Verde desteñido

Newsletter ‘Europa’

(NOTA PREVIA: A partir de la próxima semana este boletín cambia su día de aparición y pasará a ser publicado los viernes)

A Bruselas se le ha desteñido un poco el verde. No es algo que no se viera venir, pero la constitución la semana pasada de la nueva Comisión Europea ha confirmado definitivamente la nueva orientación con que la UE se propone abordar la lucha contra el cambio climático y la transición energética: buscando un nuevo equilibrio que no comprometa la viabilidad de la dañada industria europea, enfrentada a la feroz competencia de Estados Unidos y China (menos escrupulosos).

Ya lo planteaba así el ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, en su reciente informe sobre la competitividad. Y si su propuesta de movilizar una inversión adicional de hasta 800.000 millones de euros anuales para sostener a la industria europea –a través de la emisión de deuda común- se enfrenta a no pocos rechazos, su advertencia de que los objetivos de descarbonización deben preservar la competitividad de la industria es hoy ampliamente compartida.

La propia configuración de la nueva Comisión refleja este afán. La hasta ahora vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tendrá un papel central en este objetivo al asumir como vicepresidenta ejecutiva de la CE la macroárea para una Transición limpia, justa y competitiva, con el encargo específico de conjugar ambas exigencias: desarrollar el Pacto Verde (Green Deal), otrora prioridad casi absoluta, y potenciar la competitividad europea, el nuevo mantra.

En el organigrama de Ursula von der Leyen, Ribera tiene una gran preeminencia -lo que refuerza notablemente el peso de España en el ejecutivo comunitario-, pero las competencias en esta materia están muy fragmentadas y compartidas. Así que los primeros equilibrios que tendrá que buscar son los internos. En su ámbito deberá tratar con el comisario neerlandés Wopke Hoekstra –democristiano, que cuando era ministro de Finanzas de los Países Bajos criticaba ásperamente a España e Italia por “despilfarradores”-, encargado del área de Clima, cero emisiones netas y crecimiento limpio; y el danés Dan Jørgensen –socialdemócrata-, que dirigirá la cartera de Energía y vivienda. A ambos hay que añadir al liberal francés Stéphane Séjourné, asimismo vicepresidente ejecutivo y responsable de Prosperidad y estrategia Industrial.

La nueva Comisión, para cuya formación Ursula von der Leyen tuvo que utilizar fórceps, no es paritaria como hubiera deseado –y para lo que ejerció fuertes presiones- su presidenta. Pero la proporción final entre hombres y mujeres (16 a 11) es algo más equilibrada que la que hubiera surgido de las primeras propuestas de los estados. Para compensar, Von der Leyen ha nombrado cuatro vicepresidentas –entre ellas, la nueva alta representante para Asuntos Exteriores y política de seguridad, la ex primera ministra estonia Kaja Kallas- por dos vicepresidentes. Es asimismo una Comisión claramente anclada a la derecha, consecuencia del avance conservador en todo el continente. La mayoría de sus miembros son de derecha (15) o de extrema derecha (2), frente a cinco liberales, cuatro socialdemócratas y uno no adscrito.

Uno de los nombramientos que más polémica ha levantado es el del italiano Raffaele Fito, del posfascista Hermanos de Italia, el partido de la premier Giorgia Meloni, en cuyo gobierno había dirigido hasta ahora el Ministerio de Asuntos Europeos. No tanto por el contenido de la cartera que le ha sido asignada –Cohesión y reformas- como por el hecho de haberle añadido el rango de vicepresidente. Socialdemócratas y liberales rechazaban la idea de que un representante de la ultraderecha recibiera tal categoría. Más allá de esta consideración, el perfil del nuevo vicepresidente –antiguo militante de Forza Italia con Silvio Berlusconi, moderado y proeuropeo- no parece tan indigesto. Y, como justificó Von der Leyen, es en el fondo una vicepresidencia para Italia. Pero no deja de ser un eslabón más en la cadena de normalización de la extrema derecha.

El otro nombramiento que ha provocado cierto ruido, menos en Bruselas que en París probablemente, es el del francés Stéphane Séjourné –ministro saliente de Europa y Asuntos Exteriores, y secretario general de Renacimiento, el partido de Emmanuel Macron-, el nombre de última hora que se sacó de la manga el presidente de la República para sustituir a Thierry Breton, encargado hasta ahora de Mercado Interior.

La salida de Breton fue tumultuosa. Antes de que fuera oficializada su sustitución, presentó su dimisión inmediata y aireó a los cuatro vientos sus desavenencias con Von der Leyen, a cuyo veto atribuyó su ostracismo. Ex ministro de Economía –función que ejerció bajo la presidencia de Jacques Chirac- y ex presidente de varias grandes empresas, entre ellas France Télécom, Thierry Breton no ha sido un interlocutor fácil para la presidenta de la Comisión, con la que ha tenido choques regularmente.

Tampoco lo ha sido para las grandes compañías tecnológicas y digitales, con las que ha entablado duros pulsos. Impulsor de la ley de Servicios Digitales, que obliga a estas compañías a moderar sus contenidos y combatir la desinformación, Breton ha mantenido reiterados enfrentamientos públicos con Elon Musk, presidente de X (antes Twitter), que tiene un expediente abierto en Bruselas por incumplimiento de la normativa. Si ha habido alguien feliz por la caída de Breton es justamente Musk, que le envío un mensaje por X cargado de sorna: “Bon voyage!”. A lo que el francés, mordaz, le respondió aludiendo a la idea mesiánica del norteamericano de colonizar el planeta rojo: “Merci! ¿Quedan billetes para Marte? Tengo algunas ideas para regular allí”.

 

Desconexiones particulares. La decisión unilateral de Alemania de restablecer los controles en sus fronteras para contener la inmigración irregular parece haber animado a otros países europeos a seguir el principio de que “allá cada cual se las componga”. El primero ha sido Países Bajos, cuyo nuevo gobierno –donde la ultraderecha tiene un peso clave- ha comunicado a la Comisión Europea su intención de excluirse de las normas comunitarias en materia de inmigración y asilo. Una iniciativa, de dudosa legalidad si previamente no se modifican los tratados europeos, a la que el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, no ha tardado ni un suspiro en apuntarse

Mirando a Roma. La inmigración irregular, aupada por la presión de la extrema derecha a primer problema europeo, está llevando a políticos de todo signo y color a endurecer sus posiciones anteriores. En este proceso, todo el mundo mira a Roma, donde la primera ministra Giorgia Meloni ha conseguido reducir notablemente el número de entradas a base de medidas drásticas que no tienen demasiados miramientos con los derechos de las personas. En cuestión de pocos días, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, y el líder del PP español, Alberto Núñez Feijóo, han visitado a Meloni para conocer de cerca su exitosa receta, en busca de inspiración.

Gobierno en París. Francia no es Bélgica ni los Países Bajos y, hasta ahora, los gobiernos se formaban con gran celeridad. Ya no. Dos meses y medio -desde la segunda vuelta de las elecciones legislativas, el 7 de julio- ha tardado esta vez el secretario general del Elíseo en cumplir la liturgia de salir a la escalinata a cantar los ministros del nuevo Gobierno. El gabinete que dirigirá Michel Barnier, forzado a negociar nombre por nombre con el presidente Emmanuel Macron, está integrado básicamente por liberales y conservadores y supone un claro giro a la derecha. La izquierda, que ganó las elecciones al obtener el grupo más numeroso en la Asamblea Nacional, todavía se busca la cartera.

Jóvenes, machotes y ultras

Antes de ser apartado por sus proclamas filonazis, el candidato de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las últimas elecciones europeas, Maximilian Krah, inundaba TikTok –la red social preferida de la nueva extrema derecha europea– de vídeos con mensajes tendenciosos en busca del voto de los jóvenes. Entre sus perlas, destacaba uno dirigido a excitar la hombría rancia de su auditorio masculino: “Uno de cada tres jóvenes nunca ha tenido novia. ¿Es también tu caso? No mires vídeos porno. No votes por los Verdes (...) Y, sobre todo, no te dejes engañar por aquellos que dicen que hay que ser amable, blando, débil y de izquierdas. Los verdaderos hombres son de derechas. Los verdaderos hombres tienen ideales. Los verdaderos hombres son patriotas. ¡Así tendrás novia!”.

No es una caricatura, es real. Los políticos de extrema derecha, en Europa y en Estados Unidos, llevan tiempo tratando de atraerse a los chicos jóvenes desconcertados por el avance de las tesis feministas sobre la igualdad de género con mensajes simplistas que buscan excitar un vago sentimiento de humillación y victimización ante lo que perciben como una presunta discriminación positiva en favor de las mujeres –cuando si hay discriminación es, y ha sido históricamente, a la inversa– y la proliferación de ciertos discursos reduccionistas y culpabilizadores. Frente a esto, la ultraderecha ofrece el retorno a un pasado de hombres viriles y dominantes, en el que la mujer regresaría a su añejo papel de madre y ama de casa.

Por descontado, el ascenso electoral de la ultraderecha en Europa no se explica únicamente por la explotación del malestar de género en ciertos sectores masculinos. Hay muchos otros factores en la ecuación: el sentimiento de desclasamiento, las desigualdades sociales y territoriales, la falta de perspectivas personales, la dificultad de acceso a la vivienda, la inmigración y la angustia identitaria... Pero el estandarte ultra sobre la supuesta masculinidad herida se ha convertido en uno de los ejes centrales de la batalla cultural que libra la derecha radical contra la izquierda. Y está detrás de la progresiva fractura política que se está abriendo entre los hombres y las mujeres jóvenes. Cada vez más a la derecha ellos, más a la izquierda ellas.

En las elecciones regionales del pasado 1 de septiembre en los länder de Turingia y Sajonia, en la antigua Alemania del Este, la Afd quedó en primer y segundo lugar respectivamente, con un apoyo creciente de los jóvenes. Y de los hombres en general: en ambos territorios el voto masculino ultra estuvo entre 9 y 11 puntos por encima del voto femenino. Es algo común en otros países. En España, por ejemplo, los votantes de Vox son mayoritariamente hombres (el 66%) y todavía más en el caso del partido de Alvise Pérez, donde llegan al 70%. Las mujeres, en cambio, son mayoritarias entre los votantes de  PSOE y Podemos (63%)

Francia es la excepción a esta regla. Entre los votantes del Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen, convertido en el partido más votado entre los más jóvenes (18-24 años), hay una práctica igualdad entre hombres y mujeres. Quizá porque el RN se ha distanciado del discurso más carpetovetónico en materia de género –eso se lo deja al machista militante Éric Zemmour, líder del partido Reconquista– y se ha cuidado de alinearse con la defensa de los derechos de las mujeres, como en el caso del aborto, votando a favor de su inclusión en la Constitución francesa. Con todo, en el otro lado del espectro político el voto joven a la izquierda radical es más femenino que masculino. En las pasadas elecciones legislativas,  las mujeres jóvenes votaron a La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon en mayor proporción que sus coetáneos masculinos: 49% a 37%.

En un artículo publicado el pasado mes de mayo, los politólogos Elaine Kamarck y Jordan Muchnick, del think tank norteamericano Brookings, constataban igualmente una progresiva separación de género en la tendencia de voto entre los más jóvenes (de 18 a 29 años) en Estados Unidos, con las mujeres más decididamente demócratas que los hombres. Una tendencia que no es sino el reflejo de una divergencia de valores.

Un análisis realizado por la agencia de investigación internacional Glocalities entre 2014 y 2023 destacó la creciente división en la Generación Z (nacidos entre finales de la década de 1990 y finales de la de los 2000). “El análisis –explican en su artículo– reveló que las mujeres jóvenes se han vuelto significativamente más liberales y han adoptado valores ‘antipatriarcales’ durante la última década, mientras que los hombres jóvenes se han mantenido relativamente igual (...) El análisis vincula además ‘los sentimientos de desesperación y desilusión social, el enfoque en los valores patriarcales y la rebelión contra los valores liberales cosmopolitas’ de los hombres con el creciente ascenso de la derecha radical”.

La semana pasada, en este diario, nuestra compañera Mayte Rius hacía un excelente retrato de la situación. A partir de un estudio de la socióloga Maike van Damme advertía que “encontrar pareja es cada vez más difícil para las mujeres españolas heterosexuales con estudios superiores y convicciones feministas que desean un hombre afín a ellas”. Y cifraba en un 34% la proporción de mujeres afectadas por este “déficit masculino”. Un dato fundamental que desmiente rotundamente las recetas baratas de los machotes filonazis como Maximilian Krah.

 

¿Lo que haga falta?

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@Lluis_Uria

El lunes 9 de septiembre era un día marcado a fuego en el calendario europeo. El ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo (BCE), el salvador del euro, Mario Draghi, alias Whatever it takes (lo que haga falta), debía presentar en Bruselas su esperado informe sobre la competitividad europea, con propuestas concretas para sacar a Europa de su “lenta agonía” económica –son sus palabras- y recuperar el terreno perdido frente a Estados Unidos y China.

No defraudó. El informe plantea reformas de fondo en la Unión Europea (UE) y una inversión masiva en los sectores de las nuevas tecnologías, la transición energética y la defensa. Algo que sólo podrá llevarse a cabo si los 27 apuestan decididamente por ir todos a una y no cada uno por su lado. Pero… ¿están los países europeos realmente dispuestos a hacer lo que haga falta?

A 750 kilómetros de allí, en Berlín, el mensaje emitido ese mismo día por el Gobierno federal iba justo en sentido contrario: la ministra del Interior, Nancy Faeser, anunciaba el retorno unilateral de los controles fronterizos de Alemania con todos sus vecinos –tensando los acuerdos sobre la libre circulación de Schengen- con el objetivo de  frenar la inmigración irregular. ¿Concertación? ¡Que cada palo aguante su vela!

El diagnóstico de Draghi es sombrío. Europa, sostiene, se enfrenta a un “desafío existencial”. Si no es capaz de revertir la actual situación de progresivo declive, si llega el día en que deja de ser capaz de garantizar la prosperidad, la equidad, la libertad, la paz y la democracia en un entorno sostenible a sus ciudadanos, “habrá perdido su razón de ser”. Para evitarlo, la única vía –asegura- es aumentar la productividad y crecer económicamente. Y para ello, “Europa debe cambiar radicalmente”.

El informe, que contiene numerosas recomendaciones en materia de estrategia industrial en los tres ámbitos apuntados, propone para poder implementarlas cambios de calado en el funcionamiento de la UE, de la que critica su dispersión –falta de prioridades claras y de acciones conjuntas consecuentes-, los excesos regulatorios y burocráticos, la fragmentación de los mercados de capitales y el lento y farragoso sistema de toma de decisiones comunitario, con la amenaza persistente del poder de veto de los Estados –que propone suprimir generalizando el mecanismo de mayorías reforzadas-.

Pero el capítulo que más ha llamado la atención –y despertado la polémica- es el de la financiación. Puesto que el sector privado no podrá llevar en solitario la carga de la inversión necesaria en los tres sectores seleccionados –nuevas tecnologías, transición energética y defensa-, Draghi propone poner en marcha una especie de gran Plan Marshall, consistente en una inversión europea adicional de entre 750.000 y 800.000 millones de euros anuales que sería financiada a través de la emisión de deuda conjunta (como se hizo, por primera vez, con los fondos Next Generation, destinados a superar la crisis económica causada por la pandemia de covid). Fue como mentar la bicha.

¿Inversión pública, dice? ¿Y masiva? ¿Con endeudamiento? Como era de esperar, los aplausos no tardaron en llegar. Y las críticas también. El ambicioso plan de Draghi fue recibido con entusiasmo por la Europa del Sur –Francia, Italia, España, Portugal- y las organizaciones empresariales europeas. Pero en los despachos calvinistas de la Europa central y del Norte se escuchó enseguida el rechinar de dientes.

En Alemania, el gobierno tripartito de socialdemócratas verdes y liberales fue incapaz –de nuevo- de ofrecer una postura común, pero al ministro de Finanzas, Christian Lindner –el supertacañón- le faltó tiempo para expresar su oposición a un nuevo endeudamiento europeo, en lo que fue secundado por el líder de la CDU, Friedrich Merz, que el año que viene podría convertirse en canciller. Eelco Heinen, titular de Finanzas de los Países Bajos –el otro referente de los países frugales- se añadió, cómo no, al coro. ¿Quiere decir que el plan Draghi ha muerto nada más nacer? No hay que descartarlo.

Como recordábamos en un reciente boletín, ni Alemania ni Francia –los dos motores de Europa, sumidos en profundas crisis internas- parecen capaces en este momento de liderar ningún proyecto ambicioso en la UE. París tiene ya primer ministro pero todavía sigue sin Gobierno y, cuando lo tenga, carecerá de mayoría en la Asamblea Nacional, donde la ultraderecha tendrá la llave de su continuidad.

Por su parte, el Gobierno alemán, minado por las disensiones internas, políticamente en caída libre y con una economía renqueante a la que va a aplicar nuevos recortes presupuestarios –marca de la casa-, no está en mejor disposición para elevar la mirada y replantearse su intransigente ortodoxia. Es más, la presión interna es tal –con la ultraderecha apretando las tuercas en el tema de la inmigración- que Berlín incluso parece abdicar de su europeísmo.

El restablecimiento unilateral, a partir de hoy, día 16, de los controles en todas sus fronteras –hasta ahora sólo había, en principio temporalmente, en el Este y el Sur- asesta un duro golpe a uno de los pilares de la Unión, la libre circulación, y rompe la confianza con sus socios. De momento, Austria y Polonia han protestado airadamente y el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha avanzado que tiene la intención de pedir la intervención de Bruselas. El premier húngaro, Viktor Orbán, en cambio, encantado de que Alemania se alinee con sus planteamientos, lo celebró con un provocativo comentario en la red social X: “Scholz, ¡bienvenido al club!”.

 

Permiso de entrada. Poco a poco, el Brexit, la desconexión entre el Reino Unido y sus antiguos socios de la Unión Europea, va mostrando sus consecuencias prácticas más antipáticas. La última en aparecer ha sido la decisión de Londres –subsiguiente a una medida equivalente de Bruselas- de imponer a los visitantes extranjeros una autorización previa de viaje para poder entrar en el Reino Unido, como ya hace Estados Unidos. El permiso, por el cual habrá que pagar 10 libras esterlinas (unos 12 euros), afectará a todos los ciudadanos europeos, pero también a los de otras muchas otras nacionalidades, incluyendo países de la Commonwealth como Australia o Canadá 

Giro de guion en Pekín. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras entrevistarse con el presidente Xi Jinping en la capital china pidió a la Comisión Europea que “reconsidere” la imposición de nuevos aranceles sobre las importaciones de coches eléctricos chinos. Más allá de lo persuasivo que pudiera ser su interlocutor, lo cierto es que en las últimas semanas se han sucedido las voces de alarma, entre ellas la del consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, quien advirtió que ello podía poner en peligro a la propia empresa (que fabrica en China su modelo Cupra Tavascan). El cambio de postura de España cogió por sorpresa a Bruselas.

Doble castigo a las ‘tech’. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), en una decisión histórica, decidió la semana pasada que la compañía norteamericana Apple debe pagar a Irlanda 13.000 millones de euros en impuestos por haberse beneficiado de ventajas fiscales indebidas entre los años 2003 y 2014. El fallo, que corrige otro anterior de cuatro años atrás, es un triunfo para la Comisión Europea pero un jarro de agua fría para la política fiscal de Dublín. El TSJUE decidió también que Google debe pagar una multa de más de 2.400 millones por haber abusado de su posición dominante al favorecer su servicio de comparación de productos Google Shopping.

Los retos de ‘Mr. Nobody’

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@Lluis_Uria 

Francia tiene, por fin, nuevo primer ministro. Dos meses después de las elecciones legislativas anticipadas –un error de cálculo colosal del presidente francés- y tras numerosas consultas y dilaciones, Emmanuel Macron anunció el pasado jueves la designación del conservador Michel Barnier como nuevo jefe de Gobierno. Una opción sorprendente que ha indignado a la izquierda, que ganó los comicios –pese a no disponer de mayoría suficiente en la Asamblea Nacional-, y ha causado desconcierto en algunos sectores del propio partido presidencial.

Barnier, de 73 años, es una figura respetada e internacionalmente reconocida. Exministro y excomisario europeo, curtido negociador del Brexit en nombre de la Unión Europea, nadie cuestiona su valía. Sin embargo, es miembro del partido gaullista Los Republicanos, que con 47 diputados –sobre 577- es la cuarta fuerza política de la fragmentada Asamblea Nacional. Exigua legitimidad parece esa, de entrada.

Barnier tiene numerosos retos por delante, el primero y más importante de los cuales será precisamente conseguir un Gobierno viable con tan escuálidos apoyos en el Parlamento. El nuevo primer ministro puede contar, de entrada, con el respaldo –condicionado, como han recordado algunos de sus dirigentes- de la coalición presidencial, que suma 166 diputados, y con la hostilidad de la izquierda, que con 193 escaños se considera injustamente desposeída del derecho de gobernar (el sábado miles de manifestantes protestaron en toda Francia contra el “golpe de mano” de Macron).

Sin mayoría absoluta que le respalde, el nuevo jefe del Gobierno está en manos de la calculada e interesada benevolencia inicial del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), que con 142 diputados constituye el tercer bloque de la cámara. Y el más cohesionado. Si Barnier es hoy primer ministro es porque Marine Le Pen lo ha permitido, renunciando a votar de entrada una moción de censura –que, junto con la izquierda, acabaría con su gobierno ipso facto- a cambio de su reconocimiento como interlocutor. La amenaza de hacer caer el Gobierno se mantendrá sobre su cabeza permanentemente como una espada de Damocles y condicionará inevitablemente su política. A no ser, claro está, que la coalición de izquierdas entre en crisis y el Partido Socialista se desgaje  de su matrimonio de conveniencia con La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon y se preste a llegar a acuerdos con el centroderecha.

Pero mientras se mantenga la actual correlación de fuerzas, el RN marcará la agenda política de los próximos meses. Que su aislamiento ha terminado da fe el hecho de que Macron –pese a abogar por un frente republicano que dejara al margen a la izquierda radical y a la ultraderecha- haya acabado incluyendo a Le Pen en su ronda de consultas. Y que hayan sido justamente los planteamientos y condiciones de la líder ultraderechista los que hayan desembocado en la designación de Barnier y no de otros candidatos, como el socialista Bernard Cazeneuve o el conservador Xavier Bertrand.

Sobre la mesa de su despacho en Matignon, el nuevo primer ministro tendrá varias patatas calientes que resolver. La más urgente, de entrada, será la preparación y aprobación de un proyecto de presupuestos para 2025 en un contexto de descontrol del déficit público, que se sitúa ya en el 5,6% y le ha valido a Francia la apertura de un expediente por parte de Bruselas. Pero acaso el asunto más delicado sea la revisión de la reciente reforma de las pensiones, que aumentó la edad legal de jubilación de 62 a 64 años y dividió al país. La nueva Asamblea Nacional está mayoritariamente a favor de su derogación, pero el partido del presidente no quiere ni oír hablar.

El panorama es enrevesado para un Gobierno a priori tan frágil. Barnier se verá obligado a avanzar por un estrecho y peligroso desfiladero político, entre un Parlamento dividido y mayoritariamente adverso y un presidente de la República decidido a salvar como sea su legado. Este es, sin duda, otro de los desafíos que tiene por delante el nuevo primer ministro: desembarazarse de la tutela de Emmanuel Macron.

Fue Nicolas Sarkozy quien, en privado, bautizó cruelmente con el sobrenombre de ‘Mr. Nobody’ (Don Nadie) a su primer ministro de la época, François Fillon. Para el entonces presidentes francés (2007-2012), el jefe del Gobierno no era más que un colaborador, un subordinado. En la tradición de la V República, aún teniendo la responsabilidad constitucional de dirigir el Gobierno, el primer ministro ha tenido casi siempre –salvo en los periodos de cohabitación- un papel subsidiario del jefe del Estado, que en caso de necesidad lo sacrificaba a voluntad, utilizándolo como un fusible. Pero, aún con todo, gozaba de cierta autonomía e iniciativa política.

Esto cambió a partir del año 2000, cuando se redujo el mandato del presidente de siete a cinco años, alineándolo con el del Parlamento. Desde entonces, el inquilino del Elíseo, líder normalmente del partido ganador en las elecciones legislativas (que se celebran inmediatamente después de las presidenciales), ha actuado como el verdadero jefe del Ejecutivo, centralizando en su persona la mayor parte de las decisiones. Sarkozy fue el primero en inaugurar lo que se ha venido en llamar la hiperpresidencia. Y Macron la ha llevado al paroxismo.

A Barnier no le va a ser fácil zafarse. Pese a las promesas del Elíseo de que el presidente va a actuar a partir de ahora como mero árbitro de la vida política, habrá que ver para creer. La manera misma en que el primer ministro ha sido designado muestra hasta qué punto Macron quiere mantener la mano aferrada al timón. Frente a todos aquellos que defendían el principio de que, hoy más que nunca y justamente por falta de una mayoría, el Parlamento debía convertirse en el eje y el motor de la vida política, el presidente ha optado por retener la iniciativa y manejarlo todo personalmente.

 

Cortafuegos en Turingia. La extrema derecha ganó las elecciones regionales en el land de Turingia, en la antigua Alemania del Este, tal como habían vaticinado los sondeos, pero de poco le servirá. En este pequeño estado, de 1,9 millones de habitantes, el partido Alternativa para Alemania (AdF) quedó primero con el 33,4% de los votos. Y poco le faltó para hacer lo mismo en la vecina Sajonia, donde quedó en segundo lugar con el 31,4%. Pero el resto de los partidos, con la cristianodemócrata CDU al frente, ha avanzado que no está dispuesto a pactar en ningún caso con los ultras. Es lo que en Alemania se conoce como “cortafuegos” (brandmauer), en España “cordón sanitario”.

Una de cal y otra de arena. Los pequeños agricultores están de enhorabuena. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha comprometido a poner en práctica las recomendaciones del grupo de expertos sobre el futuro del sector agrario europeo, que propone priorizar las ayudas a las pequeñas explotaciones. Muy descontento, en cambio, se ha mostrado el consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, quien ha denunciado que los aranceles que Bruselas ha decidido aplicar a los automóviles chinos ponen en peligro la viabilidad de su modelo de coche eléctrico Cupra Tavascan, que se fabrica en China, y de la propia empresa.

Primera baja en Roma. El Gobierno de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, ha sufrido la primera baja. Se trata del hasta ahora ministro de Cultura, el periodista Gennaro Sangiuliano, de 62 años, quien apareció en prime time en la televisión pública RAI para confesar en directo, llorando, que había engañado a su mujer. A Meloni no la ablandaron sus disculpas y el viernes le destituyó de su cargo. Detrás de la infidelidad se esconde un problema más grave puesto que la amante del ahora exministro, Maria Rosaria Boccia, de 41 años, habría tenido acceso a documentos oficiales y a reuniones preparatorias de la cumbre de ministros del G-7.

 

No abras la boca

@Lluis_Uria

En el momento exacto en que el general Chris Donahue, comandante de la 82ª División Aerotransportada de Estados Unidos, subió a su avión en el aeropuerto de Kabul, toda esperanza para Afganistán quedó enterrada. Faltaban unos minutos para la medianoche del 30 de agosto al 1 de septiembre del 2021, y el último soldado norteamericano abandonaba el país tras veinte años de guerra infructuosa, dejándolo en manos del reaccionario, tiránico y cruel régimen de los talibanes. Tres años después, quienes no pudieron huir en aquellos días de infarto han tenido tiempo para lamentarlo. Especialmente, y por encima de todo, las mujeres.

Afganistán es el peor país del mundo para nacer mujer. Lo ha sido así desde siempre, a pesar de los espasmódicos avances que se han producido a lo largo de la Historia –sobre todo bajo la ocupación occidental de los años 2001-2021, tras la guerra de represalia lanzada por EE.UU. y sus aliados por los atentados del 11-S–. El periodo del primer gobierno talibán, entre 1996 y 2001, se cuenta entre los más ignominiosos. Y el segundo, instaurado hace tres años, va por el mismo camino.

En su retorno al poder, tras al acuerdo de paz firmado el 2021 en Doha (Qatar), los talibanes intentaron mostrar al mundo una imagen más moderada, un rostro menos adusto e intransigente. ¿Lapidaciones y ejecuciones públicas? Cosas del pasado, venían a decir, con el objetivo de tranquilizar a sus interlocutores internacionales. En sus primeras declaraciones aseguraron que las mujeres tendrían “un papel” en el nuevo Afganistán, que podrían trabajar y estudiar... Pura doblez. Poco a poco, durante estos tres años, han  restablecido un régimen que la ONU ha calificado de “apartheid de género”.

“El acuerdo para la paz en Afganistán entre EE.UU. y los talibanes  fue un ejemplo de la disposición de todos los agentes a dejar de lado los derechos de las mujeres”, concluyó un duro informe del relator especial de la ONU y el grupo de trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas hecho público en el 2023. Washington quería garantías de que Afganistán no volvería a ser plataforma de nuevos atentados terroristas como los del 11-S. Pero sobre los derechos de las mujeres no se incluyó ningún tipo de salvaguarda.

La primera señal llegó pronto y tuvo el impacto de una maldición: el Ministerio de la Mujer se convirtió en el Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. A partir de aquí, todo lo malo que cabía esperar ha ido llegando. En estos tres años, las autoridades del régimen han aprobado hasta 70 decretos, órdenes, circulares y normas de todo tipo para ir acotando y reduciendo hasta la mínima expresión los derechos y la propia vida de las mujeres.  “En tres años se han borrado décadas de progreso de la condición de la mujer, con unos efectos devastadores que tendrán consecuencias intergeneracionales”, sostiene el informe sobre el Perfil de Género en Afganistán de la ONU correspondiente al año 2024.

Las mujeres han sido hoy borradas de la vida política y pública, proscritas de la enseñanza media y universitaria –hay 2,5 millones de niñas y jóvenes fuera del sistema de enseñanza–, expulsadas de la mayor parte de trabajos y de prácticamente toda la función pública, sin derecho a utilizar los baños públicos, los parques, los gimnasios, los centros deportivos y lúdicos.  Y conminadas a salir de casa “solo en caso de necesidad” y tapadas.

La guinda definitiva, como una manera siniestra de conmemorar el tercer aniversario de su regreso al poder, ha sido la aprobación el pasado 21 de agosto de una nueva ley  para la Propagación de la Virtud que atornilla definitivamente a las mujeres, a las que –para evitar “causar tentación”– se obliga a salir a la calle con velo integral o burka. Y a callar: “Evitar el sonido en público de la voz en alto de mujeres, incluyendo cantar, recitar o hablar frente a micrófonos”, explicita. La norma, de 35 artículos, incluye también obligaciones en la vestimenta de los hombres –a quienes se prohíbe la corbata y se obliga a llevar barba–, comparativamente inocuas.

Todo ello en nombre de su estricta interpretación de la sharía, o ley islámica, que el siniestro Ministerio de la Virtud aplica con rigor: el año pasado hubo, según sus propios datos,  13.000 detenidos por “actos inmorales” –sin especificar ni el género ni el posible delito– y hay pruebas de que han regresado los castigos corporales y las flagelaciones públicas.

La ONU y la comunidad internacional han condenado la nueva ley e instado al gobierno de Kabul a derogarla y a respetar los derechos de las mujeres. Pero sin ningún efecto. Los talibanes, cuyo régimen no ha sido reconocido por ningún país, no solo han hecho caso omiso sino que han decidido romper relaciones con la misión de las Naciones Unidas para Afganistán.

Descartada una nueva intervención militar por razones obvias, solo queda un recurso: el dinero. Con una economía exangüe, que retrocede año a año, Afganistán solo se sostiene por la ayuda humanitaria internacional, de la que –paradojas de la vida– Estados Unidos es el principal contribuyente. Desde su salida del país, Washington ha dedicado a este fin 20.710 millones de dólares (cerca de 18.700 millones de euros), según consta en el informe del pasado 30 de julio del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (Sigar), la mayor parte de los cuales han sido para sufragar la ayuda a los refugiados. No obstante, 6.400 millones de dólares (5.800 millones de euros) han ido a parar a Kabul y han servido para estabilizar la economía del país. Y, de paso, consolidar indirectamente el régimen.

Una pareja en crisis

 

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@Lluis_Uria

Solingen es una ciudad industrial de Alemania, en el land de Renania del Norte-Westfalia, históricamente vinculada al hierro y el acero. Conocida como la ciudad de las espadas, sus navajas y cuchillos son famosos desde la Edad Media. No deja de ser una cruel paradoja que el nombre de la ciudad haya saltado ahora a primera línea de la actualidad por el acuchillamiento mortal perpetrado, el día 23, por un joven refugiado sirio con el resultado de tres muertos y ocho heridos. El autor del ataque, reivindicado por el Estado Islámico, escogió bien el objetivo: los asistentes al Festival de la Diversidad, acaso para demostrar que la diversidad -como la libertad- no es un plato del gusto de los islamistas. Que al terrorista le hubiera sido denegado el asilo y estuviera pendiente de expulsión a Bulgaria –país europeo al que llegó en primera instancia- ha puesto sal en la herida y excitado muchos ánimos. 

Al canciller Olaf Scholz solo le faltaba el suceso de Solingen para acabar de ensombrecer su ya de por sí oscuro panorama político. Y encima a las puertas de unas elecciones regionales cruciales en tres länder de Alemania del Este –en Sajonia y Turingia el día 1 de septiembre y en Brandeburgo, el 22- donde la extrema derecha está en pleno auge. Los ultras han aprovechado para cargar contra la política migratoria del Gobierno y reivindicado como presunta solución la “remigración” de todos los residentes extranjeros, término utilizado en países como Alemania y Francia para eludir el de “deportación”, demasiado asociado a la época nazi (en España la derecha no es tan melindrosa, como ha podido verse de nuevo estos últimos días)

El gobierno tripartito de Scholz –integrado por socialdemócratas, ecologistas y liberales- ha reaccionado a la desesperada aprobando un primer paquete de medidas con el ánimo de aplacar a la opinión pública: desde la prohibición de llevar cuchillos en fiestas y grandes concentraciones hasta la denegación de prestaciones sociales a los solicitantes de asilo procedentes de otros países europeos, pasando por la expulsión y repatriación de los delincuentes de nacionalidad afgana y siria, hasta ahora protegidos. Un primer avión con 28 afganos partió en dirección a Kabul el mismo viernes. La efectividad de todo ello para evitar atentados terroristas es más que dudosa –sucede a menudo con las medidas tomadas en caliente en este terreno-, pero de lo que se trataba sobre todo era de detener la hemorragia social y política.

El atentado de Solingen, y el airado debate sobre la política migratoria que ha suscitado, han caído como una losa sobre Scholz. Al frente de un gobierno de coalición que navega de crisis en crisis y de un país atascado en el marasmo económico, rozando la recesión; convertido en el canciller más impopular de las últimas décadas (menos de un 20% de los alemanes aprueban su gestión), el líder del SPD encara las elecciones federales del año que viene en malísima postura. Su partido se pegó un gran batacazo en las elecciones europeas del pasado 9 de junio, en las que quedó en tercer lugar (con el 13,9% de los votos), por detrás de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), y las tendencias que dibujan hoy los sondeos sobre intención de voto no le ofrecen mejores perspectivas. El comportamiento electoral en los antiguos territorios de la RDA responde a lógicas particulares, pero los resultados de las elecciones regionales de ayer en Sajonia y Turingia, donde el SPD se ha hundido, acrecientan su desgaste.

Si el canciller de Alemania está en horas bajas, ¡qué decir del presidente francés, Emmanuel Macron! Su derrota en los comicios europeos –en los que su partido quedó también en tercer lugar (con el 14,6%)- y la suicida decisión posterior de disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas le han dejado prácticamente amortizado, por más que se obstine en aferrarse al timón. Con un gobierno interino desde el 7 de julio (jornada de la segunda vuelta de las elecciones), con un Parlamento fragmentado del que no ha surgido hasta ahora una mayoría de gobierno viable, Francia afronta una etapa marcada por la convulsión social y el bloqueo político, frente a lo que los brillantes Juegos Olímpicos de París –seguidos ahora por los Paralímpicos- han actuado solamente como un bálsamo temporal.

En puesto hasta el 2027 –a no ser que se produjera una improbable dimisión-, Macron lucha denodadamente por salvar su proyecto político tratando de nombrar un primer ministro y un gobierno al que su partido pueda estar asociado. Solo que hasta ahora no lo ha conseguido. El presidente francés se ha negado a poner al frente del Ejecutivo a Lucie Castets, la candidata del Nuevo Frente Popular (NFP), la coalición de izquierdas que ganó las elecciones y obtuvo mayor representación parlamentaria (aunque lejos de la mayoría) El radical Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa –principal fuerza del NFP-, le ha acusado de negar la democracia y le ha amenazado con impulsar desde el Parlamento un proceso de destitución.

Pero las cosas no son tan fáciles. Por mucho que la izquierda esgrima sus resultados electorales, lo cierto es que también ha sido incapaz hasta ahora –por su intransigencia- de articular una mayoría suficiente no ya para gobernar, sino ni siquiera para impedir que un eventual Gobierno del NFP sea derribado por una moción de censura en un plazo de 48 horas, dando así argumentos al presidente. La carta que parece querer jugar ahora Macron es proponer un primer ministro socialista –se habla estos días del exjefe de Gobierno Bernard Cazeneuve, a quien recibirá hoy en el Elíseo-, con el objetivo de atraer al PS a una coalición de centro. De conseguirlo –lo cual no es fácil, pues los socialistas mismos están divididos-, aún debería tratar de convencer a la derecha republicana, cosa harto difícil.

En la Europa de los 27, lo que digan Berlín y París hace tiempo que ha dejado de ir a misa. Pero la pareja franco-alemana sigue siendo el motor principal de la UE. Sin su concurso, sin su liderazgo, sin su capacidad propositiva y de impulso, la Unión no puede avanzar. Y no parece que ni Scholz ni Macron, terriblemente debilitados, tengan hoy el empuje suficiente. El motor está gripado.

 

Petición de árnica. El nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha tardado muy poco en cruzar el Canal de la Mancha en busca de alivio exterior. Con un país exangüe, que le ha llevado a anunciar a sus conciudadanos la adopción de “medidas difíciles”, la mejora de las relaciones con sus antiguos socios de la Unión Europea se ha convertido en una necesidad. Starmer viajó la semana pasada a Berlín y París en busca de árnica (aunque sus interlocutores, Olaf Scholz y Emmanuel Macron, como hemos visto, no pasan por su mejor momento). El premier británico pidió suavizar y mejorar algunas de las condiciones del Brexit. Aunque, eso sí, no ofreció nada a cambio.

Mucha testosterona. La nueva Comisión Europea seguirá teniendo un rostro femenino al frente, el de la reelegida democristiana alemana Ursula von der Leyen, pero el colegio de comisarios para la legislatura europea que ahora empieza quedará muy lejos de la paridad. Von der Leyen había pedido que cada país propusiera dos nombres para comisario -el de un hombre y el de una mujer-, pero como si oyeran llover. Y la mayoría de los nombres que los gobiernos de los 27 han puesto sobre la mesa son hombres. Entre las excepciones está España, que ha propuesto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Veto a la opa sobre Talgo. El Gobierno español ha decidido vetar la opa lanzada por el consorcio húngaro Ganz Mavag para hacerse con el control de la empresa ferroviaria Talgo. El Ejecutivo denegó esta semana pasada la operación de compra argumentando que ello afectaría a la seguridad nacional y el orden público. Los vínculos del consorcio Ganz Mavag con el poder en Budapest -está participado por la empresa ferroviaria Magyar Vagon y por la sociedad estatal húngara Corvinus- y su proximidad con el primer ministro Viktor Orbán, declaradamente prorruso, han pesado en esta decisión. Los húngaros han optado por retirar la opa y presentar un recurso ante el Supremo.