratar sobre la guerra de Ucrania. Cita prometedora pero cuyo recorrido ha quedado ya interrumpido.

La maratón diplomática de Macron y sus aliados tenía por objetivo anclar a Europa en la negociación sobre un eventual acuerdo de paz en Ucrania, hasta ahora un mano a mano entre EE.UU. y Rusia. El presidente francés, junto a representantes británicos y alemanes, y con la presencia de Volodímir Zelenski, se reunió con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y los dos enviados especiales de Washington para el conflicto ucraniano, Steve Witkoff y Keith Kellogg. En el Elíseo quisieron ver el vaso medio lleno y creyeron haber encarrilado la participación europea y su “coalición de voluntarios” en una solución para Ucrania.

Pero de la capital francesa no salió ningún acuerdo, salvo el de volverse a encontrar, esta vez en Londres. Y ni eso ha durado. La segunda reunión fue abruptamente suspendida después de que el líder ucraniano rechazara de plano el “plan de paz” propuesto por EE.UU., que no es sino un “plan de rendición” para Kiyv. Para consternación general -salvo en el Kremlin-, Trump propone que Ucrania ceda a Rusia los territorios ya ocupados (península de Crimea, Donbass) y acepte quedarse fuera de la OTAN, sin que por otra parte Washington se comprometa con su seguridad.

En el frente económico, las cosas no están mejor. En su encuentro en la Casa Blanca, Meloni trató de seducir a Trump y a su corte blandiendo su proximidad ideológica -“Mi objetivo es hacer a Occidente grande de nuevo, y creo que podemos hacerlo juntos”, dijo readaptando el lema del movimiento trumpista MAGA (Make America Great Again)- y ofreció a Italia como puente para negociar con Europa un acuerdo comercial satisfactorio para ambas partes. Lo hizo en todo momento en nombre de la UE, desmintiendo así los temores de algunas capitales europeas de que la premier italiana cediera a la tentación de buscar un arreglo particular.

Muchas sonrisas y amabilidades hubo en el Despacho Oval ese día. Y el presidente de EE.UU. le regaló un poco los oídos a su interlocutora asegurando estar “convencido al cien por cien” de que al final habrá un acuerdo con Europa. Pero enseguida tascó el freno y dijo que “no hay prisa” para ello. Prisa, desde luego, no está demostrando.

De hecho, entre EE.UU. y la UE no hay por el momento ninguna negociación en marcha. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha viajado ya tres veces a Washington -la última, el día 14- para reunirse con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, sin que eso haya servido para nada más que para mantener el contacto. Sefcovic llevó la propuesta, ya avanzada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de poner a cero todos los aranceles mutuos sobre los productos industriales. Pero al otro lado no hay respuesta ni una propuesta de partida para empezar a negociar. Los negociadores de Bruselas, con gran experiencia en estas lides, están desconcertados -según fuentes comunitarias- por la incapacidad aparente de las nuevas autoridades de Washington para abordar un diálogo estructurado. Claro que viendo el comportamiento errático de su jefe la sorpresa se atenúa…

EE.UU. está, ciertamente, en posición ventajosa para esperar. No tiene prisa. Toda la prisa y la preocupación las tiene focalizadas ahora en China, donde el enfrentamiento arancelario es abierto y las represalias aprobadas por Pekín están haciendo ya un daño visible. Tanto que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió días atrás que la guerra comercial con China era “insostenible” y el propio presidente norteamericano ha amagado con dar marcha atrás, vaticinando que las tasas aduaneras sobre los productos chinos -que ha elevado al 145%- “bajarán sustancialmente”.

Con Europa no hay tanta prisa sencillamente porque es EE.UU. quien está en posición de fuerza. Si bien Washington suspendió temporalmente -durante 90 días- los aranceles del 25% anunciados sobre los productos europeos, mantiene sin embargo un arancel base del 10%, más las tasas aduaneras especiales sobre los automóviles, el aluminio y el acero. Bruselas había preparado una respuesta contra estos últimos aranceles, pero sorprendentemente -puesto que siguen vigentes- decidió suspenderla como gesto de buena voluntad para propiciar la negociación… La respuesta ha sido: “no hay prisa”.

Acaso pueda desencallar las cosas la reciente decisión de la Comisión Europea de multar con 500 y 200 millones de euros, respectivamente a Apple y Meta por vulnerar la ley de Mercados Digitales de la UE, en lo que supone la primera sanción a las grandes tecnológicas desde que se abriera una investigación el año pasado. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero la Administración Trump considera las regulaciones comunitarias en este terreno como una suerte de barrera comercial encubierta y su intención explícita ha sido incluirlo todo en la negociación comercial global, algo que Bruselas ha rechazado hasta ahora de plano. En el pulso que se avecina, la UE se juega su papel referente como gran potencia reguladora. Y, sobre todo, su credibilidad.

Bajada de tipos de interés. Lo que le gustaría a Donald Trump que hiciera la Reserva Federal norteamericana -muy prudente a causa de la amenaza de inflación derivada de la guerra arancelaria entre EE.UU. y China- lo está haciendo el Banco Central Europeo (BCE). Esto es, bajar los tipos de interés, que quedan ahora situados en el 2,25%. Claro que en Europa la principal preocupación no es tanto la inflación como la amenaza de estancamiento -e incluso de recesión- a causa de la ofensiva comercial de Washington.

Subida del gasto de defensa. Presionado por Estados Unidos y sus aliados europeos de a OTAN, el presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de urgencia para aumentar en 10.400 millones de euros el gasto en defensa, con el objetivo -difícil- de alcanzar a finales de año el 2% del PIB, tal como estipula el compromiso existente en el seno de la Alianza Atlántica. Washington, sin embargo, pide ya el 5%. Sus socios de gobierno de Sumar rechazan este plan.

Islandia mira al Sur. Orgullosa de su insularidad, Islandia nunca ha querido saber nada de una eventual incorporación a la Unión Europea. Pero las cosas están cambiando rápidamente. El giro político en Washington y la presión de la nueva Administración norteamericana para anexionarse Groenlandia ha hecho crecer la inquietud en la isla, que -sin ejército- depende exclusivamente de la protección de Estados Unidos, con el que en 1951 firmó un tratado de defensa. El nuevo gobierno de coalición del país es mayoritariamente favorable hoy al ingreso en la UE.

 

 

Una OTAN sin Estados Unidos

'Visión periférica' 

Ante el desinterés de EE.UU., la Unión Europea y  otros países de la OTAN –Reino Unido, Noruega, Canadá, Turquía– han empezado a estrechar su cooperación militar. Se está fraguando una alianza trasatlántica diferente.

Lo primero que hizo Mark Carney tras ser elegido primer ministro de Canadá, en marzo, fue viajar a París y Londres para entrevistarse con el presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Keir Starmer. Que la primera salida al exterior del jefe del Gobierno canadiense no fuera  a Estados Unidos –una primicia– da la medida de la  ruptura histórica entre los dos países. “Esta relación, basada en una integración cada vez más profunda de nuestras economías y en una estrecha cooperación militar y de seguridad, se acabó”, constató Carney tras los ataques –en forma de aranceles y bravatas anexionistas– del presidente de EE.UU., Donald Trump.

En París, el premier canadiense expresó la voluntad de su país de reforzar los vínculos con Europa –“Es más importante que nunca”, subrayó– y recordó, por si hiciera falta, que “Canadá es el país no europeo más europeo”. Y Carney, que además del de Canadá fue gobernador del Banco de Inglaterra (2013-2020), todavía más.

¿Podría Canadá acabar siendo miembro de la Unión Europea? Atributos no le faltarían: desde sus raíces europeas y los vínculos históricos con Europa, expresados en el hecho de tener como soberano al rey Carlos III de Inglaterra, hasta compartir una pequeña frontera terrestre con Dinamarca (en la pequeña y deshabitada isla de Hans, situada en el canal Kennedy, entre Canadá y Groenlandia). Algunos medios han especulado con tal posibilidad –el semanario británico The Economist así lo defendía en su número del 2 de enero, antes del seísmo del retorno efectivo de Trump a la Casa Blanca– y hay encuestas que le dan pábulo: según un sondeo de Abacus Data del 10 de marzo, el 46% de los canadiense apoyaría que Canadá se convirtiera en miembro de la UE, por 29% en contra y 25% de indecisos.

Más allá de estas guiños, no parece que una adhesión a la UE esté realmente en la agenda. Pero lo que sí denota es la determinación de Otawa de acercarse a Europa y estrechar la cooperación a todos los niveles. Así lo confirma el hecho de que Canadá sea uno de los países extracomunitarios que se ha sumado a la llamada “coalición de voluntarios” que, liderada por Francia y el Reino Unido, busca articular una acción común en defensa de Ucrania ante la mutabilidad de EE.UU.

Para quienes no le ven claro, el viernes 11 de abril se produjo una conjunción astral clarificadora. Mientras en la sede de la OTAN, en Bruselas, se reunían los países occidentales comprometidos con Ucrania con la excepcional ausencia de Estados Unidos –el secretario de Defensa, Pete Hegseth, conectado por videoconferencia, solo estuvo como “observador”–, a 2.400 kilómetros de allí, en San Petersburgo, el presidente ruso, Vladímir Putin, recibía entre sonrisas y amabilidades a Steve Witkoff, el enviado especial de Trump para el conflicto de Ucrania.

¿Semejante coincidencia era un calculado mensaje dirigido por Washington a sus aliados? ¿Un gesto hacia Moscú? En todo caso, su significado no pudo ser más diáfano. Por si hicieran falta más señales, esa misma semana se supo que el ejército norteamericano había decidido retirar las fuerzas de reacción rápida de la 82ª División Aerotransportada del aeropuerto polaco de Jasionka, en Rzeszow, a 70 kilómetros de la frontera con Ucrania, pieza clave en el dispositivo de envío de ayuda militar a Kyiv. Su presencia era una cláusula de seguridad frente a Moscú.

Ya pudo Marco Rubio, el secretario de Estado, tratar de tranquilizar al resto de miembros de la OTAN, una semana antes, reiterando el compromiso de EE.UU. con la Alianza, que sus palabras han tardado poco en perder su lustre. Los mensajes del impetuoso y errático inquilino de la Casa Blanca –y del equipo de hooligans que le secunda– van más bien en sentido contrario. El propio Hegseth lo dejó claro a los aliados en febrero: “Las duras realidades estratégicas impiden que EE.UU. se centre principalmente en la seguridad de Europa”. Y ya hay quien en Washington empieza a plantear una retirada parcial de las tropas desplegadas en el continente (de hasta 20.000 soldados)

Algunos analistas, como Ian Bremmer, del Eurasia Group, consideran que Trump ha precipitado “el fin de la relación transatlántica tal como la conocemos”. Y otros, como Ivo H. Daalder, director ejecutivo del Consejo de Asuntos Globales de Chicago y ex embajador de EE.UU. ante la OTAN (2009-2013), vaticinaba en Foreign Affairs una Alianza Atlántica sin Washington: “Dados los cambios fundamentales en la política exterior estadounidense bajo el gobierno de Trump, el siguiente paso más urgente para el resto de la OTAN es imaginar un futuro sin EE.UU. y posicionar a la alianza para que triunfe a pesar de todo”, escribía.

De alguna manera, los europeos han empezado ya a reaccionar. Y no solo aumentando los gastos de defensa. El inminente canciller de Alemania, Friedrich Merz, se ha fijado como prioridad que “Europa logre la independencia de EE.UU.” y ha propuesto crear una “comunidad europea de la defensa” integrada por la Unión Europea, el Reino Unido y Noruega (país este, por cierto, donde –aunque minoritario– está creciendo el apoyo al ingreso en la UE, que en dos años ha pasado del 27% al 37%)

De hecho, es algo que en la práctica ya está empezando a funcionar: en la coalición pro Ucrania ya participan el Reino Unido y Noruega, además de Turquía (el aliado de la OTAN, otrora candidato a la adhesión, que cuenta con el mayor ejército después del de EE.UU.) Y estos tres países han sido incorporados por la Comisión Europea al nuevo programa de defensa europeo –Security Action for Europe (SAFE)– dotado con una línea de crédito de 150.000 millones de euros. Junto con Canadá, una recompuesta alianza trasatlántica se está fraguando.

Ojos que no ven, corazón que no siente

Newsletter ‘Europa’

La externalización de la política migratoria se ha convertido en la práctica de moda. La idea de deportar a inmigrantes irregulares a terceros países la arrancó en el 2023 el Gobierno tory del Reino Unido, con un acuerdo con Ruanda que los laboristas anularon después; la empezó a aplicar, no sin dificultades, al año siguiente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la secundó doctrinalmente más tarde el conjunto de la Unión Europea, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la está ejecutando con la brutalidad y total falta de respeto a las leyes y a los tribunales que le caracteriza. La imagen de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, posando en El Salvador ante una celda repleta de presos supuestamente pertenecientes a las maras centroamericanas, dio el tono de lo que cabe esperar a partir de ahora.

A día de hoy, unos 200 inmigrantes irregulares -la mayoría, sin hechos delictivos demostrados en su haber- han sido deportados por Washington a El Salvador, donde han sido encerrados en las cárceles de alta seguridad del expeditivo presidente Nayib Bukele. La inflexibilidad del procedimiento ha conducido a errores flagrantes, como la expulsión equivocada del salvadoreño Kilmar Abrego García, a quien ni el Tribunal Supremo -que ha ordenado su retorno a EE.UU.- parece poder salvar.

La vía salvadoreña suscita adeptos a este lado del Atlántico. Así, el político conservador francés Laurent Wauquiez, que aspira a dirigir el partido Los Republicanos en dura competencia con el ministro del Interior, Bruno Retailleau -ambos, del ala dura del partido-, se descolgó la semana pasada con la propuesta de encerrar a aquellos inmigrantes con una orden de expulsión que sean considerados peligrosos en Saint-Pierre-et-Miquelon, una isla francesa situada frente a las costas canadienses de Terranova, a 4.600 kilómetros de Francia. Una idea que evoca históricos presidios de ultramar como el de Cayena, en la Guyana francesa, célebre por la novela Papillon, y que ha levantado ampollas en aquel alejado territorio francés.

Sin llegar a tales extremos, lo que sí avanza en Europa es el concepto. Se trata de alejar el problema, expulsarlo del territorio, tanto como medida de disuasión (cara al exterior) como de diversión (hacia el interior). Ojos que no ven, corazón que no siente.

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni, después de haber recibido repetidas desautorizaciones por parte de la justicia, envió el pasado día 11 un nuevo grupo de 40 inmigrantes al centro de retención de Gjader, construido por Italia en la costa de Albania para albergar a inmigrantes irregulares. Con una diferencia: esta vez, en lugar de personas interceptadas en el mar y pendientes de tramitar sus solicitudes de asilo, eran personas con una orden de expulsión firme. La Justicia italiana había rechazado el primer planteamiento, considerándolo ilegal, y trasladado el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya sentencia se espera el próximo mes de junio. Para sortear este bloqueo, Meloni aprobó en marzo un decreto para reorientar la función de este centro, reclasificado como Centro de Espera para la Repatriación (CPR)

Azar del calendario -o no-, el mismo día la Comisión Europea daba a conocer su propuesta para establecer un Sistema Europeo Común para el Retorno, que entre otras cosas prevé, justamente, crear centros de retención y deportación de inmigrantes en terceros países -siempre que respeten los derechos humanos- siguiendo el modelo italiano. El proyecto de reglamento, que ahora deberá ser discutido por el Parlamento y el Consejo Europeo, se propone simplificar y agilizar los procedimientos de expulsión de aquellos inmigrantes irregulares a quienes se haya rechazado el asilo y hayan agotado todos los recursos. Y viene a ser un complemento fundamental del Pacto sobre Migración y Asilo aprobado en 2024, que ha de entrar en vigor el 1 de julio de 2026.

Actualmente, las tasas de retorno de inmigrantes irregulares con orden de expulsión no pasan del 20%. Bruselas lo atribuye a que el sistema actual es demasiado complejo y está excesivamente fragmentado, además de a la falta de cooperación de algunos de los países de origen. La propuesta de la Comisión incluye instaurar una Orden Europea de Retorno (emitida por cada Estado y aplicable automáticamente por todos los demás) y una batería de medidas para forzar y garantizar la expulsión de aquellos inmigrantes que no cooperen y rechacen acogerse al “retorno voluntario” (económicamente incentivado)

Como última medida, el proyecto propone ampliar las posibilidades de detención a todo aquel inmigrante que se encuentre ilegalmente en la UE y no coopere, se fugue a otro Estado miembro, no abandone la UE en el plazo establecido para la salida voluntaria o represente un riesgo para la seguridad. La detención podrá extenderse hasta 24 meses, en lugar de los 18 actuales, e incluso más allá si por razones de seguridad un juez así lo ordena. Todo el procedimiento estará supervisado por la justicia y del mismo quedarán excluidos las familias con menores y los menores no acompañados.

Frente a las suspicacias que estas medidas levantan entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos, Bruselas asegura que se respetarán los derechos fundamentales de las personas, que los candidatos a la expulsión tendrán derecho de apelación y que las detenciones estarán supervisadas por la justicia. Y añade que no se pone en cuestión el principio de no devolución (non-refoulement), derecho internacional que prohíbe expulsar a personas refugiadas a países donde su vida o libertad estén en peligro. La cuestión es ¿qué países pueden considerarse seguros y cuáles, peligrosos? La Comisión Europea hizo pública esta semana una primera lista de países de origen considerados seguros, entre los que están Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. El diablo, ya se sabe, está en los detalles.

Caminos divergentes. Alemania se dispone a gastar más, mientras Francia busca apretarse el cinturón. El acuerdo de gobierno cerrado por democristianos y socialdemócratas en Alemania tiene como principal marca un freno a la política de austeridad. Bajo el impulso del futuro canciller, Friedrich Merz (CDU), Berlín ha hecho saltar los cerrojos constitucionales para gastar más en defensa, además de destinar un fondo de 500.000 millones de euros para inversión en infraestructuras. En París, el primer ministro François Bayrou, ha alertado a sus ciudadanos que el endeudamiento del país es insostenible y que el próximo ejercicio habrá que hacer un esfuerzo de 40.000 millones de euros entre recortes del gasto y aumento de impuestos.

Si quieres la paz… prepárate para la guerra, sostiene la vieja sentencia romana. Y este sentimiento se está extendiendo a gran velocidad por Europa, conforme Estados Unidos da signos de desentenderse de la seguridad del continente. Los más preocupados son, obviamente los países fronterizos con Rusia, desde Finlandia a Polonia, pasando por los países bálticos. Todos estos estados han emprendido proyectos para blindar o fortificar su frontera con Rusia como elemento de disuasión y de prevención de un ataque exterior. Bloques de hormigón antitanque, zanjas y búnkeres poblarán el paisaje.

Calentamiento especial. Ninguna parte del globo escapa a los efectos del cambio climático, pero su evolución y sus efectos no son los mismos para todo el mundo. En el caso de Europa, el calentamiento avanza particularmente rápido. Así lo concluye un informe sobre el Estado del Clima en 2004 elaborado por el servicio climático Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), donde se constata que las temperaturas en Europa están aumentando a un ritmo más del doble de la media mundial. En el 2024, la temperatura en Europa fue de alrededor 1,5 °C centígrados por encima de la media de los últimos 30 años.

La tentación china

Newsletter ‘Europa’

En los dos primeros meses del 2025, las ventas de coches eléctricos de la marca norteamericana Tesla se desplomaron en Europa un 49%, arrastradas -entre otras cosas- por el acelerado desprestigio personal de su propietario, el megalómano multimillonario Elon Musk, cuya radical acción política en Estados Unidos y sus interferencias en la política europea a favor de los partidos de extrema derecha pueden haber hecho un daño irreparable a su imagen de marca. Este retroceso ha sido en gran medida aprovechado por los fabricantes chinos, que han sobrepasado a Tesla por primera vez en el mercado europeo. Lo sucedido con los automóviles eléctricos podría tomarse como una metáfora de lo que puede traer la violenta guerra comercial desatada -y momentáneamente pausada- por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La agresiva ofensiva arancelaria de Washington tiene como principal objetivo China, su gran rival sistémico, pero al atacar también y de forma indiscriminada a todos sus socios comerciales puede acabar produciendo paradójicamente el resultado opuesto. Frente a unos EE.UU. que se han convertido en un país poco fiable, que castiga caprichosamente a todo el mundo sin distinción-ya sean aliados o adversarios-, China se ofrece como un defensor del libre comercio y un socio estable y previsible. Para Europa, penalizada inicialmente por unos aranceles del 25% por su amigo trasatlántico (además de los específicos para los automóviles y al acero y el aluminio), las relaciones comerciales con el gigante asiático representan una oportunidad. Y también un riesgo.

La “pausa” decretada el miércoles por un Donald Trump acogotado por los mercados financieros no es, por ahora, más que una frágil tregua. El presidente de EE.UU. ha suspendido por 90 días la aplicación de los aranceles más disruptivos, pero mantiene los del acero y el aluminio y los de los coches, además de unas tarifas generales del 10%.

La ofensiva de Trump obliga a Europa a diversificar sus mercados y potenciar los acuerdos comerciales con otros socios, así en el continente americano (Mercosur, México) como en el asiático, con India y China como máximos referentes. Tras visitar Nueva Delhi el pasado febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada esta vez por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, realizó días atrás una gira por Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán. La UE quiere presentarse ante el mundo como el socio amable, frente a las estrategias agresivas de otros actores internacionales.

En este contexto, China es para Europa un mercado imprescindible. Pero, como socio, es también un importante foco de inquietud. De entrada, los europeos mantienen con el gigante asiático un desequilibrio comercial importante, así como un áspero litigio por sus exportaciones de coches eléctricos, que la UE ha penalizado con aranceles variables de hasta el 45% -según las marcas- por entender que los subsidios públicos a los fabricantes representan una competencia desleal. A esto se añade ahora el temor de que la guerra comercial entre China y EE.UU. -esta sí, vigente- desvíe hacia el continente europeo un alud de productos chinos. La Comisión Europea ha puesto en marcha un equipo para monitorizar las importaciones a fin de detectar posibles desvíos comerciales, “especialmente en sectores ya afectados por la sobrecapacidad”.

Bruselas quiere llegar a una entente con Pekín para reencauzar las relaciones comerciales y evitar que la guerra entre China y EE.UU. acabe por rebotarle. La semana pasada, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reunió en Pekín con su homólogo chino, Wang Wentao. Y Ursula von der Leyen mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro chino, Li Qiang, para abordar todas estas cuestiones, que centrarán la cumbre UE-China que está previsto celebrar el próximo mes de julio en Bruselas. A priori, Pekín se muestra receptivo.

China es en la actualidad el tercer socio comercial de la UE en lo que concierne a las exportaciones (el 8,3% del total), por detrás de EE.UU. y el Reino Unido, y el primero en cuanto a las importaciones (21,3%), según datos del 2024 de Eurostat. Alemania es el país europeo que más vende a China (España es el séptimo) y los Países Bajos el que más le compra (España es el quinto). En los últimos diez años, las importaciones procedentes de China se han doblado (101,9%), mientras que las exportaciones no han seguido el mismo ritmo (47%). El balance para Europa es un déficit comercial de 304.000 millones de euros.

Alemania, cuya economía está fuertemente basada en las exportaciones, ha sido y es el primer interesado en mantener abiertos los canales comerciales con China. En su breve mandato -poco más de tres años-, el canciller saliente, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha viajado dos veces a Pekín acompañado por empresarios (en 2022 y 2024) y el canciller in péctore, el democristiano Friedrich Merz, se reunió el pasado mes de febrero en Múnich -tan solo dos días después de ganar las elecciones- con el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Otros países europeos tratan asimismo de cultivar los vínculos con Pekín. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, está ahora mismo de viaje oficial en China con este objetivo -en una gira por Asia que le ha llevado también a Vietnam-, lo que le ha valido la censura de la Administración Trump.

Con la Administración Trump, la UE ha adoptado hasta el momento una política de prudencia, intentando combinar el palo y la zanahoria, pero sin precipitarse en sus respuestas. Así, ha ofrecido diálogo sin condiciones, con ofertas concretas sobre la mesa -como la de dejar en el 0% los aranceles mutuos sobre los productos industriales-, mientras preparaba un paquete de medidas de represalia por los primeros ataques de Washington (sobre el aluminio y el acero y sobre los automóviles) a aplicar de forma progresiva. Los 27 aprobaron este miércoles el plan preparado por Bruselas -a excepción de Hungría-, que grava una lista de productos norteamericanos por valor de 21.000 millones de euros.

De la buena fe europea da la medida el hecho de que, en respuesta al giro dado por Trump, decidiera también una pausa de 90 días, pese a que los aranceles estadounidenses objeto de la represalia siguen vigentes. Las próximas semanas confirmarán o desmentirán lo acertado de esta estrategia. Pero de las primeras y balbucientes reacciones de Donald Trump no puede inferirse todavía una conclusión. Eso sí, el presidente de EE.UU. parece determinado a introducir en la negociación comercial el tema del gasto de la defensa de Europa.

Alemania ha vuelto. Tras meses de interinidad, Alemania cuanta ya -al menos sobre el papel- con un nuevo gobierno y un nuevo canciller, el democristiano Friedrich Merz, que será investido el próximo mes de mayo tras el acuerdo alcanzado por su partido, la CDU, y su socio de coalición bávaro, la CSU, con el partido socialdemócrata, el SPD, para reeditar la gran coalición. La guerra arancelaria desatada por Washington ha contribuido a acelerar las negociaciones. “Europa puede contar con Alemania”, declaró Merz en la presentación del pacto de gobierno.

Polonia se rearma. El peso de la Historia está muy presente en Polonia, que ve en Rusia y su nacionalismo imperialista un peligro existencial. Algo que la invasión de Ucrania por Moscú en 2022 no ha hecho más que acrecentar. El Gobierno de coalición del primer ministro liberal Donald Tusk prevé que el gasto militar alcance este año el 4,7% del PIB y planea elevarlo al 5% el año que viene, mientras aumenta su ejército con nuevos reclutas: las fuerzas armadas polacas cuentan con hoy unos 216.000 soldados y el objetivo es alcanzar los 300.000 en el 2035.

Huelga general en Grecia. Los griegos sufren todavía la resaca de la gran crisis financiera del 2008 y la estricta cura de austeridad que les fue impuesta por sus pares en la UE. Este miércoles los principales sindicatos griegos convocaron una huelga general de 24 horas -la tercera en menos de cuatro meses- para exigir un aumento de los salarios y las pensiones y medidas para paliar la carestía de la vida. Datos del Ministerio de Trabajo de Grecia revelan que el salario bruto medio sigue siendo un 10% inferior al del 2010, cuando Grecia acordó su primer rescate. Los paros afectaron a los transportes urbanos, ferroviarios, aéreos y marítimos.

 

Alcaldes bastión de la democracia

'Visión periférica'

Los alcaldes de Estambul y de Varsovia, Ekrem Imamoglu –actualmente en prisión– y Rafal Trzaskowski, se han convertido en estandartes de la lucha en defensa de la democracia y contra el autoritarismo en Turquía y Polonia.

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Ekrem Imamoglu y Rafal Trzaskowski tienen muchas cosas en común: una edad parecida (ambos están en la cincuentena), idéntica situación familiar (casados y con hijos), formación universitaria (en Administración de Empresas uno, en Ciencias Políticas el otro) y una larga militancia política en defensa de la democracia. Aunque en una coyuntura distinta, el alcalde de Estambul y el alcalde de Varsovia se han convertido en estandartes de la resistencia democrática en Turquía y Polonia contra el autoritarismo.

Ekrem Imamoglu, detenido y destituido de su cargo el pasado 19 de marzo por el régimen de Recep Tayyip Erdogan, es el principal líder opositor al que se enfrenta el presidente turco y al que por todos los medios pretende apartar de la carrera para las elecciones presidenciales del 2028. Hoy, está en prisión preventiva por orden judicial, acusado de corrupción y terrorismo. El día después de su arresto, Imamoglu fue elegido candidato presidencial del Partido Republicano del Pueblo (CHP), la fuerza política laica y republicana creada por Mustafá Kemal, Atatürk, el padre de la Turquía moderna, en 1923 tras la caída del imperio otomano.

A tres años vista de la cita electoral, los sondeos otorgan al CHP una expectativa de voto del 30,8%, casi empatado con el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan, con el 31%. Eso sin contar todavía con el impacto que en la intención de voto pueda tener la detención, que ha movilizado a decenas de miles de personas en protestas multitudinarias.

Las urnas están mucho más cerca para Rafal Trzaskowski, que el próximo 18 de mayo concurre como candidato a la presidencia de Polonia por la Plataforma Cívica (PO) del primer ministro Donald Tusk, que en diciembre del 2023 y al frente de una amplia coalición de partidos logró desalojar del gobierno al partido ultraconservador y nacionalista Ley y Justicia (PiS) de Jaroslav Kaczynski. Su intento de desmontar el régimen iliberal que este ha impulsado durante la última década (2015-2023) ha chocado, sin embargo, con el veto del presidente saliente, Andrzej Duda, del PiS, que ha bloqueado varias iniciativas legislativas. Trzaskowski encarna, pues, la esperanza de rematar el cambio iniciado hace poco más de un año. Los sondeos le otorgan una amplia ventaja (35% frente a 23%) sobre su rival por el PiS, Karol Nawrocki, director del Instituto Polaco de la Memoria Nacional.

Turquía y Polonia atraviesan momentos diferentes, pero ambos países han sufrido el mismo proceso de desnaturalización de la democracia liberal, a base de erosionar la separación de poderes –tomando el control de tribunales y medios de comunicación– y coartar la acción de la oposición. Lo que en el argot político se ha bautizado como “autoritarismo competitivo”, un régimen en el que hay elecciones pero donde la posibilidad de una alternancia política es muy limitada. En el caso de Polonia –sancionada por la Unión Euro­pea por sus ataques al Estado de derecho–, la oposición logró en el 2023 darle la vuelta a la situación y hacerse con el Gobierno, a pesar de que el partido gobernante volvió a ganar. En el caso de Turquía, la posibilidad de que algo así pueda suceder ha empujado a Erdogan –que lleva desde el 2003 en el poder– a encarcelar a su rival, lo que acerca Turquía a la Rusia de Vladímir Putin. “El Gobierno turco ha dado un paso trascendental hacia una auto­cra­cia en toda regla”, ha constatado la politóloga Gonul Tol, del Middle East Institute, en Foreign Affairs.

Antes de dar el salto a la política, Ekrem Imamoglu (Akçaabat, 1970) trabajó en el negocio de construcción familiar y en el club de fútbol Trabzonspor. Se unió al CHP en el 2008, y en el 2019, tras pasar por una alcaldía de distrito, fue elegido alcalde de Estambul. Su elección, que el régimen trató de boicotear anulando y haciendo repetir las votaciones, puso término a 25 años de poder islamista en la ciudad, un símbolo de gran fuerza política. “Quien gana Estambul, gana Turquía”, ha dicho muchas veces Erdogan, que también fue su alcalde en los años noventa.

En el 2022, para bloquear su posible candidatura presidencial en las elecciones del año siguiente, Imamoglu ya fue juzgado y condenado por insultar a un funcionario público, lo que en todo caso no impidió que en el 2024 fuera reelegido ampliamente a la alcaldía. Similares maniobras han vuelto a repetirse ahora, pero agravadas. No solo le han vuelto a detener –junto a varias decenas de colaboradores–, sino que la víspera la Universidad de Estambul invalidó además su título universitario, que en Turquía es un requisito imprescindible para poder concurrir a las elecciones presidenciales. Después ha seguido la detención masiva de manifestantes, opositores y periodistas. Sereno y afable, pero tenaz, Imamoglu ya lo avanzó en el 2019: “Nuestro camino es largo”.

Su homólogo polaco, Rafal Trzaskowski (Varsovia, 1972), es un europeísta de larga trayectoria, además de políglota (habla inglés, español, ruso e italiano). Hijo de un compositor y pianista de jazz, Andrzej Trzaskowski, cursó estudios en el Colegio de Europa de Varsovia y en la Universidad de Oxford, donde presentó una tesis doctoral sobre la reforma de las instituciones de la UE. Asesor en el Parlamento Europeo y posteriormente eurodiputado, en el 2018 lideró la victoria de la oposición en las alcaldías de las grandes ciudades. Desde la de Varsovia, se ha caracterizado por sus políticas progresistas, en abierto desafío a los ultraconservadores. En el 2020 ya se presentó a las elecciones presidenciales, pero el nacionalista Andrzej Duda le ganó por escaso margen.

Alrededor de 2.150 kilómetros separan Varsovia de Estambul. Pero en ambas ciudades la batalla por la democracia es la misma. Y sus adalides, también.

¿Apretará Europa el 'botón nuclear'?

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La guerra comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo ya es abierta y total. Y Europa resultará especialmente castigada. Tras los aranceles especiales aplicados unilateralmente por EE.UU. al acero y el aluminio -en un primer momento- y a los automóviles -después-, el ataque es ahora global. El presidente Donald Trump anunció el miércoles, jornada que había bautizado pomposamente como el Día de la Liberación, la imposición de aranceles del 10% sobre la importación de productos de todo el mundo, incrementados particularmente según cada país o bloque de países: para la Unión Europea serán de un 20% o más. Bruselas contestó de inmediato al movimiento de Washington con el anuncio de próximas contramedidas de retorsión. El choque amenaza con desplomar la economía mundial, empezando por la norteamericana. La política proteccionista de Trump es una carga de profundidad contra el sistema comercial mundial que pone fin a la era de la globalización promovida durante décadas por los propios EE.UU. El presidente estadounidense acusa al resto del mundo -amigos o enemigos, aliados o rivales- de haber “saqueado” y “expoliado” a su país, y de haber hundido su industria con prácticas comerciales “injustas”. Obsesionado con el déficit comercial, ha justificado la aplicación de aranceles supuestamente “recíprocos” con el fin de restablecer una relación más justa. Dos días antes de desvelar su alcance, aseguró que sería “amable” y “benévolo” y que impondría tasas menores a las exigibles. Pero lo cierto es que las tarifas aduaneras anunciadas son las mayores desde hace un siglo, al nivel de las que hubo entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Con Trump, las palabras no tienen el significado que realmente tienen. No hay nada “recíproco” ni “amable” en sus medidas. El presidente estadounidense justificó unos aranceles brutales del 20% a la UE asegurando que, aun siendo elevados, estaban por debajo de los impuestos por los europeos a los productos norteamericanos, que situó en el 39%. Nada más falso. Los aranceles que Europa aplica a los bienes procedentes de EE.UU. son del 1,3%, según datos del Banco Mundial del año 2022. Pero el Gobierno americano hace las cuentas como le parece y a las tasas aduaneras suma impuestos generales como el IVA -que afectan a los productores locales por igual- y cualquier otra medida que considere lesiva para justificar su decisión. De hecho, simplemente lo calcula en función de la diferencia existente entre exportaciones e importaciones. La cuestión del déficit comercial de EE.UU. respecto a Europa es otro mito inflado por la propaganda. Según datos de la Comisión Europea, el déficit comercial de EE.UU. con la UE en la compraventa de bienes fue en 2023 de 156.000 millones de euros. Pero en lo que atañe a los servicios, tuvo un superávit comercial de 104.000 millones. Lo que en realidad reduce el déficit total norteamericano a 52.000 millones de euros, seis veces menos de lo que Trump va pregonando. Europa prepara ahora su respuesta con un paquete de medidas de represalia que buscará ser gradual, con el fin de dejar la puerta abierta a una negociación que evite la guerra sin cuartel. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lamentó profundamente las medidas norteamericanas y dijo que no quedarán sin respuesta. Pero mantuvo su mano tendida y aseguró que todavía “no es demasiado tarde” para encontrar una solución dialogada. La UE dispone, desde diciembre del 2023, de un mecanismo de represalia que hay quien compara, figuradamente, con el botón nuclear. Se trata del Instrumento Anti Coerción (ACI). Concebido como medio de disuasión y nunca utilizado hasta ahora, el ACI prevé una batería de contramedidas, desde la aplicación de derechos aduaneros a restricciones al comercio de servicios y aspectos sobre los derechos de propiedad intelectual, pasando por la limitación de la inversión extranjera directa o del acceso a la contratación pública. Su aplicación precisa del acuerdo de al menos 15 de los 27 estados miembros, representando al menos el 65% de la población.

Hay países europeos partidarios de la línea dura, como Francia, que defienden la aplicación del ACI, mientras otros, sin excluirlo -como España-, son más cautos. Habrá que ver ahora hasta dónde están dispuestos a llegar los 27 y hasta dónde serán capaces de mantener la unidad. Este es el principal riesgo al que se enfrenta ahora la UE, pues es seguro que EE.UU. tratará de dividirla buscando pactos individuales con cada miembro y hay países -como la Italia de Giorgia Meloni, navegando más que nunca entre dos aguas- que estarán sin duda tentados de negociar exenciones o compensaciones particulares. Mientras tanto, cada país se moviliza para tratar de reducir el impacto de las medidas norteamericanas. En el caso de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se propone movilizar 14.100 millones de euros para ayudar a los sectores más perjudicados. La mayoría de los economistas vaticinan un rudo golpe para la economía mundial, que verá rebajado notablemente el crecimiento del PIB. Y también la de los propios EE.UU., que podrían caer en recesión mientras sube la inflación y el paro en los sectores exportadores. Nada que ver con la época dorada prometida por su presidente. Las bolsas de todo el mundo no tardaron en acusar el impacto y caer vertiginosamente. “Trump no parece comprender los fundamentos de la economía internacional; Adam Smith refutó muchos de los argumentos que presenta hace dos siglos y medio en La riqueza de las naciones, no he visto una política más desacertada salir de la Casa Blanca en décadas”, declaró Greg Mankiw, profesor de economía de la Universidad de Harvard, al Washington Post. En opinión de Nicholas Mulder, profesor de Historia en la Universidad de Cornell y autor de El arma económica: el auge de las sanciones como herramienta de la guerra moderna, la coerción económica decidida por la Administración Trump tendrá un efecto muy negativo sobre sus dos principales socios comerciales, Canadá y México, que se verán forzados a someterse a las exigencias de Washington. Más difícil es que lo consiga, sin embargo, con Europa y Asia. “Cuando Trump asumió el cargo en 2017 (en su primer mandato), las exportaciones e importaciones estadounidenses representaban aproximadamente el 6,5% de la economía mundial. A principios de este año, esta cifra se había reducido en una quinta parte, hasta el 5,2 % -ha escrito en Foreign Affairs-. En estas condiciones, existe una probabilidad significativa de que los esfuerzos de Trump por subordinar a los socios de EE.UU. resulten contraproducentes y aceleren la disolución de la hegemonía estadounidense”.

· Fuera de juego de Le Pen. La líder del Reagrupamiento Nacional (RN) francés y una de las figuras más destacadas de la extrema derecha europea, Marine Le Pen, ha sido condenada por malversación de fondos públicos a cuatro años de cárcel -dos de ellos firmes, a cumplir con brazalete electrónico-, 100.000 euros de multa y cinco años de “inelegibilidad”, aplicada con carácter inmediato, lo cual le impediría, en principio, presentarse a las próximas elecciones presidenciales del 2027 (a no ser que su recurso sea resuelto a tiempo por el Tribunal de Apelación). Le Pen y otros correligionarios han sido declarados culpables de haber contratado falsamente como asesores parlamentarios -y pagado con fondos del Parlamento Europeo- a empleados que en realidad trabajaban para el partido en Francia. Es el mismo tipo de delito por el que el expresidente Jacques Chirac, ya desaparecido, fue condenado en el 2011. Le Pen ha acusado a la justicia de actuar por razones políticas, olvidando muy rápidamente que en entrevistas de años atrás -oportunamente recuperadas por algunos canales de televisión- la líder del RN reclamaba como pena para la malversación la “inhabilitación perpetua”. · Activos rusos. El Gobierno español ha propuesto que la UE utilice los activos rusos congelados en bancos europeos para ayudar a Ucrania, como avance de las futuras -y teóricas- compensaciones de guerra que Rusia debería satisfacer al país invadido en el marco de un eventual acuerdo de paz. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo esta propuesta en la reunión que mantuvo en Madrid el grupo 5+, que reúne a los cinco grandes de la UE -Alemania, Francia, Italia, España y Polonia- junto al Reino Unido. Los fondos que el Banco Central de Rusia tiene en Europa, fundamentalmente en forma de bonos, ascienden a 210.000 millones de euros y su posible incautación no concita ni mucho menos la unanimidad en el seno de la UE. Hasta ahora, lo único que se ha tocado son los intereses generados por esos activos -unos 4.000 millones al año- para financiar la ayuda militar a Kyiv. · Fronteras activas. El espacio de libre circulación europeo, creado por el tratado de Schengen en 1985 y en el que están integrados 29 países -algunos de fuera de la UE-, lleva una década en crisis. A raíz de la apertura de fronteras a los refugiados sirios decidida en 2015 por la entonces canciller de Alemania, Angela Merkel, y la sucesión de atentados terroristas en diversos países de Europa, a lo que después se añadió la pandemia de covid, varios gobiernos solicitaron -y consiguieron- autorización para restablecer controles en sus fronteras interiores. Uno de los motivos alegados era -y es- el control de la inmigración irregular. El equipo de investigación de A Fondo, de La Vanguardia, ha comprobado in situ el problema que suscita la práctica de devoluciones en caliente de las autoridades francesas en la frontera de Portbou.