Cuando Milei no deja ver el bosque

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@Lluis_Uria 

Llegó Javier Milei y arrasó. El sulfuroso presidente argentino era la gran estrella invitada en el cónclave de la extrema derecha europea organizado por Vox el día 19 Madrid. Y no defraudó. El líder anarcocapitalista –“Viva la libertad, carajo!”- ofreció una furibunda soflama contra la izquierda que hizo las delicias de sus amigos (aunque alguna de sus afirmaciones, como la de que “la justicia social es una aberración”, choca frontalmente con el nuevo discurso social de la ultraderecha europea). Y remató la faena llamando “corrupta” a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para jolgorio del público. Al líder del PSOE, en modo electoral, le faltó tiempo para abrir una crisis diplomática con Buenos Aires. Desde entonces, Milei y sus seguidores han multiplicado los insultos contra Sánchez. Tarde o temprano, sin embargo, las aguas volverán a su cauce. Hay muchos intereses en juego. Y el presidente argentino no es de enemistades eternas: también había llamado “hijo de puta” al Papa antes de acabar fundiéndose en un abrazo con el pontífice en el Vaticano.

El aparatoso enfrentamiento de Milei con Sánchez, pese a todo el revuelo causado, no fue lo más importante de la jornada. Del menú, solo era la salsa –seguramente demasiado especiada- del plato principal. Un tanto velado por la verborrea porteña del invitado argentino, la reunión de Vistalegre puso de relieve el proceso de reconfiguración de las alianzas internas que se está llevando a cabo entre la extrema derecha europea. En Madrid no solo estuvieron los socios de Vox en el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), liderado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (Hermanos de Italia) –presente en el acto con un vídeo grabado-, sino también dos figuras ajenas de enorme peso: el primer ministro húngaro, Viktor Orbán (líder de Fidesz, igualmente grabado), que excluido del Partido Popular Europeo (PPE) en la pasada legislatura es candidato a integrarse en el CRE, y la presidenta del Reagrupamiento Nacional (RN) francés, Marine Le Pen, líder del grupo ultraderechista rival, Identidad y Democracia (ID), que sí se desplazó a Madrid.

En los últimos meses, Marine Le Pen, cuyo partido será –según indican todos los sondeos- la fuerza política más votada en Francia en estas elecciones europeas, y con diferencia, ha protagonizado un progresivo acercamiento a Giorgia Meloni, con quien las relaciones habían sido tiempo atrás de cierta hostilidad, mientras se iba alejando de su tradicional aliado en ID, Alternativa para Alemania (AfD), que podría ser la segunda fuerza electoral pero está cada vez más echado al monte. Los tics extremistas de AfD se estaban convirtiendo en un lastre para la imagen de moderación y pragmatismo que busca ofrecer Le Pen de cara a intentar un nuevo asalto al palacio del Elíseo en el 2027.

La participación de varios representantes de AfD en una reunión de grupúsculos neonazis donde se planteó una deportación masiva de inmigrantes (“remigración”), el pasado mes de noviembre en Potsdam –que generó fuertes protestas en las calles-, acabó de convencer a la dirigente francesa de que debía alejarse definitivamente de sus amigos germanos. La gota que colmó el vaso llegó la semana pasada con unas polémicas declaraciones del candidato al Parlamento europeo Maximilian Krah sobre las SS nazis, por las que se vio forzado a abandonar la cúpula de su partido. Marine Le Pen rompió finalmente con AfD, decisión en la que le siguieron inmediatamente el italiano Matteo Salvini (Liga) y el checo Tomio Okamura (Libertad y democracia Directa, SPD). Desencadenada la reacción en cadena, AfD acabó el jueves siendo expulsada del grupo ID.

La defenestración de AfD, convertido en un lastre para todo el mundo, junto al debilitamiento de Salvini –en horas bajas-, puede facilitar la confluencia entre Le Pen y Meloni. ¿Hasta el punto de que los antiguos frentistas y los fratelli integren un mismo grupo en el nuevo Parlamento Europeo? Es prematuro aventurarlo. Aunque en tal caso –y más si se le sumara el húngaro Viktor Orbán, que en julio asumirá la presidencia rotatoria de la UE- su peso en la Eurocámara sería muy importante. En todo caso, sí que es previsible una acción más coordinada. Hay muchos movimientos en este sentido, como el del ultracatólico partido polaco Ley y Justicia (PiS), del iliberal Jaroslav Kaczynski, integrado en el CRE, que aboga abiertamente por colaborar con el grupo de ID. La confluencia de todas las fuerzas no ya de la ultraderecha, sino de toda la derecha en sentido amplio, forma parte de las ambiciones de Giorgia Meloni, que desde el Palazzo Chigui ha asentado su liderazgo combinando una agenda ultraconservadora a nivel interno con una calculada dosis de pragmatismo en su política exterior, que la ha convertido en Europa en una dirigente frecuentable.

Los populares comandados por el dirigente socialcristiano alemán Manfred Weber están encantados con Meloni, con quien calculan poder formar mayorías alternativas en la Cámara de Estrasburgo (¿sería lo mismo si va de la mano con Le Pen?). Aprobada esta línea de acción en su programa electoral, la posibilidad de llegar a pactos con la extrema derecha ha sido asumida –con mayor o menor entusiasmo- por la candidata oficial del PPE a volver a presidir la Comisión Europea, la democristiana germana Ursula von der Leyen. En el último debate entre los cinco spitzenkandidaten a dirigir el Ejecutivo comunitario, la cuestión de los pactos con la ultraderecha –ninguno de cuyos representantes estaba presente- dominó la discusión.

El rumbo de la Unión Europea, que debe reformular su proyecto para adaptarse a los nuevos desafíos que tiene por delante –la rivalidad de China, el desacoplamiento de EE.UU., la amenaza de Rusia-, dependerá mucho del resultado de las elecciones  del 6-9 de junio y del peso que acaben teniendo en Estrasburgo unas fuerzas que ahora se visten con piel de cordero pero esconden en su interior un lobo antieuropeísta.

Arriesgado adelanto. Hundido en las encuestas, frente a un Partido Laborista en alza, el primer ministro británico, Rishi Sunak, debe haber pensado que todo era susceptible de empeorar en los próximos meses, así que ha decidido anticipar las elecciones legislativas en el Reino Unido al próximo 4 de julio. Con un Labour disparado, que le saca 21 puntos de ventaja, las expectativas de los tories son totalmente catastróficas. Como si de un augurio se tratara, mientras hacía el anuncio del adelanto electoral frente a su residencia oficial del número 10 de Downing Street, Sunak se vio sorprendido por la lluvia, que le dejó el traje chorreando. Impertérrito, siguió con su discurso.

Italia como laboratorio. El primer gran político populista moderno europeo surgió en Italia hace ya veinte años, el desaparecido magnate de la televisión y líder de la derecha Silvio Berlusconi, y ha sido también Italia el primer gran país de la UE que ha visto llegar al gobierno a un partido de extrema derecha, los Fratelli de Giorgia Meloni, heredero del posfascismo del siglo XX. Es, en cierto modo, un país precursor, donde pueden observarse fenómenos llamados a extenderse después por todo el continente. Esta es la tesis esencial del libro Laboratori Itàlia, escrito por Anna Buj, corresponsal de La Vanguardia en Roma desde hace casi siete años.

Golpistas en el banquillo. Nueve personas se han sentado en el banquillo del Tribunal Regional Superior de Frankfurt, entre ellos un aristócrata, exoficiales del ejército y una exdiputada de ultraderecha, acusados de ser los líderes de un intento de golpe de Estado en Alemania. La conjura golpista, promovida por el grupo autodenominado Reichsbürger (ciudadanos del Reich), los cuales no reconocen la República Federal ni acatan la Constitución, planeaba una irrupción violenta en el Bundestag (cámara baja del Parlamento) con el objetivo de derrocar al Gobierno. Un total de 27 inculpados serán juzgados por este caso en tres procesos distintos.

 

Seísmo en el Este

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@Lluis_Uria

La violencia empieza por las palabras. Y hoy, en Europa, están llenas de odio y agresividad. Habría que remontarse un siglo atrás para encontrar una polarización política semejante en nuestro continente. El peligro de este clima enrarecido es que, tarde o temprano, hay quien traslada las palabras a los actos. Hace una semana hablábamos en este boletín del número creciente de agresiones a representantes políticos y cargos electos en Europa, especialmente graves en Alemania. Solo tres días después, esta deriva experimentó un inquietante salto cualitativo, cuando el primer ministro eslovaco, Robert Fico, fue tiroteado por un individuo que le dejó gravemente herido. El atentado ha causado un shock en Eslovaquia y ha disparado la alarma en las capitales de la UE, a solo tres semanas de las elecciones europeas.

Un hombre de 71 años, Juraj Cintula, poeta satírico y exguardia de seguridad, empuñó el pasado miércoles una pistola y disparó contra Robert Fico cuando este acudió a saludar a unos ciudadanos en Handlová. ¿Sus motivos? Estaba en contra de la política del Gobierno. Promotor en 2016 de una plataforma contra la violencia y con antiguos vínculos con un grupo paramilitar prorruso de extrema derecha, Cintula parece un individuo desnortado. La policía eslovaca lo considera un lobo solitario, por lo que el atentado no sería el resultado de una acción organizada. Si esto es un alivio, pone en cambio el foco en el emponzoñado clima político en Eslovaquia, donde los ataques personales y los insultos están a la orden del día. 

El presidente electo del país, Peter Pellegrini –de la coalición de gobierno de Fico-, llamó a suspender la campaña de las elecciones europeas y atemperar los ánimos. Pero otros dirigentes políticos de la mayoría cargaron las tintas acusando directamente a la oposición y los medios de comunicación de haber propiciado con sus ataques el intento de asesinato. Una dinámica divisiva que el propio Robert Fico –populista, euroescépctico y prorruso- ha alimentado personalmente desde hace tiempo: fueron sus furibundos ataques contra la todavía presidenta del país, la liberal Zuzana Caputová, y las amenazas de muerte que le siguieron, las que llevaron a la jefa del Estado a renunciar a la reelección. Habrá que ver si el atentado, que ha sumido a Eslovaquia en la incertidumbre, significa un punto de inflexión.

El descontento y la furia parecen ser los sentimientos dominantes en una parte no menospreciable de los ciudadanos europeos, que están dispuestos a entregarse en los comicios del 6-9 de junio al discurso radical de las fuerzas de extrema derecha. Las últimas estimaciones indican que estos partidos, que conforman una compleja galaxia, con muchas cosas en común –la denuncia de la inmigración extranjera, el euroescepticismo- pero también acusadas disparidades, podrían obtener una cuarta parte de los escaños del Parlamento Europeo.

En Francia, el Reagrupamiento Nacional (RN) va en cabeza en los sondeos, hasta tal punto que el presidente Emmanuel Macron valora bajar a la arena y forzar un debate cara a cara con Marine Le Pen. La efervescente situación en el país –asesinato de dos agentes penitenciarios para permitir la fuga de un narcotraficante, situación insurreccional en Nueva Caledonia, frustrado atentado contra una sinagoga en Ruan- no juega, sin embargo, precisamente a su favor.

Por mucha representación que acabe teniendo en el Europarlamento, el peso de la extrema derecha sería insuficiente para desafiar al actual bloque europeísta integrado por conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes. Pero el actual statu quo podría verse amenazado por la deriva derechista del Partido Popular Europeo (PPE), que dirigido por el alemán Manfred Weber se inclina por buscar mayorías alternativas con los partidos del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), donde están los posfascistas de Hermanos de Italia, los ultraconservadores polacos de Ley y Justicia (PiS) y los ultraderechistas españoles de Vox, entre otros, a quienes podría añadirse el húngaro Fidesz, del autoritario Viktor Orbán

Si el aumento del peso de la extrema derecha en el Parlamento Europeo puede condicionar la política comunitaria, tanto o más lo puede hacer desde los gobiernos nacionales. La primera ministra italiana y líder de los fratelli, Giorgia Meloni, es el mejor ejemplo. Su influencia hoy en Bruselas tiene menos que ver con la actividad de su grupo en la cámara de Estrasburgo como con su presencia en el Palazzo Chigi. De ahí la importancia que tendrá la formación de un nuevo Ejecutivo en los Países Bajos liderado por la extrema derecha del Partido por la Libertad (PVV), de Geert Wilders, que la semana pasada llegó a un acuerdo de gobierno con otros tres partidos –entre ellos, el del liberal Mark Rutte- a condición de que su líder no fuera el primer ministro. Entre sus primeras iniciativas, el nuevo Gobierno neerlandés plantea acogerse a una supuesta cláusula de opt-out (optar por salir) para desentenderse del pacto de asilo e inmigración, a la vez que cuestiona otros principios comunitarios que amenazan con llevarle al choque con Bruselas.

 

Una luz en Tiflis. La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, opuesta a la llamada ley rusa, ha anunciado la creación de una “plataforma europea” con el fin de contrarrestar lo que considera una deriva de su país hacia la órbita de Moscú. El Gobierno, dirigido por la coalición Sueño Georgiano, ha conseguido finalmente, tras una larga tramitación y pese a las numerosas protestas en la calle, que el Parlamento aprobara su proyecto de ley sobre agentes extranjeros, que se inspira en una norma similar aprobada en Rusia que ha servido para perseguir a opositores y disidentes. Zurabishvili ha vetado la ley, pero el Parlamento puede rechazarlo fácilmente. El caso de Georgia, en un difícil equilibrio entre Europa y Rusia, ilustra las dificultades de la proyectada ampliación de la UE hacia antiguos países de la URSS, como Ucrania o Moldavia, a la que Vanguardia Dossier dedica su último número.

Fondo para defensa. Uno de los grandes éxitos de la UE a raíz de la pandemia de covid y la crisis económica que le siguió fue la creación de un fondo común europeo de inversiones, el Fondo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation), para promover la recuperación económica, financiado -¡cosa nunca vista hasta ese momento!- con una emisión de deuda conjunta. Un tabú, hasta entonces, para los países llamados frugales, liderados por Alemania y Países Bajos. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, propone ahora seguir este ejemplo y crear nuevos instrumentos de financiación común para temas específicos. El ex primer ministro italiano considera que aumentar la inversión en defensa podría ser un objetivo fácilmente compartido.

No, que no quiero verlos. El primer ministro británico, Rishi Sunak, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, han creado escuela. Inspirándose en las iniciativas británica e italiana para derivar a los inmigrantes irregulares a terceros países mientras se tramita su asilo o repatriación –a Ruanda en el primer caso, a Albania en el segundo-, un total de 15 países de la UE han remitido una carta a la Comisión Europea proponiendo seguir esta línea y externalizar la gestión migratoria. El grupo, liderado por Dinamarca, considera que la llegada de inmigrantes irregulares a Europa (380.000 el año pasado) es “insostenible” y defiende la necesidad de adoptar “ideas innovadoras”, aunque sean controvertidas. También firman la carta Austria, Bulgaria, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia y Rumania.

 

El último, que apague la luz

@Lluis_Uria

Dentro de 500 años, todos los japoneses se llamarán Sato. Así lo predice un estudio realizado en Japón por el economista Hiroshi Yoshida, profesor del Centro de Investigación para la economía y la sociedad del envejecimiento, de la Universidad Tokoku, en Sendai. Sato es hoy el apellido más común en Japón –algo así como García en España– y, según esta proyección, puede acabar llevándolo el 100% de la población en el año 2531. La conclusión, un tanto provocadora, pretende ser un alegato contra la tradición legal japonesa –que también existe en países europeos, como Francia– de que las familias solo puedan transmitir a su prole un apellido y que este generalmente sea el del padre. Que todos los japoneses acaben llamándose igual “no sólo será un inconveniente, sino que también socavará la dignidad individual”, declaró Yoshida  al diario  Asahi Shimbun.

La cuestión, sin embargo, va más allá de la amenaza –no menor– a la identidad individual. El ejemplo ilustra los estragos del envejecimiento de la población, que en Japón se ha convertido en el primer problema nacional. Con 125 millones de habitantes, el país del Sol Naciente tiene la población más vieja del planeta, con una edad media de casi 50 años, resultado de décadas de arrastrar índices de fecundidad de los más bajos del mundo (actualmente, de 1,3 hijos por mujer, según datos del Banco Mundial, lejos del 2,1 que garantiza el reemplazo generacional)

Los bajos salarios y la precariedad laboral, la carestía de la vivienda y el retraso en la maternidad –causas que podemos observar también en otras sociedades desarrolladas– explican este fenómeno. Sin que, en este caso, la inmigración extranjera –en un país fuertemente reacio a lo foráneo- haya podido ejercer de contrapeso.

Como resultado, Japón va camino de sufrir un severo declive demográfico. Según las proyecciones del gubernamental Instituto de Investigación sobre Población y Seguridad Social (IPSS), en 2070 el país habrá perdido el 30% de su población y el 40% de sus habitantes tendrá más de 65 años. Lo que plantea graves problemas de penuria de fuerza laboral –lo que mermará su pujanza económica– y de viabilidad de unos servicios sanitarios y sociales que estarán más tensionados que nunca. Japón tiene el funesto privilegio de ser un país precursor en este terreno: la caída de la natalidad empezó allí ya en los años 70. Pero el problema atañe a todo el mundo.

La amenaza de pérdida demográfica es especialmente patente en Asia, fundamentalmente en Extremo Oriente. No es sólo Japón. El problema, aunque más tardío, ha empezado a golpear con fuerza asimismo a países como Corea del Sur, que tiene el índice de fecundidad más bajo del mundo (0,7) –lo que su presidente, Yoon Suk Yeol, ha calificado esta semana de “emergencia nacional”–; Taiwán (1,1) y China (1,2), víctima de décadas de la férrea política del hijo único. Pekín calcula que hacia el año 2035, a falta de niños, le sobrarán 1,9 millones de profesores... Por su parte, India, hoy el país más poblado del mundo con 1.428 millones de habitantes, está en el filo de la navaja (índice 2), aunque el declive de la fertilidad empieza a ser acusado en ciertas regiones.

Tras haberse disparado un 80% entre 1950 y 1980, la población de Asia va a empezar a caer fuertemente. Lo cual, como subraya el economista norteamericano Nicholas Eberstadt, tendrá no sólo consecuencias internas, sino también geopolíticas. “Este declive beneficiará a Estados Unidos, en la medida en que debilitará a su rival”, ha escrito en Foreing Affairs, donde subraya que China tendrá enormes dificultades para desplazar a EE.UU. del primer puesto como potencia mundial 

Ciertamente, Estados Unidos está demográficamente en mejor situación, en gran medida gracias a la inmigración. Pero también sufre el mismo proceso de caída de la natalidad (1,7). Lo mismo que América Latina en su conjunto. ¡Y que decir de Europa! Si empezamos por el Este, Rusia (1,5), el país con más territorio del mundo, no sabrá pronto cómo llenarlo. Dentro de la UE, Italia (1,3) y España (1,2) se aproximan a niveles de fertilidad asiáticos, pero el problema es general. En Alemania está en el 1,6 y en Francia –otrora campeón de la natalidad– ha caído al 1,8, lo que llevó recientemente al presidente Emmanuel Macron a  hacer un llamamiento a un “rearme demográfico”.

Todo indica que tales esfuerzos serán vanos y que la humanidad deberá afrontar en las próximas décadas importantísimas transformaciones sociales. Los últimos estudios demográficos indican que este siglo se producirá un despoblamiento general de la Tierra. La población mundial alcanzará su pico –unos 10.000 millones de personas– entre los años 2060 y 2080 y a partir de ahí empezará a declinar. África, el continente más dinámico en este terreno, será quien más resistirá. Pero sólo por un tiempo. Un estudio del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) publicado en abril en The Lancet, calcula que en 2100 solo seis países tendrán un índice de fecundidad suficiente: Chad, Níger, Samoa, Somalia, Tayikistán y Tonga. Hasta entonces, la hoy denostada inmigración africana puede convertirse en un preciado maná.

“Estas tendencias reconfigurarán completamente la economía global y el equilibrio de poder internacional y requerirán una reorganización de las sociedades”, sostiene la doctora Natalia V. Bhattacharjee, coautora del estudio, que vaticina la aparición de una “feroz competencia” para atraer inmigrantes que sostengan el crecimiento económico (el Banco de España calcula que nuestro país necesitará 24 millones de inmigrantes en los próximos treinta años). Mientras, la Unión Europea, azuzada por los sermones apocalípticos de la extrema derecha, solo piensa en erigirse en una fortaleza inexpugnable.

Epidemia de violencia política

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@Lluis_Uria

Franziska Giffey, política socialdemócrata de 46 años, exalcaldesa y actualmente vicealcaldesa de Berlín, se encontraba el martes pasado en una biblioteca de la capital alemana cuando un hombre, armado con una bolsa rellena con material pesado, se abalanzó sobre ella y le golpeó en la cabeza. Afortunadamente, la víctima solo sufrió contusiones leves y el agresor, un individuo de 74 años con antecedentes por delitos de odio, fue detenido. Es el último –hasta el momento- de una serie de ataques contra representantes políticos en Alemania que ha sembrado la inquietud en el país. Hay quien compara este brote de violencia con el clima tóxico de la República de Weimar, en los años veinte, cuando losnazis hostigaban violentamente a sus adversarios políticos. Pero el problema no es solo alemán.

La agresión contra Franziska Giffey se produjo tan solo cuatro días después de que un grupo de cuatro individuos golpeara salvajemente en Dresde al eurodiputado socialdemócrata Matthias Ecke mientras colgaba carteles electorales en la calle. Herido de gravedad, Ecke tuvo que ser operado a causa de las fracturas que sufrió en el rostro. El mismo grupo había agredido minutos antes, cerca de allí, a un voluntario de Los Verdes, dos de cuyos cargos electos –el diputado Kai Gehring y el teniente de alcalde Rolf Fliss- habían sido atacados en Essen, en el oeste de Alemania, el jueves anterior. Identificados por la policía, los cuatro agresores de Ecke –jóvenes de entre 17 y 18 años- han sido vinculados con el grupo neonazi Elblandrevolte.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, condenó estos ataques como una “amenaza a la democracia”, mientras la organización de su partido, el SPD, en Sajonia, señaló con dedo acusatorio a las “semillas sembradas” por el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) por su discurso virulento e incendiario. El martes, en una reunión celebrada entre la ministra del Interior, Nancy Faeser, y sus homólogos de los länder acordaron endurecer la ley para castigar más severamente los delitos contra representantes políticos, que se han disparado en los últimos años: entre 2022 y 2023 se pasó de 1.806 a 2.790 casos, siendo el partido más castigado el de Los Verdes (1.219), seguidos de los extremistas de AfD (478), víctimas a su vez de la espiral que alimentan.

Cuatro de los principales grupos políticos del Parlamento Europeo –socialistas, liberales, ecologistas y la izquierda- firmaron una declaración de condena por el atentado contra su colega, Matthias Ecke, en la que responsabilizaban expresamente a la extrema derecha y se comprometían a no pactar con ningún partido de esta ideología. El Partido Popular Europeo (PPE), que -dirigido por Manfred Weber-mantiene la puerta abierta a llegar a acuerdos con el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde están la italiana Giorgia Meloni y el español Santiago Abascal, declinó sumarse.

Si la actual oleada de violencia es preocupante, no tiene, en cambio, nada de nueva. Se remonta, al menos, a casi una década atrás, cuando la entonces canciller, Angela Merkel, decidió en 2015 abrir de par en parlas puertas a los refugiados de la guerra de Siria: el 17 de octubre de ese año, la hoy alcaldesa de Colonia -y entonces candidata-, Henriette Reker, fue apuñalada gravemente en el cuello por un individuo que esgrimió motivaciones xenófobas. Reker, independiente con apoyo de conservadores, liberales y ecologistas, había sido la encargada municipal de la atención a los refugiados. El mismo  pecado –defender la acogida de los inmigrantes- que el 2 de junio de 2019 le costó la vida al presidente del distrito de Kassel, el democristiano Walter Lübcke, asesinado de un disparo en la cabeza por un neonazi. El primero fue condenado a 14 años de prisión. El segundo, a cadena perpetua.

La extrema polarización política y la radicalización nacionalista e identitaria, que atribuye a la inmigración extranjera todos los males delas sociedades europeas, son los detonantes de esta nueva explosión de violencia dirigida contra responsables políticos. Algo que amenaza a toda Europa. Ha habido casos sumamente graves, como el asesinato el16 de junio del 2016, una semana antes del referéndum del Brexit, de la diputada laborista Jo Cox por un patriota británico –condenado después a cadena perpetua- que le reprochaba su entrega a una Europa que estaba llenando las islas de trabajadores extranjeros. Y otros que podrían haber tenido también consecuencias trágicas, como el ataque incendiario del 22 de marzo del 2023 contra el domicilio familiar del alcalde de la población francesa de Saint-Brévin-les-Pins, el independiente Yannick Morez, a quien la ultraderecha responsabilizaba del proyecto de instalar un centro de acogida de refugiados en el municipio. El edil acabó dimitiendo y abandonando el pueblo.

En Francia, la preocupación por los ataques contra políticos es creciente. Insultos, amenazas y agresiones empezaron a menudear a raíz de la pandemia y, al igual que en Alemania, se han disparado en los últimos años: entre 2021 y 2023 los ataques de todo tipo contra cargos electos –fundamentalmente, alcaldes- pasaron de 1.720 casos a casi2.400. Un fuerte impacto tuvo, por su simbolismo, la bofetada que lanzó contra el presidente Emmanuel Macron un ciudadano airado en Tain-l’Hermitage (Drôme) en junio del 2021. El hombre, muy orgulloso de sugesto –nunca se ha arrepentido-, fue condenado a 18 meses de prisión y a no poder ejercer ningún puesto público en la vida. Atentar contra el presidente de la República es un delito grave, severamente castigado. No lo era tanto, en cambio, atacar a los alcaldes, hasta ahora legalmente más desprotegidos. A raíz del caso de Saint-Brévin-les-Pins, el Parlamento aprobó el pasado mes de febrero un endurecimiento de las sanciones por agresiones a cargos electos locales.

Un puñetazo recibió también en España el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 16 de diciembre del 2015 durante un paseo electoral por Pontevedra –el autor, un joven de 17 años, fue condenado a dos años de internamiento- y, mucho más grave, un jubilado de 74 años envió a su sucesor en la Moncloa, Pedro Sánchez, una carta bomba en el 2022, acción por la que la fiscalía le pide 22 años de cárcel por un delito de terrorismo. Ambos hechos son producto de un ambiente político emponzoñado donde las agresiones a ediles y cargos políticos locales y regionales se han convertido en moneda corriente. Lejos de conjurarse para frenar esta deriva, los partidos españoles se han embarcado en un combate sin piedad caracterizado por una agresividad y violencia verbal extremas que solo puede vaticinar lo peor.

● La gira de Xi Jinping. Tras recibir al canciller de Alemania, Olaf Scholz, en Pekín el pasado 16 de abril, el presidente de China, Xi Jinping, viajó la semana pasada a Europa, donde hacía cinco años –pandemia de covid por medio- que no ponía el pie. En su agenda tenía encuentros muy diferentes. Por un lado, con el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien busca –al igual que con Scholz- una entente que sitúe a la UE al margen de la guerra comercial entablada con Estados Unidos. Por otro lado, tenía dos citas en tierra conquistada, los dos países que son su cabeza de playa en Europa, Serbia y Hungría, donde recibió una bienvenida que ni Mr. Marshall.

● Voto de confianza a Polonia. Los nuevos aires que circulan por Varsovia desde que la coalición opositora liderada por el liberal Donald Tusk se hizo con el gobierno, a finales del año pasado, parecen haber bastado en Bruselas para aflojar la presión. La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, planea cerrar el expediente abierto a Polonia hace seis años por las vulneraciones del Estado de Derecho  perpetradas por el anterior ejecutivo, del ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS). La Comisión ha decidido dar por bueno el plan de acción presentado por el gobierno de Tusk –expresidente del Consejo Europeo-, pese a que tales medidas aún no han sido aprobadas.

● 200 años del himno de Europa. El 7 de mayo de 1824, en el Kärntnertortheater de Viena, Ludwig van Beethoven asombró al mundo con el estreno de su magnífica Novena Sinfonía, que el genial compositor soñaba con convertir en un himno para la humanidad. La obra, que incluye al final un movimiento coral con los versos de la Oda ala Alegría de Schiller, fue elegida en 1972 por el Consejo de Europa como himno y en 1985 lo adoptó a su vez la Unión Europea, como expresión de los ideales de libertad, paz y fraternidad. El himno oficial, sin embargo, no es la sinfonía original, sino una versión adaptada por el director de orquesta Herbet von Karajan, en la que no hay letra.

‘Exit, exit, exit'

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@Lluis_Uria

“Que la vida es un soplo, que veinte años no es nada”, cantaba Carlos Gardel en el célebre tango Volver. Veinte años han pasado, un soplo, desde que la Unión Europea aprobara su última gran ampliación, el big bang que incorporó de una tacada al proyecto europeo a un grupo de diez países, la mayoría de ellos del antiguo bloque comunista y algunos incluso de la extinta Unión Soviética: Chipre, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. El 1 de mayo de 2004, la UE pasó de golpe de 15 a 25 miembros, ganando 75 millones de habitantes y aumentando en un tercio su territorio. Dos décadas después, la integración puede considerarse globalmente un éxito. Sin embargo, el entusiasmo europeísta del principio ha trocado en algunos países del Este en un abierto euroescepticismo, que se ha ido extendiendo también –aunque en menor medida- por todo el continente.

Hungría y Eslovaquia encabezan el grupo -en el que hasta hace poco figuraba también Polonia- de disidentes del proyecto europeo. Gobernados por fuerzas políticas de tendencia iliberal o autoritaria, cuestionan los principios del Estado de Derecho -y, por ende, los valores europeos- y propugnan una reaproximación hacia Rusia. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, abiertamente enfrentado a Bruselas y a la mayoría de sus socios, ha llegado a comparar la integración europea con el proyecto hitleriano de dominio de Europa y ha evocado implícitamente la posibilidad de un Huxit, sugiriendo que la pertenencia de Hungría a la UE no tendría interés más allá del año 2030… El premier eslovaco, Robert Fico, no le va muy a la zaga, aunque en sus relaciones con la UE –a pesar de ser un notorio euroescéptico- ha tendido a ser más pragmático.

En Polonia, han aparecido hasta tres fuerzas de extrema derecha que reivindican directamente el Polexit. El partido ultraconservador Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczynski –que no gobierna, pero es la primera fuerza política del país- no llega a tanto, pero tiene un discurso extremadamente hostil contra las “élites europeas” y propone tumbar el Pacto verde (Green Deal) y el acuerdo sobre asilo e inmigración. Lo mismo que, en la República Checa, defiende el partido populista ANO, rompiendo así con la línea del grupo liberal europeo en el que está integrado. Y en Rumania, por poner otro ejemplo, la extremista Alianza para la Unidad de los Rumanos (AUR), que oscila entre el segundo y el tercer puesto de las expectativas de voto en el país con entre el 17% y el 20% de apoyos, rechaza la conversión de la UE en un “superestado” y defiende crear en su lugar una “alianza de estados soberanos”.

Estas tendencias centrífugas muestran hasta qué punto la audaz ampliación hacia el Este no se ha traducido en una integración verdadera y plena. La construcción europea presenta aquí grietas preocupantes. Y eso, sin duda, acabará pesando a la hora de abordar la nueva gran ampliación, decidida a finales del año pasado, para incorporar a Ucrania, Moldavia y los Balcanes, que los ciudadanos europeos ven más bien con reticencia. Para más adelante quedó Georgia, donde las tensiones entre proeuropeos y prorrusos subrayan la dualidad existente en todo el espacio exsoviético.

El euroescepticismo, sin embargo, no es un fenómeno territorialmente focalizado en el Este. Poco o mucho, ha ido impregnando el discurso de numerosas fuerzas nacionalistas, soberanistas y de extrema derecha en todo el continente, algunas de las cuales van camino de obtener un notable apoyo electoral en los comicios del 7-9 de junio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el discurso de la Sorbona donde alertó de las amenazas que se ciernen sobre Europa, dijo también que tras el Brexit –la traumática salida del Reino Unido de la UE- ya nadie propugna irse. No es del todo así.

Lo es en Francia, donde el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen, renunció tiempo atrás al Frexit y a abandonar el euro. Pero en su programa para las elecciones europeas, la ultraderecha mainstream francesa –que, con la candidatura de Jordan Bardella, encabeza las encuestas con un apoyo del 32%, el doble que el partido de Macron- plantea una profunda revisión de la actual construcción europea: limitación de las políticas comunes a un puñado de temas –el programa Erasmus, por ejemplo-, aceptación con restricciones de la libre circulación y retorno a los Estados de su plena soberanía en materia de política económica, energética o de defensa. Convertir la UE, en suma, en lo que llaman una “alianza europea de naciones libres y soberanas”. 

Al otro lado del Rhin, suena una melodía parecida. El partido ultra Alternativa para Alemania (AfD), a quien los sondeos colocan en segunda posición en las europeas (con un 18% de los votos), perseguido muy de cerca por los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, propone reconvertir la UE en una “confederación de naciones”. Opuestos también a los pactos migratorio y climático, estos sí reivindican el abandono del euro y el retorno al deutsche mark. Alice Weidel, copresidenta de AfD, evocó en enero, en una entrevista con el Financial Times, la posibilidad de un Dexit: “Si no es posible reformar la UE, deberíamos dejar decidir al pueblo, como hizo el Reino Unido”.

Más al norte, en fin, los ultraderechistas Demócratas de Suecia (DS) –segunda fuerza en los sondeos con un 21% de expectativa de voto- quieren suprimir, de entrada, el artículo de la Constitución que consagra la pertenencia de Suecia a la UE, que califican de “camisa de fuerza”, mientras que un nuevo partido con disidentes de otras fuerzas, Folklistan (la Lista del pueblo), reclama renegociar las condiciones de adhesión del país a la Unión, sin descartar –algunos de ellos- desembocar en un Swexit. 

En este contexto, lo más desconcertante es que el Partido Popular Europeo (PPE), con  su candidata –Ursula von der Leyen- a la cabeza, abra la puerta a pactar con el grupo de extrema derecha Reformistas y Conservadores Europeos (ECR), donde están integrados o pretenden integrarse tras las elecciones algunos de estos partidos euroescépticos.

 

Violencia en Alemania. El sábado, el ambiente emponzoñado que existe desde hace tiempo en Sajonia, uno de los länder de la antigua Alemania del Este, a causa del virulento discurso de la extrema derecha, se tradujo en una violenta agresión contra el eurodiputado socialdemócrata Matthias Ecke en Dresde mientras pegaba carteles para la campaña de las elecciones europeas. El viernes fue agredido, en la misma ciudad, un voluntario de Los Verdes. Todo esto, la misma semana en que empezaba el juicio contra el grupo de extrema derecha Reichsbürger –que se sospecha podría haber recibido apoyo de Moscú- por haber preparado un intento de golpe de Estado en el 2022. 

Plan anticrimen en Francia. Unos 4.000 policías participaron a finales de marzo en una macrooperación antidroga en Marsella, capital del crimen organizado en Francia, con el balance de casi 300 detenidos (71 de los cuales pasaron a disposición judicial) y diversas cantidades de droga y de dinero en efectivo decomisadas. La magnitud del problema ha llevado al ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, a anunciar la puesta en marcha de un plan de choque contra el crimen organizado que, entre otras medidas, implicará la creación de una unidad especial de la Fiscalía y un tribunal específico.

En manos americanas. ¿Potentados árabes? Oligarcas rusos o chinos? Los principales propietarios de los clubes de fútbol de Europa no son quienes más lo parecen. Los inversores estadounidenses son mayoría en la Premier League británica por delante de los británicos. Y los segundos en la Serie A italiana -tras los italianos- y en la Ligue 1 de Francia -después de los franceses-. En España tienen de momento escasa presencia: sólo están en el Mallorca. La gran excepción es Alemania, con todos los equipos en manos alemanas salvo el Leipzig, propiedad de la compañía austriaca Red Bull.

 

 

 

No es la economía, no...

@Lluis_Uria 

 El próximo 5 de noviembre 160 millones de norteamericanos tendrán en sus manos la elección del próximo presidente de Estados Unidos. Hasta aquí la teoría. La realidad, sin embargo, es que la reelección de Joe Biden o el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca dependerá en última instancia de tan solo unas pocas decenas de miles de votantes en media docena de estados. Todos los demás sufragios acabarán en las urnas únicamente para hacer bulto.

Es lo que tiene la gran democracia norteamericana y su sistema de elección indirecto –y territorialmente sesgado–, que en 2016 permitió que Trump fuera proclamado presidente pese a haber obtenido tres millones de votos menos que la demócrata Hillary Clinton. A partir de esta premisa, dentro de seis meses puede pasar de todo. Y la posibilidad de que el ególatra multimillonario neoyorquino regrese al timón de la principal potencia mundial no es la más descabellada. De hecho, los sondeos llevan meses otorgándole ventaja sobre Biden (aunque las últimas encuestas, como una de The New York Times publicada el pasado día 13, la reducen a solo un punto: 46% frente a 45%)

Los nombres de los estados-bisagra, o swing states (no decantados a priori por el bando demócrata o republicano) son ya viejos conocidos, y resultaron esenciales en el desenlace de las elecciones del 2016 y del 2020: se trata de los estados industriales de Michigan, Pensilvania y Wisconsin –del llamado cinturón del óxido (Rust belt)–, Arizona y Nevada, en el Oeste, y la sureña Georgia. Fue en este último estado donde Donald Trump y los suyos ejercieron la máxima presión para alterar el resultado que dio la victoria a Joe Biden hace casi cuatro años. El expresidente está encausado por estos hechos, así como por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 por las hordas trumpistas, por el que se le acusa de urdir un intento de golpe de Estado para tratar de aferrarse al poder.

Las encuestas específicas realizadas en estos seis estados –al igual que las de ámbito federal– otorgan cierta ventaja a Trump sobre Biden, que se juega aquí la reelección. Algunos analistas centran el duelo fundamentalmente en dos de estos territorios, Michigan y Wisconsin. Ahí pueden pesar mucho algunos de los problemas que lastran la candidatura del presidente: desde el aumento del coste de la vida –y de los tipos de interés– hasta la desafección de los jóvenes y de la comunidad árabe por su alineamiento con Israel, pasando por la competencia, dentro del propio campo demócrata, del independiente Robert F. Kennedy, hijo y sobrino de los dos Kennedy asesinados en los años 60, y conspicuo antivacunas. A Biden no le va a sobrar ningún voto y todo esto le puede restar bastantes. Sólo le falta el espinoso asunto de la edad: más de dos tercios de los norteamericanos considera que, a sus 81 años, es demasiado mayor para el cargo, mientras que solo el 41% piensa lo mismo de Trump, que tiene 78...

La paradoja es que la economía de Estados Unidos va como un tiro con Biden, pero apenas nadie se lo reconoce. Después del aumento descontrolado de los precios por la guerra de Ucrania –al igual que en Europa–, la inflación ha sido frenada y reducida a un 1,8%, los salarios llevan un año subiendo por encima de los precios, el crecimiento económico fue en 2003 superior al esperado (un 2,5%) y la creación de 2,7 millones de puestos de trabajo en el último año ha hecho caer el paro por debajo del 4%. El Gobierno federal ha movilizado fabulosos programas económicos para renovar las infraestructuras (1,2 billones de dólares) y potenciar la industria norteamericana, así en los ámbitos de las energías renovables y el coche eléctrico (740.000 millones), como en los semiconductores, la computación cuántica y la IA (280.000 millones), que están dopando la actividad y atrayendo a empresas extranjeras.

La ciudad de Dalton, en Georgia, ha sido una de las beneficiadas por la llamada Bidenomics. La crisis del 2008 hundió su industria principal –la fabricación de moquetas–, pero ahora ha levantado la cabeza gracias a la ampliación de una planta de producción de placas solares de una compañía coreana. En Dalton, sin embargo –como ilustra magníficamente un reportaje de The Times–, casi nadie sabe o reconoce que todo ello ha sido posible gracias a las ayudas del Gobierno federal. Los sondeos reflejan este estado de opinión. Según una encuesta del 21 de abril de You Gov para The Economist, el 73% de los estadounidenses piensan que el estado de la economía es malo o mediocre y el 53% suspende la acción de gobierno de Biden en este ámbito. Por contra, la visión sobre el cuatrienio de Trump –que económicamente mantuvo las tendencias de la época Obama y acabó con serias dificultades a causa de la crisis de la covid– es mucho más benevolente. Cuando terminó su presidencia, apenas un 39% de los norteamericanos pensaban que el país estaba mejor que al empezar, mientras que hoy lo cree la mitad. El tiempo –y la falta de memoria– lo curan todo.

De James Carville, asesor y estratega del expresidente de EE.UU. Bill Clinton, es la célebre frase “¡Es la economía, estúpido!”, con la que remarcó la decisión de centrar en los asuntos económicos la campaña electoral de 1992, apuesta exitosa que llevaría a su pupilo a la Casa Blanca. Mil veces repetida y reinterpretada, no parece que esta consigna vaya a servir de nada esta vez a Biden. Su notable hoja de servicios está fuera del radar. ¿Es la economía? Pues no siempre. Y, en todo caso, cuando lo es, no importa tanto la realidad factual como la percepción subjetiva de los ciudadanos. Equivocada o no.

Dos visiones de Europa

NEWSLETTER 'EUROPA' 

@Lluis_Uria

La densa bruma política española, espesada por el amago de dimisión de Pedro Sánchez –que debería confirmarse o desmentirse hoy- y la campaña de las elecciones catalanas, apenas deja percibir la proximidad de otra cita electoral fundamental: los comicios europeos que se celebrarán, según los países, entre el 6 y el 9 de junio próximos. Quedan menos de seis semanas. El jueves pasado, el Parlamento Europeo puso fin a la IX legislatura –una legislatura singular, marcada por la pandemia de covid y la guerra de Ucrania- y activó el cronómetro para una cita con las urnas cuyo resultado marcará el rumbo de Europa en los próximos cinco años.

Muchos e importantes son los retos que están sobre la mesa. La guerra en Europa, para empezar, que está llevando a la mayoría de los gobiernos europeos a apostar por un sensible aumento del gasto de defensa (propia y en apoyo de Ucrania frente a la agresión de Rusia). El desafío de la crisis climática, que obliga a reformular el modelo energético y de producción, y que debería ser compatible con la protección de la agricultura y la seguridad alimentaria. La ordenación de la inmigración, que tensa las costuras de las sociedades europeas pero que será imprescindible para compensar el imparable declive demográfico del continente. La recuperación de la industria europea –un asunto que atañe a la vez a la economía y a la soberanía- y el impulso al desarrollo (no solo la regulación) de las nuevas tecnologías digitales y la inteligencia artificial…

Pero hay algo más en juego. En junio va a dirimirse, una vez más, el peso de dos visiones contrapuestas de Europa y de la democracia: la de quienes quieren avanzar en la profundización de la Unión con una perspectiva –confesadamente o no- federal, a la vez que asentada en los principios de la democracia liberal, y la de quienes quieren dar marcha atrás en la integración y dirigirse hacia una suerte de confederación en la que los países recuperarían buena parte de la soberanía cedida a las instituciones comunes, donde tendrían las manos libres muchos de ellos para aplicar –sin ninguna traba ni control superior- una agenda política iliberal. Los segundos forman una variada galaxia de fuerzas de extrema derecha, populistas y ultranacionalistas que pueden ver multiplicada ahora su representación en el Parlamento de Estrasburgo.

Las conexiones de algunos de estos grupos con potencias extranjeras interesadas en la desestabilización de Europa –Rusia y China- son una fuente de inquietud en Bruselas y la mayoría de las capitales europeas. Tras destaparse, por los servicios secretos checos, la existencia de una red de influencia prorrusa activa en varios países de la UE –donde habría comprado voluntades entre políticos nacionales y eurodiputados-, ha aparecido ahora una pista china. El lunes pasado la policía alemana detuvo a un asistente de un eurodiputado ultraderechista alemán, Jian Guo -colaborador del cabeza de lista de Alternativa para Alemania (AfD) para las elecciones europeas, Maximilian Krah- como sospechoso de espiar para Pekín. Alemania, como en los tiempos de la guerra fría, vuelve a ser un nido de espías.

Los últimos sondeos otorgan a las formaciones euroescépticas y ultraderechistas una subida notable. De los 720 escaños en juego, los partidos integrados en los grupos Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) e Identidad y Democracia (ID) obtendrían de 158 a 166 puestos, a los que habría que añadir los del húngaro Fidesz, de Viktor Orbán, que tras abandonar el Partido Popular Europeo (PPE) quedaron como no adscritos y que en la próxima legislatura podrían sumarse al grupo de ECR, junto a los correligionarios de la italiana Giorgia Meloni y el español Santiago Abascal. El bloque europeísta central, integrado por populares, socialistas y liberales –más los verdes- mantendría la mayoría, pero según cómo quedara el mapa definitivo podría abrirse la puerta a mayorías alternativas con la derecha y la extrema derecha.

El líder del PPE, el socialcristiano bávaro Manfred Weber –a quien le va la brega política española y no le incomoda la proximidad con los ultras-, coquetea descaradamente con esta posibilidad desde hace un tiempo. Ultrajado personalmente por la designación de su aliada y rival Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea –y ahora candidata a la reelección por el PPE-, Weber se ha distanciado también políticamente de la jefa del ejecutivo comunitario, rompiendo con la tradicional línea de moderación de Angela Merkel y tendiendo la mano a la otrora vetada extrema derecha. El político alemán se ha acercado particularmente a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que desde que llegó al Palazzo Chigi ha depurado su discurso y hecho gala de notable pragmatismo en Europa. A nivel interno, sin embargo, bajo el guante de seda esconde su verdadero puño de hierro.

Otra señal, muy reciente, ha sido la decisión del PPE de enviar al menos a cuatro representantes a la reunión que la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) –una organización ultraconservadora estadounidense- celebró la semana pasada en Budapest con lo mejorcito de la extrema derecha europea y bajo los auspicios del primer ministro húngaro. Viktor Orbán no pudo ser más explícito al expresar en el cónclave su deseo de un vuelco político doble, en Europa y en Estados Unidos –con la eventual elección de Donald Trump-: “Este año –dijo- podremos cerrar una etapa infame de la civilización ¬occidental, el orden mundial basado en la hegemonía progresista-liberal”. Diáfano.

En el otro lado de la balanza, el presidente francés, Emmanuel Macron, pronunció el jueves una vehemente conferencia de fe europeísta en la Sorbona. Una intervención a la vez institucional y electoral, en un intento de apoyar a la candidata de su partido en las elecciones europeas, Valérie Hayer, que está entre 12 y 15 puntos por detrás del Reagrupamiento nacional (RN) de Marine Le Pen. Durante casi dos horas, el jefe del Estado francés expuso los retos y peligros a los que se enfrenta Europa y abogó por convertir a la UE en una auténtica potencia económica, militar y política, condición necesaria –subrayó- para salvaguardar su modelo de democracia liberal y su sistema de protección social, hoy amenazados desde fuera y desde dentro. “Nuestra Europa es mortal –advirtió Macron en tono sombrío–. Europa puede morir. Depende de nosotros”.

Reglas fiscales. En la recta final antes de su disolución, el Parlamento Europeo aprobó el martes la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que pretende devolver a la UE a la senda de la disciplina presupuestaria, tras la flexibilidad acordada a causa de la crisis de la pandemia de covid y la guerra de Ucrania. Los límites de déficit (3%) y endeudamiento (60%) de los estados se mantienen igual, pero cada país podrá proponer un plan individualizado para alcanzar estos objetivos. Populares, socialistas y liberales votaron a favor, mientras que los Verdes y la izquierda lo hicieron en contra por considerar que vuelve a imponerse una política de austeridad.

Violencia sexual. El miércoles, la Eurocámara dio luz verde a la primera ley europea contra la violencia de género, que establece un zócalo legal común para perseguir delitos como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos o los llamados “crímenes de honor”. Las reticencias de algunos países como Alemania, Francia, Hungría o Polonia, sin embargo, hicieron que quedara fuera de la ley el delito de violación, que Bruselas pretendía introducir siguiendo la noción de consentimiento de la legislación española. 

Escala en Ruanda. El gobierno conservador de Rishi Sunak consiguió la semana pasada, tras dos años de debate, la aprobación por el Parlamento de la controvertida ley por la que los demandantes de asilo al Reino Unido serán trasladados a un tercer país –en este caso, Ruanda, en el corazón de África- mientras se tramita su solicitud. Con esta controvertida externalización –censurada por los defensores de los derechos humanos-, los tories británicos pretenden lanzar un mensaje disuasorio para frenar la inmigración irregular, mientras –de paso- la utilizan como baza electoral frente a la izquierda.