sábado, 30 de agosto de 2025

La atracción por el precipicio

Newsletter ‘Europa’

Un año después del fallido adelanto electoral de Macron, Francia vuelve a hundirse en la inestabilidad


Fuera de Francia, donde ya prácticamente nadie le encuentra ninguna gracia, Emmanuel Macron conserva todavía cierto crédito político. A falta de una Unión Europea cohesionada, el presidente francés -secundado por el británico Keir Starmer y el alemán Friedrich Merz- se ha erigido en uno de los principales portavoces de Europa ante el mundo y en un actor esencial en la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa y la indiferencia norteamericana. Sin embargo, el activismo internacional del inquilino del Elíseo esconde un gigante con pies de barro.

Francia arrastra desde hace algo más de un año una situación de acusada fragilidad política, culpa del propio Macron al decidir un catastrófico adelanto electoral que condujo a un Parlamento fragmentado y un Gobierno en minoría. Desde entonces, los sucesivos primeros ministros han chocado contra ese muro. El último, el democristiano François Bayrou -el más impopular de los cuatro jefes de Gobierno que se han sucedido hasta ahora en el segundo mandato de Macron-, ha decidido jugárselo todo a una carta… Lanzándose directamente al vacío.

Víctima de la misma atracción fatal por el abismo que Macron demostró el año pasado (y con idéntico argumento: la necesidad de “clarificación”), Bayrou anunció esta semana su decisión de someterse a una moción de confianza en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional el próximo día 8. Su objetivo formal, recibir el aval de la Asamblea Nacional a su plan de austeridad para el 2026. Pero no tiene ninguna opción. El resultado está más que cantado: la extrema derecha y la izquierda en bloque -incluyendo a los socialistas- han anunciado que votarán en su contra, con lo que a Bayrou y su gobierno le quedan tan solo diez días de vida. La jugada agravará sin duda la crisis política y económica en Francia. Y es una mala noticia para Europa.

(Hay quien desconfía de las motivaciones reales de Bayrou y sospecha que con este espectacular harakiri busca sentar las bases de una eventual candidatura al Elíseo en las elecciones del 2027, a las que Macron no se puede presentar. Líder del pequeño partido Movimiento Democrático, heredero de la UDF de Giscard D’Estaing, el todavía jefe del Gobierno francés siempre ha soñado con ser presidente. En 2007 sacó su mejor resultado: quedó en tercer lugar, tras Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal, con el 18% de los votos)

Lo que es cierto, en todo caso, es que el día 8 el primer ministro y su Gobierno caerán a causa de la amplia oposición que ha suscitado su plan de austeridad. Un plan que puede ser discutido en su alcance y contenido pero cuya necesidad difícilmente se puede objetar. Francia lleva décadas gastando más de lo que puede. La deuda pública acumulada alcanza ya los 3,4 billones de euros (el 114% del PIB) y el déficit sigue disparado en el 5,8%, muy por encima del 3% exigido por la norma europea. “Durante veinte años, cada hora de cada día y de cada noche se ha incrementado la deuda en 12 millones de euros adicionales”, ha ilustrado Bayrou, quien lleva décadas clamando contra el endeudamiento excesivo. Para frenar esta deriva su plan propone ahorrar 44.000 millones en un año, entre recortes del gasto y subida de impuestos.

El problema es cómo. A falta de más detalles, se sabe que el Gobierno propone congelar las pensiones y los salarios públicos, así como las prestaciones sociales, además de suprimir dos días festivos al año. La percepción de la sociedad francesa es que van a acabar pagando los mismos de siempre, mientras que los más ricos -Macron es quien suprimió el impuesto sobre la fortuna- vuelven a salirse de rositas. Bayrou se enfrenta pues a un rechazo generalizado, que la práctica política francesa de tirar adelante sin buscar acuerdos con otros partidos -pese a estar en minoría- aboca necesariamente al fracaso.

En un intento por ganarse el favor de la opinión pública y de obtener árnica del Partido Socialista, apelando a su responsabilidad como fuerza de gobierno, el Ejecutivo no ha dudado en exagerar la realidad y adoptar un discurso alarmista, lo que no ha hecho más que agravar la situación. El ministro de Economía, Éric Lombard, tuvo que dar rápidamente marcha atrás tras haber advertido del riesgo de que Francia pudiera ser sometida a tutela por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La bolsa, lógicamente, cayó, mientras los tipos de interés que paga Francia por su deuda subieron hasta el 3,51%, por encima de los de Grecia.

No parece que la elección del día 8 por parte de Bayrou para someterse a la moción de confianza sea casual. Dos días después, el 10, diversos colectivos de identificación política difusa han convocado a través de las redes sociales un gran movimiento de protesta al grito de “Bloqueemos todo”, donde llaman a la huelga general y la desobediencia civil, con ocupación de edificios, corte de autopistas y boicot a los grandes supermercados, entre otras acciones. No está claro qué seguimiento puede tener la jornada -a la que se ha sumado La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon- pero si algo enseñó la crisis de los ‘chalecos amarillos’ es que un movimiento de este tipo puede hacerse popular en poco tiempo y prender en todo el país. Aparte de eso, los sindicatos ya empiezan a preparar su propio calendario de movilizaciones otoñal…

En medio de esta efervescencia, Macron deberá tomar una decisión crucial. ¿Nombrar un nuevo primer ministro con el riesgo de que tarde o temprano acabe como François Bayrou o su antecesor, Michel Barnier? ¿O volver a disolver la Asamblea Nacional, cosa que puede hacer tras haber superado el plazo constitucional de un año, y convocar nuevas elecciones anticipadas, que podrían arrojar un resultado similar o peor que el del 2024? Los últimos sondeos dibujan un escenario parecido, con el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen otra vez en cabeza, con un 36% de los votos; seguido del Nuevo Frente Popular (suponiendo que volviera a presentarse unido), con un 25%, y de nuevo en tercer lugar la coalición gubernamental macronista, con un 18%. Hay opiniones y quinielas para todos los gustos. Lo único que parece descartado es que Macron renuncie a su cargo y abandone el Elíseo antes de hora.


APUNTES

Aranceles, tregua provisional. La Unión Europea y los Estados Unidos firmaron finalmente el pasado día 22 el documento que plasma el acuerdo comercial alcanzado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente norteamericano, Donald Trump, en Escocia. Los europeos acabaron aceptando la imposición de unos aranceles del 15% sobre sus exportaciones a EE.UU. -de los que finalmente no se ha librado ningún sector- en la confianza de que, pese a ser lesivo para sus intereses, daría estabilidad y previsibilidad a las relaciones comerciales con Washington. Nada más lejos. Trump ha vuelto a atacar amenazando con nuevas tasas aduaneras si la UE no levanta las regulaciones y los impuestos a las tecnológicas.

Crisis en los Países Bajos por Israel. El Gobierno de los Países Bajos lleva ya varios meses en funciones, desde que en junio el líder de la extrema derecha, Geert Wilders, se retiró de la coalición cuatripartita debido a una disputa sobre la política migratoria. La puntilla al actual Ejecutivo en minoría ha sido fruto de la división que existe en el país -como en Europa- sobre cómo reaccionar a las masacres cometidas por Israel en Gaza. La negativa de una parte del Gobierno a adoptar sanciones contra el gabinete de Beniamin Netanyahu provocó esta semana la dimisión en cadena de cuatro ministros y cuatro secretarios de Estado. Las próximas elecciones serán a finales de octubre.

Fusiones bancarias bloqueadas. La Comisión Europea es una firme partidaria de crear grandes campeones europeos en todos los sectores, uno de ellos el bancario, y junto con el Banco Central Europeo (BCE) alienta con este fin las fusiones entre entidades. Preferiblemente, aunque no únicamente, transnacionales. Por esta razón Bruselas ha dado un toque de atención a España por las condiciones que ha impuesto al BBVA para autorizar su opa sobre el Banc Sabadell. Pero los movimientos en el interior de cada país ocultan a veces un problema más grave, como es el bloqueo por motivos nacionalistas de operaciones intereuropeas. Así, Alemania ha bloqueado el intento del banco italiano Unicredit de hacerse con el control del Commerzbank y Portugal ha vetado la adquisición del Novo Banco por parte de CaixaBank.

 

 

 

domingo, 24 de agosto de 2025

China se lleva el gato al agua

Visión periférica 

China llevaba años preparándose para una confrontación económica con Estados Unidos y ha podido resistir la guerra comercial iniciada por Donald Trump, quien por el contrario se ha visto obligado a pactar una tregua.

 

La reciente cumbre de Anchorage (Alaska) entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, ha demostrado las debilidades de la primera potencia mundial. Despojado en su segundo mandato de la intelligentsia republicana, rodeado únicamente de aduladores y abandonado a sus indocumentados instintos, Trump ha revelado al mundo entero su endeblez. Ni el poder de EE.UU. ni sus presuntas habilidades como negociador le han servido para imponer sus puntos de vista en las discusiones sobre una salida pacífica a la guerra de Ucrania. Es Putin quien lo ha llevado a su terreno, sin hacerle por otra parte la más mínima concesión. Ni un alto el fuego le ha aceptado, pese a las amenazas –pronto olvidadas– de imponer nuevas sanciones contra Moscú.

Fuerte con los débiles, con los poderosos el presidente estadounidense se muestra más bien obsequioso y dúctil. Timorata y dividida, Europa ha optado por contemporizar y su sumisión, lejos de ser premiada, ha sido penalizada con un trato impropio de un aliado histórico como EE.UU. con un acuerdo comercial leonino. No ha sido el caso de China. El presidente Xi Jinping, al igual que Putin, no se ha dejado mangonear y ha conseguido frenar la guerra comercial lanzada por Washington.

Para EE.UU., el gigante asiático es hoy su gran rival sistémico. La política exterior norteamericana empezó a focalizarse en China y el Pacífico –y menos en Europa y Rusia– ya con Barack Obama en la Casa Blanca (2009-2016) y esta línea ha sido seguida y acentuada por su sucesores, sin que la elección de Joe Biden (2021-2024) entre los dos mandatos de Donald Trump  (2017-2020 y ahora) trajera cambio alguno en este terreno.

Pekín vio, pues, venir el peligro hace tiempo y actuó en consecuencia. Xi Jinping se propuso tejer una red de seguridad frente a eventuales ataques económicos exteriores y preparó al país para poder afrontar sanciones financieras o una guerra comercial como la que finalmente entabló Trump esta primavera. El objetivo del régimen chino en estos últimos años ha sido ir reduciendo progresivamente su dependencia de las importaciones y las exportaciones a EE.UU., en beneficio de mercados alternativos como los países del Sudeste Asiático –donde ha deslocalizado industrias y que utiliza también como intermediarios para comercializar sus productos a terceros–, Europa y África, mientras reforzaba su papel como actor imprescindible en las cadenas de producción internacionales.

Así que cuando, el pasado 2 de abril, Donald Trump se lanzó a una ofensiva proteccionista, aplicando fuertes aranceles a las importaciones procedentes de todo el mundo con el objetivo de reducir el déficit comercial norteamericano –en el grandilocuente Día de la Liberación–, China se vio lo suficientemente fuerte como para plantar cara. Pekín respondió también con altos aranceles –entrando en una escalada que los llevó al 125% por parte china, frente al 145% por parte americana–, mientras aprobaba restricciones a la exportación a EE.UU. de minerales estratégicos –las llamadas tierras raras– e imanes permanentes, todos ellos básicos para la fabricación de numerosos productos, desde automóviles a aviones, pasando por misiles o teléfonos móviles, y cuyo suministro está casi exclusivamente en manos chinas. No es que no haya tierras raras en otras zonas del mundo, pero las dificultades de extracción –elevado coste e impacto ambiental– han obstaculizado su explotación.

El impacto de las medidas de Trump y las contramedidas chinas sobre la industria y la agricultura  norteamericanas y los mercados financieros –especialmente el de bonos– forzaron a Washington a tratar de atenuar la tensión. El 12 de mayo ambas partes pactaron en Ginebra una primera tregua de 90 días para dar tiempo a buscar una salida negociada, mientras se rebajaban provisionalmente los aranceles al 30% por parte de EE.UU. (un 10% básico más un 20% previo como sanción por la presunta inacción china contra el tráfico de fentanilo) y un 10% por parte de China. El pasado 12 de agosto se acordó otra suspensión de 90 días, mientras Pekín levantaba paralelamente las restricciones a sus exportaciones.

A juicio de la politóloga Yun Sun, directora del programa de China del Stimson Center, en un artículo en Foreign affairs, Pekín ve a Trump ahora como un interlocutor más “pragmático y adaptable” y menos politizado ideológicamente que otros presidentes, lo que les da esperanzas de poder negociar un acuerdo comercial razonable –al menos por un tiempo– y darle la vuelta a las relaciones. Hasta el punto de vislumbrar la posibilidad de un encuentro entre Xi y Trump el próximo otoño, que podría celebrarse alrededor de  la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

El pulso no le ha hecho hasta ahora mucho daño a China, que además está aprovechando la situación para acercarse a otros países asiáticos aliados de Washington castigados también con aranceles, como Japón, Corea del Sur e India. Su economía no se ha resentido especialmente. Mientras en EE.UU. las previsiones de crecimiento del PIB para este año han caído al 1,5%, en China los pronósticos de la economía se mantienen casi inalterables en torno al 4,5%.

“Gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones”, le dijo en los años ochenta el entonces líder chino –y padre de la gran reforma económica del gigante asiático– Deng Xiaoping al presidente español, Felipe González, para justificar el pragmatismo político. En su pulso con Donald Trump, de momento es Xi Jinping quien se ha llevado el gato –blanco o negro, da igual– al agua.


El póker del mentiroso

Newsletter ‘Europa’

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania chocan con el doble juego de Rusia

 

No hay paz en Ucrania ni la habrá a corto plazo. No, mientras Rusia no la quiera de verdad. Y no es el caso. El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha alcanzado los objetivos que se propuso al iniciar la guerra en marzo del 2022 y mientras crea que los puede conseguir no va a parar. Lo que sí parece haber logrado, por el momento, es convencer a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su buena fe. Lo que dice tanto de su astucia como de la candidez de su interlocutor. Su plan es abortar el intento de EE.UU. de poner fin a los combates achacando toda la responsabilidad a la presunta intransigencia de Ucrania y Europa, y lograr que Washington se desentienda definitivamente del asunto, cortando la ayuda militar a Kyiv, levantando las sanciones a Rusia y restableciendo las relaciones bilaterales con la promesa de pingües negocios.

Como en el póker del mentiroso, gana quien logra engañar a sus adversarios. Rusia se está imponiendo en el campo de batalla -muy lentamente y con un coste humano terrible-, pero si Ucrania sigue resistiendo, no podrá mantener ese esfuerzo indefinidamente. La economía rusa empieza a estar dañada, debido fundamentalmente al desplome de sus principales ingresos (la venta de gas y petróleo), lo que le va a obligar a hacer fuertes recortes presupuestarios. Para sostener la guerra, Moscú necesita urgentemente el alivio de Washington y con Trump de nuevo en la Casa Blanca parece posible. Esa es su apuesta.

Putin ha desplegado todas sus dotes de seducción con el presidente norteamericano -que le admira y le ha rehabilitado como interlocutor a ojos de todo el mundo-, pero no ha ofrecido ni negociado nada. La cumbre de Anchorage (Alaska), con un Trump en el papel de anfitrión solícito y complaciente, lo demostró sobradamente. El líder ruso rechazó de plano el alto el fuego inmediato propuesto por el norteamericano -que asumió la negativa y cambió de opinión sin inmutarse- y las líneas rojas que puso sobre la mesa para acordar la paz eran inasumibles, entre ellas la cesión de los territorios ocupados por el ejército ruso… ¡y los no ocupados! Putin no se limitó a pedir la congelación del frente en el estado actual de los combates como era de esperar, sino que exigió que Kyv le ceda un territorio -la parte del Donbass en manos ucranianas- que no ha conseguido arrebatar al enemigo en casi tres años y medio de guerra a pesar de los miles de soldados que ha sacrificado en el intento.

Si la intransigencia de las condiciones no fuera suficiente prueba, el Kremlin ha empezado asimismo a dar largas a la celebración de un eventual encuentro entre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como propone EE.UU. No lo ha rechazado, porque eso implicaría desairar a Trump, pero ha enfriado las expectativas y avanzado toda suerte de argumentos dilatorios (alegando que primero ha de haber concienzudas reuniones preparatorias) y proponiendo como escenario del encuentro Moscú (lo que está a medio camino entre la provocación y la broma macabra). Lógicamente, Zelenski lo ha rechazado y ha presentado como alternativas países neutrales como Suiza, Austria o Turquía. Mientras tanto, las armas no callan y ayer el ejército ruso realizó su peor ataque en semanas con el lanzamiento de unos 600 drones y misiles en todo el país. Como mensaje de buena voluntad los hay más convincentes.

Europa podría negarse a participar en este juego de engaños, pero necesita a toda costa rescatar a Trump del embrujo de Putin y retenerlo a su lado. De ahí la cumbre extraordinaria celebrada este lunes en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense y el ucraniano, escoltado por los principales líderes europeos. Allí estaban el británico Keir Starmer, el francés Emmanuel Macron, el alemán Friedrich Merz, la italiana Giorgia Meloni y el finlandés Alexander Stubb, acompañados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. La presencia de Meloni –amiga del vicepresidente J.D. Vance- y de Stubb -que además de líder del principal país de la UE y la OTAN fronterizo con Rusia ha jugado al golf con Trump- era un guiño hacia el presidente norteamericano.

La puesta en escena en la Casa Blanca tuvo momentos un tanto humillantes, como cuando todos ellos se sentaron -cual alumnos aplicados- frente a un Trump profesoral sentado en la mesa presidencial del despacho oval (donde, por cierto, los únicos útiles de trabajo eran su caja de rotuladores para firmar decretos y su móvil, sin rastro de un ordenador ni del más mínimo dossier) Pero el objetivo esencial era no quedar fuera del tablero de la negociación y mostrar un frente sólido y unido. Que en Anchorage se hubiera evitado, al menos aparentemente, lo que podría haber sido un nuevo Yalta no era suficiente.

Los europeos arrancaron de Trump un compromiso -fundamental- para que EE.UU. se implique militarmente en garantizar la seguridad de Ucrania en el marco de un eventual alto el fuego o acuerdo de paz. Europa es consciente de que solo la capacidad de disuasión norteamericana puede asegurar el cumplimiento de lo que se llegue a acordar, visto el poco valor que tiene la palabra -y la firma- de Rusia (en 1994 Moscú se comprometió, en el llamado memorándum de Budapest, a garantizar la soberanía e independencia de Ucrania, con el resultado conocido)

El secretario de Estado, Marco Rubio, es ahora el encargado de poner letra a la música. Descartado el envío de tropas norteamericanas a Ucrania -Trump ha sugerido que únicamente habrá “apoyo aéreo”-, la principal cuestión que debe dirimirse es hasta dónde llegaría, y bajo qué condiciones, la intervención de Washington en caso de que Rusia rompiera un eventual acuerdo y atacara de nuevo a Ucrania. Los europeos desearían que EE.UU. firmara algún tipo de compromiso vinculante, a semejanza del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte sobre la defensa colectiva de los miembros de la OTAN, pero está por ver que Trump quiera atravesar el umbral de las promesas.

La otra cuestión espinosa es el envío de tropas extranjeras a Ucrania para dar apoyo al ejército ucraniano, desde la retaguardia, en caso de un alto el fuego. Francia y el Reino Unido lideran una “coalición de voluntarios” dispuestos a enviar unos 20.000 soldados, pero esta buena disposición parece tener escaso recorrido. Rusia ya ha advertido que no quiere ver a ni un solo militar occidental en Ucrania -su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, lo ha calificado de “inaceptable”- y ha propuesto en su lugar un contingente chino, lo que Zelenski se ha apresurado asimismo a descartar. La continuidad de la ayuda militar norteamericana a Kyiv se plantea también como algo condicional: Ucrania se dice dispuesta a comprar armas a Estados Unidos por valor de 100.000 millones de euros… eso sí, con financiación europea (para Trump, bussines is bussines)

Nunca hasta ahora, desde el inicio de la guerra, había habido una actividad diplomática tan intensa con el objetivo de poner fin a la contienda, lo que ha de reconocerse como un mérito -probablemente el único, y aún con interrogantes- de Donald Trump. Sin embargo, todo indica que va camino de terminar en un rotundo fracaso. La incógnita es, cuando esta fase del juego acabe, quién habrá ganado la partida.


 

 

lunes, 18 de agosto de 2025

De Yalta a Anchorage

Newsletter 'Europa'

El futuro de Europa vuelve a estar, 80 años después, en manos de EE.UU. y Rusia

 

Yalta es una ciudad de veraneo. Lo era en los tiempos de los zares y la Unión Soviética, y -mal que bien- lo sigue siendo ahora. Pero no es por su clima mediterráneo por lo que este balneario situado en el sur de la península de Crimea, a orillas del mar Negro, ha pasado a la Historia. A Yalta es donde, en febrero de 1945, arrastró el líder soviético Iósif Stalin a sus dos aliados en la lucha contra la Alemania nazi, el estadounidense Franklin D. Roosevelt y el británico Winston Churchill, para empezar a dibujar el escenario geopolítico de la inminente posguerra. Allí, en el salón de baile del Palacio de Livadia -antigua residencia de verano de la familia imperial-, se decidió la partición de Alemania tras la derrota de Hitler y se empezó a fraguar la división de Europa.

Uno de los ejes fundamentales de las discusiones fue el futuro de Polonia (cuya invasión por las tropas alemanas en 1939 había desencadenado la II Guerra Mundial). Stalin, que ya la tenía de facto bajo su control en aquel momento, aceptaba formalmente que se convirtiera en un país independiente, pero quería retenerla bajo su órbita. Su objetivo era rodear a la URSS de una corona de países satélites para evitar nuevas invasiones por sorpresa desde el oeste, una legendaria obsesión rusa. Para Churchill, por el contrario, asegurar la libertad de Polonia era fundamental.

El presidente de Estados Unidos, enfermo y debilitado -moriría dos meses después-, tenía otros intereses. Roosevelt, quien no quiso pactar una estrategia común previa con el primer ministro británico, quería ante todo sumar a la URSS a la guerra contra Japón y a su proyecto de Naciones Unidas. Conseguidas ambas cosas, aceptó un trato que dejaría a Polonia -y, a la postre, a toda Europa del este- en manos de Moscú.

Anchorage no es Yalta, aquí no hay balneario que valga (la temperatura máxima ayer era de 15º). La base militar estadounidense de Elmendorf-Richardson, a orillas de un brazo del río Knik -que puede helarse en invierno-, tampoco puede compararse con el suntuoso Palacio de Livadia, hoy convertido en un museo. Y, definitivamente, Donald Trump no es Franklin D. Roosevelt. Pero, al igual que el padre del New Deal, acude a la cita con el presidente ruso, Vladímir Putin, con su propia agenda y sus propios intereses geopolíticos, que no son necesariamente -tampoco esta vez- los de Europa. ¿Es Ucrania la nueva Polonia? Como se suele decir, la Historia no se repite, pero a veces rima.

Ochenta años después de la Conferencia de Yalta, nos encontramos con los mismos patrones. Moscú considera que Ucrania, que había formado parte del Imperio Ruso y de la extinta URSS, de algún modo le pertenece y que, si no hay más remedio que reconocerle la condición de Estado independiente (lo es desde 1991), ha de ser con una soberanía limitada como la de la Polonia de la posguerra y la guerra fría. Que Ucrania pretendiera abandonar la órbita rusa e ingresar en la UE y en la OTAN -colocando al enemigo a las puertas mismas de la frontera de Rusia- era inaceptable para los jerarcas rusos y está detrás de la invasión militar lanzada por el Kremlin en febrero del 2022.

Lo que se va a discutir hoy en Anchorage va más allá de un alto el fuego que pueda dar lugar a unas futuras negociaciones de paz. Sobre la mesa volverá a estar un menú parecido al de Yalta y, de nuevo, pretende ser cocinado a espaldas de los europeos. Lo ha dicho claramente un asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov: en Alaska se hablará sobre “la redistribución de las esferas de influencia, el equilibrio entre Estados Unidos, Rusia y China, el futuro del Ártico y la seguridad. Ucrania, aquí, no es un tema, solo una razón”. Un elemento más, una pieza del puzle.

Ucrania no ha sido invitada a la mesa. Europa, que se ha convertido ya en el primer suministrador de ayuda militar a Kyiv (por encima, por primera vez, de EE.UU.), tampoco. Los líderes europeos, encabezados por el trío integrado por el alemán Friedrich Merz, el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer, han ejercido la máxima presión diplomática posible para tratar de evitar que en Anchorage se tomen decisiones irreversibles al margen y en contra de Ucrania y del continente. ¿Con qué grado de éxito? Quizá se intuya al término de la cumbre. Quizá más tarde.

Trump se ha comprometido con los europeos a no discutir ningún reparto territorial de Ucrania. Pero la imprevisibilidad del líder estadounidense es proverbial y su afinidad con el presidente ruso, notoria. Mientras Trump alternaba -como es su costumbre- amenazas y buenas palabras antes del encuentro, Putin elogiaba los “sinceros esfuerzos” de Washington por poner fin a la guerra y avanzaba la posibilidad de un acuerdo en materia de armas nucleares. Que ambos líderes piensen en una conferencia de prensa conjunta al término de la cumbre -según anunció el Kremlin- da a entender que no quieren salir de Anchorage con las manos vacías.

El alto el fuego es algo que necesitan con urgencia tanto Ucrania como Rusia, por más que Moscú quiera venderlo bajo unas condiciones draconianas. Los últimos avances militares rusos en la zona de Donetsk -a través de incursiones de infantería- tienen mucho que ver con las dificultades ucranianas para reclutar suficiente personal de tropa en un país agotado ya por tres años y medio de guerra (hoy los partidarios de negociar un final rápido a los combates representan el 69% de la población, mientras que solo el 24% aboga por seguir luchando). Por su parte, Moscú empieza a afrontar serias dificultades económicas en gran medida por la caída de los precios del petróleo, su principal fuente de ingresos (frenazo del crecimiento, descontrol del déficit, quiebras empresariales), por lo que necesita sacarse de encima las sanciones y reducir el esfuerzo de guerra, que se lleva el 40% del presupuesto estatal.

El levantamiento de las sanciones económicas es justamente una de las condiciones que el Kremlin ha puesto sobre la mesa para acordar un alto el fuego, junto a un intercambio de territorios que consolide lo ganado en la guerra e incluso más allá: pretende obtener también la parte de la provincia de Donetsk que hasta ahora no ha conseguido arrebatar a los ucranianos. Más allá, Moscú aspira a una Ucrania neutral y fuera de la OTAN, fácilmente tutelable. Todos estos planteamientos han encontrado hasta ahora una receptividad comprensiva por parte de Trump, amigo de erigir un nuevo orden mundial decidido por un puñado de grandes potencias que se repartirían sus respectivas zonas de influencia.

Tales condiciones son absolutamente inaceptables para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski -que rechaza ceder cualquier territorio al ocupante- y para los países europeos, que ven ahí la simiente de nuevas guerras en el futuro. El gran problema de Europa, que ninguno de sus gestos -o rendiciones- de buena voluntad hacia el amigo americano, desde el aumento del gasto de defensa al 5% del PIB en la OTAN hasta la aceptación de un acuerdo comercial con Washington nocivo para sus intereses, han podido evitar, es que vuelve a estar condenada a mirarlo desde la barrera.


 

domingo, 10 de agosto de 2025

Nada por aquí, nada por allá

'Visión periférica'

Mientras se presenta como al adalid de la clase trabajadora, Donald Trump multiplica los regalos fiscales a los más ricos, quienes alientan en todo el mundo un movimiento contra el pago de impuestos y por el desmantelamiento del Estado.

 

Juegos de manos, juegos de villanos”, acostumbraba a decir mi abuelo –poco aficionado a los números de magia– con cierta sorna. Innumerables son los juegos de manos que está haciendo Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, pero probablemente uno de los más descarados haya sido hacerse pasar por el paladín de la clase trabajadora estadounidense, castigada por la deslocalización industrial y el declive económico. Que un multimillonario de Nueva York se presente como el portavoz de los intereses obreros parece, a priori, inverosímil. Pero el truco le funcionó, y le valió la presidencia en el 2016 y el 2024.

Al presidente de Estados Unidos le encanta fotografiarse rodeado de mineros y trabajadores del metal mientras aboga por un patriotismo económico en forma de aranceles. Pero lo cierto es que, al margen de su política proteccionista en busca de rebajar el déficit comercial y recuperar las industrias perdidas, sus intereses están en otro lado. Su política fiscal tiene en realidad como principales beneficiarios a los más ricos, cada vez más reacios a pagar impuestos. Los demás, que se apañen.

El proyecto de ley presupuestaria que bautizó pomposamente como Big Beautiful Bill, finalmente aprobado por el Congreso a principios del mes de julio, es efectivamente un bonito truco. ¡Nada por aquí, nada por allá! Sí, habrá deducciones fiscales para las propinas y algunas otras cosillas. Pero la ley consolida fundamentalmente las rebajas de impuestos aprobadas en el 2017 –próximas a caducar– que benefician sobre todo a las rentas más altas y a las empresas. Según cálculos del Yale Budget Law sobre la evolución de los ingresos medios anuales, el 20% de los contribuyentes más pobres perderá con la nueva ley 560 dólares per cápita, mientras que el 20% más rico ganará 6.055 dólares.

El menú se completa con fuertes recortes en programas sociales por valor de 1,1 billones de dólares, que afectarán a la asistencia sanitaria para familias de bajos ingresos (Medicaid) –se calcula que la medida aumentará el número de personas sin seguro médico en 11,8 millones de personas– y a los alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. Todo lo cual no evitará, sin embargo, que engrose la deuda pública hasta en 3,3 billones de dólares en la próxima década.

La magnitud del déficit a punto estuvo de hacer capotar la ley, que ha defraudado al ala más radical del partido republicano, favorable a más y más profundos recortes. Quien fuera el más próximo asesor de Trump al inicio de este segundo mandato, el empresario Elon Musk –el hombre más rico del mundo–, calificó el proyecto presupuestario de “abominación”. El propietario de Tesla y Space X  integra un movimiento cada vez más extendido entre la derecha norteamericana favorable a reducir el Estado a la mínima expresión, suprimiendo su papel como garante de una cierta redistribución social. El propio Musk lo intentó a lo bruto en su breve periodo como responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), suprimiendo programas federales y despidiendo funcionarios a mansalva.

El magnate de Silicon Valley Peter Thiel, cofundador de PayPal, es el gran gurú de este nuevo movimiento libertario anarco-capitalista que desde la extrema derecha ha empezado a contaminar el discurso de la derecha. Criado en la Sudáfrica del apartheid (como Musk), Thiel parte de un individualismo a ultranza que reclama una libertad absoluta frente al Estado y denuncia sus impuestos “confiscatorios”, a la par que defiende el poder de las élites y rechaza todo lo que suene a igualdad e inclusión. Su hombre en el Gobierno es el vicepresidente J.D. Vance.

Este movimiento no se circunscribe a EE.UU., sino que se está extendiendo como una mancha de aceite por toda Europa, donde la reivindicación de la insumisión fiscal, replicada hasta el infinito por influencers y youtubers, está seduciendo a nuevas capas sociales y sobre todo a los jóvenes, convertidos en el granero de votos de la ultraderecha. Pudo verse en el Madrid Economic Forum del pasado junio, un aquelarre libertario organizado por dos consultoras radicadas en Andorra que tuvo como estrella al presidente argentino Javier Milei y donde se presentó al Estado como una “organización criminal” que se dedica al “robo” vía impuestos. En Francia, la derecha ha instalado el latiguillo “Paga Nicolás” (un personaje ficticio) para denunciar el presunto “expolio” fiscal de las  sufridas clases medias...

A pesar de sus lágrimas de cocodrilo, la presión fiscal no parece alcanzar, sin embargo, a los súper ricos. El último informe de Oxfam sobre las desigualdades constata que la riqueza de los milmillonarios –exclusivo club al que se incorporaron en el mundo 204 personas más– aumentó el año pasado en 2 billones de dólares, a un ritmo tres veces superior al del año anterior, mientras el 44% de la población mundial sigue estancada bajo el umbral de la pobreza, según datos del Banco Mundial.

Frente a esto, ha surgido un movimiento contrario que propone aplicar un impuesto especial sobre las grandes fortunas que gravaría el 2% de su patrimonio. Así lo defendían en una reciente tribuna en Le Monde un grupo de siete premios Nobel de Economía: Daron Acemoglu, George Akerlof, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Simon Johnson, Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Aplicada a los milmillonarios, la medida afectaría, según sus promotores, a tan solo unas 3.000 personas en todo el mundo y permitiría recaudar alrededor de 250.000 millones de dólares. “Nunca han sido tan ricos pero contribuyen poco, en comparación con sus capacidades, a los gastos comunes”, argumentan.

Nunca han sido tan ricos, en efecto. Ni tan avariciosos, cabría añadir.


La capitulación

Newsletter ‘Europa’

La UE renuncia a actuar como una superpotencia al rendirse al chantaje comercial de Trump


Lo llaman ‘acuerdo’ pero en realidad se ha tratado de una rendición en toda regla. El compromiso alcanzado en Escocia el domingo 27 de julio en materia comercial por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede leerse sino como el definitivo sometimiento de la UE a los dictados de Washington, ya puesto de manifiesto con el acatamiento a la orden de elevar al 5% del PIB el gasto de defensa en la cumbre de la OTAN del pasado mes de junio. Frente al chantaje del más fuerte, Europa ha optado por hincar la rodilla y doblar el espinazo. Su credibilidad como superpotencia en ciernes ha quedado muy maltrecha.

Planteada desde el principio como una extorsión de tipo mafioso, la negociación no podía tener otro desenlace desde el momento en que Europa renunció a plantear batalla. Mientras Trump, tras su regreso a la Casa Blanca el pasado mes de enero, iba aprobando unilateralmente nuevos aranceles sobre las exportaciones europeas a EE.UU. -acero y aluminio, automóviles, tasas generales de base para todo el mundo-, Bruselas respondía con amenazas nunca concretadas. La Comisión Europea llegó a preparar represalias comerciales por valor de casi 100.000 millones de euros, para irlas suspendiendo una vez tras otra en aras del diálogo. Para Trump, el mensaje de debilidad era diáfano. Y Trump solo respeta a los fuertes, como se ha visto con China.

El presidente norteamericano estaba exultante cuando anunció el acuerdo, fraguado literalmente en su propio terreno (la negociación se cerró en su campo de golf escocés de Turnberry). No era para menos. Recapitulemos: el compromiso implica la imposición, desde ayer, de aranceles del 15% sobre la mayoría de las exportaciones europeas a EE.UU., mientras que la UE deja en el 0% las tasas a las importaciones norteamericanas. Asimismo, Europa se compromete a comprar a EE.UU. productos energéticos fósiles (petróleo, gas y carbón) por valor de 750.000 millones dólares en los próximos tres años (lo cual implicará triplicar las importaciones actuales y depender en un 70% de los suministros norteamericanos) y a invertir al otro lado del Atlántico por valor de otros 600.000 millones de dólares en un plazo no definido.

No hay nada escrito al respecto, sin embargo. Ningún documento, ni siquiera la declaración conjunta que ambas partes llevan días y días negociando. Todavía subsisten numerosas incógnitas sobre no pocos productos y las posibles exenciones (desde el acero y el aluminio, sometidos hasta ahora un arancel del 50%, hasta los medicamentos y otros), y ya se han producido las primeras interpretaciones dispares entre ambas partes. Mientras tanto, subsisten los desacuerdos de fondo sobre la fiscalidad europea y las regulaciones digitales.

Von der Leyen ha defendido, con la boca pequeña, el compromiso como “el mejor acuerdo posible”. Puede ser, visto lo que le está sucediendo a otros países (como Suiza, Canadá, India o Brasil) y habida cuenta de la amenaza de Trump de situar los aranceles en un 30% si no había acuerdo. Pero eso no quita que Europa ha cedido al chantaje y que ni siquiera ha sido capaz de arrancar a Washington el mismo trato (10%) que el obtenido por el Reino Unido. El premier británico, Keir Starmer, que fue el primero en llegar a un acuerdo, debe sonreírse ahora recordando las críticas y los comentarios sarcásticos que recibió de sus exsocios europeos.

Visto el magro resultado, resulta hiriente la alegre foto de familia de la presidenta de la Comisión y la delegación negociadora europea con Trump y su equipo, casi todos ellos levantando el pulgar hacia arriba en señal de entusiástica aquiescencia. “Hasta la foto, la estúpida foto, es un innecesario y vergonzoso tributo a la estética del energúmeno. Patético”, comentó en las redes sociales el ex europarlamentario Ignasi Guardans, haciéndose eco del sonrojo general.

Sería injusto, sin embargo, cargar las tintas contra Von der Leyen. Si Europa ha optado por la mansedumbre y el apaciguamiento no se debe solamente a Bruselas, sino que ha sido en gran medida el resultado de la presión ejercida por los principales países europeos exportadores a Estados Unidos: Alemania (por valor de 161.000 millones de euros al año), Irlanda (72.000 millones) e Italia (65.000 millones). El canciller Friedrich Merz ha sido el que más empujó, urgiendo a la Comisión a cerrar un acuerdo lo más rápidamente posible, frente a las reticencias del presidente francés, Emmanuel Macron, partidario de plantear un pulso. “No era posible obtener más”, ha dicho Merz, quien -aun admitiendo que el acuerdo será dañino para la economía alemana y europea- lo considera menos negativo que una guerra comercial abierta con Washington.

Detrás de esta urgencia estaba la poderosa industria del automóvil alemana, que se estaba ya desangrando con los aranceles especiales del 27,5% que Trump impuso a los coches europeos en el mes de abril. Sometida a una fuerte crisis, derivada de la transición al vehículo eléctrico y la contracción del mercado chino, las tarifas estadunidenses eran la puntilla. Según el Instituto Federal de Estadística, las exportaciones de coches alemanes a EE.UU. cayeron un 23,5% en abril y mayo, mientras los beneficios sufrían lo propio: un 33% menos para Volkswagen en el primer semestre de este año, un 69% y 91% respectivamente para Mercedes Benz y Porsche en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior… Así que un 15% no es para tirar cohetes, pero es mucho mejor que el 27,5% que había hasta este momento.

La resignación alemana no es compartida en Francia, donde el primer ministro, François Bayrou, no ha ocultado su amargura: “Es un día oscuro cuando una alianza de pueblos libres, reunidos para afirmar sus valores y defender sus intereses, decide someterse”, declaró. El excomisario Thierry Breton, muy crítico también con el acuerdo, llamó a su vez la atención sobre el hecho de que la debilidad del dólar respecto al euro (ha caído un 12,7% desde el mes de enero) encarecerá todavía más las exportaciones.

Hay quien interpreta, sin embargo, que en la práctica el resultado no es tan malo como podría parecer. Para quienes defienden esta tesis, como el economista norteamericano y premio Nobel Paul Krugman -que habla incluso de “triunfo personal” de Von der Leyen-, era impensable que Europa lograra unos aranceles más bajos, mientras que sus compromisos en materia de inversiones y compras son puro humo. Ambos capítulos, ciertamente, escapan a las competencias de Bruselas y dependerán en última instancia de las decisiones soberanas de las empresas. Por si acaso, de todos modos, Trump ya ha amenazado con aranceles suplementarios si no se cumple este compromiso.

Otro argumento a favor del acuerdo es extracomercial. Al someterse a la voluntad de Trump -se esgrime-, Europa ha salvado el vínculo trasatlántico en un momento en que el compromiso de EE.UU. con la seguridad europea frente a la amenaza de Rusia es más necesario que nunca. Sin embargo, si nada garantiza a partir de ahora la estabilidad de las relaciones comerciales con Washington -con Trump en la Casa Blanca la imprevisibilidad es marca de la casa-, menos aún asegura la defensa de Europa por parte norteamericana, creciendo como están al otro lado del Atlántico las voces que plantean una progresiva retirada militar estadounidense del continente. Europa ha mostrado peligrosamente ante el resto del mundo su enorme debilidad, sin lograr a cambio la seguridad que buscaba. Más bien todo lo contrario. Porque lo único que es seguro es que cuando se cede ante un chantaje, el siguiente no tardará en llegar.


APUNTES

Duelo en Polonia. El ultranacionalista Karol Nawrocki, vinculado al partido Ley y Justicia (PiS), actualmente en la oposición, asumió esta semana el cargo de presidente de Polonia, tras haber ganado por escaso margen -menos de un punto- las elecciones presidenciales del pasado mes de mayo. Nawrocki prometió trabajar por los intereses de Polonia por encima de los intereses partidistas, pero ya avanzó su determinación de plantar cara al Gobierno dirigido por el primer ministro Donald Tusk, liberal y europeísta, a quien acusó de violar la Constitución. La coalición de Tusk confiaba en arrebatar la presidencia del país al PiS para superar el bloqueo del jefe del Estado a algunas de sus reformas, pero fracasó.

Correctivo a Italia. El Gobierno italiano dirigido por la primera ministra Giorgia Meloni, líder del posfascista Hermanos de Italia, no podrá seguir aplicando su discutida política migratoria al margen de los tribunales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que los gobiernos nacionales de la UE pueden señalar qué países consideran seguros para externalizar los centros de retención de inmigrantes mientras se tramita su petición de asilo o expulsión, pero que esta decisión debe quedar sometida en todo caso al control de la Justicia. El fallo fue recibido como un varapalo por el Gobierno de Meloni, que ha construido dos centros de este tipo en Albania que permanecen prácticamente vacíos debido a la intervención de la justicia italiana.

Ultras y cambio climático. El grupo europarlamentario de extrema derecha Patriotas por Europa, que engloba a los partidos de Viktor Orbán, Marine Le Pen, Matteo Salvini o Santiago Abascal entre otros, ha tomado el control de las negociaciones en el Parlamento Europeo sobre el objetivo climático de reducción de emisiones, después de que el checo Ondrej Knotek fuera elegido ponente para dirigir una enmienda a la ley del Clima. Knotek ha dejado claro que tratará de tumbar el objetivo marcado por Bruselas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para el 2040, y alcanzar la neutralidad climática en el 2050. No es probable que lo consiga, pero demuestra la nueva fuerza que, de la mano del PP -decidido a aplicar una geometría variable en su política de pactos-, ha obtenido en la Cámara de Estrasburgo.